Después del referendo

Diluida la euforia pos comicial y presentados todos los análisis posibles -creíbles unos e inverosímiles y fantasiosos otros- sobre los resultados del referendo del 15 de febrero pasado, parece conveniente acometer un examen prospectivo acerca del impacto que causaría la aprobación de la enmienda constitucional sobre la evolución política, económica y social del país. Más allá del asentimiento mayoritario a la propuesta seleccionada, lo que verdaderamente estuvo en juego fue la de contar con la posibilidad de continuar profundizando los cambios emprendidos desde 1999 inscritos en el marco de un modelo que persigue mejorar la calidad de vida del venezolano, mediante un proceso de inclusión social actuando en el ámbito de un sistema democrático participativo y protagónico, el cual se contrapone a un modelo aparentemente difuso e indeterminado pero que, a todas luces, apunta a restituir los esquemas vigentes durante los cuarenta años de ejercicio de la democracia representativa

A pesar de las manipulaciones de los medios de comunicación privados y de la mayoría de los voceros de la oposición y sus obsecuentes analistas, mas de la mitad de los venezolanos que hicimos efectivo nuestro voto, optamos por seguir avanzando en la vía de la conformación de una sociedad más justa e inclusiva, para lo cual es impostergable el despliegue de una acción gubernamental que acuda de manera eficaz al encuentro de soluciones concretas a problemas que afectan nuestra cotidianidad. El propio Presidente de la República, en el momento de celebrar el triunfo de la opción popular, señaló las prioridades de su Gobierno para el futuro inmediato: rescate de la seguridad ciudadana; enfrentamiento a la corrupción; desmonte del burocratismo; sostenimiento de los programas sociales; y contrarrestar los efectos de la crisis internacional, cuyas repercusiones se están comenzando a hacer presentes como consecuencia del desplome de los precios del petróleo.

Rigurosamente, la atención a esa serie de contratiempos requeriría de una participación activa de toda la sociedad, sobretodo, teniendo en cuenta que los mismos se originan y afectan por igual tanto al accionar del sector público como del privado. Al ser todos ellos patrimonio de la colectividad, la búsqueda de soluciones debe involucrar a todos los grupos nacionales interactuantes. Sin embargo, una eventual convocatoria en ese sentido se produciría en un escenario caracterizado por una profunda polarización producto de las evidentes contradicciones que emergen entre los modelos propugnados por cada una de las dirigencias políticas que, definitivamente, explican las actitudes asumidas frente a la posibilidad, primero, de establecer un diálogo, para luego avanzar hacia la concertación de acciones convergentes en procura del bienestar de toda la población.

Es evidente que la sociedad venezolana ha venido transitando por un sendero muy diferente al recorrido en el pasado. Incluso, en ese tráfago se han desarrollado programas y creado canales de participación social que gradualmente se han ido profundizando y consolidando como elementos esenciales del nuevo modelo de país puesto en práctica, los cuales han contribuido a ampliar el espectro de actores en la sociedad y que lógicamente, le conceden una sólida base de sustentación al proceso político en curso. Este primer elemento, nos lleva a reflexionar en torno a los eventuales participantes en ese diálogo que se propondría; mientras que en el pasado los factores de poder se agrupaban alrededor de los partidos políticos y los gremios empresariales y sindicaleros, en la actualidad participan, y activamente, diversos sectores sociales organizados bajo distintas modalidades que representan, en la práctica, la manifestación mas evidente del proceso de transformación que se desarrolla en el país. Cualquier convocatoria a un diálogo nacional, no podría ignorar esta nueva realidad.

El problema de representatividad por el lado de la oposición, no es fácil dilucidar. No se trata de reiterar el consabido conocimiento de la carencia de un líder, si no que se trata de identificar los grupos políticos y sociales que asumirían la representatividad de esta porción de la colectividad nacional, la cual pareciera unificarse solamente por el desprecio que profesan al Presidente Chávez, pero que se dispersa como consecuencia de las desmedidas ambiciones personales que priman entre sus dirigentes.

Asimismo, el trecho recorrido por nuestra sociedad se ha traducido no solo en un cambio de la agenda, sino en una radical permuta de los enfoques en los temas que conforman ese breviario. Como lo indicábamos, esos encuadres difieren conceptualmente y no pareciera tarea sencilla encontrar puntos de encuentro de manera tal que el diálogo a ser llevado a la práctica conduzca, en efecto, a la identificación de soluciones cuya ejecución comprometa a toda la sociedad. Esta contradicción se agudiza, además, por el absoluto desconocimiento y descrédito que en forma reiterada hacen público los factores de oposición frente a las autoridades legítimas y legalmente elegidas y constituidas, lo cual no es más que la muestra de la flagrante burla a la Constitución en que incurren recurrentemente.

Independientemente de la solución que pueda concederse a la representatividad, no sería esperable arribar a cualquier tipo de consenso ante el rebatimiento conceptual que caracterizaría al diálogo que, a la larga, podría resultar infructuoso y, quizás, hasta contraproducente para la profundización del proceso de cambio. La única forma que ese debate redundara en resultados positivos para el país dependería de la disposición de los grupos opositores de aceptar, por lo menos, la continuación de los programas del Gobierno central y la consolidación de los cambios socio-institucionales que se han operado en el país a lo largo de la última década. Sin embargo, los recientes acontecimientos acaecidos en las dependencias federales y municipales en que ejercen gobierno personajes de la oposición, constriñen esa posibilidad.

Salvo que medie una modificación de la actitud política de la oposición, no creemos viable el desarrollo de un diálogo nacional, razón por la cual deberemos continuar navegando en aguas turbulentas y para no zozobrar será necesario incrementar, y exponencialmente, la eficacia de la gestión gubernamental. De lo contrario, el clima de confrontación latente producto de las contradicciones presentes en la sociedad, podría conllevar la elevación de los grados de conflictividad a niveles indeseables para la estabilidad del país y, por supuesto, para garantizar la continuidad de la Revolución Bolivariana, a la cual apostamos la mayoría de los venezolanos.