Opinión Nacional

Como jarrón chino

El debate sobre la autonomía universitaria y los cambios necesarios en la educación superior venezolana sigue en el tapete, y es bueno que así sea, aunque el detonante haya sido la promulgación de una reforma del Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación Superior (MES), que variados sectores de diferente orientación política consideramos inconstitucional e ilegal.

            La búsqueda de anular atribuciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU), como la de creación de instituciones universitarias y carreras, y la evaluación de las mismas, apoyándose en la OPSU, transfiriéndoselas al Vice-Ministerio de Políticas Académicas es a todas luces una violación de la Ley de Universidades.

            Detrás de estas reformas hay un empeño de transformar al CNU en un jarrón chino, un adorno, sin funciones sustantivas, para que el MES invada sus atribuciones legales, valga la cacofonía, ilegalmente. En lo que se refiere a las universidades autónomas cercenando un principio constitucional, que no es sólo la libertad para la producción y difusión del conocimiento, sino también para dictar sus normas de gobierno, funcionamiento y administración eficiente. Todo ello con contraloría social y estatal para garantizar la rendición de cuentas.

            Esta misma concepción centralizadora la encontramos en el Anteproyecto de Ley de Educación Superior que viene elaborando en el MES, en el cual se propone crear un tinglado de control burocrático desde el Ministerio que anularía conquistas democráticas e instancias de concertación de políticas públicas que se fueron construyendo a lo largo del tiempo.

            La educación superior venezolana requiere de profundas reformas que permitan atender materias pendientes: una verdadera articulación como sistema; la transformación de la producción y difusión del conocimiento con respuestas académicas y organizativas capaces de asimilar y promover la innovación constante y  la transdiciplinaridad; generar la capacidad de conciliar calidad y equidad, democracia y meritrocracia; producir y difundir conocimiento pertinente para responder a los problemas nacionales en un escenario con retos globales.

            Se equivocan quienes creen que desde un gabinete ministerial se pueden dictar las políticas educativas sin participación ni construcción de consensos con los actores que les toca ponerlos en práctica. Esta visión tecnocrática, de control burocrático, autoritaria y centralista es inviable en un tejido institucional que su razón de ser y su mayor virtud es la libertad de creación del conocimiento. También lo es el intento de anular los espacios donde se encuentran el papel rector del Estado con la necesaria concertación en organismos colegiados.

¿O es que también se quiere convertir en jarrón chino, en un objeto de adorno, la tan pregonada democracia participativa y la corresponsabilidad del Estado y la sociedad? Estos asuntos son claves para quienes no interpretamos las políticas por quienes las proponen, sino si responden a nuestras convicciones democráticas. Atentos a que los convertidos en jarrones chinos no sean unas instituciones, sujetas a cambio que siempre hemos impulsado, sino los ciudadanos y sus derechos.

(*): Profesor-Investigador de la UCV. Directivo de Asamblea de Educación
(**): Fuente: Tal Cual

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