¡Chito, le dije!
La arremetida del fiscal contra los medios de comunicación, a propósito del ya repugnante y fétido caso Anderson, pone de bulto, una vez más, las intenciones del régimen de restringir la libertad de expresión. No bastan la ley mordaza y la reforma del Código Penal. Ahora, también con la prohibición del Juez 6º de Control, Florencio Silano, de publicar información sobre el señor Geovanny Vázquez, el trabajo de investigación de los periodistas queda censurado por orden judicial. A esto se suma la intención de la Fiscalía de iniciar averiguaciones contra cuatro periódicos y seis canales de televisión.
Cuando se trata de ocultar la megatorta puesta por este organismo, al utilizar un testigo (?) absolutamente deleznable e inconsistente para incriminar obscenamente, como autores intelectuales -sin pruebas de ningún tipo-, a un grupo de venezolanos, de nada valen las argumentaciones sobre el derecho a la libertad de expresión, reconocido en distintos convenios internacionales, como, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De tal manera que, Isaías Rodríguez, para curarse en salud, apela al expediente preferido de los amantes del pensamiento único: reprimir, prohibir, amenazar.
El fiscal en este caso actúa como el marido engañado, que tardíamente descubre a su mujer con otro: vender el sofá es la “solución” más expedita. Por ello trata, a toda costa, de buscar chivos expiatorios (los medios, los periodistas) para ocultar sus propias torpezas, sus debilidades. Hay algo evidente: la turbia información relacionada con el asesinato del fiscal Anderson ha salido de la propia Fiscalía y de los cuerpos de seguridad encargados de la investigación. El único pecado de los medios ha sido el de sacar a la luz pública los trapos sucios de quienes actúan con total impunidad dentro de la institución que, se supone, debe velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Las instituciones pierden su autonomía constitucional cuando se les utiliza como mecanismos de retaliación, de venganza, por parte del régimen de turno, contra quienes piensan y opinan de una manera diferente a él.
En verdad la investigación del caso Anderson la han convertido en una trampa de pacotilla: en un amarillento cuento con la misma trama. ¿Cuántas versiones han salido de la boca del fiscal? ¿A cuántas personas se ha acusado veladamente, sin que nada pase? Puro teatro del absurdo para distraer a la opinión pública. Al encangrejar deliberadamente las investigaciones se trata de tapar la podredumbre que brota espontáneamente, sin que nadie la busque. Lo cierto es que la incompetencia cunde en todos los estamentos gubernamentales. El caso Anderson es a los poderes Ciudadano y Judicial, lo que el viaducto 1, de la Caracas-La Guaira, es al poder Ejecutivo: pura incompetencia, manipulación, corrupción, burlas.
El país reclama, merece una investigación seria, que aclare, de una vez por todas, cuales son los oscuros manejos e intereses que se movieron, y se siguen moviendo, detrás de este vil asesinato, que estremeció los cimientos del gobierno. El fiscal, antes de amenazar a los medios, perseguir periodistas, debe hacer (o, dejar hacer) una investigación que esclarezca la verdad. Anderson merece, en todo caso, descansar en paz. El gobierno no tiene el derecho de usar su asesinato como instrumento de retaliación política. Estamos como en la dictadura de Gómez: “¡chito, le dije; sino, derechito pa` la Rotunda!”.
