Opinión Nacional

Confrontación y gobernabilidad

A raíz de los sucesos de abril del 2002, publiqué un artículo: “Las pruebas de la rectificación”, del cual reproduzco unas líneas: “Después del trágico sainete tropical que presenció Venezuela entre el 11 y el 14 de abril, Chávez promete rectificar y llama al diálogo y a la reconciliación. …La sangre de los muertos nos obliga a conceder, con sinceridad, el beneficio de la duda. Los chavistas más sensatos e inteligentes deberían entender que un país empobrecido, desigual y partido en dos sectores incomunicados y hostiles, corre el riesgo de convertirse en un Estado fracasado…”. En esa nota, le sugería al gobierno, como pruebas de una auténtica rectificación, la renovación por consenso de los “poderes arbitrales” del Estado: el Tribunal Supremo, el CNE y los miembros del Consejo Moral. El gobierno en cambio, después de montar una farsa de diálogo con interlocutores escogidos a dedo, reactivó la estrategia de la confrontación, excluyendo y agrediendo a la oposición democrática, creando las condiciones para la grave crisis del 2003. La “bendición” de los altos precios del petróleo ha evitado, por ahora, que emprendamos el camino del Estado fracasado. El gobierno está de nuevo hablando de diálogo y negociación con la oposición, pero sólo después del 15 de agosto. Para demostrar que no se trata de una maniobra electorera dirigida hacia los indecisos, el gobierno debería conversar ahora con la oposición sobre el tema de la transparencia del referéndum, permitiendo una observación internacional efectiva. Sin resultados legítimos, no habrá paz. Debería también suspender la confiscación total del Tribunal Supremo y terminar con la “criminalización” de la disidencia política. Ambos bandos deberían manifestar que, después del 15 de agosto, cualquiera sean los resultados, estarían dispuestos a iniciar una negociación sobre la renovación, por consenso, de los “poderes arbitrales” del Estado. El daño más grande que el “proceso” le ha hecho al país es haber fomentado el odio, la confrontación, la violencia, el insulto, la división y el sectarismo. Sin árbitros imparciales y un mínimo de consenso, no hay gobernabilidad democrática. Sin gobernabilidad democrática, no hay paz; sin paz, no hay confianza; sin confianza, no hay inversión; sin inversión, no hay empleo, ni creación de riqueza, sólo distribución desigual de la miseria. Aun con los actuales precios, el petróleo ya no es suficiente para asegurar el desarrollo. Sin paz, la inexorable caída de los precios será la puerta del Estado fracasado.

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