Opinión Nacional

Derechos humanos y desprestigio de Venezuela

En estos días, hemos visto en Venezuela a un gobernante ya en retirada, pero que pretende aún, con sus acciones, seguir su práctica demoledora de las instituciones, de la economía y del poco prestigio internacional que aún queda.

Aparte del tema de la nueva Ley laboral, cocinada por un camarilla en las catacumbas del gobierno, a espaldas de todos los venezolanos, el presidente de la República ha “sugerido” a sus subalternos, concretamente, a quienes serán los miembros del Consejo de Estado, órgano éste de naturaleza consultiva según la Constitución vigente, que estudie la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

No sabemos si a la que quiso referirse Chávez es a aquella,  o si, más bien, la que tenía en  mente es la Corte Interamericana, dos instancias que, como se sabe, son distintas aunque estrechamente vinculadas por los tratados sobre la materia.

En cualquier caso, contra ambas el gobierno revolucionario bolivariano ha arremetido un sin número de veces, acusándolas de ser brazos ejecutores de las órdenes del imperialismo yanqui.

Son conocidos los dictámenes de la Comisión desfavorables a Venezuela, como también las medidas cautelares y sentencias condenatorias de la Corte.

Estas conductas apegadas a derecho, a mi juicio, les han granjeado la animadversión del gobierno de Caracas, el cual las considera casi que enemigos jurados, a pesar de que se han seguido los procedimientos y se ha respetado los derechos de las partes y las normativas en cada caso.

La amenaza que profiere ahora Chávez, por tanto, es secuela lógica de las embestidas anteriores. Pero lo que la Corte representa para él lo resumen esta palabras: «!Hasta cuándo nosotros vamos a estar con esa espada de Damocles¡» 

Su visión acerca de las organizaciones internacionales ha sido siempre clara. Ellas han sido, para los que gobiernan nuestro país, una incómoda barrera que choca con su noción anacrónica de soberanía absoluta. El Tribunal Supremo de Justicia, en su atraso conceptual y sumisión perruna al poder ejecutivo, ha acompañado a éste en tal conducta impropia.

Para todo gobierno despótico, cualquier compromiso internacional que reduzca su margen de maniobra para cometer arbitrariedades a su gusto, constituye un estorbo que debe ser puesto de lado.  

Y esto lo ratificó Chávez el 30 de abril en su breve discurso, cuando, desgañitado, decía que no se aceptarían imposiciones de estos entes internacionales, como si los tratados suscritos no nos obligaran a actuar con arreglo a esos compromisos mientras estén vigentes.

La Comisión de DDHH forma parte de la estructura de la OEA. Por tanto sería improcedente renunciar a ella, a menos que nos salgamos de éste órgano hemisférico, lo cual, no dudo, es un íntimo deseo del gobierno actual venezolano; de allí su apoyo entusiasta a organizaciones como la CELAC, que él cree sea la némesis de la OEA.

La Corte, sin embargo, es un ente autónomo creado mediante tratado aparte.

La Convención Americana de los DDHH de 1969 dispone que los órganos competentes, a sus efectos, son la Comisión y la Corte Interamericanas.

La primera representa a todos los miembros que integran la OEA. Y aquí este vínculo establecido por la Convención es fundamental. Su función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos  en los pueblos de América.   

A la Corte corresponderá decidir sobre todos los casos de violaciones de los derechos humanos que sean sometidos a su consideración por los estados partes y la Comisión; y podrá tomar medidas provisionales o cautelares de urgencia, cuando sea necesario y de acuerdo con la naturaleza del caso.

La Convención o tratado que regula toda esta materia, que forma parte del sistema interamericano de protección de los DDHH, establece que un país podrá dejar de pertenecer a este mecanismo mediante denuncia.

Tendrá efecto tal denuncia a partir de 1 año de la correspondiente notificación. Por tanto, todos los compromisos de los Estados partes se mantendrán hasta  que se cumpla tal plazo.

Para cualquier venezolano, esta amenaza cuya concreción aún está por verse,  es una expresión más del talante y ejecutorias  autoritarios, así como del desprecio hacia los derechos humanos de los que gobiernan.

Además de la inconsistencia con los principios de la Constitución Nacional en vigor, con este disparate respecto del sistema hemisférico de los DDHH, el presidente perjudica aún más la imagen de nuestro país en el mundo.

Porque no sólo se acosa y expropia a la inversión nacional y extranjera, o se cuestiona la legitimidad de la institucionalidad internacional. No solo se menosprecia el principio de la seguridad jurídica para propios y extraños.

Ahora se proyecta la imagen hacia el mundo, de que se quiere, de un plumazo, suprimir las garantías de los derechos humanos, representadas por las instituciones referidas, último recurso judicial que en la hora aciaga que vivimos nos resta a los venezolanos.

No sé cuál evaluación harán al respecto los demás países de nuestra región. No sé si vean esta declaración como una bravata más de Chávez.

No sé si será el realismo pérfido del que hablaba Octavio Paz, el que de nuevo se imponga. Pero hay evidencias de que algunos parecieran no ver lo que está más claro que el agua.

Recientemente, en una Cumbre Judicial Iberoamericana sobre “Modernización confianza pública en la justicia, nuevas tecnologías y transparencia”, que tuvo lugar en Argentina, se aprobó una propuesta de la delegación venezolana, presidida por la inefable Luisa Estela Morales, para que Venezuela sea la sede de un instituto de estudios jurídicos.

¿En qué estaban pensando los delegados de esa reunión cuando le dan tal voto de confianza a una institucionalidad que en la actualidad está más desprestigiada que nunca? ¿desconocen estos señores que en Venezuela no existe autonomía del poder judicial y que el TSJ se ha prestado a los mayores desaguisados jurídicos, incluso violando los derechos humanos? ¿Que los compromisos internacionales como los asumidos en el sistema interamericano no se cumplen en nuestro país?

Tengo dudas acerca de si el gobierno concrete en definitiva la denuncia de la Convención de marras.

De lo que no tengo la menor duda es que estamos frente a unos gobernantes autoritarios e inescrupulosos que son capaces de todo. Para quienes la garantía y protección de los derechos humanos no tienen valor alguno.

Mientras tanto, estemos o no en la Convención interamericana, un hecho incontrastable es que para el gobierno, ha sido letra casi muerta.

¿Tendrá razón el joven Jaua en eso de que a los venezolanos no nos sirve de nada la Corte Interamericana?

Ciertamente, en el gobierno arbitrario de su jefe, no.

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