Opinión Nacional

Democracia versus concentración del Poder Político

Tradicional e históricamente (concretamente desde los estudios teóricos desarrollados por (%=Link(«http://www.fordham.edu/halsall/mod/montesquieu-spirit.html»,»Montesquieu»)%) , sin olvidar el precedente expuesto por John Locke), uno de los principios que orientan y guían la actividad del Estado, como ente superior de la organización social, es el denominado de la separación de los poderes. Tal principio fue concebido como uno de los factores esenciales para asegurar la libertad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, factor de especial significación para garantizar el normal y racional funcionamiento de los órganos que integran y estructuran el Estado. La naturaleza y esencia de este principio implica que cada una de las ramas que conforman el Poder Público tiene su campo específico de atribuciones, sus funciones propias, lo cual a su vez significa que ninguna rama del Poder puede inmiscuirse en la esfera de actuación que —en virtud de la Constitución y la Ley— corresponde y compete a las demás instancias de dicho Poder. Si se constata la intromisión de una rama en el campo de competencias de cualquiera otra de las ramas del Poder Público, estaríamos en presencia de la denominada usurpación de atribuciones; y, también puede darse el caso en que una instancia del poder se sobrepase en el ejercicio de sus propias atribuciones, en abierta transgresión de los postulados constitucionales o previsiones legales, lo cual implica la extralimitación de funciones, otra de las derivaciones o consecuencias del desvío en el ejercicio del Poder Público.

Ahora bien, el principio de la separación de los poderes es consustancial con la existencia de la democracia (como sistema de gobierno y como forma de vida); evidentemente, la naturaleza y finalidad de tal postulado, en este sentido, también constituye un factor de especial significación para el perfeccionamiento del sistema democrático. Esa relación estrecha entre la lógica separación de los poderes y el progreso de la vida en democracia (elemento determinante para el avance del Estado de Derecho), surgió desde el momento en que tal principio fue esgrimido como un factor fundamental para combatir el absolutismo monárquico: durante el apogeo de éste sistema, el rey detentaba el poder en forma total y absoluta (sin compartirlo con nadie, sin delegar funciones y sin repartir atribuciones); el rey era al mismo tiempo legislador, juez y ejecutor de la ley; su poder lo ejercía bien en virtud del llamado derecho divino o bien por la fuerza. La égida del absolutismo monárquico permitió nuevas formas de opresión y conculcación de derechos. Era necesario transformar el sistema de gobierno y abrir cauce a nuevas formas en las que se reconociera al pueblo como único titular de la soberanía. Por tanto, el pensamiento liberal señaló al principio de la separación de los poderes como uno de los soportes esenciales del Estado de Derecho, tal como fue consagrado en el texto del artículo 16 de la famosa (%=Link(«http://www.justice.gouv.fr/espagnol/eddhc.htm»,»Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano»)%), sancionada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789; ello sin olvidar su aplicación por parte de los padres de la nacionalidad estadounidense en 1787.

La evolución que se experimentó al respecto en el campo de los estudios político-constitucionales, determinó que el principio de la separación de los poderes no debía ser entendido de modo absoluto: se concibió entonces que era lógica, conveniente y necesaria la colaboración y cooperación entre las distintas ramas del Poder Público, para reforzar, por así decirlo, el logro del fin primordial del Estado, el Bien Común.

En el caso venezolano, el principio de la separación de los poderes fue consagrado en nuestra primera Carta Fundamental en 1811 y reforzado con los planteamientos programáticos expuestos por Bolívar en el texto de la Constitución de Angostura, en 1819. Recordemos que en esos años estaban frescas las formidables y trascendentales experiencias devenidas tanto de la emancipación estadounidense como de la Revolución Francesa de 1789, acontecimientos que de uno u otro modo influyeron en el proceso independentista hispanoamericano. Desde el comienzo de nuestra vida independiente quedó consagrada en los textos legales la necesidad de instaurar y perfeccionar el régimen democrático como antítesis de cualquier intento despótico o tiránico.

Precisamente contra los enemigos de la democracia y la libertad y para hacer frente al abuso y la concentración autocrática en el ejercicio del poder, se alzó la voz de El Libertador. En efecto, el más grande de los venezolanos, en su actuación como político, legislador y gobernante, dejó innumerables testimonios de su prédica a favor de la auténtica democracia y en contra de la concentración del poder en manos de una sola persona.

   

Valga recalcar, el postulado de la separación de los poderes siempre fue esgrimido como instrumento para combatir el absolutismo en el ejercicio del poder: en no pocas ocasiones, en nuestra accidentada vida política, estuvo presente el empeño de algún tiranuelo que quiso adueñarse del poder político, para detentarlo y lucrarse de él (junto con sus adláteres y adulantes) en detrimento del justo sentimiento de la mayoría de los ciudadanos. De igual modo, en muchas circunstancias, los dictadores de turno (en complicidad con fieles “juristas”), utilizaron los textos constitucionales y los “amoldaron” o “adecuaron” a sus particulares y egoístas intereses, cercenando y cerrando el paso a la genuina esencia de la democracia; favoreciendo –con ello- el imperio del atraso, la miseria y la incultura. Todo ese cuadro, configurador de elementos constitutivos de la negación de la libertad y del innegable abuso de poder.

De un tiempo a esta parte, el genuino pensamiento democrático del país ha venido objetando el intento concentrador del poder político en manos de un solo individuo. En tal sentido, los intentos y maniobras destinadas a subordinar los poderes Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano a la égida del Ejecutivo, han sido objeto de razonables críticas basadas en el real sentido y proyección de expresas normas constitucionales que consagran la necesaria separación e independencia de las distintas ramas del Poder Público, garantía de la vigencia de un auténtico régimen democrático.

Por otra parte, para nadie es un secreto la estrategia trazada por el sector oficialista para amenguar y eliminar todo recurso de poder o influencia que provenga de la oposición o de la disidencia al régimen. De este modo, por ejemplo, las constantes arremetidas de las bandas armadas afectas al oficialismo contra manifestaciones populares opositoras (algunas de ellas con saldo trágico, como es de todos conocido); la abierta calificación peyorativa de expresiones políticas, gremiales y sindicales que se han hecho eco del creciente descontento de inmensas masas de la población ante la caótica situación socio-económica (desempleo, carestía de la vida, ineficiencia de los más elementales servicios públicos, etc.) por la que atraviesa el país; el acoso a la autonomía de las universidades; las acciones de persecución y hostigamiento contra dirigentes oposicionistas; la violación de elementales derechos humanos; las acciones concebidas para dividir la sociedad venezolana; la obsesión por destruir nuestra principal industria; las acciones orientadas hacia el aniquilamiento de la Fuerza Armada Nacional; y el empeño para silenciar y someter los medios de comunicación social (en especial los televisivos), por el solo hecho de constituir los más influyentes y categóricos instrumentos de oposición al régimen, son –entre otras- las más fehacientes demostraciones de un intento orientado hacia la concentración del Poder Político en contra de la voluntad general que emana de la soberanía popular, la misma fuente de donde provino el poder asignado (transitoriamente) al presidente de la República, quien, con su actitud contraria a la real esencia de la democracia, se ha deslegitimado en el ejercicio de sus funciones. Valga significar, ese intento antidemocrático tiene su ratio essendi en el falaz empeño por “resucitar” esquemas políticos comprobadamente desfasados en el tiempo y que, en todo caso, no son acordes con la esencia socio-cultural de nuestro pueblo.

La concentración del poder en un solo individuo o en un solo sector político es, evidentemente, una práctica contraria a la vigencia y perfeccionamiento de la democracia como sistema de gobierno (y forma de vida); y, por tanto, fiel reflejo de todo un empeño interesado en enaltecer el despotismo, la tiranía y el abuso en el ejercicio del poder político, en todas sus manifestaciones. El poder político concentrado, negador de la esencia de la democracia, atenta contra la autonomía de las regiones, las municipalidades, las confesiones religiosas, los gremios, los sindicatos, las universidades, la libre expresión del pensamiento y, en general, contra todo elemento o factor social que esté conforme o se solidarice con la plena vigencia y eficacia del Estado de Derecho y una sociedad libre.

Valga recordar que Bolívar condenó con vehemencia y fustigó con especial convicción patriótica el hecho de que cualquier hombre, con menosprecio de la masa, pudiera concentrar en su persona -en forma total y absoluta- el control del poder político, de ahí su recomendación ante la Asamblea Popular, en Caracas, 1814: “Huid del país donde uno solo ejerza todos los poderes: es un país de esclavos”, en claro manifiesto contra la autocracia y el despotismo; reflexión ésta que complementó en el memorable discurso ante el Congreso de Angostura al señalar que: “…nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle, y él se acostumbra a mandarlo: de donde se origina la usurpación y la tiranía”. Según esta concepción, Bolívar no fue partidario, en ningún momento, de la concentración absoluta del poder en un solo individuo, bien directamente o mediante subterfugios o manejos que respondan a sus dictados o que favorezcan los intereses sectoriales o grupales de una determinada bandería política. En otros términos, El Libertador mantuvo con firmeza una posición contraria a todo intento que diera pábulo a la tentación autocrática; claro ejemplo que deben tener en cuenta los que se dicen “seguidores” de su mensaje.

(*): Abogado-Profesor Universitario.

 

        

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