Censura, TSJ y Ley de Periodismo

La sentencia 1411 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en www.tsj.gov.ve, el 27-07-04, ratificó en todas sus partes la Ley de Ejercicio del Periodismo, vigente en Venezuela desde diciembre de 1994. Pero no fue noticia para los dueños de medios de comunicación social, con excepción de los semanarios Quinto Día y La Razón. En radio y televisión, nada qué ver, salvo en mi programa El Balcón de los Rebeldes ( Radio Sintonía , 1420 AM). Noticia censurada. Ese es el estilo de ciertos «defensores» de «su» libertad de expresión, que recurrentemente niegan ese derecho al resto de la ciudadanía. La sentencia, realmente trascendente, fue deliberadamente censurada por la inmensa mayoría de los dueños de medios de comunicación social. Se creen con el derecho a impedir que los ciudadanos venezolanos y la opinión pública internacional se enteren de que en Venezuela existe una moderna Ley de Ejercicio del Periodismo con diez años de vigencia, y treinta y dos de existencia, si tomamos en cuenta -como debe ser- que la primera fue promulgada en 1972. Tal sentencia de la Sala Constitucional negó, en todas y cada una de sus partes, la petición de nulidad formulada en mayo de 1995 por el Bloque de Prensa Venezolano, apenas seis meses después de su entrada en vigencia. De esta manera -y esto es de primerísima importancia- la pretendidamente cuestionada Ley de Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética del Periodista Venezolano resultaron fortalecidos, pues han quedado definitivamente firmes en la estructura jurídica venezolana, al amparo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), como claramente lo estuvo bajo la anterior Constitución de la República de Venezuela (1961). En criollo, podríamos decirles «cojan su gallo muerto», pero no es la idea, pues nunca el gremio periodístico venezolano ni los legisladores democráticos (Congreso de la República, 1969-1974 y 1994-1999) hemos visto los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y la responsabilidad social de los periodistas profesionales como privilegios. Se trata de una institución contemporánea -legal y constitucional- para servir mejor a Venezuela, en armonía con propietarios, directivos y trabajadores de los medios de comunicación social, que sin ser periodistas profesionales, pueden -y deben, junto a nosotros- contribuir a la elevación constante de la calidad de los servicios informativos y de opinión que llegan al público a través de la prensa, la radio, la televisión, las agencias informativas y los servicios especializados de Internet.

Quedó establecido, definitivamente firme, que la colegiación obligatoria de los periodistas profesionales en Venezuela, más que un privilegio de los agremiados es un derecho del pueblo venezolano a estar oportuna, veraz y pluralmente informado.

Al menos en este ámbito, debe cesar la petulancia y la prepotencia de los dueños de medios de comunicación social, de los gobernantes nacionales, regionales y municipales, así como de los gerentes públicos y privados de las instituciones comunicacionales, quienes durante los últimos diez años, se han dedicado a la violación descarada de la Ley de Ejercicio del Periodismo y han estimulado la violación del Código de Ética del Periodista Venezolano. Muchos problemas se hubiese ahorrado el país, sin tanto menosprecio y transgresión a ambos instrumentos, incluso por parte de periodistas profesionales. Y no hablemos de los «piratas» que se hacen pasar por periodistas profesionales -en su mayoría palangristas y timadores de la fe pública-, porque forman parte de la descomposición generalizada que existe -y sufrimos- en Venezuela.

Gobernantes irresponsables y dueños de medios irresponsables deben recoger velas en esta materia, cesar en sus transgresiones y respetar la legislación vigente.

La sobregirada Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa deben convocar un evento especial para celebrar esta sentencia ratificatoria de la Ley de Ejercicio del Periodismo, con participación de docentes y estudiantes universitarios de comunicación social. Así mismo, Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Nacional de Venezuela podrían realizar una serie de programas especiales para exaltar el valor histórico, democrático y cultural de la mencionada Ley y su Código de Ética del Periodista Venezolano.

Doctrina Lara

El diputado William Lara, ministro de Comunicación e Información, está haciendo historia, no sólo por los importantes roles político que ha desempeñado, a partir de 1999, después del triunfo del Polo Patriótico en diciembre de 1998. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, diputado y presidente de la Asamblea Nacional, correspondiéndole juramentar al entonces vicepresidente Diosdado Cabello –amigazo de Orlando Castro Llanes- como Presidente Encargado de la República durante aquellas angustiosas horas de golpe y contragolpe en abril de 2002. Antes, compartió con el mismísimo Luis Miquilena roles dirigentes en el CTN del MVR y le correspondió dirigir la conspiración institucional ordenada desde Miraflores para salvarle el pellejo al jefe partidista y parlamentario, ministro y hombre de negocios, durante el juicio del “Caso Micabú”, en torno al cual fraguaron una mayoría exculpadora en el Tribunal Supremo de Justicia.

Es el mismo William Lara, periodista (UCV) y magíster en Ciencia Política (USB), cuyo concepto de la libertad y la democracia está tomando forma desde su desempeño en la cartera de Comunicación e Información, sin desprenderse de la jefatura partidista en el MVR. Nace lo que pudiéramos llamar la “Doctrina Lara” para la implantación del abuso de poder, la coacción y el descaro como forma de aplicación groseramente ventajista de las políticas públicas, violando la Constitución y las leyes.

Esa “Doctrina Lara” le permite articular una política comunicacional sectaria y excluyente con recursos del Estado (de todos los venezolanos) absolutamente fundida con la política del MVR, partido al cual dirige siendo ministro del gabinete ejecutivo del presidente Hugo Chávez. Para nada le importa la letra constitucional:

“Artículo145. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna…”
“Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas… con sometimiento pleno a la ley y al derecho.”

Menos le preocupa –gracias a la concentración abusiva del poder- lo establecido en el artículo 139 constitucional:

“El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación del poder o por violación de esta Constitución o de la ley.”

La impunidad del régimen da para todo.


Sabe perfectamente el ministro Lara, que ni la Fiscalía General de la República ni el Consejo Nacional Electoral –menos la Asamblea Nacional o finalmente el Poder Judicial- pueden, hoy, obligarlo a parar el desmadre en el que está metido hasta las orejas. Se muestra goloso y sabroso, gozoso del abuso de poder, queriendo pontificar una doctrina que no tiene nada de novedosa: Lenin y Goebbels son reconocidos clásicos en el ámbito de la comunicación y la información, y en el ejercicio unipartidista del poder con buena dosis de coerción por la fuerza y una omnipresente impunidad en cuanto al abuso de poder aplastando a los contrarios. Mucho más atrás viene Nicolás Maquiavelo, en el siglo XVI europeo, cuyas brutales constataciones de la manipulación y el sometimiento de los contrarios siguen siendo doctrina para políticos inescrupulosos, en el siglo XXI.

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La tentación mediática

Inmediatamente después del contundente triunfo electoral del 3D, diversos voceros gubernamentales y de factores políticos oficialistas se han esmerado en tremolar banderas por un mayor control del espectro radioeléctrico de la comunicación social en el país. Es la tentación mediática de quienes abrigan concepciones ideológicas y políticas monopartidistas, excluyentes y reductoras de la pluralidad política y cultural; temen una libre controversia de las ideas y proyectos de vida; y les incomodan las denuncias de fondo sobre un proceso político plagado de inconsecuencias, fracasos y corruptelas. Toleran, sí, las denuncias populares que no ponen en entredicho el poder detentado, pero lo que aspiran es a controlar al máximo posible el flujo informativo, filtrar y emitir unidireccionalmente la versión monopartidista de las cosas.

CREDO CHAVISTA
El credo chavista en esta materia es el que vienen aplicando a través de Venezolana de Televisión, Vive TV, Radio Nacional de Venezuela y el grupo de radioemisoras capitaneado por YVKE Mundial, todas del Estado venezolano pero reducidas a cajas de propaganda gubernamental, grotesca y obscenamente, en combinación con el músculo publicitario de los centenares de entes gubernamentales. Nunca en Venezuela, se había instrumentado tal grado de abuso de poder comunicacional, y jamás con argumentos tan cínicos.

CENSURA Y MANIPULACIÓN
Factores del chavismo y del antichavismo coinciden en desconocer, hasta la intolerancia salvaje, la pluralidad nacional y el libre flujo del pensamiento a través de los medios de comunicación social públicos y privados. No resisten la tentación de censurar y manipular, restándole a Venezuela la posibilidad de conocer, discutir y superar nuestra realidad sometida a los vaivenes de las insensateces e irresponsabilidades de los bandos en conflicto.

Sin solución de continuidad, entramos a una nueva etapa de la vida política nacional, cargada de los vicios y limitaciones del pasado remoto y reciente, y de un presente que ya va para ocho años, no menos vicioso y torpe.

El 3D sirvió para una redefinición democrática de las tendencias políticas venezolanas, ciertamente enmascaradas por la enorme factura petrolera, el abuso de poder y la falta de postulados ideológicos y políticos coherentes, pues la demagogia y el maniqueísmo de ambos bandos opacaron el debate necesario. Chavismo y antichavismo se irán desnudando progresivamente, hasta que la mayoría de nuestro pueblo los descubra en sus miserias y asuma una nueva opción política opuesta al autocratismo supuestamente “revolucionario” y al neoliberalismo supuestamente “democrático”. Ese camino alternativo no es fácil ni producto de un idealismo fatuo; hay que trabajarlo duro, cargados de honestidad intelectual y un profundo amor por nuestro pueblo y la Venezuela pujante y armónica que queremos.

RCTV EN LA MIRA

La tentación mediática ronda los predios gubernamentales, con la mira puesta en Radio Caracas Televisión (RCTV) y Globovisión, cuya programación informativa no es necesario compartir totalmente para defender la pluralidad y la diversidad, consustanciales a la vida democrática y participativa establecida en la Constitución vigente, pero no asumida por quienes ejercen el poder abusivamente.

Esa sed de control se acaba de plasmar en la compra de CMT (Canal Metropolitano, UHF 51) por una jugosa cantidad de millones de dólares a favor del “Grupo Petrica”, dueño de la Universidad Santa María y de muy poderosas empresas de construcción favorecidas por los sucesivos gobernantes de turno. Juan Barreto, alcalde metropolitano de Caracas, recién reveló que a él, los dueños de CMT le habían hecho una oferta muy onerosa, de 42 millones de dólares, y aún se desconoce la cifra real pagada o negociada por “Telesur”, que si bien es una empresa multinacional, tiene todo el respaldo logístico y financiero del gobierno venezolano, y formal participación accionaria de la República.


EXEGETAS NO HACEN MÉRITOS
La tentación mediática hace músculos en un contexto político determinado por el 63% de los votos recibido el 3D por el presidente Hugo Chávez Frías, lo que para algunos es una especie de disparadero para aplicar un supuesto “acelerador revolucionario” teñido de trasnocho izquierdoso dictatorial, antidemocrático, controlador, inequitativo, políticamente hablando. Los exegetas de turno, van tejiendo fórmulas: cooperativizar a RCTV, no autorizar más la concesión que viene explotando ininterrumpidamente desde 1952, o incluir algún zarpazo en la propuesta y aún por concebir reforma constitucional. Entre tanto, VTV continúa por la senda propagandística monopartidista, desvergonzadamente, abusivamente.

No hacen méritos quienes desde las esferas oficialistas pujan por el control absoluto de los medios de comunicación social. Ganarán puntos para una que otra satisfacción burocrática, pero no contribuyen en nada a impulsar el necesario proceso de transformación democrática de Venezuela, que es en el fondo lo que deseamos la inmensa mayoría de las venezolanas y venezolanos. Ese bloqueo mediático chavista se les va a revertir, más temprano que tarde, porque nuestro pueblo es libre, generoso, y no aceptará el constreñimiento progresivo de las libertades públicas, tan caras a nuestro gentilicio.

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RCTV o la prueba de fuego
Manuel Isidro Molina* /
Semanario La Razón (Venezuela) – 07/01/07


Cierto es que los propietarios y gerentes de Radio Caracas Televisión (RCTV) censuraron durante años a personajes de la política y la cultura venezolanas, cuyos máximos exponentes son los socialcristianos Luís Herrera Campíns, presidente de Venezuela en el período 1979-1984, y Alfredo Tarre Murzi -ministro de Cultura (CONAC) durante el primer gobierno (1969-1974) del también socialcristiano Rafael Caldera-, promotor aguerrido de una revisión temática de la programación televisiva nacional, sus enlatados y vinculaciones con la industria cultural estadounidense, en cuanto a sus bodrios violentistas e ideologizantes. 

Así mismo, lo es que RCTV se ha movido por intereses económicos, ideológicos y políticos propios de quienes disfrutan y comparten la mundialmente llamada “american way of life”, por lo que durante los años setenta y subsiguientes la tendencia transmitida a los televidentes, en valores y propósitos, fue la neoliberal transnacionalizadora, bajo el influjo del Imperio Capitalista Mundial (ICM), del cual Estados Unidos es su máximo promotor y protector imperialista. 


También, que Marcel Granier, presidente de las empresas 1BC, se apoyó en ese poderoso medio para proyectarse políticamente como potencial aspirante presidencial. Inocultable es el hecho de que RCTV –igual que Venevisión, Televen, Globovisión y la mayoría de medios de comunicación social privados del país- se montaron en fiera campaña política antigubernamental no sólo desde el comienzo del proceso político constituyente de 1999, sino especialmente a partir de noviembre-diciembre de 2001, cuando el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías aprobó, entre gallos y media noche, aquel infausto paquete de decretos con fuerza de ley, mediante la irresponsable “Ley Habilitante” concedida por el Congreso de la República instalado pluralmente en enero de 1999.

Todo eso es cierto, pero no es pecado, ni ilegal; es parte del combate democrático, independientemente de que haya degenerado (con muchísima culpa del gobierno y de los devaneos autoritaristas del propio Chávez) en el golpe del 11 de abril de 2002; el bodrio judicial del 14 de agosto de ese mismo año que liberó de responsabilidades a los complotados para derribar al gobierno mediante presión popular de calle y renuncia forzada –que la hubo verbalmente- del presidente de la República; y el descomunal paro petrolero y empresarial entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, que fracturó la economía nacional, lanzó por un barranco la industria petrolera saboteando operativa y estratégicamente a Petróleo de Venezuela, S. A. (PDVSA), y descargó inmensurables consecuencias negativas sobre la población, muy superiores a las materialmente estimadas pérdidas por unos 14 mil millones de dólares en el circuito económico.

La compaña mediática opositora (golpista: “Chávez, vete ya”, “¡Fuera…!, “Navidades sin Chávez”, etc.) y el “silencio mediático” en torno a los acontecimientos populares y militares durante los días 12, 13 y 14 de abril, luego del golpe del 11 y la burrada política de Pedro Carmona Estanga y su combo de audaces ignorantones de derecha, fue un hecho político generalizado que no involucró sólo a RCTV. De la misma forma, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 14 de agosto de 2002, no fue un antojo de uno que otro magistrado tarifado, sino una operación política de envergadura promovida desde la sombra por Luis Miquilena y Tobías Carrero, apoyados en las exigencias políticas de sus socios complotados y la baja estatura moral de un manojo de abogadillos que nunca debieron pisar el TSJ. Lo de “Plaza Altamira” fue el colmo.


Entonces, ¿por qué pasar factura a RCTV, no autorizando la prórroga de una concesión de teletransmisiones que viene explotando consuetudinaria y crecientemente, desde 1953? Su programación de enlatados extranjeros de mediocre realización, en el nivel medio bajo de la industria cultural estadounidense, sigue siendo más o menos la misma, salvo excepciones; la producción nacional (telenovelas, entretenimientos, etc.) sigue las pautas del desastroso sifrinismo impuesto por lo que gustan llamar “casting”, en el cual un buen culo y unos voluminosos senos pueden más que las neuronas y el cultivo intelectual de artistas verdaderos y productores serios de programas televisivos de calidad; los cuñeros publicitarios son tal cual las produce la experimentada y valiosa industria publicitaria venezolana, y las llamadas “promociones” del canal no expresan más que la “cultura sifrina” predominante en el medio televisivo nacional (y no solamente en RCTV). 

Lo de Venezolana de Televisión (VTV) es peor, convertida en un parapeto propagandístico y adulante, con un tufo vergonzante de “culto a la personalidad”, en el cual se llega al colmo de hilvanar una supuesta vida épica del Jefe del Estado, desde que jugaba metras cuando estaba carajito, como todos los carajitos del mundo.

El 28 de diciembre pasado, el presidente Chávez retumbó, rodeado de sus panas militares –todos toditos, muy aplaudidores-, anunciando la extrema medida, punitiva sin duda. ¿Por qué? Por su línea informativa y de opinión, entre la denuncia de verdaderos hechos censurables (ineficiencia, corrupción, autoritarismo, huecos en las calles y colapso del circuito carretero nacional, la basura o la anarquía del tránsito automotor, y ni se diga de la delincuencia desatada, un verdadero baño de sangre que Chávez y sus ministros del Interior y Justicia llevan en sus hombros, desde Luís Miquilena hasta Jesse Chacón) y la difusión agresiva de la pluralidad antigubernamental, lo cual es perfectamente válido.


Chávez convirtió a RCTV en su prueba de fuego. La decisión anunciada desnuda al verdadero Chávez, intolerante y borracho de poder, enfermo. Se cree todopoderoso, dueño del país y capaz de atropellar a quien se le atraviese en su atarantado camino. Sus acólitos lo aplauden, sin medir las consecuencias, irresponsablemente.

RCTV forma parte de la historia cultural venezolana del siglo XX, independientemente de las observaciones que se le hagan a sus contenidos, acciones o intenciones políticas e ideológicas, que las tiene y ha tenido, como señalé arriba. La democracia venezolana, ha sido fraguada durante décadas de luchas populares, y no por Chávez y sus “muchachos”, a partir del 4F o el triunfo que logramos electoralmente en diciembre de 1998. Lo peor del discurso chavista es la pretensión de borrar la historia venezolana, una mediocridad sin par, alimentada por unos adulantes medradores “de izquierda” que lo más que han hecho durante estos ocho años es callar miserablemente y servirle de comparsa en todos los desatinos y corruptelas gubernamentales. Han sido tan aplaudidores como los “militares militaritos” que van quedando.

Nada les vale esa trayectoria cultural, valiosísima, de RCTV como institución mediática pionera; ni los derechos constitucionales que nos deben garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, una sociedad plural, diversa y recontradiversa. Lo de su concesión de frecuencias y derechos de transmisión no es un asunto reglamentario ni legal. Es un serio problema político, constitucional, que se hunde en la raigambre democrática de Venezuela. Borracho de poder, como anda, Chávez no repara en esas “nimiedades”, pero las consecuencias serán graves, más temprano que tarde. Es inocultable que se trata de una retaliación política, como lo han expresado, a su manera, el propio presidente, su ministro de Comunicación e Información, William Lara, y el ahora ex vicepresidente José Vicente Rangel, quienes no pierden oportunidad para hacer méritos, así sea pisoteando sus trayectorias y banderas de lucha. ¡Si el jefe está contento, ellos están contentos! Ambos han sido funcionarios de antología, como se verá en nuestra historia, más allá del “2021” o del tristemente jalabólico “dos mil siempre”.

Sin esguinces acomodaticios, RCTV merece respeto político y constitucional. Sus propietarios, gerentes y trabajadores merecen respeto democrático y pluralista. El gobierno, es decir Chávez, el líder único, debe rectificar y dejar las amenazas e intimidaciones. Ningún país serio merece un bodrio como VTV, ni una dinámica comunicacional monopartidista. La crítica, por dura que sea, es consustancial a la democracia y a la visión socialista contemporánea, que ni es “roja rojita” ni, mucho menos, autocrática o militarista. En el fondo esa es la discusión, y no las ocurrencias y antojos de un gobernante desmadrado, repito, borracho de poder, enfermo.

La mejor defensa de RCTV es la defensa de la pluralidad democrática como derecho político constitucional de los venezolanos y venezolanas, sin caer en el hoyo del discurso derechizante y neoliberal. Esa es la diferencia. La libertad de expresión está seriamente amenazada, tanto como el derecho a la información y nuestra diversidad cultural, por mala o incómoda que resulte una determinada programación televisiva.

Mi saludo respetuoso y solidario a los propietarios, gerentes y trabajadores de RCTV, independientemente que ni comparta ni suscriba todos sus puntos de vista o contenidos comunicacionales. En cuanto a mis colegas periodistas, mi más activa solidaridad, amenazados como están por el Jefe del Estado, dispuesto a cercenar, de un tajo, nuestros derechos constitucionales y compromisos profesionales.

El colapso del CNP

A mis colegas periodistas, donde quiera que estén dando la batalla por el rescate de la dignidad gremial
La situación que vive el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) es de colapso, luego de un proceso de empobrecimiento institucional que viene haciendo crisis desde julio de 1998, cuando el colega Levy Benshimol asumió la presidencia. Desde entonces, casi nueve años, no ha habido elecciones, producto de una combinación de intereses disímiles pero coincidentes en los perjuicios que le han causado al gremio periodístico venezolano. 

Nunca en su larga historia, contada a partir de 1941 con el nacimiento de la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP), nuestro gremio había sufrido un estado tan lamentable de postración, ni en tiempos dictatoriales ni en los de desmadres autoritaristas de los gobiernos post perezjimenistas. Por el contrario, su vigor fue históricamente ascendente con el paso de la AVP a CNP, aprobada la primera Ley de Ejercicio del Periodismo, en 1972; y el consiguiente desarrollo del CNP a partir de 1976, cuando fue electo presidente Héctor Mujica. En diciembre de 1994, luego de una ardua y extendida discusión, fue aprobada la segunda Ley de Ejercicio del Periodismo, actualmente vigente y ratificada en todas sus partes por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en julio de 2005, al desestimar la demanda de nulidad introducida por el Bloque de Prensa Venezolano, en marzo de 1995. 

El proceso constituyente de 1999, afectó la vida institucional de los gremios profesionales del país, por los empujes hegemónicos de los nuevos gobernantes, teñidos de autoritarismo monopartidista, deseosos de controlar todo y a todos. En efecto, la Asamblea Nacional Constituyente impuso la prohibición de elecciones en los gremios, hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no estuviera en capacidad de asistir y supervisar las elecciones en cada federación o colegio, al igual que en las federaciones sindicales y sindicatos. Fue una deliberada política antidemocrática, impuesta para asfixiar y debilitar la fuerza gremial y sindical de Venezuela, hecho que debe tener muy orgullosos a sus ejecutores. El CNP no fue la excepción. 


Desde el CNE se conspiró para socavar la legitimidad de sus autoridades, impidiendo su renovación mediante elecciones, primero con retardos y vacíos tan irresponsables como criminosos, y luego maniobrando descaradamente junto con los “periodistas bolivarianos” para colapsar al gremio. Y lo están logrando, tanto que algunos de sus militantes fanatizados andan postulando la extinción del CNP y la creación de una fulana “Federación Bolivariana de Periodistas”, absolutamente gobiernera y cultivadora de la personalidad egolátrica del presidente Chávez. 

Conjuntamente, ha actuado la irresponsabilidad cómplice de la Junta Directiva Nacional del CNP, que ha sido incapaz de motorizar y garantizar un proceso electoral interno ejemplar y dinámico, libre y polémico, en esa casa del pluralismo que es y debe seguir siendo nuestro gremio. La situación de colapso del CNP es insostenible. Ni los periodistas ni el país lo merecemos, conocida la historia de dignidad y lucha del gremio, activo catalizador de las luchas democráticas del pueblo venezolano y garante de los derechos sociales y políticos de nuestros compatriotas. Ni las autoridades del CNE ni los directivos enmohecidos del CNP tienen justificativos para tal crimen. ¿Hasta cuándo? Tibisay Lucena y Levy Benshimol tienen la palabra, ya basta de sinvergüenzuras.


EL CONFESIONARIO

• DESPUÉS DE SACAR A LOS PERIODISTAS del recinto militar donde reunió a registradores y notarios, Carreño expuso sus lineamientos principales: a) Todos los funcionarios están obligados a inscribirse en el PSUV; b) Quien no se inscriba será botado de la administración. Abuso de poder y coacción anticonstitucional en su más intimidatoria vulgaridad.

• GILBERTO ALCALÁ será recordado por familiares y amigos, en misa pautada para el próximo martes 8 de mayo, a las 6 p. m., en la iglesia de la Chiquinquirá, La Florida, en Caracas. La Nena, viuda de Gilbertro, e hijos agradecen les acompañemos esa tarde, para reconfortarnos en la paz de su memoria.

• EL CASO RCTV tiene un final conocido: el presidente Chávez no dará su brazo a torcer, ejecutará el zarpazo contra la libertad de expresión y el derecho a la información de los venezolanos y venezolanas, que se ha propuesto con el cierre de las transmisiones abiertas de Radio Caracas Televisión, el 27 de mayo a las 12 de la noche. Es lamentable su escasa visión democrática, su manía monopartidista y autoritarista, su intolerancia. Se cree omnipotente y dueño de Venezuela, luce enfermo, desorbitado, borracho de poder. Su decisión es inobjetable administrativamente, pues corresponde al Estado el otorgamiento o no de las concesiones para la explotación de las frecuencias de radio y televisión, igual que las de transmisiones militares, aeronáuticas, marítimas y de telefonía. Pero, desde el punto de vista político no es más que un mezquino acto retaliativo e intolerante, muestra protuberante de su propensión al abuso de poder y el atropello, incluyendo la construcción –desde el gobierno- de un ente comunicacional sustituto, aún desconocido, que comenzará por violar todas las normas de telecomunicaciones, ya que carece de personalidad jurídica, proyecto conceptual, gerencial y tecnológico. Este zarpazo de Chávez contra el pluralismo democrático, tendrá consecuencias políticas y sociales, hacia el futuro. Y, por razones obvias, quiero asentar una posición de principios: defender la libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad en la tenencia de medios impresos o radioeléctricos, no implica caer en brazos de la derecha neoliberal y pro imperialista, y mucho menos en los locos planes violentistas que puedan estar alentando. Que no se confundan los fanáticos chavistas ni los fanáticos antichavistas, pues la mayoría del país no se parece a ellos ni respalda sus métodos fratricidas, que vienen triturando las potencialidades de Venezuela.

Duro golpe a las libertades
Manuel Isidro Molina* / Semanario La Razón (Venezuela) – 20/05/07


El cierre de las transmisiones abiertas de Radio Caracas Televisión es un duro golpe a las libertades democráticas, especialmente a la libre expresión del pensamiento y al derecho a la información plural, oportuna y veraz. La única justificación que tiene el gobierno del presidente Hugo Chávez, es la retaliación política e ideológica en contra de los propietarios, gerentes y trabajadores de RCTV. 

Adicionalmente, constituye una amenaza abierta a todo el espectro comunicacional de Venezuela, acosado por las tenazas legales, reglamentarias, financieras y publicitarias de un gobierno sectario, arbitrario y monopartidista. La reacción mayoritaria de la nación, en contra de la restrictiva medida gubernamental es masiva y evidente. Chávez se coloca así, al margen del espíritu democrático, plural y tolerante de los venezolanos y venezolanas. Craso error. 

Poco a poco, el país va reaccionando contra las arbitrariedades de Chávez y su entorno. Igual ocurre dentro de la FAN, y en la mente y el corazón de quienes están sintiendo el torniquete monopartidista puesto en marcha. Solo resta recordar que Venezuela no es un cuartel.


EL CONFESIONARIO
• EL ABUSO DE PODER Y LA COACCIÓN son evidentes en el esfuerzo gubernamental por impactar con una alta cifra de «preinscritos» en el PSUV. Todos los recursos del gobierno y del Estado están volcados, contrariando la Constitución de la República, a favor del nuevo partido oficialista. La orden es terminante: quien no se inscriba sale del gobierno o recibirá una fuerte dosis de congelamiento de sus aspiraciones como funcionarios del Estado o beneficiarios de las políticas públicas. Trabajadores de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) están sintiendo el peso de la coacción, sienten temor, pues saben que si no se inscriben en el PSUV, puede ser despedidos de un plumazo. Igual ocurre en registros y notarías, después de la directriz ministerial impartida «en secreto» en la famosa reunión de Fuerte Tiuna; el sector educativo no escapa a la furia sectaria, desde el ministerio de Educación y el Ipasme, se presiona a los educadores, funcionarios administrativos y obreros.

• EN LO DEL PSUV, resalta el empleo ventajista de los recursos del Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral) a favor de una organización política inexistente, sin personalidad jurídica, y por tanto al margen de la legalidad. Los promotores oficiales del PSUV y los rectores y rectoras del CNE pueden caer en enjuiciamiento penal por abuso de poder, peculado de uso y malversación de recursos públicos. La Fiscalía General de la República debe asumir el problema constitucional y legalmente, para asentar un precedente definitivo de control de la legalidad y de los márgenes de responsabilidad de los altos funcionarios del Estado. Desde ese punto de vista, el PSUV nace moralmente inhabilitado, independientemente del respeto y reconocimiento que merecen las y los venezolanos que voluntariamente han manifestado su deseo de formar parte de «el partido del Presidente». Además, su abolengo es autocrático, depende de la voluntad de una sola persona, en este caso cargada de autoritarismo, militarismo y visión monopartidista, dependiente de los recursos del gobierno y del Estado.

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Que vivan los estudiantes!
Manuel Isidro Molina* / Semanario La Razón (Venezuela) – 10/06/07


La hipocresía en este país, ha alcanzado un rango insoportable. En eso pueden darse la mano los agentes del gobierno y los agentes de la oposición neoliberal y puntofijista. Me sorprendió oír de boca del presidente Hugo Chávez la expresión “carne de cañón”, la misma que utilizaba el establecimiento puntofijista para descalificar las luchas estudiantiles revolucionarias de los años sesenta y setenta del siglo XX. ¿Qué podría decir Chávez de los miles de soldados –jóvenes de sectores populares de muy poca formación, y en algunos casos semi analfabetas- llevados a una operación militar de la cual desconocían objetivos y fines, durante su “gesta” del 4 de Febrero de 1992? 

Lo importante es constatar que los argumentos del macartismo-betancourista de aquellos años de combates populares reprimidos bajo pautas de la CIA y el Pentágono de Estados Unidos, son exactamente los mismos que están en boca de los dirigentes de la supuesta “revolución” en la que conviven (glamorosamente ricos y ostentosos) unos “dirigentes” que se ha hecho casta privilegiada durante estos ochos años y pico de gobierno, signado por la corrupción, la ineficiencia y la impunidad. 

En el programa “Sin Censura” del colega Adelso Sandoval (La Tele, sábado 2 y domingo 3 de junio) referí lo que la buena amiga historiadora y luchadora revolucionaria Nidia Cárdenas me recomendó, a modo de crítica contra los voceros oficialistas: “Basta –dijo- buscar los titulares de la prensa de los años sesenta y setenta, para compararlos con los de ahora. Son los mismos argumentos para descalificar la protesta estudiantil”. Y compartimos su indignada protesta. 


Sorprendidos por la reacción general de la población contra el cierre de las transmisiones abiertas de RCTV, y especialmente por las novedosas manifestaciones estudiantiles universitarias y, menos, liceístas, los agentes gubernamentales en los niveles nacional, regional y municipal, comenzaron con la cantaleta de que los estudiantes estaban siendo “manipulados por los políticos”, “obedecen a un plan desestabilizador”, “son manipulados por la CIA” (para derrocar a Chávez) y finalmente en boca presidencial, los estudiantes son utilizados “como carne de cañón”. Que argumentación tan reaccionaria y propia de la derecha continental, la misma que ha victimizado las luchas populares, históricamente en América Latina y el Caribe. 

Igual, sorprendió ver al vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Rodríguez, con esa cantaleta. ¡Que poco serio! Nada original y totalmente de espaldas a sus luchas estudiantiles, y a las de su asesinado padre, quien merece respeto y alta estima histórica. Ese ánimo descalificatorio y, por tanto, desconsiderado, fue lo que cubrió la estrategia gubernamental para acorralar las protestas universitarias ante ese error político grave cometido por el presidente Chávez en contra de RCTV, en particular, y de la libertad de expresión y el derecho a la información plural del pueblo venezolano, en general. 

Repito lo que escribí hace varias semanas: “Es inobjetable legal y reglamentariamente”, esa medida de no renovación de la concesión a RCTV, pero políticamente fue un grave error por su sesgo de intolerancia y vocación monopartidista, que descargará sus consecuencias sobre el liderazgo de Chávez y la credibilidad de su menguado gobierno, corrupto, ineficiente y arbitrario. La protesta estudiantil desatada, a partir del 27 de mayo pasado, ha sido una reacción fundamentalmente política contra el autoritarismo del gobierno y el ánimo pendenciero del presiente Chávez. Y es totalmente válida. Nada de pecaminoso tiene, incluso si se le relaciona –como es lógico- con corrientes políticas e ideológicas de oposición al gobierno. Chávez y su gobierno se equivocan cuando acusan a estos valiosos jóvenes de ser “agentes del imperialismo” y de estar “manipulados por la CIA”. Además de ser una grosería desde el punto de vista democrático; es una vulgaridad ideológica y filosóficamente. 


Cierto es que el imperialismo capitalista mundial (y no solo USA como potencia imperialista predominante) hacen lo suyo en todo el planeta Tierra; sería una estupidez negar que la CIA actúa en Venezuela, cuando lo hace en todo el mundo; como estupidez es acusar a miles de jóvenes venezolanos y venezolanas que reaccionan, junto a grandes porciones de la sociedad venezolana, en contra del autoritarismo del presidente Chávez, a propósito del cierre de las transmisiones abiertas de RCTV. No son la ultraderecha golpista ni los grupos puntofijistas que añoran el poder perdido, quienes lideran la indignación nacional por el zarpazo contra las libertades dado por Chávez y su gobierno. El pueblo tiene derecho a protestar democráticamente, y los estudiantes lo han hecho y lo seguirán haciendo. 

La respuesta estudiantil estimulada por el gobierno, no ha sido menos “política” que la de quienes se han manifestado en contra del zarpazo comunicacional. Y también es válida, la respeto y valoro, tanto como a la opuesta, aunque es evidente el abuso de poder y la manipulación oficialista desde el gobierno y la AN. Esos muchachos y muchachas –de ambos sectores- que se han lanzado a protestar y a debatir merecen respeto y estímulo, para que decanten sus ideas y posiciones políticas, a ver si catalizan el proceso de redefinición del curso político venezolano por sendas de honestidad, dedicación al bien público, estudio, trabajo y lucha por nuestra desarrollo armónico, independiente y soberano como nación bolivariana y latinocaribeño, que es lo que esencialmente somos. Igual respeto merecen quienes no participan de esas acciones, pero no son ajenos al sentir nacional popular, que igual exige civismo, tolerancia y solidaridad, en contra del violentismo y la intolerancia de los fanáticos del chavismo y del antichavismo.


EL CONFESIONARIO
• JESÚS SANOJA HERNÁNDEZ, muy querido profesor de nuestra Escuela de Comunicación Social de la UCV y excepcional periodista venezolano, falleció el pasado viernes 8, en Caracas. Durante décadas y hasta su muerte, fue periodista del diario El Nacional, y durante años fue columnista de La Razón, así como de diversos diarios del interior del país y revistas de circulación nacional como Bohemia. Quienes compartimos aulas en la UCV, tuvimos la fortuna de captar sus enseñanzas profesionales, políticas y éticas. Conversador ameno y buena copa, le era reconocida su prodigiosa memoria, alimentada por su infatigable trabajo de investigador de la historia y de las letras. Marxista crítico, fue un revolucionario ejemplar, una catedral de dignidad y honestidad. Así lo recordaremos siempre.

• MARCOS HERNÁNDEZ, presidente de la agrupación oficialista Periodistas por la Verdad, fue en la delegación gubernamental a Cochabamba, Bolivia, y mintió ante el encuentro de intelectuales allá realizado. Según nota publicada por El Nacional, MH habría metido la coba de que su organización tiene en sus filas “5.000 periodistas”, lo que no cree en Venezuela, ni él mismo. Bueno sería, que nos informara de dónde proviene el abundante dinero que maneja desde la presidencia de PPV, para tan frecuentes viajes y la publicación masiva de impresos, franelas, gorras, multimillonarios avisos de prensa y cuñas de radio y televisión. ¿Es una fundación, una asociación civil? ¿Tiene una maquinita de hacer billetes? ¿A quién le rinde cuentas?

• LA ALOCUCIÓN PRESIDENCIAL con los estudiantes chavistas, inmediatamente después de la histórica sesión de la Asamblea Nacional, el jueves pasado, no fue improvisada. Estuvo preparada, a cálculo, para tratar de revertir –ventajistamente- cualquier saldo rojo en el proyectado por el oficialismo debate estudiantil, transmitido en cadena nacional de radio y televisión. Tanto fue así, que el grupo de diez oradores y parte de la numerosa barra estudiantil oficialista, fueron citados a Miraflores, el mismo jueves, temprano por la mañana, para ser instruidos sobre sus roles en el “debate” controlado por las directiva de la AN, con el unánime respaldo de ese parlamento monocolor. Un testigo presencial refirió –aunque sin muchos detalles- cómo les asignaron a los jóvenes oradores y oradoras las partes que les correspondían exponer y cuáles puntos rebatir. Luego, después del “debate”, regresaron a Miraflores a celebrar con el presidente Chávez, quien se metió abusivamente en el asunto de los estudiantes, hasta las orejas. ¿Quién manipula a quién? ¡Oh, hipócritas!