Opinión Nacional

Compromiso democrático insoslayable

La declaración de César Gaviria, en su carácter de Secretario General de la OEA, a propósito de la crisis política en Venezuela, no debe ser interpretada como de apoyo irrestricto a la persona que ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo sino, más bien, a la institucionalidad democrática.

Lo que de alguna manera quiere hacer saber el alto funcionario hemisférico es que la vigencia de la Carta Democrática Interamericana crea un compromiso a cada uno de los Estados Miembros de la organización regional para, entre otros aspectos, “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención” como es uno de los propósitos fundamentales de la OEA. Pero, al mismo tiempo, el texto del novísimo instrumento interamericano recuerda de manera expresa la adopción de la cláusula democrática en la Tercera Cumbre de las Américas (20 al 22 de abril de 2001/Québec), la cual establece que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”. Y, a renglón seguido, en el mismo texto se indica que “las cláusulas democráticas existentes en los mecanismos regionales y subregionales expresan los mismos objetivos que la cláusula democrática adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Québec”.

Oportuno apuntar que, conforme a lo previsto en la sección IV (Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática/Artículos 17 a 21 de la CID) no solamente se contempla la hipótesis de alteración del “proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder” por parte del gobierno de un Estado Miembro, sino también la situación que contempla el Artículo 20 y que no deja lugar a dudas al respecto (“En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”).

Quien escribe estima que, en cierta forma, es necesario reconocer que la reacción de algunos compatriotas interesados en la suerte de la democracia venezolana, estuvo justificada por la interpretación que, prima faciae, se otorgó a la declaración de César Gaviria la cual, efectivamente, dejaba la sensación de un apoyo político inmerecido al presidente de Venezuela en momentos en los que el país vive una situación de grave crisis en diversos órdenes que, en gran medida, son la consecuencia directa de las políticas adelantadas por el régimen que encabeza el comandante Hugo Chávez Frías y las cuales no se caracterizan precisamente por su contenido democrático sino más bien por todo lo contrario, como ha quedado fehacientemente demostrado, por ejemplo, con todo lo relativo a la libertad de expresión.

Pero al observar que la referencia a la institucionalidad democrática y al mantenimiento del orden constitucional son elementos determinantes de la postura del Secretario General del ente hemisférico, se cae en cuenta que, antes que un respaldo al jefe del Estado venezolano lo que, sin duda, se presenta como evidente es un claro apoyo a los mecanismos políticos que derivan del ejercicio democrático. Y esto coincide con el comportamiento de los sectores de oposición al régimen que aspiran y desean un cambio dentro de los límites que establecen la institucionalidad democrática y el orden constitucional. Cambio que vendrá, tarde o temprano, más temprano que tarde de acuerdo a los signos que aparecen en el escenario político, los cuales indican que cada vez más son menos quienes en la población venezolana se dejan seducir por la facundia y la charlatanería a la que cotidianamente ella es sometida por el primer magistrado nacional a través de los medios de comunicación del más diverso género, entre los cuales se incluyen, merced a las abusivas cadenas presidenciales, esos tan denostados órganos de información y opinión cuya autonomía e independencia mantienen insomne a quien es la figura emblemática y resaltante de la autodenominada “revolución democrática y pacífica”.

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