Opinión Nacional

De la CIDH y otras salidas

Será que en su afán de seguir al viejo modelo de socialismo fracasado en Cuba, ese  novísimo Consejo de Estado, también está agarrando el consejo de Fidel, de aplicarse la  auto exclusión en nuestro primogénito organismo regional, con el cual venimos lidiando desde su formación y, que dicho sea de paso el constituyente  le dio rango constitucional a una de sus instancias de control, cuando en su Art.339 obliga al gobierno,  que en caso de declarar el estado de excepción, él debe regularse de acuerdo con las exigencias y garantías, establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

         Para nadie es un secreto que la OEA es un organismo que siempre  ha estado monitoreado por los EE.UU.  y desde su formación en 1948, ha sido celestina de gobiernos, que se han caracterizado por su violación a los derechos humanos. Sólo basta echar una mirada hacia el pasado y encontraremos que en la primera década de su existencia, América Latina estuvo  gobernada por regímenes militares, donde por supuesto la violación de los derechos civiles y político eran el pan de cada día.

Ahora bien, también es cierto que en su devenir histórico y a pesar de las heridas al parecer no sanadas, todavía por la década de la lucha armada en Venezuela y la injerencia de la Cuba revolucionaria  de Fidel, este organismo multilateral tuvo su punto de avanzada, cuando precisamente desde nuestro país, Rómulo Betancourt incorporó la tesis de no mantener relaciones diplomáticas con gobiernos que no tuviesen legitimidad de origen y que fuesen simples dictaduras militares; aunque su gobierno también hubiese incurrido en políticas nada asertivas, en materia de derechos humanos, a la hora del conflicto interno con sus oponentes en armas. 

Aun existiendo la Convención  Interamericana de los Derechos Humanos desde 1969,  esta no vino a tener un rol protagónico en el desempeños de sus funciones;  sino a partir  de la década de los noventa con la creación en la OEA, de la Unidad de  Promoción de la Democracia,  la aprobación de la resolución 1080 en Santiago de Chile y  el Protocolo de Washington en 1992.  Todas ellas dirigidas a fiscalizar, controlar e  imponer sanciones, no sólo a los regímenes militares, sino a todos los gobiernos que de forma reiterada,  incurrieran en violación de los derechos humanos.

Y ese es el punto,  porque al parecer el comandante ha entrado en cuenta que su gobierno en materia de derechos humanos, tampoco goza de buena salud;  sobre todo a raíz de las confesiones de uno de sus principales autores materiales, quien desde el poder judicial y a través de sus órdenes, incurrió en violaciones de estos derechos, no habiendo un estado de conmoción social y mucho menos un estado de guerra, como cuando gobernó el primer presidente adeco de la era democrática.

Huyen hacia adelante los 91 parlamentarios, que a conciencia de ir contra el mandato constitucional en esa materia, apoyan la iniciativa presidencial de retirarse de la CIDH.  Huyen hacia el imperio y la DEA, todos los personeros incursos en esos delitos, como si esa fuese su mejor salida.  Y por no dejar huyen hacia adelante el mismisimo Presidente Chávez y su Consejo de Estado, cuando se pasean con salidas no electorales.  Pueden retirase y seguir fundamentándolo en la excusa “antiimperialista”  de que EE.UU  nunca ha estado en la CIDH,  a pesar de ser miembro de la OEA; pero de donde sino pueden huir, es de la salida que le tiene el glorioso pueblo venezolano el 7 de Octubre.  De ese tribunal jamás podrán retirarse y allí si serán sentenciados democráticamente.

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