Crisis de la democracia y del estado

No hay dudas que la palabra crisis es un termino polisémico que abarca desde el estar mal individualmente hablando (afectiva, psicológica, social y económicamente), hasta su estricto sentido económico como momento particular en que decrece la actividad económica dentro del comportamiento cíclico del capitalismo. El que posea distintas acepciones con el habla común, hasta su uso cotidiano en los medios de difusión masiva por los periodistas y los protagonistas del mundo político; y quienes en muchas oportunidades denominan crisis a cualquier situación común, genera múltiples equívocos sobre todo por la dimensión catastrófica que asumió en ciertas vertientes del marxismo.

Al analizar el uso de la categoría crisis, según el economista profesor-investigador de la Universidad del Zulia Carlos Villalobos; encontramos que tiene un largo historial en el Marxismo. El propio Marx la uso, entre otras formas, para referirse a la crisis cíclica propia de la naturaleza del capitalismo. Desde ese origen, el uso de la categoría crisis ha evolucionado inclusive en las concepciones no marxista pasando por Shupempeter, Kondratief hasta Keynes que suaviza las crisis y prácticamente las hace desaparecer con las denominaciones de Recesión; en este sentido, es el gran Haberman que acierta en el blanco, al referir que en el capitalismo tardío desaparecen las crisis económicas y en la dinámica de las sociedades correspondientes, son sustituidas por la crisis política, de modo que las crisis económica no sólo condiciona la democracia sino que la domina.

La interrogante pertinente es ¿pueden aplicarse estos razonamientos a la sociedad venezolana? Depende de la cosmovisión que se tenga del sistema político domestico. Ahora bien, una lectura de la actual crisis del sistema político Latinoamericano y por ende el venezolano se encuentra fuertemente combinado por diversos elementos: el primero de ellos es una crisis de gobernabilidad: los ciudadanos no se sienten representados por sus representantes (crisis de representatividad), la población no obtiene repuestas y soluciones satisfactorias a sus múltiples demandas (crisis de responsividad) y percibe que no existe relación entre las actuaciones desviadas, corrompidas, de los funcionarios en el ejercicio del poder público y su respectiva sanción (crisis de responsabilidad). Aun cuando la solución a la crisis de gobierno es condición necesaria, más no suficiente, para resolver la del Estado. Por ello se debe considerar el segundo elemento, el cual es referido a la ruptura con una concepción principista y normativa de la democracia. Esto implica invalidar la estrategia liberal que ha pretendido hacer de la democracia un dogma: un sistema de reglas, instituciones y actores. El problema no puede reducirse a reconocer que existen diferentes significados sobre la democracia como sistema de reglas o formas de gobiernos. Es necesario interrogarse sobre las consecuencias de su construcción práctica, y sobre las alternativas que deben plantearse acerca de la democracia como sistema productor de decisiones. Decisiones que afectan no sólo la naturaleza y la conformación del Estado, sino también las formas de inserción en el sistema capitalista mundial, la aldea global, la organización productiva, la integración y fortalecimiento de las comunidades organizadas, los gremios, sindicatos, la ecología y los modos de configuración cultural de la población. Hoy, como en ningún otro momento histórico, es vital explicar cuales son los valores fundamentales de una democracia sin apellidos y cual es la esencia de su legitimidad.

Sin duda, la democracia se define en el pleno ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales; no es una panacea, no resuelve todos los problemas, es una forma de convivencia, el mejor mecanismo que ha encontrado la humanidad civilizada para tratar de resolver los conflictos, sin matarnos. Pero plantear el problema ético cuando pretendemos caracterizar la crisis de la democracia por su desempeño, es reconocer la incapacidad del Estado y la sociedad política para lograr el orden y la estabilidad, sin violar los derechos fundamentales del ciudadano.

Indagando en el caso venezolano aunque es un problema demasiado complejo para abordarlo en un párrafo, pero intentaremos acercarnos a su raíz, nos encontramos que la política pactada por las elites del pacto de Punto fijo (1958) el cual estableció un acuerdo de gobernabilidad (excluyendo al PCV), tal como lo hicieran otras naciones después de experimentar implacables dictaduras como España con el denominado pacto de la Moncloa y Chile en la postdictadura de Pinochet. Tal pacto genero en Venezuela la consolidación de un modelo democrático, denominado por el profesor Juan Carlos Rey; como el sistema populista de conciliación de elites basado en acuerdos entre diversos sectores sociopolíticos, que incluyen al mismo tiempo el reconocimiento de una “pluralidad” de intereses sociales, económicos y políticos. Este sistema dependió y el actual (V república) de la presencia y adecuada interacción de la abundancia relativa y zigzagueante de los recursos económicos proveniente de la renta petrolera y la funesta recalcitrante partidocracia.

Así, pues, el estado Venezolano pasó hacer de un Estado pastoril y rural por casi la mitad del siglo XX con una población diezmada, a un Estado paternalista, proteccionista, altamente asistencialista, además de erigirse producto de la explotación petrolera, como el principal: comprador, ahorrista, interventor, inversionista, empleador, empresario, latifundista, monopolista, expropiador, benefactor y promotor del desarrollo. Todo ello condujo a la hipertrofia, ineficiencia y consecuente agotamiento del modelo rentista. De modo que, políticamente hablando, nuestras realidades como latinoamericanos están variando rápidamente y obligan a la reflexión profunda, el primer y más importante de estos puntos en común es el naufragio del proyecto político liberal, que desde la 2da mitad del siglo XIX representa la cosmovisión para el manejo de la sociedad capitalista, cuyos fundamentos fueron: la soberanía, la democracia representativa o mínima, y el Estado de bienestar, caduca con el derrumbe del bloque soviético, provocando una aguda crisis que se expresa en el debilitamiento del Estado de bienestar; en la forma de perdida de significación política de pleno empleo, o de los derechos generalizados a la seguridad social, un debilitamiento en la aceptación de la práctica puramente formal de la democracia donde se considero que la misma llegaría a expandirse globalmente con un manto de legitimidad prácticamente unánime. Nos encontramos ahora que en nuestro continente, la decepción frente a la política y frente a los activistas políticos, aunados a los duros programas de ajustes neoliberales (B.M, B.I.D, F.M.I) han colocado a los regimenes democráticos, al borde del abismo, de la autocracia y del militarismo. Los avances de la ultraderecha nacionalista y neofascista en Europa y en el mundo, junto a la instauración y coqueteo de regimenes con características de la vieja izquierda enferma, marxistoide y neopopulista en algunos países de América Latina, nos atestiguan de la perdida de confianza de la población, en como se viene desarrollando la democracia.

Por tanto es imprescindible rechazar enérgicamente los argumentos de los economistas ortodoxos, que reducen la evaluación de la marcha de una sociedad democrática al desempeño de un conjunto estandarizado de variables cuantitativas. Una Nación no es un mercado: y cabe aquí preguntarse ¿cual es la valoración que merece un modelo económico y social de derecho que cuando “funciona bien” genera desocupación – a los niveles que experimentaron (por recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) en la Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Perú, Colombia, Haití, Nicaragua — y proporciones crecientes de pobreza? De que vale un presupuesto fiscal equilibrado. Una inflación controlada, un superávit de la balanza comercial, a la par de un costo y un drama social dantesco, si las sociedades Latinoamericanas se derrumban, si la miseria prolifera en las ciudades y campos, si cada día hay más niños que crecen en las calles, si los desocupados son una legión cada vez más numerosa, si nuestros sistema de administración de justicia es una cloaca y los penitenciarios son considerados depósitos humanos, si el empleo se precariza y los salarios no alcanzan, si la criminalidad nos abruma y si la sociedad se dirime en un polo que se desvive por ostentar su opulencia y otro que ya no puede ocultar su indigencia.

La decepción democrática se extiende peligrosamente al mismo ritmo en que, el Estado pierde la capacidad de plantearse políticas de redistribución, igualdad e inclusión social. De manera que se debe repensar la democracia haciendo énfasis en la necesidad de elevar la calidad del debate político y ampliar el horizonte en la búsqueda de mejores esquema de gobernabilidadcompartida; por que de lo contrario, corremos el riesgo permanente de estar condenados a depender de Naciones que exportan procesos y generan soluciones ajenas a nuestras realidades.