Opinión Nacional

Cuidado con otro 11-A!

Suele ocurrir en toda experiencia autoritaria, el régimen violenta de nuevo la Constitución que se dio. Después del contundente fracaso de la reforma constitucional, Hugo Chávez abusa de la amplísima delegación legislativa que ordenó a sus dóciles parlamentarios, a objeto de imponerla de manera inconsulta, arbitraria y temeraria. Está dolosamente abonando a las condiciones que hicieron posible el consabido drama del 11 de abril de 2002, pues, recordemos, todo derivó en 49 decretos con rango, valor y fuerza de ley que colmaron la paciencia del pueblo venezolano. Vale decir, estamos frente a una situación semejante en la que pueden dispararse los resortes de la racionalidad para sucumbir ante un conflicto demencial, injustificable a todas luces cuando el cuadro social y económico del país nos asfixia a todos por igual.

Ojalá que la reciente y harto dudosa aprobación de 26 decretos-leyes de la más disímil naturaleza y consecuencias, asombrosamente enunciadas el último día hábil de la referida delegación o habilitación, muestra de una clara incompetencia de los equipos jurídicos del gobierno, no apunten a reeditar la calamidad de 2002, pero hay sobrados indicios. Uno de ellos, la fanfarronería, la bulliciosa determinación y soberbia del Presidente de la República que confusamente provocó la movilización popular que no dudó en agredir, el paro petrolero y todo aquello que sufrimos los venezolanos seis años atrás, en medio de la confusión y de la consternación por los muchos heridos y muertos. La llamada V república ha sido una amarga experiencia en la que ha reinado la injusticia y la impunidad, como el saldo inequívoco de una gestión absolutamente irresponsable. No obstante, hoy el pueblo venezolano tiene el derecho y la necesidad de defenderse de la vocación hegemónica del mandatario nacional, pero no por el camino que Hugo Chávez también ventajosamente imponerle: el del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Consabido, la Sala Constitucional no esperó el término de los diez días para ponderar el carácter orgánico de los decretos en cuestión, avalándolos inmediatamente para su publicación en Gaceta Oficial. Evidente e inequívocamente, esos decretos son inconstitucionales al reclamar y proclamar un modelo político, de desarrollo económico y social que no está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero – lejos de inquietar a los magistrados – prontamente pasaron la prueba. Bastará con recordar, por ejemplo, todo previsto en la Constitución sobre la Fuerza Armada Nacional, a la que – por cierto – me referí en una anterior oportunidad, transformada y caricaturizada por un írrito instrumento legal que promete acabar con la delicada misión y el carácter profesional de la institución armada. Y, en consecuencia, el problema merece una respuesta mucho más rotunda y trascendente que comprometa a todo el país, a toda la población, a toda la ciudadanía en una democracia que presume de la participación y el protagonismo: el referéndum abrogatorio.

Está muy clara y explícita la voluntad del constituyente de 1999, en torno a los medios y mecanismos de participación, concretamente el referido al artículo 74 constitucional. Puede observarse, a través de las actas correspondientes, el específico interés de referendar «los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República». ¿Acaso no podemos afrontar uno de los tantos desafíos impuestos por el proyecto totalitario en curso?, porque no se trata del ejercicio de un derecho en el contexto de una democracia normal y normalizada, sino de la apelación casi heroica a todas las posibilidades cívicas que obligan a una diaria lucha por la libertad.

Todos los ciudadanos, corrientes sociales y fuerzas políticas, en clara condena y rechazo a la abusiva imposición de los decretos-leyes, podemos largamente superar el 5% de los electores y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral para solicitar el referéndum abrogatorio, sin que – en momento alguno nos distraigan los comicios ordinarios, regionales y locales, pendientes. Se trata del desarrollo simultáneo de una agenda cívica que también debe adelantarse a una posible tragedia, la de repetir el 11 de abril en nuestro país, por el irresponsable empuje del Presidente Chávez. Seamos capaces de dinamizarnos en defensa de la democracia y de la libertad, antes de que sea tarde.

No está reñida la convocatoria y realización del referéndum abrogatorio con las elecciones para gobernadores y alcaldes el 23 de noviembre de 2008. Dejemos que el pueblo decida para evitar un baño de sangre y derrotar la mórbida maniobra de Hugo Chávez.

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