Constituyente por iniciativa popular
Las recientes elecciones presidenciales significaron un cambio muy importante para la oposición venezolana. La campaña directa, clara y valiente del candidato de la unidad, le colocó en la línea que corresponde a quien aspira rescatar a la república de la tragedia en que vive. La denuncia al fraude perpetrado por el CNE y por la comparsa institucional que le acompaña fue el acertado remate de la jornada. El país y el mundo pudieron apreciar el endeble soporte del régimen.
El Comando Simón Bolívar y el candidato calificaron lo acontecido como “robo de elecciones”. Palabras estas que no admiten excusas ni retrocesos. Esos términos desnudan la naturaleza fraudulenta del nuevo gobierno y obligan a la oposición a rescatar lo que se le ha sustraído al soberano.
Dirigentes de la oposición, periodistas y analistas, todos muy respetables, denuncian frecuentemente la continuación del saqueo a la Nación, la violación de la soberanía nacional, el intento de destruir a las universidades autónomas, el desastre de los servicios públicos, la delincuencia, la quiebra de la economía, la escasez, la inflación, la persecución, y otra serie de males que se han hecho crónicos en el socialismo del siglo veintiuno. Y además señalan que el régimen causante de estas atrocidades, es nada más y nada menos que “ilegítimo de origen y desempeño”. Estas mismas denuncias las escuchamos en el comentario cotidiano en la bodega del barrio, en el supermercado, las busetas, el metro, o en cualquier otro espacio de la angustiada vida ciudadana. Crece así la indignación colectiva en un país en el cual la satrapía del siglo XXI, asaltó nuevamente el poder al desconocer el verdadero resultado de la elección presidencial. Este malestar, cada día más generalizado, debe ser convertido en energía capaz de restituir la democracia y desplazar a quienes sin derecho ni representatividad usurpan el poder. Cuando nos aproximamos a las tantas veces postergadas elecciones municipales, debemos ir dispuestos a conservar los espacios que hoy tenemos, a conquistar los que no controlamos y a ratificar nuevamente que las mayorías están por el cambio de régimen. La fuerza de los indignados hará posible esta tarea.
Todos sabemos que la instancia institucional del país ratificará la “legalidad” del gobierno. Sabemos igualmente lo complejo y lo tardío de las decisiones en los organismos internacionales encargados de reivindicar la Justicia y el Derecho. Mientras tanto Venezuela vive una tragedia en pleno desarrollo, y no hay tiempo para esperar que desde afuera nos resuelvan los problemas. En la comunidad internacional crecerá la solidaridad hacia nuestra causa, sólo en la medida en que rescatemos por nuestras propias manos la legitimidad democrática. Estas son verdades innegables frente a las cuales no caben ambages artificiosos. Es necesario, por tanto, accionar los mecanismos constitucionales y políticos que conduzcan a una nueva elección presidencial y a la reedificación de las instituciones fundamentales del Estado. Esto sólo es posible impulsando, por iniciativa popular, la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La campaña municipal, y todas las acciones políticas y sociales de la oposición, deben acompañar y fortalecer este objetivo.
La Carta Magna establece en su artículo 347, que es el pueblo venezolano depositario del poder constituyente originario, y que tal poder le permite convocar por su propia iniciativa a una Asamblea Constituyente a fin de transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico y redactar una nueva Constitución.
En el 348 se define claramente como este proceso puede iniciarse a partir del quince por ciento de los electores inscritos en el registro electoral. En el 349 se establece que ni el Presidente de la República, ni ningún otro Poder podrán objetar la nueva Constitución ni impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente.
Y finalmente el artículo 350 impone al pueblo desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas, o menoscabe los derechos humanos”.
La Asamblea Constituyente por iniciativa popular, rescatará la soberanía nacional, los derechos ciudadanos, la separación de poderes, la autonomía de las regiones y municipios, el pluralismo, la seguridad, la justicia y la educación libre. La Asamblea Constituyente por iniciativa ciudadana, es el único camino para vencer el totalitarismo, el caos y la anarquía que consumen la vida del país. Es el camino legal para realizar una elección presidencial verdaderamente pulcra y democrática. Y es el único sendero pacífico hacia la reconciliación nacional.
