Carlos Tablante: ‘Chávez es responsable por los 75.000 asesinatos que se han cometido los últimos 7 años’

El ex –presidente de la Comisión de Política Interior de la AN señala que la actitud de robo y enriquecimiento impune en el entorno del Presidente Chávez promueve el delito a todos los niveles. De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución, el gobierno es responsable de la seguridad ciudadana, y si no cumple su deber está incluso en la obligación de indemnizar a las familias de las víctimas. Tablante se pregunta si tanta indolencia no es más bien deliberada, pues dado que no hay una revolución armada y sangrienta, tal vez el gobierno promueve una confrontación de clases mediante la violencia de los delincuentes, y aterroriza a los ciudadanos de tal manera que no tengan fuerzas para organizarse políticamente.

Hace bastante tiempo que este servidor no hace entrevistas. Pero durante un encuentro con el ex –parlamentario, me puse a juguetear con mi celular nuevo y descubrí que el perolito tiene grabador de sonido, cámara fotográfica y de video, de manera que es un equipo de periodista completo, lo cual era un tentación insoportable. Mientras hablábamos de lo humano y lo divino, no pude evitar grabar la conversación con Tablante: y si a eso le añadimos la foto y lo demás, pues era inevitable que se produjera una entrevista sobre el tema que más preocupa a los ciudadanos de este atormentado país: la seguridad pública, el delito, el hampa, la violencia del día a día. Son problemas que Tablante conoce bien porque ha trabajado en ellos desde sus primeros años en el Congreso, y también durante su último período en la AN, cuando presidió la Comisión de Política Interior y Justicia, donde propuso una emergencia nacional sobre el tema de la violencia, que fue suscrito por todos los sectores –gobierno incluido- pero que luego fue a dormir el injusto sueño de los olvidados, hasta despertar recientemente a raíz de los secuestros y asesinatos que han estremecido al país los últimos dos meses.

-¿Cómo te parece la reacción del gobierno ante el espantoso problema de la violencia?
CT: Nula y negativa, y no es la primera vez que los instamos a reaccionar. Durante nuestro ejercicio parlamentario, desde el año 2000 hasta el 2005, propusimos un Pacto por la Vida y todos los sectores lo aprobaron, todos los sectores se comprometieron, incluso el gobierno, pero luego no han hecho nada. Por eso, por su indolencia, por su falta de interés, es que son responsables de este caos. Durante los 7 años que tiene el actual gobierno, se han producido más de 75.000 asesinatos en el país, de las cuales apenas si el 6% se han resuelto policial y judicialmente. Ese estado de impunidad y de caos ante todas las manifestaciones del delito. Lo que reina es el desorden y la impunidad, mientras el poder está concentrado en una sola persona, que quiere ejercer la función y el papel de todas las instituciones. Es la visión de un líder militar, de un caudillo, con un pueblo, la cual promueve una relación pasiva con un ciudadano que no tiene derechos y de un gobierno que no tiene deberes ni obligaciones con ellos, sino que da las políticas como una dádiva, mediante el populismo y la demagogia. Además, la percepción que existe es que en el entorno de ese caudillo se roba descarada e impunemente, que el entorno se está enriqueciendo, y eso promueve la mentalidad del delito y la impunidad como algo normal en todos los niveles de la sociedad.

-¿Qué puede hacer la ciudadanía e incluso el mismo gobierno?
CT: Hay que presionar, para que el gobierno active políticas y programas de seguridad, pues es su obligación de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución, que hace al Estado responsable, al punto que si no reacciona, de acuerdo con la misma Constitución, está en la obligación de indemnizar a los familiares de las víctimas. Hay un conjunto de leyes pendientes que pueden contribuir con una política de seguridad: una de ellas es la Ley de Justicia de Paz y Resolución de Conflictos, otra es la Ley del Fondo de Prevención del Delito, que permitiría usar todos los bienes ilícitos provenientes del delito y del narcotráfico que sean incautados, para actividades preventivas, para mejorar el sistema carcelario, para darle mejor entrenamiento a las policías, cursos y educación acerca de los derechos humanos. Los recursos están: sobra la plata para mejorar el ingreso de los policías y para labores de prevención, o para mejorar el sistema carcelario. Pero lo hay es una incapacidad de un gobierno que escoge para los cargos a los más inútiles y los más incapaces.

-¿Cómo se genera esta violencia tan grande?
CT: Esa mentalidad de la impunidad en todos los niveles activa la violencia en todas las personas que están vinculadas el delito, o a las drogas, por ejemplo. Los consumidores cometen delitos para obtener dinero para comprar drogas, y los que manejan las drogas en los barrios constantemente están en una guerra por el control de esos mercados. Todo esto ha creado una gigantesca economía subterránea, paralela, con reglas de juego que no tienen nada que ver con las leyes, y eso se entiende cuando vemos que está creciendo peligrosamente el sicariato, mediante los cuales las bandas realizan actos de venganza, o luchan para mantener el control de los mercados de las drogas: e incluso cobran por cometerlos, tienen tarifas para terceros, además de que comienzan a organizarse para otros negocios como el secuestro. Todo esto ocurre en un gobierno con un Presidente que controla todas las instituciones, que tiene todo el poder, que tiene todo el dinero, pero que no le importa que haya este estado de violencia y de caos en la calle, o que tal vez le interesa que eso sea así para que los ciudadanos no tengan chance de pensar ni de organizarse políticamente.

-¿Podría pensarse que es intencional?
CT: La ineficacia es tan grande, que uno se pregunta si tal vez el gobierno piensa que la violencia del delito forma parte de la lucha de clases, de la revuelta social detrás de la cual se escuda toda la prédica de la revolución que promueve el Presidente. Como no hay una revolución sangrienta y armada entonces se va creando una especie de proceso de depuración de confrontación de clases, por la vía de la violencia de la delincuencia. En la medida en que los delincuentes cometen sus fechorías entramos en una especie de guerra en la que los ciudadanos están desmoralizados. Entonces tenemos dos tipos de violencia: una que se ejerce desde el gobierno y que es militarista, y otra de las calles donde la delincuencia está desbordada. La relación existe, no sé si es intencional, pero en todo caso es trágica para la sociedad.

-Tú has trabajado durante muchos años en proyectos de reforma del poder judicial…
CT: Y tengo que decir que esta situación del delito, de la economía paralela del narcotráfico, ha penetrado en los más altos niveles del poder judicial. Las actuaciones judiciales muestran un comportamiento que obedece a las directrices de un sistema delictivo bien montado, relacionado con el narcotráfico y el lavado de dinero.

-Recuerdo que al principio de su gobierno el Presidente dijo que se podía robar por hambre.

CT: Uno puede entender que alguien robe por hambre, por desesperación, porque no tiene empleo y tiene que alimentarse él y su familia. Pero al mismo tiempo el gobernante, que tiene todos los recursos y la capacidad para generar empleo, no da respuestas. Entonces, no se genera empleo para la población, se crea un sistema asistencialista, de dádivas, se les dice que pueden robar por hambre, y además el jefe del Estado vive en un permanente discurso de confrontación, promoviendo el resentimiento, la violencia. No estamos ante un discurso incluyente, como dice el Presidente, sino ante un discurso excluyente, porque se está sacando a los que ya estaban incluidos, y es mentira que se esté incluyendo a la mayoría, por lo que hemos dicho. Necesitamos un discurso y una política donde todos podamos estar incluidos, donde se recupere el equilibrio, donde todos podamos recuperar la capacidad de progresar, donde se fortalezca la cohesión del país y el capital social. Y eso pasa por atraer inversiones privados, que es la palanca para generar empleos estables, para poder diversificar la economía: lograr una economía productiva donde haya un acuerdo entre el capital y la fuerza laboral para no seguir con esta economía de mal reparto del ingreso petrolero, un reparto hecho por el dedo caprichoso del dueño de la hacienda: el caudillo militar.

-¿Cómo se podría luchar desde las políticas públicas contra ese flagelo de la delincuencia y la cultura de la muerte?
CT: En primer lugar un gran esfuerzo de educación para la paz, en el cual juega un papel fundamental el Ministerio de Educación. Hay que hacer un esfuerzo para educar en valores, empezando por la familia. En la medida en que aumenta la violencia intrafamiliar, la sociedad se va volviendo anómica. Eso ocurre por ejemplo cuando por quítame esta paja el marido le entra a golpes a la mujer. O inclusive la matan. En esa medida la sociedad se deteriora y se debilita. En la medida en que la familia pasa a ser un espacio de convivencia donde los conflictos se solucionan en paz, en esa medida el país puede cambiar, porque se está sembrando y emitiendo un mensaje de paz. Tenemos que recuperar el código de convivencia general de la sociedad. Pero en la medida en que ya no convertimos la sociedad en un espacio de cohesión, sino de resentimiento, de organizarse para atacar y destruir a los otros, no podemos construir un país ni superarnos todos, no podremos igualarnos hacia arriba. Eso requiere una reconstrucción de las instituciones del estado, para que cada una asuma su rol y su función y así se ofrezca un marco de seguridad jurídica donde se pueda desarrollar un sano mercado, debidamente controlado, que se vaya consolidando a medida que se aprovecha el caudaloso ingreso de recursos que actualmente recibe el país. Esa sería la palanca sostenedora del empleo sostenible, que sería la garantía para derrotar a la pobreza y para mantener la cohesión social.

-El padre Luis Ugalde señalaba que la gente en los barrios no es que necesariamente quiere que sus hijos sean católicos: pero que sí les importaba que recibieran una educación en valores, que podrían coincidir con los valores católicos básicos: no matarás, no robarás… Pero el gobierno, dice el rector Ugalde, quiere acabar con esa posibilidad.

CT: Ese es el problema que tenemos: hemos perdido el discurso de la paz, y tenemos un Presidente y un sistema cuyo discurso es la guerra y la confrontación como valor principal: la confrontación con el fantasma del imperialismo que nos amenaza y nos acecha. Las milicias, la reserva, prepararse para matar, aprender a utilizar las armas, aprender a disparar. Tenemos que promover el otro mensaje, el de la Iglesia Católica por ejemplo, de amar a tu prójimo, de perdonar, de tener fe y esperanza. Ante la desesperanza y el miedo promovidos por este gobierno, hay que promover un mensaje de esperanza, superación, de los valores, de que sí podemos alcanzar nuestros sueños, del respeto al otro. La violencia encuentra un terreno fértil cuando el discurso de un Presidente es el del irrespeto, de andar buscando pleitos con todo el mundo: eso de alguna manera se transmite. Cuando estamos ante un gobierno que con su discurso promueve la violencia, pues la sociedad se vuelve cada vez más violenta.

-¿Ese discurso afecta a las policías?
CT: Por supuesto, ante un discurso como ese, y ante una violencia desbordada, los que manejan policías como los gobernadores de estado, muchos jerarcas militares y policiales terminan creyendo a veces que la única solución a esto es plomo al hampa, disparar a discreción. Eso aumenta la espiral de la violencia, porque como los delincuentes saben que si los agarran los matan, entonces ellos tratan de no dejar huellas, y matan testigos, policías, secuestrados, como el caso de los hermanos Faddoul y su chofer. Eso amerita una reconstrucción del estado de derecho, mediante una sana administración de justicia donde el ministerio público recupere su función, para que la policía científica sea su auxiliar y los casos se investiguen de manera exhaustiva y veraz, ahora que la policía tiene un poder casi paralelo al del ministerio público, la corrupción es mayor, y priva la ley del más fuerte. Antes los jueces tenían el monopolio de la investigación penal, y la corrupción era mayor en el sistema judicial. Pero ahora como los policías investigan junto con los fiscales, hay más corrupción en la policía porque cierran los casos en el camino, no dejan que lleguen ante los jueves. Eso quiere decir que ahora el pedazo más grande de la torta se la quedan los policías, de manera que la lucha contra el delito se ha convertido en un tremendo botín para los policías corruptos.

-Tú estás apoyando a Teodoro: ¿qué piensas que podría hacer él para mitigar este drama de la violencia delictiva?
CT: Venezuela necesita una política de Estado contra la violencia, con un plan de prevención social integral. Un plan de desarme general, porque hay demasiadas armas en la calle. Hay que organizar el sistema de las armerías y de la entrega de portes de arma. No puede ser que tú compres una pistola y te entreguen el porte de arma sin saber quién eres tú, sin hacerte un examen ni un perfil psicológico. Además todas esas armas decomisadas. Todo ese arsenal que tiene el DARFA tiene que ser organizado, tiene que hacerse una huella balística de cada una de las armas, saber quiénes son los dueños de cada arma. Y las armas incautadas tienen que ser destruidas públicamente, y fundidas para hacer obras de arte, por ejemplo, que se exhiban en las principales plazas del país como monumentos contra la violencia. Porque sino las armas enseguida se reciclan, regresan a la calle a manos de los delincuentes o las mete la GN en las prisiones, para que los presos se maten entre sí. Tiene que haber un plan integran nacional donde participen todas las instancias del estado, incluso las alcaldías: que se promueva el empleo, o planes del tipo cambio armas por comida, cambio armas por empleos, cambio armas por dinero, como se ha hecho en otros países.

-¿Qué rol pueden jugar los medios en esto?
CT: Es un trabajo muy importante, porque los medios modelan conductas también. Tiene que haber un plan nacional de comunicación en el que se comprometan todos los medios, para que se promueva un discurso de la paz, de la convivencia, de la familia, de los valores, del respeto. En esto tienen que comprometerse los alcaldes, los gobernadores, las escuelas, la familia, la sociedad civil en general, los empresarios, las diversas iglesias.

-¿Tú crees que el Presidente algún puede llegar a comulgar con ese mensaje?
CT: El Presidente no quiere hablar de este tema, porque tendría que reconocer que hay un problema, y que el problema es gravísimo.

-No se le puede echar la culpa al imperialismo en este caso…
CT: Entonces tiene que asumir el tema con hidalguía y responsabilidad. Necesitamos ese plan integral nacional contra la inseguridad, necesitamos reforzar la formación de los investigadores policiales, porque se están formando mal, necesitamos mejorar los ingresos de la policía, prepararlos en el tema de los derechos humanos. Tenemos que volver a un sistema judicial que realmente sancione, donde vuelva a existir justicia. Al lado de esto contamos con un sistema penitenciario que no corrige, sino que es un postgrado para los delincuentes, un matadero, donde los operadores de los sistemas penitenciarios son los más corruptos, donde los guardianes son los que introducen las armas y venden las drogas.

-Se ha tratado de vender como panacea la creación de una policía nacional.

CT: Es no es la solución: ¿quién va a formar a esos policías? Hasta ahora, sería en la escuela de la Policía Metropolitana, y ya sabemos lo que egresa de allí. Y si es la Guardia Nacional es lo mismo, piénsese en el contrabando y el narcotráfico protegido por la GN. Hay que crear los planes, pero que no se duerman: póngale metas a los planes de prevención social, póngale dinámica a los programas de recuperación de los internos, creen un sistema de coordinación nacional de las policías, convierta al CICPC con parte de la GN en una gran policía de investigación nacional: esa podría ser una responsabilidad del gobierno central, mientras que se deja en manos de los estados las políticas de policía preventiva, que es lo que les corresponde por definición.