Opinión Nacional

Contener el tsunami rojo

Luego del tsunami ocurrido en Japón en 2011, con su estela de devastación y muerte, la sola mención de este evento natural evoca una despiadada fuerza destructora ante la cual muy poco puede hacer el ser humano, sobre todo si lo toma desprevenido. Refiero esa potente imagen del tsunami o marea roja, con la que el gobierno del teniente coronel Chávez suele identificarse en sus despliegues callejeros o expectativas de alta votación, por su elocuencia y utilidad al momento de expresar una apreciación de lo que afrontamos en las elecciones para elegir mandatarios regionales y locales.

Aunque ha ido bajando la intensidad, todavía hay compatriotas que expresan su indisposición a acudir a las urnas el 16-D para elegir a los gobernadores, a condición de que se cumpla un pliego de peticiones que la dura, compleja realidad política que vivimos en Venezuela hace poco probable de satisfacer. No tendremos un nuevo CNE, no es viable la vuelta a la votación manual, el Plan República mantendrá su bota en el asunto. ¿Hay que rendirse? No. Al contrario, la sociedad democrática debe ser más beligerante frente a un organismo que actúa como ministerio de asuntos electorales del Gobierno, y redimensionar la cuestión electoral como un tránsito más en la defensa de nuestras convicciones e institucionalidad democráticas.

No el único. En una intensa discusión hace unos días, sobre el tema del fraude que no es fraude pero sí es fraude, del ventajismo, sobre el tinglado electrónico, recurrí a la situación hipotética siguiente: agresivos delincuentes que tienen secuestrado a un familiar le exigen una alta suma de dinero, en efectivo, en billetes de baja denominación, para lograr su liberación. Ante la terrible circunstancia usted accede al pago del rescate pero, dado el volumen que representaría la suma requerida, usted prefiere, solicita, exige (¿?) consignar un paquete de menor tamaño en billetes de mayor denominación.

Los delincuentes rechazan la oferta. Usted ¿paga o no paga? Lamento recurrir a una imagen tan cruda y seguramente de muy ingrata recordación para muchos venezolanos, pero pertinente para ilustrar y tratar de entender la situación en la que estamos atrapados en nuestro avatar político actual: los venezolanos estamos secuestrados ante una institucionalidad que está de espaldas a la Constitución y sometida al capricho y obsesión narcisista de un solo individuo. Una fecha clave a tener en mente es la del 2-D de 2007 y, en particular, la frase con la que el teniente coronel Chávez calificó la decisión soberana del pueblo venezolano de rechazar su propuesta de referéndum para convertir a Venezuela en una fotocopia de la dictadura que los hermanos Castro ejercen en Cuba: «Una victoria de mierda» (sic).

 

A partir de ese momento, contrariando la voluntad popular expresada, en forma absolutamente inconstitucional e ilegítima, se ha venido implantando en Venezuela un modelo que no está en la Constitución, que atenta contra el sistema democrático y el pluralismo político en ella consagrada: se ha dinamitado toda la institucionalidad democrática, desapareció la independencia de los poderes públicos, se ha creado de hecho un apartheid, ya no fundado en el color de la piel sino en el color político, y una institución tan fundamental como el Poder Electoral es parte de este complot contra la ciudadanía.

Es un hecho incontrovertible que las condiciones en las que concurrimos a expresar nuestra voluntad soberana atentan contra mínimos estándares internacionales, que el ventajismo oficialista es obsceno y criminal, que la obsecuencia del CNE es perversa, pero ¿votamos o no votamos? ¿Pagamos el rescate por nuestro ser querido o no pagamos? ¿Estamos en condiciones de revertir esta situación? En medio de esta tragedia que denunciamos, más de 6.500.000 venezolanos votaron en las elecciones pasadas. La diferencia de votos frente al ventajismo del candidato oficialista, que amenazó con sacar 10 millones, no es abismal. No es el momento de rendirse. Acciones equívocas y políticas erradas del pasado facilitaron la extorsión que hoy estamos padeciendo. Sumemos y no restemos. Hay errores que se pagan muy caro.

Las elecciones de diciembre son una posibilidad de levantar un muro de contención contra el alerta de tsunami implícito en el anuncio de Chávez de poner en marcha el segundo plan socialista 2013-2019. El desmantelamiento de las gobernaciones y alcaldías es parte del plan de instaurar de facto, pero con fachada legalista, el Estado comunal. Entregar las gobernaciones sin resistencia es permitir que el tsunami rojo nos embata sin ninguna protección.

Este es el valor de nuestro voto el 16-D.

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