Del Choque de trenes al programa mínimo

Entre el 4 y el 14 de Abril de 2002 la sociedad venezolana ha vivido una sacudida política de dimensiones comparables a un choque de trenes de alta velocidad. Convertir esta sacudida en aprendizaje para el futuro requiere una reflexión colectiva que comienza por intentar la comprensión de lo sucedido y hacer sucesivos análisis para comprender sus implicaciones. Estas líneas se escriben a pocas horas de la re-instalación de Hugo Chávez en la Presidencia de la República, cuarenta y ocho horas después de su derrocamiento, cuando la sociedad venezolana empieza a tomar conciencia de lo sucedido y sacar sus consecuencias.

I. ¿Qué pasó?

El desarrollo del conflicto planteado por un importante grupo de ejecutivos de todos lo niveles con el Gobierno de Hugo Chávez por el nombramiento a finales de febrero de una Junta Directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA) sin respetar la tradición de ascensos de la industria e imponiendo Presidente y directores externos afectos políticamente al Presidente, llegó a un punto muerto por la negativa del Gobierno a negociar alternativas de recomposición de la Junta Directiva, el fracaso de un intento de mediación parlamentaria y la jubilación forzada o destitución de altos ejecutivos. Los ejecutivos de PDVSA radicalizaron el conflicto declarando un paro de la industria petrolera hasta que fuese sustituida toda la directiva de la industria y nombrada otra con criterio meritocrático. Esta fue la oportunidad para que la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) convocara una huelga general anunciada semanas antes para presionar al Gobierno a su reconocimiento como representantes legítimos del sector obrero e iniciar la negociación de la contratación colectiva. El llamado a huelga contó con el inmediato apoyo de la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS). Se sumaron a la iniciativa diversas organizaciones de la «sociedad civil» y partidos políticos de la oposición.

La reacción del Gobierno no se hizo esperar: comenzó el jueves 4 de abril con un mensaje del Vicepresidente Ejecutivo por cadena nacional de radio y TV, resaltando el derecho del Gobierno a nombrar la directiva petrolera e invocando el «principio de autoridad» para imponer su acatamiento. Siguió con la expulsión, directamente por Hugo Chávez, en una forma despectiva y burlona, de siete altos ejecutivos de PDVSA, voceros de sus compañeros, en el programa de radio y TV, «Aló, Presidente, el domingo 7 de abril.

La huelga comenzó con un paro de 24 horas el martes 9 de Abril cuyo éxito fue relativo pues no paró el transporte, abrieron numerosos comercios y oficinas, la industria petrolera siguió trabajando a mitad de su capacidad. Sin embargo, los intentos del Gobierno de neutralizarlo obligando a las televisoras y estaciones de radio a trasmitir «en cadena» mensajes gubernamentales de unos diez minutos cada media hora con los que se quería presentar una imagen de «normalidad» del país, por tanto, el fracaso del paro, provocó la reacción de los medios de comunicación, de buena parte de la sociedad venezolana y una rapidísima intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo al gobierno el respeto a la libertad de expresión. Ese mismo día, la concentración de apoyo al gobierno, encabezada por el mismo Presidente Chávez, reunió muy pocas personas en fuerte contraste con la de los opositores que convocó un mayor número alrededor de una de las sedes de PDVSA (Chuao).

Los convocantes de la huelga decidieron prolongar por otras 24 horas el paro general. Este segundo día fue mayor el paro y se produjeron manifestaciones cívicas en varias partes del país, además de escaramuzas en varias instalaciones petroleras por los intentos del gobierno de evitar su paralización, efecto logrado a medias. Se declaró entonces el paro general indefinido hasta la renuncia de la directiva de PDVSA que rápidamente se transformó en el objetivo político de forzar la salida de Hugo Chávez de la Presidencia y la sustitución de su gobierno por uno de transición.

Para el tercer día se convocó una marcha hasta las sede de PDVSA-Chuao que resultó multitudinaria (se calcula entre 400 y 500 mil personas en la calle de una ciudad de 4 millones de habitantes). Al calor del éxito de la marcha, los cabecillas de la CTV y Fedecámaras consideraron que estaban dadas las condiciones para provocar una mayor confrontación con el Gobierno. Invitaron a continuar la marcha hasta el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de la República, a unos ocho kilómetros, atravesando la ciudad de este a oeste. Las fuerzas de apoyo al Gobierno, respondieron de inmediato convocando a los «círculos bolivarianos» y todos sus simpatizantes a «defender» el Palacio concentrándose a su alrededor.

La tensión fue creciendo a medida que se acercaba la multitudinaria marcha al Palacio de Miraflores, rodeado a su vez de varios miles de simpatizantes del Gobierno. Mientras el Presidente Chávez volvía a trasmitir «en cadena» y obligaba a las televisoras privadas a salir del aire disparos provenientes de francotiradores apostados en los edificios cercanos, seguidos de más disparos efectuados por integrantes de los bandos en pugna crearon una situación de confusión y pánico. Se produjeron más de veinte muertos de bala, varios con disparos en la cabeza, y decenas de heridos de ambos bandos. La Policía y la Guardia Nacional actúo con gases lacrimógenos.

A pesar de la prohibición gubernamental los medios de comunicación siguieron trasmitiendo y grabando lo que sucedía en los alrededores del Palacio desde el que hablaba el Presidente. El país entero quedó estupefacto ante los sucesos, reaccionando con indignación y rechazo ante lo sucedido. Al comienzo de la noche de este 11 de Abril se produce la intervención de la Fuerza Armada argumentando no estar dispuesta a disparar contra el pueblo o integrantes de las fuerzas militares o policiales. El Comandante del Ejército, acompañado de un grupo de Generales y Almirantes, señalando que el Gobierno no fue capaz de evitar la violencia esa tarde y decidido a evitar que aumente el número de víctimas o la situación derive en un incontrolable baño de sangre, presiona la renuncia de los otros miembros del Alto Mando Militar, del Presidente Chávez y de su gobierno. Unas horas más tarde, en medio de mucha tensión, el Presidente Chávez es detenido por Generales de la Fuerza Armada, es trasladado a la principal instalación militar de Caracas en la que se encuentran la Inspectoría General de la FAN y la Comandancia del Ejército. En medio de una ardua negociación, Hugo Chávez se niega a firmar la destitución del Vicepresidente y su propia renuncia, mientras los Generales sublevados le niegan la salida del país con su familia a Cuba.

En la madrugada del 12 de Abril el Comandante del Ejército, General Efraín Vásquez Velasco, designa a Pedro Carmona Estanga, Presidente de Fedecámaras, que presidiera un Gobierno de Transición. Al mediodía se anunciaron algunos Ministros y la decisión de constituir un Consejo de Estado, consultivo, de Treinta y cinco miembros representativos de la sociedad venezolana.

Algunos ministros del gobierno de Hugo Chávez, así como el Presidente de la Asamblea Nacional, el Fiscal General de la República y, varios Gobernadores de Estado, no reconocen el Gobierno transitorio, aduciendo que Hugo Chávez no fue el autor de la situación de enfrentamiento con disparos a la marcha, sino miembros de la propia oposición, que no renunció sino fue detenido por la fuerza y no se siguió la sucesión prevista en la Constitución de 1999. Por otra parte, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y uno de los Magistrado, renunciaron a sus cargos, antes de que los destituyeran por decreto.

Además de la detención de varios de los que dispararon el 11 de Abril, identificados a través de los videos de la TV, en la mañana del 12 de Abril, se detuvo, sin seguir las más elementales formas y con saña, al Ministro de Relaciones Interiores (Ramón Rodríguez Chacín) y a un diputado a la Asamblea Nacional muy identificado con el régimen (Tarek William Saab). Otros
funcionarios se esconden mientras sus casas y las de sus familiares han sido allanadas, sin cumplir los mínimos requisitos legales de estos casos. Esa misma tarde la Embajada de Cuba es sido «sitiada» por grupos anti-cubanos exaltados que le cortan el agua y la electricidad, impiden el ingreso de alimentos e intentan sucesivamente penetrar en ella, suponiendo que dentro encontraran personas del régimen, atentando contra el delicado principio de extraterritorialidad de las representaciones diplomáticas en todos los países del mundo. El gobierno de transición, por su parte, no luce con fuerza ni interés para detener una escalada de venganzas políticas.

A mitad de la tarde queda claro el resultado: un gobierno de facto, sostenido por el Ejército, dominado por el empresariado, sin presencia obrera o de otros sectores sociales o políticos. Su primera acción política supone una interrupción abrupta del hilo constitucional y de los fundamentos de la democracia a través de un decreto con el que se pretende darle carácter jurídico a un Presidente, Pedro Carmona Estanga, que ha sido designado sólo por el Comandante del Ejército y un Alto Mando Militar designado por los militares sublevados; además, disuelve la Asamblea Nacional, destituye el Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y el Contralor General; desconoce todos los cargos de elección popular al darle poder al Presidente para remover y nombre los gobiernos regionales y municipales. La Constitución de 1999 se «reconoce» como la base del derecho salvo lo derogado en este acto, que son partes sustantivas de la institucionalidad democrática. La creación de un Consejo de Estado de carácter consultivo, nombrado también «a dedo», difícilmente puede considerarse una instancia representativa de la complejidad de la sociedad venezolana. Se decretó, también, la celebración de elecciones para una Asamblea Nacional con poderes constituyentes en Diciembre de 2002 y antes de un año (Abril del 2003) la elección de los demás poderes públicos.

El decreto constitutivo del gobierno de facto tiene una base muy frágil. Sus «considerandos» no ofrecen basamento jurídico consistente. La designación del Presidente transitorio y las demás medidas son firmadas por una escasa «élite»: el propio Carmona Estanga y un representante de: la Iglesia Católica , Sector Empresarial, Fedecámaras, Consecomercio, Asociación Bancaria, Medios de Comunicación Social privados, ONG, Partidos Políticos y Gobiernos Regionales . Estaba prevista la firma de un representante de la CTV quien se negó a firmar en desacuerdo con los contenidos del decreto y las características con las que se integra el gobierno provisional.

Por otra parte, a pesar del intento de Carmona de usar un lenguaje democrático, participativo, social, anticorrupción y moderado en el uso del poder, los anuncios y la constitución del Gobierno de Transición no dan indicios de que las transformaciones necesarias para alcanzar la justicia social estén en su agenda, así como tampoco la organización del pueblo como sujeto de la democracia.

Si hubiera que caracterizar la situación derivada de la detención de Hugo Chávez y el nombramiento, por parte del Comandante del Ejército, de un Presidente Provisional, hay que decir que es un golpe de Estado militar, incruento, que pone como fachada un Presidente civil, con poderes dictatoriales, sin otro contrapeso que la cúpula militar en el ejercicio del poder. Se trató, sin duda, de una ruptura abrupta del orden constitucional.

El solo anuncio de la conformación del gobierno de transición, fruto del golpe de Estado, ha producido una ola de críticas de quienes inicialmente apoyaron la salida de Chávez de esta manera. El sector laboral, especialmente el vinculado a la CTV, algunos comunicadores sociales, dirigentes empresariales y políticos se sienten defraudados por el sesgo del gobierno provisional y por haber irrespetado elementos básicos de la democracia como la división y autonomía de los poderes públicos contemplados en la Constitución, el respeto a los cargos de elección popular, la representatividad, los mecanismos institucionales de participación, etc.

A excepción de los Estados Unidos, ningún país latinoamericano o europeo reconoció el gobierno provisional presidido por Carmona Estanga. De inmediato se pensó en la necesidad de invocar la aplicación de la Carta de la Democracia suscrita por Venezuela como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno provisional quedó, entonces, internacionalmente aislado y los Estados Unidos bajo sospecha de haber contribuido al golpe de Estado.

En estas condiciones se aceleró la actividad política. El gobierno provisional, muy debilitado, intentaba completar e instalar el gabinete ejecutivo y demás instituciones públicas. No logró siquiera conseguir las treinta y cinco personas que conformaran el anunciado Consejo de Estado, de carácter consultivo. Los actores sociales y políticos comprometidos con una transición sobre la base del acatamiento a la Constitución de 1999 se movieron intensamente para revertir el decreto del Presidente Carmona, restituir la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, así como el reconocimiento de todos los cargos de elección popular. Una vez derogado el decreto se proponía convocar la Asamblea Nacional y, con una nueva mayoría negociada entre las fuerzas parlamentarias, nombrar un poder ejecutivo temporal, reconstituir los otros poderes y convocar a elecciones en un período no mayor de tres meses. Todo esto era posible sobre la base de la destitución del Vicepresidente, a quien le corresponde legalmente suplir las ausencias absolutas del Presidente, hecha por Hugo Chávez antes de firmar su propia renuncia al cargo. Como la noche de su detención Chávez, aparentemente, había puesto como condición para firmar la renuncia que se le permitiese a él y su familia salir de Venezuela e irse a Cuba y los militares golpistas no se lo habían concedido, no existía la renuncia firmada, sino sólo el testimonio verbal del Inspector de la Fuerza Armada (General Lucas Rincón) de que había renunciado. Ante las presiones, Carmona aceptó derogar el primer decreto y restituir la Asamblea Nacional y demás
poderes públicos. Intentó, además, convencer a Chávez de que firmara su renuncia concediéndole, ahora sí, la salida del país.

Al mismo tiempo tanto las organizaciones populares que apoyan el Gobierno y/o el proceso que éste representa, como otra mucha gente comenzó a manifestar en las calles su protesta al golpe de Estado y su reclamo por la reconstitución del gobierno constitucional elegido por la gente, incluyendo la liberación y el regreso de Chávez a la Presidencia. Se presentaron diversos tipos de manifestaciones públicas en varias ciudades del país, algunos disturbios y actos de saqueo. La represión de la Policía Metropolitana de Caracas produjo, según cifras de COFAVIC, otros diecisiete muertos, varias decenas de heridos y unos ciento veinte detenidos. Como los medios de comunicación privados se había puesto de acuerdo para no trasmitir imágenes o información de este tipo de acciones y el canal del Estado estaba fuera del aire, grupos de activistas pro-Chávez se acercaron a las principales plantas de TV y agresivamente exigieron se trasmitiera su mensaje de protesta y su petición de regreso de Chávez. En varias ciudades del país, además de Caracas, se generó una progresiva presencia de la gente en las calles, manifestaciones, vigilias y, en algunos casos, ambiente de saqueos.

Mientras tanto, los militares leales a la Constitución y a Chávez lograron controlar la mayor parte de las guarniciones y fuerzas militares. Ante la situación militar que se iba generando, el Presidente Carmona fue llevado a las instalaciones militares del Fuerte Tiuna, abandonando el Palacio Presidencial de Miraflores. Esta ocasión fue aprovechada por la Guardia de Honor (encargada de la custodia del Presidente y mayoritariamente leal a Chávez) para tomar control del Palacio de Miraflores, reteniendo a los miembros del gobierno provisional y facilitando la entrada de un grupo significativo de Ministros y funcionarios públicos del gobierno de
Chávez. Desde aproximadamente las tres de la tarde, el palacio de gobierno estaba ocupado por el gobierno derrocado y las calles estaban dominadas por la gente adepta al proyecto de Chávez. Al final de la tarde y comienzo de la noche esa presencia era masiva . Se logra, también, la restauración de la señal televisiva y radial de las estaciones del Estado y el gobierno de Chávez empieza a comunicarse directamente con la población, informar de las movilizaciones y anunciar el regreso a la constitucionalidad cuyo primer paso fue la juramentación por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, del Vicepresidente Diosdado Cabello como Presidente temporal de la República.

Hacia las diez de la noche del sábado 13 de abril, era evidente que la mayoría de la Fuerza Armada, especialmente los comandos de tropa, rechazaba el Gobierno Carmona y pedía la restitución de la normalidad constitucional, incluyendo la restitución de Chávez en la Presidencia. Este grupo logra el control militar del Fuerte Tiuna, incluyendo las oficinas en las que estaba el Presidente Provisional y el comando de los oficiales golpistas. Carmona decide renunciar, y queda a disposición de los militares leales al Gobierno Constitucional. De allí en adelante comienza una dura negociación entre unos y otros que culmina con la liberación del Presidente Chávez, su regreso a Caracas y su restitución como Presidente en la madrugada del domingo 14 de Abril.

¿Cuáles fueron los términos finales de la negociación entre las dos tendencias militares? Hasta el momento no se sabe.

Los medios de comunicación social privados prácticamente desaparecieron desde la noche del Sábado. La prensa escrita, a excepción de Ultimas Noticias, no circuló el domingo 14. Las emisoras de radio, a excepción de Fe y Alegría, mantuvieron una programación dominical sin noticieros. Lo mismo las plantas de TV. Sólo el canal del Estado (Venezolana de TV) insistiendo en la posición del Gobierno y haciendo desfilar por sus cámaras a los adeptos al régimen de Chávez. Durante el día domingo continuaron algunos saqueos o amenazas de ellos en Caracas.

Se anunció una alocución del Presidente Chávez para las 18.00 y no se produjo. Chávez estaba en Maracay (150 Km. al Oeste de Caracas e importante base militar) en el Batallón de Paracaidistas. A la medianoche no había información confirmada sobre su regreso a Caracas ni los motivos por los cuáles no se dirigió al país. Lo hizo el lunes 15 a través de una rueda de prensa con periodistas internacionales y nacionales, utilizando un tono conciliador, reconociendo errores propios y abriendo las puertas al diálogo. Al mismo tiempo anuncio la sustitución del General Efraín Vásquez Velasco por el General Julio García Montoya en la Comandancia del Ejército y del General Manuel Rosendo por el General Verde.

Al Presidente provisional depuesto, Pedro Carmona Estanga, una juez de control le concedió el beneficio judicial de casa por cárcel mientras se adelanta el juicio.

II. Elementos para una interpretación

La complejidad y la velocidad de los acontecimientos no hacen fácil una interpretación del momento. Estas son unas reflexiones preliminares para iniciar el necesario proceso de análisis de lo sucedido e iluminar cursos de acción democráticos.

Del choque de trenes

Lo sucedido en esta semana, con sus capítulos sangrientos, desde la tarde del 11 hasta el 14 de abril, es el fruto de haber llevado a su extremo el curso de acción que denominamos «blanco y negro» en el ensayo del 12 de Febrero de 2002 . Cada uno de los polos minoritarios presentes en este momento de la historia venezolana (chavismo y antichavismo), se convenció a sí mismo que era mayoría, se sintió capaz de aniquilar el polo contrario, estableció su estrategia, y no dudo en acelerar la máquina para provocar el choque de trenes que hemos vivido, con los costos humanos, sociales y políticos que conocemos. Cada uno de los polos en confrontación subestimó la fuerza y decisión del otro y sobreestimó las suyas. Siendo cada uno de ellos una minoría real se percibió como mayoría y actúo como si lo fuera. Como era previsible fue la Fuerza Armada la que inclinó la balanza a un lado o a otro.

El antichavismo, encabezado por la CTV y Fedecámaras, aglutinó lo que estimó suficiente apoyo, tomó la calle y pensó que podía convertirse, de una vez, en Gobierno. Fue acompañado de un número significativo de organizaciones sociales que se siente «la sociedad civil» y no sólo parte de ella, como en efecto lo son. Muchas personas, especialmente vinculadas a los sectores medios y profesionales, encontraron en el espacio abierto por este polo el canal para expresar su descontento, su rechazo por el gobierno y dieron el paso de franquear las puertas de sus casas y oficinas para salir, con mucha emoción, a la calle.

El chavismo estaba convencido de poder dominar fácilmente la alianza Fedecámaras-CTV, e imponer su propuesta a PVDSA, con lo que despejaba su camino para dominar definitivamente la correlación de fuerzas políticas. Este polo confunde masas de seguidores del «mesías», que va a solucionar sus problemas inmediatos y mediatos, con pueblo organizado alrededor de una visión compartida de país, dispuesto a contribuir a su realización. Se sintió también mayoría aplastante y dio el paso a la confrontación.

El saldo del choque de trenes fue, en primer lugar, un abultado número de víctimas entre muertos, heridos, agredidos, saqueados, confundidos, defraudados, etc. En segundo lugar, ha quedado patente la existencia de una sociedad a cuya enorme brecha social se suma el desconocimiento entre sectores sociales. En tercer lugar, están las impredecibles consecuencias políticas del golpe y contragolpe. En este momento hay más interrogantes que respuestas. En fin, tenemos por delante, como sociedad, la larga tarea de digerir un bocado difícil, alimentándonos de él.

Desde el punto de vista político, superar esta situación requiere recuperar la legitimidad democrática en Venezuela. En el ensayo mencionado se afirma: «la legitimidad política en Venezuela está ligada a dos elementos fundamentales: la eficacia del Estado en la producción y mantenimiento de las condiciones para el acceso a una vida de calidad para toda la población y la democracia como modo de tomar las decisiones colectivas y ponerlas en práctica desde el gobierno del Estado. Una propuesta política y un gobierno consolidarán su legitimidad en la medida en que logren revertir el proceso de empobrecimiento y generar el conjunto de políticas públicas necesarias para superar definitivamente la pobreza, contribuyendo a formar una sociedad productiva, socialmente justa, políticamente democrática, dentro de la comunidad internacional, donde mantiene relaciones autónomas e interdependientes con los demás pueblos y naciones del mundo.» Esta es la tarea política de fondo que tenemos por delante.

Evitar un nuevo choque de trenes exige poner las condiciones, a saber, cambiar de curso de acción pasando del blanco y negro al transformador que supone afirmar la necesidad de cambios estructurales en las relaciones básicas de la sociedad venezolana; reconocer la mayoría no polarizada de la sociedad, su sustrato democrático vinculado con el respeto al marco constitucional y la activación de la ciudadanía a través de organizaciones plurales que participan activamente en la reconstrucción de lo público. El
paso dado por el Presidente Chávez de convocar a un diálogo nacional debe concretarse en un proceso de negociación política para establecer la estrategia para avanzar hacia el horizonte compartido también por la «oposición» política.

La verdad nos hará libres

La legitimidad democrática será tanto más sólida cuánto más firmemente esté fundada en la verdad. El camino de recuperar la legitimidad de la democracia venezolana está asociado, por tanto, a la recuperación de la verdad. Alcanzar esa verdad tiene como condición esencial superar la profunda división social manifiesta en la sociedad venezolana mediante el reconocimiento de cada persona como tal y como ciudadana. El nivel de desconocimiento y confrontación entre personas y grupos sociales a los que se ha llegado en Venezuela no hace nada fácil cumplir con esta primera condición de reconocernos mutuamente. El proceso de empobrecimiento, el aumento de la violencia social y de la conflictividad política de los últimos veinte años, sumado a la pérdida de una visión compartida del futuro al que se quieren dirigir los esfuerzos y la ausencia de alternativas políticas, explican, en parte, la dificultad de emprender esta tarea prioritaria. El primer paso, en este momento, no es señalar la responsabilidad y las tareas del otro, sino responderse a la pregunta sobre lo que ha hecho o dejado de hacer, cada persona o grupo, para que la situación haya desembocado en la actual situación. Sin este esfuerzo es prácticamente imposible rescatar la credibilidad necesaria para entrar en un auténtico proceso de diálogo nacional y de negociación política.

La confrontación que llegó al golpe y contragolpe puede adquirir ahora rostro de lucha por la interpretación de los hechos en la que cada uno contendientes se empeñará en convertir «su» verdad en «la» verdad. Avanzar en esa dirección llevaría a tener, al menos dos «verdades», y al esfuerzo de acumular fuerzas para imponer alguna de ellas, tapando la verdad que es necesario develar para todos. Un ejemplo claro de esta batalla está en la arremetida surgida en los últimos días de que se trata de un «autogolpe», interpretación que deja muy mal parados a sus propios proponentes al poner de manifiesto su ingenuidad política, al mismo tiempo que demuestra la incapacidad de vernos a nosotros mismos.

La propuesta de establecer una comisión de la verdad para investigar los hechos sucedidos en estos con criterio independiente, apoyándose en la autoridad moral de sus integrantes, en los parámetros internacionalmente aceptados para este tipo de situaciones, con observadores internacionales aceptados y con el aval de los poderes públicos. Esta comisión sería el fruto de un acuerdo entre los poderes públicos y las organizaciones independientes de protección de derechos humanos actuando como voceros de la sociedad civil. El acuerdo definirá los alcances del trabajo de la comisión. En todo caso es una comisión cuya principal función es garantizar la recopilación independiente de la información sobre los sucesos entre el 4 y el 14 de Abril y producir un informe que transparente a la sociedad la verdad de estos hechos, al mismo tiempo que ofrece la base para la actuación de los poderes públicos en las áreas de competencia de cada uno. Sus miembros deben ser escogidos en razón de sus condiciones individuales y no en representación de instituciones o grupos por importantes que éstos sean. Sobre la base de este acuerdo, la Asamblea Nacional procedería al nombramiento de la Comisión y a dotarla de los recursos necesarios para efectuar su trabajo.

Ni un paso atrás vs el fortalecimiento institucional

La consigna «ni un paso atrás» trae aparejado el principio del «ojo por ojo, diente por diente»; marca una actitud muy distante a la de reconocer la cuota de responsabilidad de cada actor social, con la consecuente rectificación de su conducta, imposibilita el reconocimiento del otro como interlocutor, por tanto la condición mínima para el iniciar el diálogo que lleve a una negociación. Cualquier negociación requiere como requisito la disposición de los participantes a cambiar sus posiciones iniciales en beneficio de alcanzar algún acuerdo que, normalmente, es una posición distinta a la inicial de cada uno. Para negociar hay que «dar pasos atrás», a los lados o adelante, según el acuerdo al que se llegue.

Empeñarse en la consigna «ni un paso atrás» parece, más bien, una reacción desesperada para regresar a la posición de lograr «como sea y al costo que sea» bien la salida de Hugo Chávez de la Presidencia o bien el aplastamiento de la oposición, según la posición desde la que se proclame la consigna. De esta forma lo único que se demostraría es que lo sucedido estos días no ha significado lección alguna para las minorías polarizadas del país que sólo aceptan un repliegue momentáneo para recuperar fuerzas y volver a la carga. «Ni un paso atrás» es la forma de alejar el diálogo en lugar de acercarlo.

Aprender la lección de lo sucedido es caer en la cuenta que los problemas estructurales del país sigue allí y que su solución requiere del concurso de una sociedad civil en la que cada ciudadano y cada organización tengan su puesto, porque los habitantes del país han dejado de ser una masa de seguidores de Mesías a un pueblo sujeto de su propio destino.

Un pueblo organizado según su variedad y pluralidad es la sociedad civil que se sirve del Estado para la consecución de sus objetivos sociales. El Estado lo componen un conjunto de instituciones públicas a través de las cuales se cumplen las funciones asignadas por la sociedad civil y se garantiza el equilibrio de poderes necesario para la vida democrática. El fortalecimiento del sistema judicial es un requisito para la confiabilidad de la actuación del Estado y la sociedad civil en el marco de la constitución y las leyes. Un poder legislativo representativo de la sociedad y eficiente en sus funciones también es necesario, así como la eficiencia de un Ejecutivo descentralizado y sometido al control ciudadano.

A raíz de la experiencia de estos días se hace necesaria una reflexión sobre el papel de las fuerzas militares y policiales en la democracia que queremos construir. Resulta evidente que la necesidad de delimitar con precisión el papel de los militares, su completa separación de las funciones políticas y su subordinación al poder civil. Al mismo tiempo es clave la clara distinción entre las funciones militares y las policiales. Estas últimas son de neto carácter civil y requiere de cuerpos policiales bien capacitados
para el resguardo de la seguridad ciudadana y el orden público. Este debate ha sido postergado en Venezuela y ha llegado el momento de definir socialmente el carácter, volumen y recursos de las fuerzas militares y policiales en consonancia con el modelo de sociedad que queremos vivir.

La crisis de legitimidad y la necesidad de recuperarla ha hecho que estas reflexiones se focalicen en la dimensión política del proceso. Las transformaciones culturales y económicas no son de menor importancia ni dificultad y tienen que ser atendidas en el diálogo anunciado, cuyo primer paso podría ser crear un espacio político de diálogo y negociación que permita consolidar la estabilidad social mediante un Plan Mínimo de corto (2002) y mediano (2006) plazo que obtenga apoyo mayoritario de la sociedad. La propuesta presidencial de iniciar este proceso desde el Consejo Federal de Gobierno garantiza la presencia de todo el país y de las tendencias políticas. Faltaría encontrar el modo efectivo de conectarse con el resto de los actores y sectores sociales.

El contenido del Programa Mínimo Nacional comenzaría por establecer las áreas de atención prioritaria entre las cuales no pueden faltar: la seguridad personal, especialmente en las zonas populares; la aprobación, a corto plazo, del su marco jurídico de la Seguridad Social y su aplicación inmediata, especialmente en los sectores empobrecidos. La puesta en marcha de programas sociales inmediatos para la creación de empleo, construcción de vivienda y atención a los sectores más afectados por la pobreza crítica, en armonía con la Política Social orientada a la superación de la pobreza. Iniciar un proceso sistemático para ofrecer educación de calidad en todos los niveles del sistema educativo, al que tengan acceso todos los sectores sociales, aprovechando al máximo los recursos sociales y estatales, nacionales e internacionales disponibles. El Programa Mínimo, requiere de plan realista de ingresos fiscales. Al mismo tiempo hay que poner en marcha una serie de medidas concretas y simultáneas para mejorar el funcionamiento del Estado y garantizar la eficacia de sus servicios básicos. La Asamblea Nacional debe acordar un programa legislativo que culmine la legislación constituyente y las leyes necesarias para el funcionamiento del Estado. Es impostergable la legitimación del Poder Electoral siguiendo el procedimiento contemplado en los Art. 295 y 296 de la Constitución. Sin el fortalecimiento del Poder Ciudadano, especialmente de la Fiscalía General de la República, es imposible asegurar la seguridad pública.

La sacudida que ha recibido la sociedad venezolana en estos días de Abril de 2002 puede convertirse en la decisión colectiva de mirar hacia el mismo horizonte. Hagámoslo posible.