Comisión de la verdad económica
En una nueva señal de amplitud, el presidente Nicolás Maduro atendió la propuesta formulada por Lorenzo Mendoza de crear una comisión de la verdad económica, cuya tarea será revelar las causas reales que explican la actual situación de escasez, inflación, acaparamiento y especulación.
Cuánto de guerra económica y cuándo de políticas públicas que deben ser rectificadas, esperamos sea el gran hallazgo de esta comisión. A la luz de ese diagnóstico compartido será posible echar las bases de un necesario acuerdo nacional para transformar esta economía rentista e importadora que ya no da para más, en un nuevo modelo productivo que garantice la soberanía productiva de Venezuela.
En la construcción del socialismo bolivariano, la empresa privada está llamada a ser parte de la solución. El fracaso del socialismo del siglo XX dejó claro que la contradicción entre Estado vs. mercado no es un asunto que puede resolverse de una vez y para siempre. La idea de una ausencia total de regulación estatal es una concepción tan absurda como la de concebir una sociedad donde la iniciativa privada no tenga cabida. Delimitar los espacios para la intervención estatal y la iniciativa privada son asuntos clave que los sectores público y privado deben convenir en esta comisión.
Ni absolutismo estatal ni supremacía del mercado. A través de diferentes incentivos y regulaciones, el Estado actúa como rector de la actividad económica, pero no puede sustituir al mercado como un mecanismo para canalizar la producción y comercialización. No es hora de asumir posiciones extremas, sino de reconocer el papel de ambos para impulsar una actividad económica que responda a las prioridades nacionales.
El venezolano de a pie está afectado por graves problemas de acaparamiento, especulación, contrabando de extracción y reventa de productos de primera necesidad. Estas no son fallas del mercado sino delitos económicos que deben ser castigados con multas y penas proporcionales a su gravedad. Pero si vamos a buscar la verdad económica es necesario reconocer que, además de los delitos económicos, también hay que atacar las fallas del Estado que generan incentivos perversos a la corrupción.
El control de cambios no impidió que más de $20 mil millones fueran desfalcados a la nación. Semejante corrupción cambiaria tiene un fuerte incentivo en el subsidio a la tasa oficial. Mientras el Sicad duplique la tasa Cencoex, o el paralelo la multiplique por diez, se mantendrá un incentivo a la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, las importaciones ficticias por empresas de maletín, el contrabando de extracción, la reventa del cupo electrónico, los “raspatarjetas”, etc.
Si en la comisión de la verdad prevalece el sincero interés de priorizar la producción nacional, Gobierno y sector privado deberán acordar un precio del dólar que exprese la verdadera productividad de la agricultura e industria, sin que esta decisión sea luego cuestionada como una devaluación que empobrece a la nación. Esta nueva tasa de cambio evitará que el aparato productivo nacional siga siendo destruido por el deslave de importaciones que se hacen con un dólar subsidiado. Eso sí es lo que genera escasez y especulación y empobrece a la nación.
