Opinión Nacional

Desbarajuste jurídico y continuismo

Indefendible, la legislación revolucionaria ha sido un caos consecutivo, permanente, demencial. Desde un primer instante, Hugo Chávez se hizo aprobar una habilitación de acuerdo a la Constitución de 1961 que resultó en un rotundo fracaso, pues no solventó la emergencia social y económica que invocó. Economistas muy destacados como José Guerra y Ricardo Villasmil Bond, acertaron al considerar esta etapa (1999-2002), como la de un ajuste macroeconómico de la naturaleza y de las consecuencias que el chavismo había antes condenado. Y después, amplísimas y abusivas, vinieron las otras superhabilitaciones según la Constitución de 1999, tratando de imponer literalmente 26 decretos-leyes por 2002-03 y 49 ahora, en 2008. Pero no olvidemos la legislación ordinaria, porque siempre el gobierno central ha tenido a la mano el control de la Asamblea Nacional para aprobar toda suerte de normas, amén de los incontables créditos públicos autorizados.

La labor de siempre de los diputados oficialistas ha sido la de levantar la mano, consintiendo cualesquiera de los proyectos de leyes en los que tienen interés las cúpulas gubernamentales. Hubo una etapa en (2000-2005), en la que la presencia opositora logró denunciar y combatir muchas de las prácticas perversas del oficialismo, incluyendo la modificación constante, rápida e interesada del Reglamento Interior y de Debates. Hoy es peor la situación. La tarea que ocupa a los diputados es la de remendar las leyes que poco antes han aprobado, atropellar la técnica jurídica más elemental y criminalizar la disidencia, redondeando la pérdida de autonomía del Poder Legislativo. Recordemos que la finalmente aprobada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión se hizo con una rapidez extrema, metiendo en un artículo lo que originalmente estaba contemplado en varios, para evitar el debate. Todo el articulado es un himno abigarrado de un proyecto más grueso que ameritaba el examen pormenorizado de los diputados. O la anterior Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional que, para su segunda discusión, la comisión respectiva aprobó y mandó a la plenaria otro proyecto enviado desde el Ministerio de la Defensa (distinto al consignado por la Vicepresidencia), sancionado con la aplanadora de rigor. O la reforma al Código Penal que convirtió el cacerolazo en un delito y, por consiguiente, en un curioso objeto de estudio para los especialistas. El resto ha sido remiendo, ciega aprobación de instrumentos, piezas aprobatorias de convenios con otros país que – siendo tantos – no se cumplen, bajo el común denominador de la no participación ordenada y convincente de la ciudadanía, la que jamás puede confundirse con eso que llaman «parlamentarismo social de calle». Además, han subvertido y ¡muy mal! Las cosas, porque resulta que la víctima de un secuestro es la culpable por ¡dejarse secuestrar!, exponiéndose a la confiscación de todo el patrimonio familiar.

La última superhabilitación arroja un sinsentido, demostrativo de la incompetencia jurídica del alto gobierno, como la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, aprobada en 2005 con seis meses de vacatio legis, derogatoria de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística de 1987: a finales de ese año, se reimprime por errores materiales, con otros seis meses de vacatio, a partir de febrero de 2006; en éste mes y año se aprueba la reforma parcial de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión… para que entre en vigencia por el mes de agosto, con otra prórroga que se extenderá en septiembre; y, formalmente, la citada ley es derogada en febrero de 2007, quedando en vigencia la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Desaguisado que, de acuerdo a los datos que tuvo a bien suministrar el geógrafo Rodnie Castro, ilustra muy bien que – ¡ni concentrando todos los poderes ¡- pueden hacer algo más o menos decente, hallando cupo en los últimos decretos-.leyes.

Vale la pena detenerse en una materia que ha de llamar la atención de los legos y especialistas del país, así como del extranjero. A quienes cultivamos el derecho, obviamente nos escandaliza tamaña situación. Un desbarajuste jurídico con propósitos claramente de continuidad en el gobierno, pero delator de la incompetencia gubernamental para echarse un piso legal. Y cuando todo haya pasado, el final del socialismo del siglo XXI, tendremos que convocar a los mejores juristas de la oposición – ¡que los hay numerosos, meritorios y solventes académicamente! – para enfrentar el otro continuismo, el legal, reedificando todo el ordenamiento jurídico positivo.

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