Opinión Nacional

¿Derechos o concesiones?

Estamos atravesando aguas muy agitadas. El proceso está decidido a transformar al país en contra de los deseos de sus habitantes.

Esperamos que se sucedan las elecciones presidenciales el próximo 3 de diciembre y las expectativas son las de un torneo plagado de triquiñuelas y trampas que harían imposible cualquier revés al candidato oficial.

Para ello, no solo ha sido imprescindible la actuación de un CNE absolutamente sesgado sino que además, cuenta con la complacencia y complicidad de todos los poderes públicos.

Dice la Constitución Nacional, aprobada por el proceso en 1999, que los ciudadanos del país tienen no solo una colección de derechos expresamente consagrados en ella, sino que además, expresa la misma constitución, que Venezuela se adhiere y respeta los derechos consagrados por instituciones y declaraciones internacionales.

También, nos parece oportuno anotar que la misma Constitución, consagró con gran novedad, lo que llamó el Poder Ciudadano, constituido por el Contralor, el Procurador, el Fiscal y el Defensor del Pueblo, cargos que están ocupados por personas que han dado la espalda a sus funciones o tienen unas funciones muy mal entendidas y forman parte del contubernio nacional.

El Poder Legislativo, que se supone tiene la función de establecer las leyes y regular las actuaciones de los otros poderes, también está presto a aprobar una colección de leyes que solo servirán para poner en flagrante desventaja a todos los ciudadanos y constituirnos a todos en potenciales reos de cualquier delito de los que se están instituyendo.

El Poder Judicial, que tiene como función primordial la interpretación de las leyes nacionales, detenta un promedio de mil puntos en sentencias favorables al régimen y desdeña cualquier solicitud de interpretación que provenga de quienes disienten.

Dadas todas estas situaciones nos es dable concluir que los ciudadanos venezolanos, lejos de contar con derechos, lo que tenemos, transitoriamente, son concesiones que nos otorga el todopoderoso.

Para nadie es secreto que después de las elecciones del 3 de diciembre, el proceso intentará una arremetida a fondo para desvirtuar y minimizar los derechos de los ciudadanos nacionales.

Le educación, que ha venido sufriendo embestidas desde que se propuso el famoso decreto 1011, está a las puertas de una intervención absoluta. ¿Y qué?
Los conductores del proceso han tergiversado la obligación del Estado en garantizar a todos los venezolanos el acceso a una educación y el derecho que tienen los padres de todos los niños de Venezuela en otorgarle a sus hijos las posibilidades de acceder a la educación que ellos, los padres, consideren adecuada.

Una vez más, tal como sucedió en 1947 ante los decretos 321 y 344 de la Junta Revolucionaria de Gobierno y hace pocos años ante el decreto 1011 de este gobierno, el pueblo venezolano tiene el reto y la necesidad de enfrentar las ansias interventoras del régimen y la obligación de defender uno de sus más caros derechos, el de educar a sus hijos.

La función del Estado es una obligación, la que tiene, de garantizarle a todos los ciudadanos el acceso a una educación adecuada y eficiente. Por cierto, en esta función, las fallas de los gobiernos han sido continuas y bien importantes.

La educación es un derecho, no una concesión.

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