Opinión Nacional

Carta a la rectora Janeth

Señora Janeth, no había podido seguir las incidencias de la decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar al ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, por violar las Normas sobre Publicidad y Propaganda de la Campaña Electoral para la Elección Presidencial de diciembre 2006, al utilizar las instalaciones de Petróleos de Venezuela, con fines de proselitismo político. La sanción impuesta, una multa de 18 millones de bolívares, equivalente apenas a una semana de sueldo del alto ejecutivo, se aplica después de 7 meses de haber finalizado la campaña electoral, lo cual no tiene efecto práctico alguno puesto que el delito imputado al ministro Ramírez se cometió y tuvo su efecto perverso durante la campaña presidencial para favorecer al teniente coronel Chávez. Por otro lado, esta decisión resulta limitada pues no calcula los efectos perversos de la discriminación política declarada y ejercida por ese alto funcionario dentro de la empresa de todos los venezolanos que, según Ramírez, debía ser «roja, rojita» y al que no lo entendiera se lo iban «a recordar a carajazos».

Sin embargo, señora Janeth, por desgracia, en un zaping televisivo vi las altaneras declaraciones de su jefe calificando de injusta la decisión del Poder Electoral y alegando que si multaban a Ramírez también debían multarlo a él, porque él (teniente coronel) había hecho lo mismo en las instalaciones militares.

A pesar de lo grosero y enojoso de la situación pensé en la máxima de que «a confesión de partes, relevo de pruebas», y que en consecuencia el CNE podría proceder a documentar los delitos confesados por el jefe del Estado.

Señora Janeth, no le parece que usted pierde el patín e insulta la conciencia cívica de los venezolanos cuando declara que si hubo delito es de quien grabó al ministro Ramírez. No sabe usted que ese video de Ramírez, descontada la infame lista Tascón, constituye el testimonio más contundente de los siniestros actos de discriminación y de persecución política de la revolución bolivariana. Aunque me extralimito de la prescripción médica de alejarme por unos días de los temas que alteran mis jugos gástricos, una vez leídas sus declaraciones, repitiendo como una lorita lo declarado por su jefe, considero que es más sano para mi salud expresarle mi desagrado. Por respeto a los lectores no voy a repetir las palabrotas que pronuncié en la intimidad, pero sí decirle que su genuflexión me revienta y que con rectores como usted la democracia venezolana se pervierte.

¿Qué espera un ciudadano de un Poder Electoral que descubre un delito? Lo mínimo: hacer cumplir la ley.

Comparto la contundente presunción de que los hechos cometidos por el ministro, y sancionados por el CNE (entiendo, ahora, con su voto salvado), pueden constituir al propio tiempo delitos previstos en los artículos 52, 54 y 68 de la Ley Contra la Corrupción.

Aunque usted no parece haber sido electa rectora para velar por los intereses de los venezolanos sino para favorecer al teniente coronel, permítame recordar para los (e)lectores lo que dicen apenas 2 de los citados artículos de la ley en cuestión: «Artículo 54. El funcionario público que indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones, órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años».

Artículo 68: «El funcionario público que abusando de sus funciones utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años». Pudiera usted entender, claramente, que ante la dimensión de estas penas, quedarnos en una multa de 18 millones es adentrarnos en los terrenos de la impunidad ante la corrupción.

Señora Janeth, lo menos que esperamos los ciudadanos es que el CNE consigne a la Fiscalía de la República el expediente que justifica la sanción a Ramírez para determinar la procedencia de continuar la investigación. Es la única manera de creer que, efectivamente, algo serio se está haciendo en la lucha contra la corrupción en nuestro país.

Usted con su discurso obediente, de cuartel, pareciera más bien cómplice.

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