Opinión Nacional

Censura y represión en Venezuela

El proyecto de Ley contra Delitos Mediáticos que tramita la Asamblea Nacional con los aportes de la Fiscal Ortega Díaz, es un tributo a la tradición más reaccionaria y cavernícola de subordinación de la libertad de expresión al concepto de seguridad nacional o de seguridad del Estado. Incluso parece inspirado en las normativas que impusieron las dictaduras militares de derecha e izquierda en América Latina, sobre todo en los años sesenta y setenta del siglo pasado.

Restringir, coartar y criminalizar la libre difusión del pensamiento con base a una supuesta protección de los intereses del Estado, no es más que un cheque en blanco para establecer un sistema generalizado de censura política que, debe señalarse, violenta de manera flagrante las garantías constitucionales consagradas en los artículos 57 y 58 de la Constitución de 1999.

La Convención Internacional sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, mejor conocida como los «Principios de Johannesburgo», auspiciada y reconocida por las Naciones Unidas en 1996, claramente repudia el que los gobiernos justifiquen violaciones a las libertades fundamentales –como la de expresión– en nombre de la «seguridad nacional».

Y no otro es el objetivo de esta iniciativa legislativa: invocar la seguridad del Estado para que los medios de comunicación se abstengan de publicar o transmitir críticas o denuncias sobre el desempeño de las autoridades oficiales, es decir, impedir que la opinión pública venezolana se entere de lo que hagan o deshagan los jerarcas del Estado por noticias distintas a las formalmente presentadas por ellos mismos.

Este tipo de mordaza política y social fue establecida por los regímenes militares derechistas de Pinochet o Videla en Chile y Argentina, y por los regímenes militares izquierdistas de Velasco Alvarado o Daniel Ortega en Perú y Nicaragua. En la Cuba castrista, no faltaba más, siempre ha existido un control absoluto sobre la información, o debería decirse sobre la propaganda informativa.

La versión bolivarista propone la tipificación de variados «delitos mediáticos», como la «divulgación de noticias falsas», o la «manipulación de noticias», o la «negativa a revelar información» –que equivale a la negativa a revelar las fuentes informativas, y todos éstos supuestos «criminales» están asociados con la pretendida defensa de la seguridad nacional, y además acarrean penas de prisión de dos a cuatro años.

Quien todavía tuviere dudas sobre la naturaleza autoritaria y represiva de semejante instrumento «legal», sólo debería revisar sus 17 artículos para constatar de primera mano lo siniestro de su espíritu, propósito y razón. El señor Chávez debe sentirse satisfecho de las ejecutorias de sus agentes parlamentarios y fiscalizadores, pues se están esmerando en cumplir sus instrucciones al pie de la letra.

La inadmisible Ley contra Delitos Mediáticos busca valerse de la censura y la represión para que la llamada revolución bolivarista aniquile a la cultura democrática venezolana. Es un deber patriótico luchar para que no se salgan con la suya.

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