Opinión Nacional

De cuando los malandros gobiernan

Las elecciones de 1952 fueron otra burla digna de la autocracia. Se “reglamentaron” las garantías constitucionales y la libertad de asociación, desapareció la disposición que hacía obligatoria la representación de todos los partidos en los organismos encargados de controlar el proceso electoral, se establecieron por decretos mayores restricciones y el gobierno podía disolver reuniones celebradas “en caso de que se atente, insulte o degrade a cualquier funcionario político, judicial o administrativo, o a los cuerpos que representan”. La disposición que impedía la participación, casi exclusivamente, a Acción Democrática en la consulta electoral establecía que “no podrán inscribirse, ni tomar parte en el funcionamiento de partidos u organizaciones políticas, quienes hayan integrado organismos directivos nacionales o locales de los partidos disueltos”.

Para juzgar la significación de ese atentado y de su reflejo sobre la sinceridad, eficiencia y validez misma de la consulta que se preparaba, basta recordar que por AD sufragó en tres sucesivas elecciones (1946, 1947 y 1948) el setenta y cinco por ciento del electorado, y que esa fuerza fue sometida a prueba en “comicios que estuvieron bajo nuestra vigilancia y por ello nos consta que fueron llevados a cabo con la mayor pureza”, como lo afirmaron los propios tres cochinitos: comandantes Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez y Llovera Páez en documento público.

Ya para este momento, Copei y URD venían de regreso de su actitud expectante hacia el régimen y asumieron frente a él una línea oposicionista. El gobierno reclutó un elenco civil como mascarón de proa electoral, y lo llamó Frente Electoral Independiente (FEI), instalando sus oficinas en Miraflores. No había fe en las elecciones convocadas para el 30 de noviembre de 1952, y los partidos fijaron posición abstencionista o de concurrencia apenas un mes antes. AD se abstuvo en documento firmado por Betancourt, Presidente del Partido, y por Leonardo Ruiz Pineda, Secretario General en la clandestinidad, señalando el fraude que se cocinaba y el uso de todos los recursos del Estado, descarada y abusivamente, cosa también típica de los delirantes autócratas.

En esa misma declaración se decía, como una demostración más de recto sentido de responsabilidad nacional, que siempre estuvo dispuesta la dirección de AD a impartirle a sus miembros la consigna de votar por candidatos extraños al Partido “si con ello se hubiere contribuido a salvar la institución del sufragio y a posibilitar la evolución que conduzca a la recuperación de la soberanía nacional”.

Los partidos URD y Copei acordaron concurrir a los comicios, anunciando valientemente que no le reconocerían validez a unos comicios que se preparaban bajo los peores auspicios de ausencia de libertades, coacción y fraude. Declaraciones coincidentes de todos los partidos evidenciaron que se actuaba dentro de un frente único tácito, con el objetivo común de combatir la dictadura, hasta verla desaparecer. Desasistido del apoyo de la calle, porque la oposición abarcaba a todos los sectores sociales y a las varias corrientes ideológicas, la dictadura sólo tenía un agarradero, ya cuarteado: el ejército, impregnado de conspiraciones y sublevaciones, a lo cual el régimen respondía con mayores alardes represivos, disponiéndose a matar desafiadoramente, sin ocultar sus crímenes, pregonándolos.

La policía política apresó al combatiente adeco Cástor Nieves Ríos, y lo ultimó a balazos en los calabozos de la Seguridad Nacional, jactándose el jefe de la Gestapo nacional, Pedro Estrada, de haber disparado personalmente sobre el pecho del combatiente, y anunciando la muerte por comunicado oficial publicado en los diarios. Nieves Ríos era un hombre del pueblo, forjado en los movimientos precursores de AD. Era alcalde de una pequeña población provinciana cuando el cuartelazo de 1948; quemó hasta el último cartucho enfrentándose a la dictadura, saliendo y entrando clandestinamente al país, fugándosele a la policía. Valeroso hasta la temeridad, la policía temía hasta su sombra. Capturado el 4 de octubre de 1952, le aplicaron las peores torturas físicas, ultimándolo a tiros ese mismo día.

Y el 21 de octubre fue asesinado Leonardo Ruiz Pineda, jefe de la vasta organización clandestina de AD, héroe y símbolo egregio de la resistencia civil. La policía divulgó el asesinato vil. Leonardo era un hombre de dotes singulares, magnífico orador político, de inteligencia buida, incorporado a la lucha social desde su adolescencia, fundador del PDN, brillante líder adeco. También fue otra pluma creadora que –como muchos adecos- dejaron la ficción por la realidad, como se manifestó en un discurso de 1943: “Se ha dicho que Cipriano Castro con su bandera restauradora logró incorporar los Andes al movimiento nacional, cuando lo cierto es que detrás de esa bandera oscura se vinieron de los pueblos de la montaña las peores ambiciones humanas, suerte de tribu que llegó a instalarse cerrilmente, creyendo que el Poder Público es herencia que se transmite de andinos a andinos, o patrimonio personal de los hombres de la montaña. Aquella gente, con su empeño oportunista de respaldarse regionalmente, no tuvo rubor en izar la bandera del antiandinismo, provocando la división de la nacionalidad en andinos y venezolanos. Cuando lo cierto es que el hombre campesino que se quedó en mi Táchira, en nuestro Táchira, cultivando su pañuelo de tierra, y la mujer que allí estuvo llorando con lágrimas vivas la angustia profunda de la Patria, y los comerciantes y obreros y agricultores no respaldaron esa consigna suicida de andinos y venezolanos. Porque sabemos la lección de esa experiencia y porque sólo un Partido de profundas y entrañables raíces venezolanas como lo es Acción Democrática podrá borrar diferencias de regiones para vincularnos en su Programa, es por lo que no vacilamos en cerrar filas en torno a sus banderas”.

Antes de llegar al poder –donde desempeñó la Secretaría de la Junta Revolucionaria de Gobierno, la Gobernación del Táchira y el Miniserio de Comunicaciones-, libró batalla oposicionista al régimen de Medina, creó un fuerte núcleo cordillerano como líder seccional, fue director fundador del diario Fronteras, sufrió meses de cárcel tras el cuartelazo del 48 y se sumergió en la clandestinidad. Durante cuatro años fue alma, nervio y timonel de la resistencia, hasta que lo mataron premeditadamente, “bajo los ojos del glotón sanguinario”, dijo Andrés Eloy Blanco. Valmore Rodríguez, exilado en Nueva York para aquella época, escribió: “El cadáver de Ruiz Pineda y los de sus compañeros caídos como él en la emboscada y la fría traición, reclaman de nuestra colectividad política un voto inexorable: rendir cumplido tributo al sacrificio de sus vidas haciendo realidad tangible lo que fue en ellos aspiración agónica. No habrá paz en el ánimo, no habrá flaqueza en la carne, hasta que esa aspiración tenga eco fiel de hecho cumplido en una Venezuela libre y de los venezolanos”. Y Alberto Carnevali dijo en manifiesto del Partido: “Con singular abnegación y riesgo diario de su vida, el compañero Ruiz Pineda ha ganado honrosamente la enhiesta cumbre de los héroes. Y como héroe nacional, su nombre ha pasado a tutelar a la ya interminable fila de vidas humanas que el pueblo ha ofrendado en la batalla de su liberación. El fulgurante ejemplo de su vida heroica nos señala un solo camino: combatir hasta triunfar”. La viuda de Leonardo, Auraelena, fue encarcelada cuando fue a solicitar el cadáver de su marido para enterrarlo.

Acción Democrática modificó su actitud abstencionista y votó por los partidos de oposición legalizada, sin firmar pacto y confiando en la promesa de rectificación democrática, volcándose sus militantes y simpatizantes a favor de tales candidaturas, y haciendo posible el triunfo holgado de URD. La censura bloqueó toda información, y el tarugo cochinito disolvió el triunvirato impúdicamente proclamándose Presidente Provisional el 2 de diciembre con el respaldo de 6 jefes de las Fuerzas Armadas. El mundo internacional no se conmovió con la burla al pueblo venezolano, pese a que la prensa latinoamericana democrática habló reciamente. Hubo más terror. Todas las fuerzas políticas fueron reprimidas. El régimen convocó a una Constituyente espuria, tanques y tropas del ejército patrullaron el Palacio Legislativo, cerrado desde hacía cuatro años, y 50 paniaguados ratificaron la autodenominación de Pérez Jiménez en ceremonia que duró apenas cinco minutos. Un documento adeco, “A la rebelión civil llama Acción Democrática”, circuló bajo la firma de Alberto Carnevali, sucesor de Ruiz Pineda en la Secretaría General de AD y nuevo jefe de la resistencia.

Alberto Carnevali era uno de los dirigentes más capaces de las nuevas promociones de jefes políticos adecos. Abogado de 36 años, bondadoso, analítico, excepcional, con vocación y cualidades de estadista, la policía lo buscaba afanosamente. Lo apresaron el 18 de enero de 1953. La orden era matarlo. Docenas de agentes de la Seguridad Nacional rodearon la manzana del edificio céntrico, con ametralladoras y granadas. Alberto y sus compañeros resistieron valerosamente. La algarabía que se concentró impidió que ahí misma se acabara con la vida del líder. Se lo llevaron para dejarlo morir luego de mengua, sin asistencia médica adecuada, en un camastro de la Penitenciaría de San Juan de los Morros. Aislado en celda solitaria, enfermó y lo sometieron a una operación exploratoria. Tenía cáncer generalizado en el aparato digestivo. Seguía en estado de gravedad para el 9 de abril, no se permitió trasladarlo a una clínica, razón por la cual murió.

El crimen político oficializado adquirió carta de ciudadanía, mejor ahora bajo una dictadura unipersonal. El 24 de febrero la policía acribilló a balazos a Wilfredo Omaña; Sergio Gómez fue sometido a inenarrables torturas…Y capturaron al licenciado Antonio Pinto Salinas, compañero de Ruiz Pineda y Carnevali en el comando clandestino de AD, en el emporio petrolero de Pariaguán. De apenas 34 años, economista y escritor, magro de cuerpo, silueta fina, mirada un poco ausente, de poeta frustrado por el militante, lo trasladaron a Caracas esposado, sangrando de heridas en el rostro y la espalda. Pero no llegó a su destino. A las tres y media de la madrugada, en un sitio denominado “Curvas del Jobo”, capital del Estado Guárico, lo desembarcaron del vehículo, a empellones. Dos primeros balazos, a quemarropa, lo abatieron; y ocho disparos más, a la cabeza, al pecho, al abdomen, remataron la faena de los carniceros.

Pinto Salinas tuvo premonición de su muerte. En carta a Betancourt del 6 de marzo de 1953, dijo: “…Es bueno ratificarse que el momento que acá vivimos es el más espantoso y la etapa más terrible después de la cuartelada que nos derrocó. Están sitiadas o presas las familias de los altos dirigentes. Ordenes categóricas de no llevarnos vivos, sino cadáveres. Por mi parte, hace tiempo que estoy resteado y convencidamente conforme. Lo mismo me dice Eligio (Anzola). Creo que por ahora no se presentará más oportunidad de escribirte con seguridad. Pero antes de despedirme quiero que ustedes tengan la absoluta seguridad de que aquí o caeremos todos o nos confundiremos algún día en las lumbraradas del triunfo y de la justicia”.

Mientras se hacía otra payasa Constitución de encargo –esta vez con la muy peculiar innovación de consagrar la abolición de las garantías individuales (novedad en la historia despótica latinoamericana)-, Eligio Anzola Anzola, nuevo Secretario General y jefe clandestino de AD, fue apresado, cebándose en él la crueldad de los torturadores: destrozo de dientes por puntapiés, coxis astillado a palos; su esposa fue secuestrada en la Cárcel Modelo. Fueron apresados también en esos días Rigoberto Henríquez Vera, José Angel Ciliberto, Ramón Quijada, Tomás Alberti, David Nieves; todos torturados. Y seguían matando a los adecos: Víctor Alvarado, Rubeen Perdomo, Jesús López…

La militarización del país se acentuó con un nacionalismo trompetero y desfilador, cocinado en salsas castrenses neofascistas, con oratoria zafia y arrabalera, con personas sin solvencia alguna, ni ética ni intelectualmente, vocalizando rencores subalternos para satisfacción ególatra de un gobierno arrogante y guapetón frente a los países hermanos y sumiso ante las grandes potencias. La moral pública era degradada por el florecimiento de las peores formas del servilismo y la adulación hacia el gobernante, acercándose a la deificación. Con náuseas para la historia, era la oficialización del zahumerio. Entrega de hojalatería profusa sobre pechos y fértiles mentes cortesanas, de coleccionistas de abalorios, todo disimulando la mediocridad intrínseca, y todo bautizado con la sicofante etiqueta de “El Nuevo Ideal Nacional”. Los instintos más elementales y groseros delatan siempre la orfandad ideológica, que lleva inexorablemente al castigo histórico.

Y para olvido de los adoradores póstumos de Pérez Jiménez, su régimen policial y asesino seguía matando: un simple militante adeco llamado Francisco Espejo murió a balazos junto al español Santiago Ramos; por la espalda fue asesinado el teniente antiperezjimenista León Droz Blanco en Barranquilla; el adeco Jesús Alberto Blanco fue muerto a balazos, como lo fue también su compañero de Partido José Mercedes Santeliz…
A grandes rasgos, esta fue la línea política de la dictadura, sin sazón narrativa ni adjetivación patética; hechos tal como sucedieron. Y solo una faz de la conducta del régimen, opuesta a los derechos humanos y a los intereses nacionales. Otras dos merecerán nuestra atención: su proceder administrativo, sin ética en el manejo de los dineros públicos, y su comportamiento colonial ante la cuestión petrolera.

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