Opinión Nacional

De constructora a impresora de la Constitución

Impresores MICABU no siempre tuvo el mismo nombre y tampoco los mismos socios. La empresa, que imprimió un millón de ejemplares del proyecto de Constitución por un costo de 90 millones de bolívares, nació en 1988 como Miquilena, Muñoz, Construcción y Proyectos, una compañía que como su denominación indica, se dedicaba a todo el área de construcción, arquitectura y afines.

El acto oficial más reciente, 07 de enero de 1999, señala que los socios son el presidente del Congresillo, Luis Miquilena, el presidente de Multinacional de Seguros, Tobías Carrero Nácar, Carlos Bujanda y el ex constituyente Manuel Quijada. Entre sus directores aparecen el propio Quijada y el actual magistrado del Tribunal Supremo, Franklin Arrieche Gutiérrez. Miquilena no figura en la directiva.

La investigación conjunta realizada con El Nuevo Herald permitió conocer que la empresa madre fue una asociación de Luis Miquilena Hernández y de un ciudadano llamado Alí Muñoz.

De acuerdo con el expediente 31.853 archivado en el Registro Mercantil Cuarto de la circunscripción Judicial del Distrito Federal y del estado Miranda, la constructora fue fundada con un capital de 500 mil bolívares comprendido en 250 acciones nominativas de mil bolívares cada una, correspondientes a Miquilena y otro número igual de acciones, representadas en dos parcelas, propiedad de Muñoz, ubicadas en el sector Buenos Aires de Puerto Píritu, estado Anzoategui.

Dos años después, Miquilena compró todas las acciones a su socio. Sin embargo, el alto funcionario no se encargó de la presidencia de la compañía sino que la delegó en Carmen Yajaira Castillo quien aparece, en acto fechado el 5 de abril de 1994, a la cabeza de la empresa y como gerente figura Miquilena.

Es en 1996 cuando la firma cambia su nombre a Impresores Micabu. Se presume que las siglas corresponden a las iniciales de los apellidos de los socios. A casi diez años de su nacimiento, la empresa mantiene el capital de 500 mil bolívares, que continúa hasta el momento, y amplia su razón social, es decir abarca todo lo relacionado con la industria gráfica. Según se indica en el acta correspondiente a este cambio, el capital es pagado en su totalidad por Miquilena, quien funge como presidente de la nueva compañía. Se incorpora en la sociedad Carlos Alberto Bujanda Navarro. El documento fue redactado por el abogado Jesús Villavicencio.

Y Yo Tobías Carrero Nácar

“ Y Yo, Tobías Carrero Nácar, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-4.261.326, actuando en mi condición de Presidente de la empresa IMPRESORES MICABU, C.A., certificó que la presente acta es copia fiel y exacta de su original”.

De esta manera, textual, concluye el documento que certifica el último acto oficial de Impresores Micabu, declarado ante el Registro Mercantil, el cual da cuenta de la asamblea extraordinaria realizada el 7 de enero de 1999. En aquella reunión se estructuró la nueva directiva de la firma. El documento fue presentado en el Registro el día 22 de febrero de 1999 y es archivado con el número 71, del tomo 7-A, 4to. Existen copias certificadas solicitadas del expediente durante esta investigación.

El expediente fue chequeado por dos reporteros que constataron con personal del Registro que no figuran otros actos oficiales posteriores, a excepción del sellado de libros que fue realizado en julio de 1999. De igual manera el resumen del expediente indica que tiene 4 documentos constitutivos, dos solvencias, 4 anexos y tres planillas. Los documentos citados corresponden a lo ya descrito.

De acuerdo con el acta de aquella asamblea extraordinaria la reunión tuvo como objeto la reforma del documento constitutivo estatutario y la designación de las autoridades. El documento contiene once cláusulas. En la tercera de ella se indica: “ El capital social es de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) dividido en quinientas acciones nominativas con un valor nominal de un mil bolívares (Bs.1.000) totalmente suscrito y pagado de la siguiente manera: Racana NV es propietaria de doscientas cincuenta(250) acciones, Luis Miquilena Hernández es propietario de ciento setenta y cinco (175) acciones; Manuel Quijada es propietario de cincuenta ( 50) acciones y Carlos Bujanda, es propietario de veinticinco (25) acciones”.

En relación con el segundo punto de la agenda de aquel día se acordó que la sociedad sería administrada por: Tobías Carrero Nácar, como presidente; y el cuerpo de directores principales, en estricto orden, compuesto por Manuel Quijada, Carlos Bujanda, Bartolome Ruggiero, José Rafael Quiñonez y Franklin Arrieche Gutiérrez.

Se acordó igualmente que la duración de la sociedad sería a 50 años, “contados desde su inscripción el Registro Mercantil”. En todo el documento no se señala la venta u compra de acciones por ninguno de los miembros de la sociedad. No figura el presidente del Congresillo como miembro de la directiva, sino como socio.

Lo que dijeron

Con documentación en mano, tanto el memorando del Consejo Nacional Electoral, de fecha 25 de noviembre de 1999, en el que se informaba de las empresas seleccionadas para imprimir los ejemplares del proyecto de Constitución, como con el registro de Impresores Micabú, se procedió a verificar con los propios involucrados la información, antes de enviar el reporte al diario de Miami.

No menos de seis llamadas fueron hechas al encargado de prensa del extinto Senado a quien se le pidió indicara a Miquilena para qué se requería su opinión, para Quijada hubo dos llamadas con recados, una a su despacho, ubicado en lo que fue la nueva sede del ex Consejo de la Judicatura y otra al celular, a Carrero Nácar se le encontró luego de conversar telefónicamente con el presidente del Congresillo.

Las respuestas a El Nuevo Herald fueron contrastadas. Miquilena de entrada preguntó al reportero quién le había dado la información y dijo que se trataba de una falsedad. Luego reconoció que algo tuvo que ver con esa empresa pero aseguró que la dejó al asumir el cargo de ministro de Relaciones Interiores (febrero de 1999). Cuando se le preguntó si había un documento donde constara ese cambio remitió a Carrero Nácar, quien al ser consultado aseguró que había comprado las acciones de Miquilena “ una año y tres meses atrás” ( aproximadamente en octubre de 1998) y dijo que no tenía tiempo para buscar el documento donde constará la venta. Por su parte Quijada, quien fue el tercero en ser consultado, admitió poseer las acciones, pero aseguró que ni se acordaba de eso y que las había obtenido debido a unas asesorías. La posición de ambos funcionarios era primordial porque para el momento de la contratación de MICABU con el CNE, tanto Miquilena como Quijada, eran constituyentes.

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