Opinión Nacional

Cambiar la realidad, no la letra

Frente a la reciente oleada de voces que claman por la convocatoria de una asamblea constituyente como presunta panacea para los males de la república, me alineo en el bando de los escépticos.

Uno de los problemas del “Ariel” latinoamericano siempre ha sido su exagerada fe en la letra escrita como supuesta garante del progreso de los pueblos, por encima de la “cochina realidad” de los intereses sociales e individuales en pugna. La tradición jurídica formalista derivada de los códigos romanos y napoleónicos, además del histórico desencuentro entre nuestras élites pensantes y las mayorías populares, han inducido en aquéllas la ilusión de que un mero cambio de “carta magna” podrá producir una benéfica transformación de relaciones y estructuras. Curiosamente, hasta algunos intelectuales formados en la escuela del materialismo histórico (que afirma que la ley nace de la realidad y no al revés) se han unido al coro de aquellos idealistas.

Aunque en 1999 me opuse a la adopción de nuestra constitución vigente, por su estilo cursi y algunas de sus cláusulas, y sigo prefiriendo las de 1947 y 1961, considero que en su conjunto ella es un documento positivo (o en el peor de los casos, anodino) que consagra principios democráticos esenciales. El carácter despótico y abusador del régimen actual no se deriva de la Constitución Bolivariana, sino de su cada vez más descarado y persistente incumplimiento y violación. Nada vale vender el diván: el enemigo por combatir y vencer no es un enunciado de principios y normas, incluso institucionales, sino un régimen autocrático que oculta su descomposición e impopularidad bajo un cariz de creciente abuso totalitario. Nos parece peligrosa la idea de desviar la atención del pueblo opositor hacia una presunta “constituyente” (por cierto, sin definir los cambios concretos que se quisiesen proponer), y crear la vana ilusión de que una nueva carta magna curaría mágicamente los males del país. También cabe ponderar la previsible incomprensión burlona internacional ante quienes pretendan cambiar de constitución por vigésimo quinta vez en dos siglos de historia republicana.

Las verdaderas tareas en las que habría que concentrar el esfuerzo opositor, nos parecen ser: a) perfeccionar la unidad electoral para el 8 de diciembre; b) ratificar los puntos esenciales de la causa opositora (democracia pluralista, equidad social con libertad, etc.); c) activar a los partidos políticos opositores, a sindicatos y la sociedad civil, y movilizar al pueblo en todo el país para manifestar, en forma no violenta, su anhelo de cambio. Esto, combinado con los graves problemas económicos y sociales, debería empujar al régimen a reconocer que el diálogo negociador (dentro del actual marco constitucional) representa la única alternativa al caos.

 

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