Opinión Nacional

Con la Iglesia no te metas

La protección que por razones humanitarias le había venido brindando la Nunciatura al joven líder estudiantil Nixon Moreno, cambió de naturaleza jurídica el 11 de junio último cuando la Santa Sede concedió oficialmente el asilo y la Nunciatura Apostólica solicitó a las autoridades venezolanas el otorgamiento del correspondiente salvoconducto para que Moreno pueda trasladarse al exterior.

El simulacro de parlamento que es la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en el cual rechazó el asilo otorgado a Nixon Moreno e instó a la Santa sede a entregarlo a la justicia venezolana. La pregunta obligada es: ¿Qué vela tiene la AN en este problema que es de la competencia exclusiva del Ejecutivo y más concretamente de la cancillería?
Rompiendo con la larga e inveterada tradición venezolana de respeto absoluto de la institución del asilo, el gobierno no ha dado respuesta a la solicitud de salvoconducto para Moreno. Empleando el consabido argumento que en casos similares acostumbran esgrimir los regímenes dictatoriales, el gobierno, por boca del canciller, alega que Moreno no es un perseguido político sino “un delincuente involucrado en muy serios delitos” entre los cuales supuestamente figuran los de “intento de violación” e “intento de homicidio” (El Universal, 20-09-08, Pág. 1-4).

Por otro lado, pareciera que en este caso pudiera prevalecer la cordura y el buen juicio. Al menos eso es lo que podría esperarse de la declaración de Nicolás Maduro cuando dijo “Vamos a tratar directamente con las autoridades del Vaticano el caso de Nixon Moreno”. Esta afirmación pareciera indicar que el gobierno estaría dispuesto a negociar una salida honorable.

En ese “trato directo” con la Santa Sede el gobierno tiene dos alternativas: la primera, la más deseable, consiste en otorgar el salvoconducto como corresponde. La segunda sería negarlo insistiendo en que Nixon Moreno es un delincuente común, en cuyo caso se topará con la firme posición de la Nunciatura que no dará marcha atrás en la calificación que ya ha dado al caso. Esto último podría significar que Moreno deberá permanecer un tiempo todavía mucho mayor en la sede de la Nunciatura.

Si se diera esta última situación, el gobierno debe tener muy presente el precedente del famoso caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, dirigente del APRA peruano, quien permaneció largo tiempo asilado en la Embajada Colombiana en Lima.

Sometido el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya ese alto órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, en sentencia de 13 de junio de 1951 confirmó una previa decisión de fecha 20 de noviembre de 1950 y estableció lo siguiente:
1) Que el Estado que concede el asilo no está obligado a entregar el refugiado a las autoridades locales.

2) Que el gobierno peruano no había demostrado que los hechos por los cuales se acusaba el asilado fueran delitos comunes.

3) Que el asilo debía concluir, pero que el gobierno de Colombia no estaba obligado a entregar al refugiado a las autoridades peruanas.

4) Que la entrega del refugiado no es la única manera de poner fin al asilo “La Corte – dice la sentencia – no puede dar consejos prácticos sobre los métodos que convendría seguir para poner fin al asilo pues, si lo hiciera, se apartaría de su función judicial. Sin embargo, puede presumirse que las partes están en condiciones de hallar una solución práctica satisfactoria inspirándose en consideraciones de cortesía y buena vecindad”. (Ojalá que en el caso de Nixon Moreno se pueda lograr, como recomendó en aquella oportunidad la CIJ, una solución práctica inspirada no solamente en consideraciones de cortesía, sino sobre todo en las razones humanitarias que constituyen la esencia de la institución del asilo)
La CIJ estimó por unanimidad que el asilo concedido a Víctor Raúl Haya de la Torre el 3 de enero de 1949 debía terminar y concluyó que Colombia no estaba obligada a entregar a Víctor Raúl Haya de la Torre a las autoridades peruanas.

Para el momento en que escribo este artículo el teniente coronel presidente ahora auto-ascendido a comandante en jefe, no se ha referido directamente al tema del asilo otorgado por la Santa Sede a Nixon Moreno. Pero no puede descartarse que en cualquier momento, llevado por la soberbia que le caracteriza, se lance a proferir improperios contra el Vaticano similares a los que le dedicó recientemente a los Estados Unidos, a su gobierno y a su Embajador en Caracas. Tampoco puede descartarse que en un arrebato de cólera como los que le vienen con frecuencia, decida expulsar al Nuncio Apostólico.

Si esto ocurriera la reacción de la gran mayoría de los venezolanos no se haría esperar. El teniente coronel presidente quien unas veces se las da de católico y cuando le conviene dice profesar otras religiones, no debe perder de vista que la gran mayoría de los venezolanos si somos católicos. De la misma manera como la sociedad civil venezolana no ha permitido que el gobierno se meta con sus hijos, tampoco permitirá que se meta con su iglesia.

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