Opinión Nacional

Bombas de racimo: La lluvia de acero

Todavía se fabrican y comercializan en España armas cuyo único objetivo es crear dolor entre la población civil. Es el caso de las bombas de racimo, cuyas víctimas son civiles en un 98%.

Son enemigos invisibles, asesinos silenciosos que sorprenden a sus víctimas en los momentos más inesperados. Ir a la escuela, o al lugar de trabajo, sembrar y recoger las cosechas o el simple hecho de caminar se convierten en actividades de riesgo en decenas de países donde las denominadas «municiones durmientes» amenazan a los más vulnerables.

Se trata de artefactos formados por una bomba «contenedor» que puede ser lanzada desde tierra, mar o aire y que, al abrirse durante la trayectoria, expulsa entre varias docenas y varios cientos de submuniciones que se dispersan en amplias superficies. En teoría estallan cuando chocan contra el suelo, pero lo cierto es que entre un 5% y un 30% no llegan a estallar y quedan dispersas sobre el territorio. El área afectada puede tener el tamaño de dos a cuatro campos de fútbol. Nadie que esté dentro de ese territorio, sea militar o civil, está libre de ser alcanzado. A partir de su siembra, y hasta muchos años después, quedan en el suelo como objetos brillantes, y apetecibles para, por ejemplo, los niños, convirtiéndose en auténticas trampas letales.

Estas armas se han utilizado en numerosas guerras, y han dejado un enorme rastro de dolor. Han causado daños desproporcionados a inocentes, en todos los conflictos en los que se han usado durante los últimos 40 años.

Entre julio y agosto de 2006, en los 34 días de guerra entre Israel y Hezbolá, más de 4 millones de submuniciones de bombas de racimo fueron lanzadas en el sur del Líbano, el 60% de ellas en áreas habitadas, y el 90% se lanzaron en las últimas horas del conflicto, cuando el alto el fuego era inminente. Se estima que más de un millón permanecen sin explotar en suelo libanés. Se encuentran en olivares, tejados, jardines y casas, pues el sur libanés son tierras de granjas y pastoreo. En las tareas de desminado participan más de mil profesionales de organizaciones internacionales, del ejército libanés y de la ONU. El coste es superior a los 40 millones de dólares. Y seguirán los riesgos. Algo similar sucede en Angola, en Laos, en Iraq, Kosovo, Afganistán o Colombia.

Se calcula que 100.000 civiles pueden haber muerto como consecuencia de su uso. Y no hay ningún tratado internacional que aborde forma específica la cuestión.

El esfuerzo conjunto de varios gobiernos comprometidos, organizaciones internacionales y ONG de todo el mundo, llevó en 1997 a la aprobación del Tratado de Ottawa, por el que se prohibían las minas antipersonales. Hasta ahora 155 países lo han suscrito aunque no lo han firmado China, Rusia ni Estados Unidos donde está la mayor empresa fabricante, Claymor Inc.

Asimismo se ha comenzado a mover un proceso internacional, liderado por Noruega, y que pretende conseguir una prohibición global de las bombas de racimo. Hasta el momento 68 gobiernos han firmado la declaración final, en la que se comprometen a lograr ese Tratado en el año 2008. Algunos países como Bélgica, han optado ya por su eliminación definitiva.

En España, se lucha por conseguir una prohibición total de este tipo de bombas. Al menos hay dos empresas españolas (Expal e Instalaza) que producen bombas de racimo, y podrían ser más puesto que en este país no hay transparencia en el comercio de armas, y los datos que se manejan no son oficiales. Este ocultismo está amparado por el Gobierno y el Parlamento, que no se deciden ni a aprobar una ley que garantice la transparencia ni a prohibir las bombas de racimo. En este contexto es imposible saber si España ha autorizado ventas de bombas de racimo y submuniciones a otros países, y cuáles fueron los países destinatarios.

Para levantar ese velo de ocultismo tras el que se esconde la producción de estos artefactos de muerte, una vez más es necesaria la acción ciudadana.

Director de Greenpeace España

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