Diagnóstico de los escenarios del 2010

Resulta por demás imposible ejecutar individualmente un diagnóstico total de los escenarios políticos, sociales y económicos que se manifiestan en el país a comienzo de 2010.  Es una tarea portentosa que debe ser ejecutada por un equipo multidisciplinario, y una verdadera aventura aún para una sola persona, aunque ella que dispusiese de todos los talentos requeridos; más compleja aún si se trata, como en este caso, de un simple observador, por lo que este documento, que contiene varios diagnósticos y un paquete de conclusiones preliminares, debe ser leído como un papel de trabajo, como un ayuntamiento de percepciones que tendrían que discutirse y mejorarse en una Sala Situacional Democrática. Deslindando el alcance y la profundidad, pasemos a la exposición subjetiva del diagnóstico de los escenarios.

El escenario político:

El contexto institucional nacional:

En el actual contexto institucional, en Venezuela se evidencian violaciones de todo tipo: Violaciones al derecho a la libertad de expresión, de asociación, de igualdad de géneros y de libertad económica; así como una profunda crisis provocada por la violencia desatada en nuestra sociedad y la lentitud de los organismos públicos para afrontar este problema. Ello es consecuencia de la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial pues los jueces venezolanos están al servicio del Gobierno. Son, de facto, funcionarios de libre nombramiento y remoción de éste, lo que les violenta las garantías adecuadas para juzgar con imparcialidad y justicia.

En el proceso de imposición de un régimen autocrático, este Gobierno ha derribado los esquemas que sostenían el Estado de Derecho, debilitando instituciones y a la libre empresa. Un ejemplo de ello lo observamos en la gestión desesperada de la Gobernación del Estado Táchira, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en la que solicita la inmediata intervención del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ante la instalación de un Consejo Revolucionario de Gobierno, que según anunció el jefe de esta oficina regional, Walter Márquez, han sido vulneradas las garantías constitucionales del pueblo tachirense, consagradas en sus artículos 3 y 5 de la Carta Magna que hablan sobre el derecho democrático y la soberanía popular. Se refiere Márquez a un Consejo Revolucionario de Gobierno, ordenado por Chávez desde Caracas, que dispondrá de un presupuesto inicial de 300 millones de bolívares fuertes, la suprema conducción del Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA Rafael Ramírez, y con propósitos anunciados públicamente:

 «…darle respuestas al pueblo del Táchira en materia de salud, seguridad, vialidad, educación y tratamiento comunitario», y para crear la «Constitución Socialista del Táchira y leyes socialistas«

Paralelamente solicitarán al Ministerio Público se investigue la responsabilidad de quienes están promoviendo la instalación del Consejo Federal de Gobierno.

«Esta acción no sólo viola principios constitucionales sino además el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana«.

Márquez manifestó que en los próximos días no sólo consignarán la solicitud firmada por el gobernador ante la oficina de la OEA en Caracas, sino que también enviarán el original por la vía de Internet al despacho del Secretario General en Washington, así como a las embajadas, consulados y, en especial, a los gobiernos comprometidos con la causa democrática para que ellos a su vez evalúen la posibilidad de plantearlo ante la Organización de Estados Americanos.

Además del golpe de Estado Institucional contra la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que el mundo pudo evidenciar con el nombramiento ‘a dedo’ de una Autoridad Única, seleccionada personalmente por el presidente Chávez, también en el estado Zulia se evidencia el proceso de imposición de régimen autocrático de este Gobierno. 

«Al municipio Sucre se la ha dado un golpe de Estado… Al municipio y a los 11 mil 163 electores que votaron por mí.”.

Con estas las palabras el alcalde Jorge Barboza definió la situación por la cual atraviesa la jurisdicción, luego de una controvertida decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en la que restituye en la alcaldía al burgomaestre anterior (que perdió en las elecciones pasadas con Barboza) en vez de colocar transitoriamente en la alcaldía al Presidente de la Asamblea Legislativa del municipio, como lo establece el Estatuto Municipal.  Al momento de la corrección final de este informe (jueves, 04 de marzo de 2010 – 6:45 pm) La Sala Constitucional del T.S.J. anuló la decisión de la Sala Electoral.

La Ley de Consejo Federal de Gobierno Para analistas y expertos en la materia constitucional, esta Ley, promulgada el pasado 20 de febrero es anticonstitucional, pues a consideración de respetados juristas y profesores universitarios, viola el principio de la participación y desconoce la transferencia de recursos a estados y municipios. Esta Ley de Consejo Federal de Gobierno se aprobó en la Asamblea Nacional, pero el presidente la devolvió al Poder Legislativo con una serie de observaciones que se aprobaron ‘tal cual’ fueron sugeridas por Chávez, aunque con el voto salvado de…….

El primer mandatario propuso que en el Artículo 6 se sustituyera el término “regiones federales de desarrollo” por “distritos motores de desarrollo” lo que para el diputado Juan José Molina, se esconde la intención de obligar a las gobernaciones y a las alcaldías a entregar sus competencias.

En  el Artículo 7, Chávez impuso  la creación de las condiciones idóneas para acercar el poder a la población, a través de la transferencia de competencias entre instancias medias de poder y el poder popular. Más adelante ordenó que el artículo 11 incluyera un reglamento que establezca la forma de selección de los voceros del poder popular ante el Consejo Federal de Gobierno, mientras que en el artículo 12 propone que los representantes de los alcaldes ante el Consejo Federal de Gobierno sean escogidos por ellos mismos.

Pero uno de los cambios más polémicos es el del Artículo 13, según el cual, los voceros de las organizaciones de base del Poder Popular serán designados por el Ministerio del Poder Popular con competencia en Participación Ciudadana, mientras se aprueba el reglamento para tal fin.

También se modificó el Artículo 15 para que las decisiones en el Consejo Federal de Gobierno se aprueben por mayoría simple, mientras que según el nuevo Artículo 26 la fiscalización, supervisión y control del fondo de compensación interterritorial quedan en manos del Consejo Federal de Gobierno sin excluir la labor de la Contraloría General.

El diputado Juan José Molina considera que las modificaciones implican un “veto” por parte del presidente Chávez, así como una reforma a la Ley y para la diputada Pastora Medina, con la nueva discusión de una ley que ya fue sancionada están “secuestrando” al poder popular. Una posición similar mostró Ricardo Gutiérrez, para quien el Presidente se vale de la mayoría en el Parlamento para aprobar leyes a su medida

Por considerar que crea «una nueva estructura político-territorial» no prevista en la Constitución, la organización política Alianza Bravo Pueblo demandó del Tribunal Supremo deje sin efecto la recién promulgada Ley del Consejo Federal de Gobierno.  Fue una exigencia formulada por Ángel Mendoza, como recurso contra el instrumento.

 «Es una ley que viola expresas disposiciones constitucionales para establecer un orden del Poder Nacional distinto al que establece la Constitución». Allí «…se establece que el nuevo orden para la descentralización y la transferencia de competencias son unas unidades (motores para el desarrollo) que no existen en ningún ordenamiento jurídico».

Mendoza denunció que la potestad que el instrumento le da al Presidente de la República para crear zonas de desarrollo también es inconstitucional, por cuanto la Carta Magna no lo faculta para modificar la estructura de ninguna entidad regional o local. Recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999 establece que son los Estados los que están en la obligación de transferir competencias a los Ayuntamientos y éstos a las comunidades organizadas, por lo que el Ejecutivo Nacional no puede tomar acciones de transferencia que estén contrapuestas a La Carta Magna.

Pero la cuenta pendiente del estado venezolano con sus ciudadanos violenta la institucionalidad del país y arroja un manto de dudas sobre la necesaria independencia de poderes y del derecho a una justicia pronta y efectiva. En ese sentido, la deuda de República Bolivariana de Venezuela con la justicia –ventilada por ciudadanos venezolanos en los escenarios internacionales- tiene vieja data. Los casos de El Amparo, El Caracazo, la destitución de los 4 jueces de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo por orden de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial y el del General Usón no son los únicos, pero si los más relevantes.

En El Amparo se evidenció la masacre de 14 habitantes de ciudadanos inocentes de esa población del estado Apure, en el río que hace de frontera con la república colombiana, ocurrida en octubre de 1988 durante el gobierno de Jaime Lusinchi, a manos de los integrantes del Comando Específico José Antonio Páez, C.E.J.A.P., formado por efectivos del Ejército, la Dirección de Servicios de Inteligencia Política y la Policía Técnica Judicial (hoy denominada C.I.C.P.C). Los autores del hecho se justificaron señalando que las víctimas eran guerrilleros colombianos, pero el caso fue llevado a la CIDH, la cual dictaminó a favor de los afectados y exigió al gobierno nacional llevar ante la justicia a los responsables del crimen y pagar una indemnización a los familiares de los fallecidos.

El Estado venezolano sólo cumplió con parte de la sentencia, dejando por fuera el procesamiento en el fuero civil de los responsables intelectuales y materiales de la masacre. A diferencia de otras violaciones masivas de derechos humanos ocurridas durante la «Cuarta República», como las de Yumare o Cantaura, ésta quedó relegada por el sistema judicial, constituyendo una clara discriminación en la administración de justicia para las víctimas. El caso no se cerró porque aún hasta la fecha de este informe no se han establecido responsabilidades y no hay condenados por ese acto.

En reciente audiencia privada realizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano asumió su responsabilidad y ha manifestó que «llegó el momento de hacer justicia» y la existencia de «voluntad política» para hacerlo en este caso emblemático para la historia de los derechos humanos en nuestro país. Los presuntos autores intelectuales y organizadores de la llamada operación «Anguila III» investigados son los siguientes: Humberto Antonio Camejo Arias (G/D Ejército), Enrique Vivas Quintero (Cnel. Ejército, Jefe de Operaciones del Cejap), Henry López Sisco, (Comisario Gral. Disip) y Ramón Rodríguez Chacín (Cap. Navío). Los dos últimos mencionados para el momento de la masacre no pudieron participar pues habían sufrido un accidente al estrellarse el helicóptero militar donde viajaban.

Los funcionarios identificados que presuntamente dispararon contra los 14 pescadores son: Alí Coromoto González, Ernesto Morales Gómez, Omar Antonio Pérez Hudson, Salvador Ortiz Hernández, Andrés Alberto Román Moreno (a) Mario Perolito, Maximiliano José Monsalve Planchart, Celso José Rincón Fuentes (a) Hipólito, Carlos Humberto Durán Tolosa (a) Cocoliso, José Ramón Zerpa Poveda, Luis Alberto Villamizar, Franklin Gómez Rodríguez, Omar Gregorio Márquez, Tony Richard Urbina Sojo, Gerardo Rugeles Molina, Edgar Arturo Mendoza Guanaguanay, Florencio Javier López, Alfredo José Montero, Daniel Virgilio Vitanares Gómez y Jesús Rafael Rodríguez Salazar.

El Caracazo se sucedió el 27 de febrero de 1989. En ese evento de masas, incontables inocentes ciudadanos perdieron su vida producto del caos generado por la violencia que se desató en Caracas, en la que por días imperó la anomia, la muerte y el terror. Para muchos analistas de la sociología política latinoamericana, ‘El Caracazo’ no fue una insurrección popular ante las medidas de un gobierno que apenas se iniciaba; no se trató de un movimiento espontáneo ocasionado por el aumento de los pasajes entre Guarenas y Caracas; no se trató de una masacre organizada desde el poder, con la orden expresa a los militares de disparar a matar.

La coyuntura del aumento de los pasajes y las medidas anunciadas sirvieron para que algunos interesados aprovecharan la oportunidad del descontento popular e influir en los ciudadanos las conductas y los comportamientos típicos de las masas cuando ellas explosionan y desatan una furia irracional e incontenible. La Policía Metropolitana se encontraba en rebeldía y se limitó a poner «cierto orden» en los saqueos; y así, sin una policía que pudiera controlar la situación, el ejército actuó como si estuviera ante una insurrección y en consecuencia en excesos condenables. El Gobierno recientemente elegido fue sorprendido por los hechos, y no tuvo una respuesta inmediata y satisfactoria, incurriendo en errores para garantizar el orden, pero lo más grave es que la verdad de lo acontecido nunca podrá precisarse por la ineficacia y la carencia de preparación de un sistema judicial incapaz de investigar y de sancionar, en razón de una de las taras institucionales más grave: la impunidad.

Para el jurista Alberto Arteaga Sánchez, la pretendida acusación al ex presidente Carlos Andrés Pérez y a otros funcionarios de su gobierno es extemporánea e injusta:

”…acusar a algunos ex funcionarios -con exclusión de otros- por los hechos que tuvieron lugar es una injusticia más que se añade a la tragedia del 27-F, porque después de 21 años, el tiempo se tragó las evidencias y se construyó la tesis de la rebelión popular” en la Opinión Pública nacional e internacional. El Dr. Arteaga añade:

“La acción penal por esos hechos ya prescribió y aplicar retroactivamente una norma sobre imprescriptibilidad es un disparate jurídico. No hay forma de vincular como autores a los imputados, simplemente porque ocupaban determinados cargos, ni pueden señalarse a algunos de ellos como cómplices de autores desconocidos.”

Los 4 jueces destituidos:

En el 2003 fueron destituidos 4 jueces de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo por orden de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial. Lo que sigue es una apretada sinopsis de los acontecimientos sucedidos desde entonces hasta la fecha de este informe:

El 15 de septiembre de 2000, Juan Carlos Apitz B., Perkins A. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C. se juramentaron ante la Sala Plena del TSJ como Magistrados Principales de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

A partir del mes de Agosto de 2002, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencias que fueron asumidas por el gobierno nacional, dirigido por Hugo Chávez Frías, como atentatorias contra sus planes e intereses políticos, como es le caso de las sentencias que declararon nulos los Consejos de Investigación de los militares que participaron en los sucesos de abril de 2002, violatorios de la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa (sentencias del 31 de octubre y 6 de noviembre de 2002); la que ordenó la restitución al Alcalde Metropolitano de Caracas de los bienes, instalaciones y dependencias de la Policía Metropolitana de Caracas (sentencia del 7 de enero de 2003); la que ordenó al General de División (G.N.) Luis Felipe Acosta Carlez y al INDECU la cesación inmediata de las agresiones, amenazas, y, el decomiso y requisición de camiones y productos alimenticios y bebidas comercializadas por Cervecería Polar y Pepsi Cola Venezuela C.A. (sentencia del 24 de enero de 2003); la que reconoció la inamovilidad laboral de los empleados y trabajadores petroleros adscritos al sindicato UNAPETROL (sentencia del 12 de junio de 2003); la que prohibió la participación de médicos cubanos, sin revalidación de sus títulos, y ordenó la sustitución de éstos por médicos venezolanos en el programa de asistencia médica primaria “PLAN BARRIO ADENTRO”( sentencia del 21 de agosto de 2003), entre otras.

El 30 de octubre de 2003 (Expediente N° 1052-2003) la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial ordenó la destitución por la comisión de un, supuesto, “error judicial inexcusable” (ordinal 4° artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial) a todos los miembros de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a saber: Juan Carlos Apitz B., Perkins A. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C., Evelyn Marrero Ortiz y Luisa Estela Morales Lamuño.

Ante su ilegítima destitución, pues se verificó por un órgano incompetente y se violó radicalmente sus garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa, los ciudadanos Juan Carlos Apitz B., Perkins A. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C.; demandaron la nulidad de la destitución a través de varias acciones judiciales ante varias salas del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales fueron engavetadas y, luego, decididas tardíamente en contra de los Magistrados destituidos.

Agotados todos los recursos judiciales internos en Venezuela; los magistrados destituidos Juan Carlos Apitz B., Perkins A. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C.; el 6 de abril de 2004 presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., pues su ilegal e ilegítima destitución significó una flagrante violación de derechos humanos esenciales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana”, a raíz de la indebida intromisión e interferencia del gobierno nacional en el poder judicial venezolano.

El 8 de marzo de 2005 a través del Informe N° 24/05 sobre la petición identificada con el N° 282/04, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., declara admisible la petición interpuesta, por

“…aparecer debidamente fundada la denuncia en cuanto a la destitución de los magistrados por un órganos que no sería ni competente ni imparcial, y sin que se les haya respetado las garantías del debido proceso ni dispuesto de un recurso sencillo y rápido para cuestionar tal decisión…”.

El 20 de julio de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. en sesión N° 1688, publica su Informe N° 64/06 en el cual se concluye que

“…la República Bolivariana de Venezuela es responsable por la violación de las garantías que salvaguardan la independencia e imparcialidad del poder judicial, en razón de lo cual recomiendan restablecer a los magistrados destituidos a sus cargos en el CPCA, reparar a éstos por los beneficios salariales y económicos dejados de percibir desde su remoción y, finalmente, que se adopten medidas inmediatas para lograr la aprobación del Código de Ética del Juez venezolano…” (sic).

Tales recomendaciones no fueron acatadas oportunamente por el gobierno venezolano.

El 29 de noviembre de 2006, en virtud del incumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe 64/06, arriba reseñado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. demandó al Estado Venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., por las siguientes razones:

“…violación de las garantías judiciales que salvaguardan la independencia e imparcialidad del poder judicial, violación del deber del deber de motivar y asegurar la proporcionalidad de las sentencias que profieran sanciones, violación del derecho a la protección judicial, violación del deber de adopción de disposiciones de derecho interno para superar el carácter transitorio del régimen disciplinario de los jueces…”.

Dicha demanda contra el Estado Venezolano fue finalmente admitida por la referida Corte Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. en fecha 22 de diciembre de 2006, la cual autorizó iniciar la tramitación del caso.  Según Resolución de la CIDH del 29/11/2007, el 31 de enero de 2008 a las 9:00 a.m, se celebró en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. (Costa Rica) la audiencia pública oral y definitiva sobre el caso de la destitución de los Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ciudadanos Juan Carlos Apitz B., Perkins A. Rocha Contreras y Ana María Ruggeri C. (Expediente Nº CDH-12.489/073).

Finalmente, el 5 de agosto de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia definitiva en los siguientes términos:

A) El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la presente Sentencia por concepto de daño material, inmaterial y reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia

B) El Estado debe reintegrar al Poder Judicial a los señores Juan Carlos Apitz Barbera y Perkins Rocha Contreras y a la señora Ana María Ruggeri Cova, si éstos así lo desean, en un cargo que tenga las remuneraciones, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería el día hoy si no hubieran sido destituidos.

C) El Estado debe realizar las publicaciones señaladas en el párrafo 249 de esta Sentencia; D) El Estado debe adoptar dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia las medidas necesarias para la aprobación del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos.

 
El 18 de diciembre de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sorprendentemente, deja sin efecto jurídico alguno la anterior decisión de la CIDH, mediante sentencia en la cual se declara: A) Inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008, en el que se ordenó la reincorporación en el cargo de los ex-magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., se condenó a la República Bolivariana de Venezuela al pago de cantidades de dinero y a las publicaciones referidas al sistema disciplinario de los jueces; B) Se solicita al Ejecutivo Nacional proceda a denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con el fallo antes mencionado.
 
Cinco años después  de la destitución, el 29 de enero de 2010, se realizó una audiencia privada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en San José de Costa Rica, en la que participaron el representante del Estado de Venezuela, el de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de que la Corte obtenga información por parte del Estado sobre el cumplimiento de la Sentencia y escuche las observaciones de la Comisión y del representante de las víctimas al respecto.

El General ® Francisco Usón: El 11 de diciembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer que el Gobierno venezolano había violado el principio de legalidad y el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión del general Francisco Usón, condenado a cinco años de prisión por «injuria a la Fuerza Armada Nacional», luego de declarar acerca del uso de un lanzallamas como castigo de oficiales contra soldados en un cuartel del Zulia. Después de pagar 4 de los 5 años a los que fue injustamente condenado, el General ® Usón ha sido obligado a limitar sus declaraciones, pero en el Gobierno no hay la menor señal de intención de cumplir con lo pautado por la Corte: dejar sin efecto la sentencia dictada contra Usón, pagar una indemnización de 100 mil dólares, modificar el Código de Justicia Militar y publicar las partes pertinentes de la sentencia en la Gaceta Oficial y en un diario de circulación nacional.

La quiebra del andamiaje institucional en Venezuela queda patéticamente evidenciada cuando el gobierno se apropia de fechas y tergiversa hechos y acontecimientos, aun los más recientes, como lo ha hecho con el tristemente célebre ‘Caracazo’, un evento del que, pasados 21 años, la sociedad aún no se ha repuesto y en el que hay…’más preguntas que respuestas’ según lo declarara a la prensa la Licenciada Liliana Hernández, presidenta de la ONG Cofavic.

El contexto electoral nacional:

En la oposición: Después del descalabro del referendo revocatorio de 2004 vino un período donde la abstención fue un fenómeno natural, como consecuencia de la desmotivación de un presunto fraude electrónico, fraude que fue técnicamente desmontado y desmitificado por la Asociación Civil Grupo la Colina. Luego de un año se confirmó lo que la población democrática suponía: La acción fraudulenta del Gobierno estuvo en el ventajismo que se exacerbó por la ausencia de testigos opositores en las mesas. Esa combinación y no otra cosa fue lo que provocó buena parte de los resultados adversos.

Emilio Nouel y Reinaldo Rasquin integran la coordinación de la asociación civil Grupo La Colina. Ellos sostienen que le han presentado a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) una estrategia de acción electoral con miras al evento electoral de septiembre venidero. Para Rasquin implica…”atender con prontitud algunos circuitos electorales donde ya deberíamos tener candidatos. Son circuitos vitales porque representan la diferencia entre ganar la mayoría en la Asamblea Nacional o perder. Ya sabemos por la encuesta IVAD que la oposición tiene un piso de 60 diputados. Ese es un dato importante, pero como estamos tratando de obtener más allá de los 85 diputados, para nosotros no hay tiempo.”

Nouel sostiene que la MUD no es lo suficientemente dinámica. Lo afirmó con las siguientes declaraciones a El Universal: “…es una de las críticas que le podemos formular a la MUD: su respuesta y su trabajo es un poco lento. Nosotros entendemos que poner de acuerdo a tantas organizaciones políticas es una dificultad, pero debemos avanzar con mayor celeridad para cumplir el cronograma que la misma MUD se ha establecido. Hay reglas que no podemos revertir, perderíamos en credibilidad, en consistencia, en imagen y efectividad. Nos oponemos a que se cambie de un día para otro lo que fue acordado en diciembre con mucho debate.

Un tema que se ha debatido públicamente es ‘la forma’ en que la oposición debe seleccionar a sus candidatos. Todo indica que será con una metodología múltiple, adaptada en cada caso, pero las elecciones ‘primarias’ se han convertido para algunos en el único método. Rasquin y Nouel ofrecieron una visión técnica de sus recomendaciones a la MUD:

“Ese (el método de las primarias) es uno de los métodos aprobados, pero no es el único. Las primarias es el peor método, por los costos, los traumas, y la secuela de conflictos que dejan. Yo estaría de acuerdo con que mucha gente que ha presionado, retire esta opción en algunos casos que son injustificables, pero que no quiero mencionar”. La declaración fue de Reinaldo Rasquin ante una pregunta de la periodista Elvia Gómez.

En esa misma entrevista, Rasquin le afirmó a Elvia Gómez, de El Universal, lo siguiente:

“Hay gente que no entiende que son 165 puestos y todos no van a ganarse. Si todos fuésemos guiados por la idea del sentido común político de lo que significan las elecciones del 26 de septiembre, todos lo entenderían y la MUD no tendría temor de decir dónde hay acuerdo”.  Emilio Nouel, en la misma entrevista sostuvo: “Yo también creo que no hay que ser tan exhaustivo, eso no cabe dentro de la circunstancia que vivimos. Hay que hacerle un llamado, no sólo a la MUD, sino a la sociedad civil, tienen que tener responsabilidad porque hay gente aspirando que no tiene nada qué buscar en este proceso y lo que hacen es obstaculizar los acuerdos por pretensiones fantasiosas”.

Pero no todo es unidad y mesa de trabajo en la oposición. Un ejemplo de ello es que el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, propondrá a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) nacional se reúna con su equivalente regional en el Estado Carabobo para evaluar las candidaturas al Parlamento y tratar de acordar la unidad para las elecciones a la Asamblea Nacional.

Ramos dijo que es preocupante el destino de la unidad, durante un acto por la unidad realizado en el Colegio de Abogados de Carabobo. Defendió el consenso para escoger a los candidatos a diputados y fustigó el método de primarias, calificándolas de «fetiche» y «planteamiento demagógico».

«Ojalá que no tengamos unas elecciones con una oposición dividida. Para que eso no ocurra tenemos que deponer actitudes. Ningún sector debe presentar como hecho cumplido su interés particular de aventajarse a los demás«.

Reprochó a Proyecto Venezuela los señalamientos públicos contra AD y les acusó de pretender formar un sindicato para repartirse los dos puestos que obtendría la oposición en las próximas elecciones.

En declaraciones posteriores al evento, Ramos manifestó que no se puede repetir lo que ocurrió en las elecciones de noviembre de 2008 en la Alcaldía de Valencia, donde ganó el PSUV como consecuencia de la división de la oposición. Para el momento de la redacción de este informe (marzo 1º) las discrepancias entre los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática en Carabobo se acentuaron y con ello cierran el paso a los posibles acuerdos para la selección de los candidatos que enfrentarán al chavismo en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre.

Por decisión de la Comisión Técnica Nacional de la Mesa (CTN) el lapso de postulaciones para las elecciones primarias culminará el 8 de marzo y en Carabobo este proceso está paralizado debido a la ausencia de acuerdos para la conformación de la Comisión Técnica Electoral regional que regirá la organización de los comicios previstos para el 25 de abril.

 Ante la ausencia de una convocatoria por parte de la coordinación de la MUD para la selección de los integrantes de la CTN de las primarias, el alcalde de San Diego y líder de la organización Cuentas Claras, Enzo Scarano, en nombre de otras 22 agrupaciones políticas de la Mesa, con excepción de Proyecto Venezuela y Copei, propuso los nombres de los cinco miembros principales y sus suplentes para la conformación de la instancia electoral. Esta proposición generó una airada respuesta por parte de Ely Montañés, presidente de Copei en la entidad y director de relaciones con organismos públicos de la Gobernación, quien calificó de perturbador de la MUD al alcalde y lo exhortó para que aparte intereses económicos y personales.

Sin embargo, pareciera que a contrapelo de lo que se dice, la unidad de ‘La Mesa’ está fracturada, o al menos se presenta así ante la opinión pública pues días después de las declaraciones de Ramos Allup, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, y el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, junto a los militantes del partido Primero Justicia presentaron las candidaturas a la Asamblea Nacional de Julio Borges, quien aspira a encabezar la lista del estado Miranda, y Juan Carlos Caldera, al que propone para ser el candidato del circuito 3 de Miranda.

El coordinador del partido Primero Justicia, Julio Borges, indicó:

“En Venezuela está claro que el camino a tomar para llegar a la Asamblea Nacional es la paz y la justicia y no la represión que representa el gobierno del presidente Hugo Chávez”.  

En el mismo acto de proclamación, Juan Carlos Caldera, expresó:

“Voy a la contienda en las parlamentarias para ofrecerle al pueblo de Petare una voz. Cuenten con un diputado que por la orilla va a conseguir los recursos para las policías, para las patrullas, para las motos que necesita nuestro municipio«.

Pero la fiebre de precandidaturas huérfanas (huérfanas de un proyecto de País y de una Hoja de Ruta Democrática) se extendió hacia los gremios. El presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, oficializó el 27 de febrero su lanzamiento como precandidato para las elecciones parlamentarias por el circuito Chacao, Baruta, El Hatillo y Leoncio Martínez. León Natera señaló que su candidatura recibe el apoyo del sector médico nacional y aclaró que de momento no ha recibido respaldo de las organizaciones políticas.

El médico aseguró que de ser candidato a los comicios parlamentarios trabajará para «…rescatar a la Asamblea Nacional de esta hegemonía que tiene un solo sector que recibe órdenes y las cumple«. Además, reveló que promoverá una ley de Salud en el nuevo Parlamento que salga electo tras los comicios del próximo 26 de septiembre. Ratificó el presidente de la Federación Médica que él y otros miembros del gremio se postulan ante la necesidad de sentirse representados en el Parlamento.

Otro que se ha lanzado sin concertar un ‘Proyecto País’ es Carlos Vecchio. Lo ha hecho por el circuito 2 de La Gran Caracas: Chacao Baruta, El Hatillo y Leoncio Martínez, pues considera que la oposición tiene la gran oportunidad con las parlamentarias de cambiar el destino del país, de «detener el modelo que se quiere imponer, similar al cubano, y que no da respuesta a los venezolanos«.  Afirmó, el día de su lanzamiento que desde la oposición…”estamos obligados a tener una unidad ganadora y de calidad donde están representados no solo los partido políticos, sino sindicatos y estudiantes. Una unidad que refleje más futuro que pasado.  Si no hemos logrado entender después de once años que hay que poner al país por encima de los intereses individuales, la gente no nos perdonará”. ‘Su’ propuesta -agrupada en tres grandes lineamientos- está dislocada con la de las de otros candidatos, y aunque con propósitos nobles y de consistencia democrática, no está concebida en una ‘Hoja de Ruta Democrática’ consensuada y articulada con las propuestas individuales de otros proponentes. Todo pareciera indicar que a contrapelo de lo que se afirma públicamente, los intereses políticos individuales SI están por encima del interés colectivo de los electores.

Mientras las auto postulaciones se reproducen a todo lo largo y ancho del país, las pre-candidaturas de los presos políticos -que son, en esencia, presos de conciencia- reciben un duro golpe desde el CNE y desde el Tribunal Supremo de Justicia, pues a criterio de la magistrada Luisa Estela Morales, los ciudadanos que hayan sido condenados por un juez no podrán participar en las elecciones parlamentarias de septiembre. La advertencia la formuló la presidenta del Tribunal Supremo (TSJ) al participar en el acto de apertura de las actividades judiciales en su natal estado Yaracuy; allí sostuvo:

«Cuando una persona es condenada por un delito, en sentencia definitiva (…), hay una pena accesoria y dentro de las penas accesorias se encuentra la inhabilitación política.»

Estas declaraciones aluden al contenido del artículo 65 de la Carta Magna y 24 del Código Penal, pues la primera norma reza:

«No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito».

A pesar de ello, la defensa de los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero sostiene que la afirmación de Morales abre las puertas para que los comisarios puedan aspirar a alguna de las 165 curules de la Asamblea Nacional, porque la sanción, a 30 años de cárcel que les impuso el Tribunal 4 de Juicio de Aragua, por planificar los hechos de abril de 2002, no está firme. Y como a criterio de la defensa no se han agotado todos los recursos en su contra, y aún espera respuesta de la Corte de Apelaciones a su acción contra el fallo, la postulación de los comisarios es perfectamente factible y el CNE no podría impugnarla. Y es que a la luz de la Constitución de 1999 nada impide que Leocenis García, Gustavo Azócar, Richard Blanco, Lázaro Forero, Henry Vivas, Iván Simonovis, Otto Gebauer, José Sánchez Mazuco y otras dos docenas de presos políticos más, quienes continúan detenidos sin sentencia firme, puedan postularse, aún desde sus lugares de reclusión preventiva, ante el CNE.

Y es que las opiniones de la magistrada Luisa Estela Morales, en las que aseveró que los presos políticos condenados no pueden inscribirse ni ser postulados para ser diputados de la Asamblea Nacional (A.N.), pueden considerarse una intromisión del Poder Judicial. Ese es el criterio del abogado y ex constituyentista, Dr. Hermann Escarrá quien afirmó:

«Corresponde al Poder Electoral ese pronunciamiento y no lo ha hecho. Pero además, como jueza no ha debido expresar opinión pues ahora tendrá que inhibirse o ser recusada si llega al TSJ cualquier acción al respecto»

El Dr. Escarrá agregó que la presidenta del TSJ hace una errónea interpretación de la Constitución, que en el Artículo 65 se refiere a una condena.

“Esto es, una sentencia definitiva y firme y ninguno de los presos políticos tiene sentencia definitiva y firme”.

Hizo hincapié en que el pronunciamiento de la presidenta del TSJ viola las garantías constitucionales referidas a la presunción de inocencia, al debido proceso, al derecho a la defensa y al principio de igualdad, contenidos establecidos en la Constitución, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Carta Interamericana de Derechos Humanos.

Pero mientras en la oposición se desata una epidemia de auto proclamaciones y de precandidaturas, sin un proyecto de país, sin la suscripción de una hoja de ruta democrática que garanticen a los ciudadanos una gestión legislativa que reoriente a la República hacia la democracia, desde el C.N.E. se redacta un nuevo proyecto de Reglamento Electoral, el número 6, con tan sólo 21 artículos (que en su mayoría reiteran el contenido de la Ley Orgánica de Procesos Electorales  ) y que incluye las normas de campaña para los comicios parlamentarios del 26 de septiembre. Este reglamento debería despertar las aprensiones en la oposición, no por las disposiciones que contempla, sino por las omisiones:

ü  El proyecto de Reglamento Electoral Nº6 no incluye prohibición o sanción por el uso de las aeronaves y vehículos del Estado para movilizar a los candidatos y sus simpatizantes.

ü  No incluye la prohibición ni las sanciones por el empleo de fondos públicos para financiar determinadas campañas proselitistas. 

ü  Deliberadamente omite las previsiones necesarias para evitar que los medios del Estado nieguen el acceso a los candidatos de la oposición democrática.  Tampoco reglamenta el uso de las cadenas presidenciales para favorecer a la opción del Gobierno.

ü  No está contemplado que una misión de observadores internacionales de la Unión Europea monitoree el proceso comicial del 26 de septiembre.

Desde SUMATE anunciaron la continuación de su plan nacional para la defensa del voto de cara a los comicios de septiembre. Para ello reactivarán la Red Ciudadana de Súper testigos como parte de una plataforma nacional articulada de redes de defensores del voto ciudadano, con la que las organizaciones ciudadanas desarrollarán una interacción eficaz con la red de Súmate, en el desarrollo de las redes de defensores del voto.

Simultáneamente, SUMATE se integrará a las campañas informativas sobre la importancia de la renovación de diputados para la Asamblea Nacional, la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral, y otros temas asociados a la preparación eficiente de los electores.

Desde las filas del PSUV y del Gobierno: La salida de Henri Falcón de las filas del PSUV no debe verse como un caso aislado de menor importancia. Aunque traten de ocultarlo, el efecto hacia el interior del chavismo ha sido devastador y el tema tendrá consecuencias que se irán revelando en los próximos meses.

El paso de Henri Falcón al PPT no es sólo un cambio de militancia. Se trata de un líder cuyo peso en la región se impuso a la voluntad de Hugo Chávez. Fue un hecho sin precedentes. Por encima del poder presidencial se impuso como candidato en Lara y llegó con más de 70% de los votos.

En primer lugar la ruptura ocurre en un escenario de desgaste cuando el PSUV tiene que enfrentar un proceso electoral con una carga pesada de errores que por primera vez tocan el estómago del pueblo.

La corrida afectiva -por ahora es la gente, más tarde seguirá el entorno político- responde al malestar por las fatales consecuencias de la implantación del socialismo radical. Hay un descontento evidente. Precipitado. Continuo. Y de considerable e innegables efectos en la popularidad del caudillo. Lo reflejan las encuestas. Y lo ratifica la más reciente dimisión del gobernador de Lara, Henri Falcón. La ruptura dentro del PSUV irá mucho más allá de Falcón; será entre el modelo cubano, o «socialismo real», y el socialismo democrático hacia el que se dirige el PPT, Falcón y otros sectores de la izquierda que hoy están tanto en el chavismo como en la oposición.

La salida de Falcón de las filas del PSUV pareciera ser la confirmación de una corrida de militantes de base y de cuadros medios que ocurre cuando arrecian las fallas de los servicios básicos y empeoran las condiciones generales de vida: agua, luz, huecos, basura e inseguridad. Cuando se profundiza la crisis socio-económica: desempleo, inflación y escasez. Y cuando, por ello, se dispara la decepción popular. Cuando las masas pierden la esperanza y la confianza: promesas incumplidas y deterioro de programas sociales. Cuando el soberano intensifica la protesta por los abusos de poder: aislamiento de gobernadores y alcaldes legítimos, ventajismo electoral, censura y cierre de medios de comunicación y falta de vivienda. Cuando empeoran el intervencionismo, los controles, la intolerancia y la represión. Cuando se redobla la ofensiva contra las libertades y derechos ciudadanos. Cuando se viola la propiedad privada.

Para algunos, la renuncia / descabezamiento de un vicepresidente, un gobernador y ocho ministros dimitidos o destituidos en dos meses delatan el debilitamiento del régimen; para otros analistas, estas maniobras señalan que el régimen se atornilla en el poder con los más radicales.

Pero en el ámbito de lo estrictamente electoral, pareciera que el ambiente dentro del PSUV es más tranquilo que en la oposición, pues el domingo 28 de febrero el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó el conjunto de normas que regirán sus elecciones primarias, un proceso interno que definirá los candidatos a la Asamblea Nacional contará con el apoyo técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con lo informado por Rodrigo Cabezas, miembro de la Dirección Nacional del PSUV, se definió en la reunión el cronograma de actividades previas y posteriores al proceso.

«Entre los días 4 y 10 de marzo será abierto el período de auto postulaciones para quienes deseen ser aspirantes a candidatos en los circuitos nominales del país«. 

Agregó el diputado Cabezas que esperan la participación de toda la militancia y prevén para el 27 de mayo próximo tener definidos los 164 candidatos.

La popularidad de Chávez como variable interviniente: En el contexto electoral nacional hemos observado que la popularidad del presidente ha funcionado como una variable cuasi independiente que afecta de manera importante las gestiones proselitistas y los resultados electorales obtenidos por sus seguidores.  La popularidad del presidente es una variable que tiene un peso enorme en la vida social, política y económica del país porque su objetivo principal es consolidar la revolución y el vehículo para lograrlo es que Chávez permanezca en el poder, ya que de acuerdo al modelo de autocracia narcisista impuesto, no hay revolución posible sin Chávez en el poder, y no existe el chavismo sin Chávez. Por ello Chávez busca mantenerse en el poder y utiliza como vehículo la
 consolidación de la revolución.  

 La variable popularidad es vital para Chávez porque él no se considera un Presidente, sino un candidato permanente, aguerrido y callejero, que todos los años está comenzando un mandato. En 1998 comenzó el ascenso vegetativo que se manifiesta en la opinión pública durante sus primeros cien días de gobierno. Sin embargo, ahí comenzaría su desgaste natural, porque sus promesas no se convertían en realidad, o no lo hacían en la misma velocidad de las demandas de la población. Por eso la Constituyente tuvo que convocarla al año siguiente, pues con ella el pueblo le daría un cheque en blanco y prolongaría la luna de miel. Es a partir de ese año, y hasta el 2003 que Chávez experimenta la caída más abrupta de su popularidad.

Los reportes consolidados de las más importantes empresas que auditan la opinión pública reflejan que durante el año 2003 la popularidad del Presidente Chávez bajó hasta un 30%. A partir de allí comenzó a subir, sustentado con las misiones y la disponibilidad de ingentes cantidades de ‘dinero fácil’ proveniente del petróleo, un proceso de incremento en su popularidad que llega hasta el 2006 cuando alcanza el tope del 70% y desde entonces comienza un lento declive que se magnifica en el 2007, con el cierre de Radio Caracas T.V., y de allí en adelante se dibuja en la opinión pública una tendencia sostenida de descenso, hasta ubicar su popularidad en un 46% a comienzos del 2010.

Pero la popularidad, en concordancia con las afirmaciones de un experto (Luis Vicente León, presidente de Datanálisis)

“…es un factor que contiene muchas variables de signos antagónicos que se equilibran entre sí y que producen un resultado. Las variables negativas más comunes son: desgaste (de la oferta política), demanda social creciente (e insatisfecha por la gestión del mandante), incapacidad de gestión (que es una resultante del desgaste + el incumplimiento), los estudiantes (como un actor político ‘limpio’ y creíble ante la O-P-), la inseguridad, el desempleo, la inflación,”

Todas estas son variables negativas a las cuales sumo la escasez de agua por deficiencias en la gestión administrativa y operativa, y el racionamiento eléctrico nacional.

Es evidente que los ciudadanos desaprueban mayoritariamente la gestión política y administrativa de Chávez pero el Presidente tiene a su favor unos cuantos –y significativos- factores que contrarrestan esas variables negativas, como la misión Barrio Adentro, no porque sea eficiente, sino por la sensación ‘efectista’ que produce en los sectores populares (tradicionalmente excluidos de los servicios primarios de salud) tener un módulo, con un médico las 24 horas del día, a unas pocas cuadras del rancho.   Otros factores son la capacidad de gasto indiscriminado y sin fiscalización, la conexión con las clases populares, que evidencia a través de un lenguaje innecesariamente procaz y/o con decisiones públicas ‘efectistas’, como despedir a un alto funcionario frente a las cámaras de TV, durante uno de sus ‘Aló Presidente, le han permitido establecer, aunque cada vez más precario e inseguro, un balance positivo.

Es imperativo mencionar que la popularidad de Chávez es esencialmente mediática, pues la penetración que tiene se fundamenta en ese 51% de la población que no vive en las grandes ciudades, a las que ‘alcanza’ gracias a que los medios de comunicación del Estado están en función de la promoción del Presidente y de su mensaje.

La crisis eléctrica, el racionamiento del agua, las medidas económicas, las decisiones en contra de la propiedad privada y el intento por conducir al país hacia un sistema marxista comienza a afectar la confianza de los venezolanos en el presidente Hugo Chávez. Según el estudio sobre gestión de Gobierno, coyuntura política y expectativa electoral realizado en diciembre de 2009 por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), al menos 5 de cada 10 venezolanos manifiestan tener «poca o ninguna confianza» en el jefe de Estado, mientras 6 de cada 10 desaprueban el comportamiento del jefe de Estado ante los problemas que atraviesa el país.

Según el IVAD, 39,8% de los ciudadanos considera que el «mayor responsable del problema de electricidad en el país es el Gobierno nacional y el presidente Chávez». En el caso de la escasez de agua, 35% de los ciudadanos identifican al fenómeno de «El Niño» como el mayor responsable, mientras 29,4% identifica «al Gobierno nacional y al presidente Hugo Chávez».

 La explicación sobre el impacto positivo de las medidas económicas sigue sin convencer a la mayoría de los venezolanos: 34,2% estima que mejorarán la situación del país y 57,6% que la empeorarán. Incluso, 55,5% llega a pensar que las medidas sólo responden a una estrategia electoral. Los anuncios de expropiación de fincas, supermercados, edificios, etc., son percibidos por 69,9% de los ciudadanos como una amenaza a la propiedad privada. Según el estudio del IVAD citado, 70,1% prefiere a la propiedad privada como modelo económico y sólo 26,1% apoya el modelo de propiedad social y comunal propuesto por Hugo Chávez.

El debate del sistema de gobierno tampoco favorece a Chávez en este comienzo del 2010. Mientras 34,2% de los venezolanos apoya al «socialismo del siglo XXI», 49,5% se inclina por la «democracia social» propuesta por la oposición. La propuesta marxista también sale derrotada: 78,7% está en desacuerdo con que Chávez imponga en el país un sistema comunista.  La crítica al jefe de Estado tiene un impacto directo sobre la autodefinición política: 28,9% se declara «chavista», 41,2% como «no chavista» y 23,1% prefiere no identificarse con ninguno de los dos bandos.

El incremento del segmento de «no chavista» tiene un impacto leve en la militancia partidista de oposición. 29,2% se declara como militante o simpatizante del PSUV, 6,8% de UNT, 6,4% de Primero Justicia, 6,3% de AD, 3,4% de Proyecto Venezuela. En este renglón, los independientes son mayoría: 39,8% no se identifica con ningún partido; lo que se traduce en que 28,2% preferiría votar el 26 de septiembre por candidatos de los partidos del chavismo, 28,7% por candidatos respaldados por organizaciones de oposición y 29,1% por candidatos independientes.

A pesar de las críticas la mitad de la población aprueba la labor de la oposición por el país y cree que sí tiene un proyecto de país.

Incluso, 7 de cada 10 ciudadanos rechazan la afirmación de Chávez sobre la violencia que se desatará si la oposición gana la mayoría de la próxima Asamblea Nacional. En este sentido 8 de cada 10 ciudadanos consideran que es necesario que exista un diálogo entre Gobierno y oposición para llegar a acuerdos acerca de los problemas del país.

El escenario económico:

Todos los indicadores señalan que el modelo económico que se instaura con la revolución bolivariana de Chávez ha colocado al país en una profunda crisis económica, además de la debacle social y política que se analizan más adelante. Durante el año 2009 esa crisis económica se exteriorizó hacia la opinión pública con una recesión económica que se evidenció con la caída de 2,9 por ciento del producto interno bruto, una crisis que inevitablemente se profundizará en 2010, de acuerdo a los expertos en la materia y por los siguientes signos: erosión de la producción petrolera, una inflación alta y persistente  y una mayor dependencia de los precios del petróleo, situaciones estructurales que se unen a un creciente desempleo, al colapso de las empresas en manos del Estado, con especial énfasis en las que están en Guayana, a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios; al cierre de más de 40 por ciento de las empresas manufactureras privadas que existían para 1998, y a la pérdida de los espacios ciudadanos asociados a la libertad de expresión y de opinión, sólo posible cuando se produce en las sociedades la desaparición forzada de las instituciones democráticas fundamentales.

El presupuesto nacional como herramienta política: El presupuesto en Venezuela no es un instrumento de planificación ni hay indicadores que comprueben que el gasto es eficiente, tampoco está enfocado en superar los retos del país y mejorar la calidad de vida de los venezolanos», concluyó el foro Presupuesto 2010 ¿planificación o trámite?, realizado por Transparencia Venezuela, en el cual advirtieron:

«Hay una imposibilidad de auditar al Estado por la inexistencia de fuentes, acompañado de la atomización del presupuesto en los distintos órganos gubernamentales, lo que hace aún más difícil su evaluación”.

Para los foristas, la crisis presupuestaria anunciada para 2010 se debe, más que a la subestimación del precio del petróleo y el incremento en las importaciones, a la inoperante repartición de los recursos del Estado a los diferentes sectores económicos. Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, reveló que…

 «…gran parte del presupuesto de las milicias proviene de instituciones públicas como la Procuraduría y Pdvsa«.

Por su parte Marino González, profesor de la USB, y Silvia Salvato, economista y profesora del IESA, resaltaron que el presupuesto del año 2010 para la atención médica de la ciudadanía de escasos recursos económicos, tuvo una reducción de 43% con respecto al 2009, y los fondos de las regiones se han visto afectados por la centralización del sector. Pero fue Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia quien cuestionó, numeritos en mano, el afán del presidente Hugo Chávez de continuar por el camino marxista, donde se habla de una supuesta propiedad social que al final se traduce «en un gobierno dueño de todo y el pueblo dueño de nada». En rueda de prensa ofrecida a los medios el 28 de febrero afirmó que…

“el Presidente, con los reales de los venezolanos se está convirtiendo en un gran oligarca que se apropia de empresas que no producen nada y que al mismo tiempo significan la destrucción del empleo».

En una rueda de prensa convocada por el partido Primero Justicia en Caracas, Julio Borges –vocero del partido-  explicó que con los casi 23 mil millones de dólares dilapidados en expropiaciones y estatizaciones se hubieran podido construir 750.000 viviendas en el país, pero que esa gran masa de dólares, equivalentes a 30 millones de bolívares fuertes por cada familia venezolana, se gastó ineficientemente en el secuestro írrito de empresas privadas, predios rurales y centros comerciales que antes, en las manos de sus antiguos dueños, eran productivas, generaban trabajo y prosperidad a la Nación, pero que ahora son improductivas y arrojan incalculables pérdidas al patrimonio nacional y a la economía del país.

A la crítica situación económica que atraviesa el país se agrega el vertiginoso deterioro de los servicios públicos imprescindibles, como la electricidad que es una falla operativa y administrativa del sistema eléctrico nacional; la ausencia de gas industrial para los sectores público y privado, como consecuencia del abandono de PDVSA de sus obligaciones fundamentales, como el mantenimiento del plantel de pozos en producción, la necesaria exploración de nuevos campos en continente y costa afuera, del abandono a la producción de los subproductos que requiere el país, y a la improductiva asignación internacional de antiguos y nuevos campos petrolíferos. Al grave escenario económico y energético se suma la decadencia de la salud social, la inseguridad ciudadana desbordada y asociada al crimen organizado y al narcotráfico, y todo lo anterior combinado con notorias arbitrariedades políticas y económicas, que son el resultado natural de la inexistente independencia de los poderes públicos.

La corrupción y el fraude, sostenidos por la anuencia política del actual régimen durante la última década, se han evidenciado con la quiebra y posterior intervención de un grupo de bancos y otras instituciones financieras vinculados a altos funcionarios del régimen. Pero ha sido la híper devaluación del bolívar, decretada el viernes 8 de enero de 2010, junto con las recientes sustracciones de divisas de las reservas internacionales (aproximadamente US$ 7.000 millones) las medidas que agravan aún más el disminuido poder adquisitivo del bolívar y condenan al fracaso más estrepitoso al modelo económico que se instaura con la revolución bolivariana de Chávez.

 

Una crisis de largo aliento: De largo aliento hacia el futuro y de vieja data porque se trata de una dificultad que no es transitoria ni coyuntural; tampoco será salvable con la magia de un alza de los precios del petróleo. Es, a no dudar, la más grande de las crisis económicas que ha vivido la Nación en sus 200 años de republicanismo, porque la capacidad productiva del país, petrolera y no petrolera, pública y privada, está seriamente afectada y el Estado gravemente desacreditado por la ineficiencia de su gestión a lo largo de estos 10 años y el incremento de la corrupción, que ha alcanzado niveles y montos jamás imaginados, todo ello en un contexto de problemas sociales que se agudizan por la incapacidad gubernamental y se vuelven crónicos y fatalmente insuperables.

La reconstrucción socioeconómica del país clama por un proyecto distinto, coherente y de cara a las realidades internas y externas que vive Venezuela. Pero en este diagnóstico no se observan señales que indiquen que el gobierno nacional esté dispuesto a asumir la responsabilidad de sus errores y transitar la necesaria senda de las correcciones macroeconómicas. Estamos ante una gran irresponsabilidad política y moral que viven y padecen en carne propia millones de venezolanos, quienes sufren estoicamente por los errores de un gobierno que insiste, tozudamente, en conducir al país por el tortuoso camino del socialismo rentista, una ruta asumida por equivocadas convicciones políticas, comprobadamente erróneas y fuera del contexto globalizado del presente.

 

Para que se puedan enderezar los entuertos económicos a los que ha subsumido al país el actual gobierno, se requiere de dos variables indispensables; De tiempo y de una verdadera institucionalidad democrática; institucionalidad que se evidenciará cuando los poderes públicos sean totalmente independientes unos de otros, y genuinamente orientados hacia el interés nacional. Hablamos de un esfuerzo compartido y suficientemente debatido en un escenario social que propicie el surgimiento de ideas novedosas, capaces de rectificar el rumbo económico, principalmente del componente petrolero, y de reabrir espacios para la participación de la actividad privada en la reconstrucción del epitelio económico del país, condiciones indispensable para alcanzar las elevadas cotas de desarrollo, bienestar y justicia social que exige la Nación.

El escenario social:

Crisis coyunturales del escenario social: La electricidad.

La imprevisión y la falta de planificación es una de las mejores pruebas del despilfarro. La cultura del inmediatismo lleva a un gasto mayor de tiempo y recursos. Dentro de la lógica del despilfarro se habla de ahorro cuando se está con el agua al cuello en situaciones límites. La mejor forma de no asumir ninguna responsabilidad es buscar un chivo expiatorio. La crisis eléctrica es culpa del Niño, de los malos gobernantes de antes; el derroche de empresarios, comerciantes y ricos que consumen todo y no dejan nada a los pobres.

Mientras la crisis del servicio eléctrico nacional corroe la popularidad del presidente, desde la gerencia pública sólo se atina a implementar medidas urgentes en las que el pueblo es quien debe ‘pagar los platos rotos. Medidas que carecen de estudios serios, sin pedir opinión plural y calificada, sin información suficiente, sin licitación, sin contraloría. No hay ahorro sino precipitación. Se tiene vocación de apagafuegos, no de sembrador paciente de proyectos. Hay petrodólares para gastar sin cortapisas de ningún género porque la división de poderes es obsoleta.

Someter a los venezolanos al racionamiento eléctrico, a que sean los ciudadanos y las empresas privadas quienes ahorren lo que el gobierno despilfarra suena a imposición; disminuye la productividad y el trabajo, reduce la calidad de vida, y nos deja en la bruma y oscuridad de luz y de futuro cierto, porque la obligación de cualquier autoridad pública es la de planificar eficientemente para el bien colectivo.

Y es que desde las insondables filas del Gobierno se desconoce que la eficiencia en el uso de la energía ha sido una de las áreas de mayor estudio y análisis que se pudieran referir en materia científico-tecnológica durante el desarrollo de la Ingeniería moderna, al ser quizás el tema predominante en la Física, una de las ciencias madre de la actividad ingenieril. Por ello se hace cada vez más urgente hurgar en el inventario de estos saberes, para encontrar la manera de confeccionar equipos, vehículos, maquinarias, estructuras y compuestos que permitan un mayor trabajo con menos gasto energético.

En la actual crisis energética mundial y en particular en la venezolana, ese conocimiento además de necesario es oportuno. El país puede hacer uso del mayor recurso que tiene para superar la crisis y es su recurso humano calificado al mayor nivel de la América Latina y la conciencia de su población, una de las más nobles y eficaces cuando se trata de ejecutar planes relacionados con su bienestar. Paralelamente a la recuperación de las plantas termoeléctricas y el desarrollo progresivo de las energías alternativas para sustituir la proveniente de los combustibles fósiles, existen dos estrategias energéticas que se encuentran en manos del público consumidor. Son ellas el reciclaje y, más al alcance de la acción directa a muy corto plazo, la reducción en el consumo de la energía.

Cabe recordar que el deterioro de los servicios eléctricos empezó a aparecer en los sondeos de opinión a partir del segundo semestre de 2009.  Según Luis Vicente León, director de Datanálisis, un «81 % de la población se sienten insatisfechos con la gestión del gobierno para resolver el problema eléctrico«. Desde el segundo semestre de 2009, el tema se ha convertido en un asunto político, pero muy probablemente, la ‘conversión política’ de un problema eminentemente gerencial/técnico es un paso provocado por el Gobierno, porque cuando se construye la matriz de que el país va rumbo a un colapso, cualquier acción de gobierno que logre transitar la crisis sin que se le escape de las manos y que, por consiguiente, la mitigue a tal punto que no evite el colapso eléctrico, puede terminar posicionando a Chávez como un héroe (aseveración de LVL) Aunque contrariamente, si se manifiesta un colapso, el costo político sería irrecuperable para el gobierno de Chávez.

Crisis coyunturales del escenario social: La educación.

La formación del educando se sustenta en los valores adquiridos en el hogar. Así, la atención a sus estudios, la lectura y razonamiento diario, la comunicación efectiva y valorativa hacia la comprensión de su entorno, la valoración de su personalidad y la satisfacción de sus necesidades básicas se consolidan en la escuela y se promueve la expresión esos valores ‘fundacionales’ y a compartir experiencias de conocimientos para la construcción de sus vidas.  Esta y no otra es la misión de un sistema educativo.

La comunidad educativa es una familia donde se comparten esfuerzos hacia la construcción de vida y afecto de los ciudadanos. Allí, en la mancomunidad hogar-escuela se visualiza un mundo de valores, de conocimientos, de construcción de un sistema social, de identidad del venezolano en formación que nos representará en el mañana para administrar nuestros recursos y una filosofía de vida fundamentada en el amor, la comprensión, la orientación, la valoración, la comunicación efectiva, la afectividad y lo más importante: Una visión de futuro compartido. ¿Esto se cumple actualmente?

Marino González, profesor de la USB, y Silvia Salvato, economista y profesora del IESA, resaltaron que casi 80% de la población no tiene un seguro que le garantice una atención médica de calidad.

En el sector educativo no se aprecia inversión en infraestructura para el año 2010 y del 14% que se designó, dos terceras partes de ese monto se destinan exclusivamente a los gastos del personal docente.

Paralelamente, la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, expuso en un derecho de palabra ante la Asamblea Legislativa del Estado Zulia la inclusión de los maestros en la Reserva Bolivariana. Desde el mes de enero está circulando en los planteles educativos una planilla emitida por el Ministerio de Educación donde se le solicita al profesional que se inscriba en las filas de la Reserva Bolivariana.

Crisis coyunturales del escenario social: La seguridad ciudadana.

Todos los expertos coinciden que el problema de la inseguridad ciudadana es multifactorial. El ex juez Jesús Ollarves define el escenario de la impunidad de la manera siguiente:

«La impunidad hoy por hoy tiene que ser entendida como una política de Estado, así está concebida, diseñada y matizada. Este es un gobierno militarista, autocrático, corrupto, ineficaz, populista, centralista y expansionista y esas siete características propenden a la falta de castigo y a la impunidad en materia de derechos humanos«. … «Por medio de la violencia, la coerción y las medidas de seguridad es como el Estado puede satisfacer el contenido de un código punitivo, el Código Penal. Si usted no está de acuerdo con la moral socialista, no le van a aplicar una sanción sino una medida de seguridad«,

La aseveración del ex juez Ollarves está más que justificada: Fue él quien siendo juez resolvió darle libertad plena al general Carlos Alfonzo Martínez y en consecuencia fue investigado por la Inspectoría de Tribunales.

En relación con el papel de las policías municipales y su rol en la prevención de los delitos, el criminólogo Javier Gorriño afirma que el intento de centralizar la función policial no es nuevo, y aunque en las Cartas Magnas del 61 y del 99 se les otorgue a gobernadores y alcaldes la competencia de gerenciar un cuerpo de seguridad, tanto en 1974 como en 1987 y hasta en la Constitución vigente desde el 99, han existido proyectos para la creación de la Policía Nacional, como el propuesto por la extinta Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre).

Otras voces se han alzado para reclamar derechos ciudadanos conculcados por el gobierno central, relacionados directamente con la seguridad ciudadana. Es el caso de Carlos Nieto, vocero de Una Ventana por la Libertad, Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Úslar Pietri y el mismísimo alcalde metropolitano, Antonio Ledezma. Ellos han sido enfáticos en señalar los peligros involucrados en la centralización y la militarización de las policías regionales:

Carlos Nieto, vocero de Una Ventana por la Libertad, llamó la atención a los gobernadores por no emplazar al Ejecutivo nacional a entregarles la administración de los recintos penitenciarios. A su juicio, la descentralización contribuiría a disminuir la violencia inter carcelaria, que en 2009 cobró la vida de 366 reclusos.

 Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Úslar Pietri, trajo a colación el «fenómeno de Medellín», ciudad colombiana que, por medio de la descentralización y una política municipal que intervino escuelas y bibliotecas logró reducir la violencia.

«El sistema educativo venezolano está expulsando a los muchachos a la calle, se los está entregando a la delincuencia», comparó.

El alcalde metropolitano, Antonio Ledezma recriminó que se «pretenda implementar una suerte de cooperativismo federal» En el foro sobre Seguridad y Descentralización el alcalde metropolitano hizo un llamado a Chávez:

(La descentralización)… “ya no es un problema de Ledezma, de Pérez Vivas o Pablo Pérez. El propio gobernador de Lara, Henri Falcón, que votó por usted, que lo apoyó, no tuvo más remedio que decirle ¡ya basta! Déjenos trabajar«.

Crisis coyunturales del escenario social: La vivienda.

Las políticas de vivienda, que más bien son acciones dispersas e improvisadas, están en franco retroceso porque en lugar de responder con soluciones dignas y erradicar los ranchos está consolidando la ranchificación del país. No existe la unión de esfuerzos ministeriales, municipales, comunales a las propuestas de expertos para acabar con los ranchos, sino que ocurre todo lo contrario: Las políticas socialistas del gobierno (que condenan a los ciudadanos a ‘emparejarse’ por lo bajo) mantienen sometidos a la ranchificación a esos sectores, presumiendo la incondicionalidad de sus habitantes para sus intereses, no importa el alto costo que paguen, aunque estén expuestos al hampa, a la carencia de servicios, y al sacrificado acceso a sus hogares.

Los primeros 60 «campamentos revolucionarios de la construcción», constituyen el último parapeto de una errática política de vivienda, en la que se distribuyen insumos para la construcción producidos por las empresas intervenidas, empresas que más pronto que tarde colapsarán y se integrarán al nutrido cementerio de empresas expropiadas. Con estas políticas se fortalece la cultura del rancho, pero lo verdaderamente trascendente es que se monta una nueva armazón para sustituir a contratistas tradicionales, a profesionales y obreros de la construcción, y a empresas privadas en la producción de viviendas, por una ‘auto-gestión’ sin planificación ni mucho menos control de gestión.

Crisis coyunturales del escenario social: Los Derechos Humanos.

El anuncio hecho por el presidente Hugo Chávez de desincorporar a Venezuela del sistema interamericano de Derechos Humanos, lo desprestigia ante el mundo y aumenta las dudas sobre el compromiso que tiene el Gobierno de mejorar los derechos humanos, esta posición de ahora, es otro obstáculo para el ingreso de Venezuela al Mercosur.

Veinticuatro horas después de que el presidente Hugo Chávez anunciara que estudia sacar a Venezuela de la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estela Morales, recordó que el máximo juzgado ya realizó esa petición al Gobierno en diciembre de 2008.

En el acto de apertura de las actividades judiciales en Maracaibo (Zulia), la funcionaria calificó de «hito» el fallo 1.939 de la Sala Constitucional, en el cual desconoció la orden de la Corte Interamericana de reincorporar a tres abogados destituidos de sus cargos como magistrados en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

«Nosotros exhortamos al Ejecutivo Nacional, que es quien tiene la competencia y la rectoría de las relaciones internacionales, para que denunciara el Tratado porque no obedecía a los legítimos intereses de Venezuela»

A finales del año 2009, la Dra. Morales propuso a los mandatarios de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) crear un nuevo tribunal de derechos humanos.

Como una demostración más del «creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país«, así calificó el Foro por la Vida esas declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz contra el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic). Desde comienzos del 2010, la jefa del Ministerio Público ha acusado a la agrupación de no suministrarle a su despacho toda la información que posee sobre los hechos del 27 de febrero, actitud que, según la funcionaria, está impidiendo avanzar en las investigaciones para hallar a los responsables de los abusos cometidos dos décadas atrás.

«Dichas opiniones crean en la opinión pública la idea de que Cofavic obstruye o no colabora con las investigaciones, y pudiesen generar en algunos sectores de la población manifestaciones de hostilidad hacia la labor que cumple esta importante organización defensora de los derechos humanos en Venezuela», alertó el Foro, en un comunicado de prensa.

El escenario político internacional:

Las alianzas peligrosas de Chávez:

Desde su asunción a la Primera magistratura de Venezuela, Hugo Chávez se ha esforzado en relacionarse con gobiernos que están o han sido condenados internacionalmente como propiciadores del terrorismo internacional.   Aún circulan por Internet las fotos de Chávez manejándole la limusina a Saddam Hussein, así como la oprobiosa carta que le escribiera a Ilich Ramírez Sánchez, ‘El Chacal’, a días de ser investido como Presidente de la República. Se trata de alianzas peligrosas que hace diez años se interpretaron como la necesidad de figuración internacional de un ‘enfant terrible’ de la política suramericana, pero que con el devenir de los años, la elevación astronómica de los precios petroleros y la radicalización de un proyecto socialista, transformaron a Chávez en un elemento perturbador de la armonía regional, incluso para el mundo occidental.

Chávez se convirtió en un sujeto díscolo, peligroso y altisonante. Sus alianzas con el régimen fundamentalista de la República islámica del Irán, el respaldo que le ha ofrecido -y otorgado- a las FARC colombianas, el respaldo que le ha Robert Mugabe, Jefe de Gobierno de Zimbabwe desde 1980, un gobierno personalista y conculcador de los Derechos Humanos, a quien la comunidad internacional señala, entre otras cosas, de no atender eficientemente la epidemia de cólera en su país, en la que fallecieron 1.111 personas, según un informe de Naciones Unidas. Junto a sus alianzas con personajes políticos de la talla de Mugabe, la comunidad internacional se sorprendió con sus opiniones ensalzadoras hacia Idi Amín Dada (El carnicero de Uganda) opiniones que lo reubicaron en un nuevo contexto y alertaron al mundo sobre su peligrosidad.   

Pero Chávez pretende desconocer esa definición de ‘terrorismo’ que se maneja en los foros internacionales, y a los que SI tendrá  que rendir cuenta algún día, no al Gobierno de España (particularmente l Juez Velasco, que le señala) sino al mundo entero, con especial énfasis a los 26 millones de ciudadanos venezolanos.  Y es que en todos los tratados, convenciones y convenios internacionales celebrados desde 1937, el terrorismo se define como la promoción, el respaldo y el uso indiscriminado de la violencia con fines políticos, sin distinguir entre víctimas civiles y militares, para provocar una situación caótica, que a su vez produzca un efecto mediático, y con ello la promoción internacional de una ideología, de un régimen o de un caudillo.

Aunque el terrorismo no fue incluido entre los tipos de delito catalogados por la Corte Penal Internacional en el Tratado de Roma de 1998 porque no se llegó a un consenso sobre su definición, todos los gobiernos lo consideran un grave crimen contra la humanidad. Desde la Convención sobre Prevención y Castigo del Terrorismo de 1937 fue considerado como crimen de lesa humanitae y desde entonces está contemplado en los Convenios de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario (1949) y los dos protocolos subsiguientes de 1967.  Estos documentos, junto con los de la ONU, la OEA y la Unión Europea son los que obligan tanto a España como a Venezuela a esclarecer el presunto vínculo de ETA con las FARC, y la promoción de tal asociación con el respaldo y la connivencia del Estado venezolano.

Olvida -o pretende olvidar- Chávez que cualquiera de las fases del terrorismo es considerado delito internacional no prescribible, pues como todo delito, el terrorismo se manifiesta en sus tres elementos: Las víctimas inocentes, la posesión ilegal de armas de guerra y la intención de cometer un crimen. Tanto ETA como las FARC son organizaciones catalogadas internacionalmente como terroristas, pues han causado numerosas víctimas las cuales han sufrido la privación del más importante derecho humano: el derecho a la vida.

ETA y las FARC: Fue a comienzos de 2010, cuando un juez español lanzó una peligrosísima acusación en contra del Gobierno venezolano. Se le incrimina por amparar y cohonestar la relación entre el grupo separatista vasco ETA y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y añadió el juez que lleva la causa en, Velasco, que las dos organizaciones colaboraron para atentar contra el presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su predecesor en Madrid.

En un auto judicial de 26 páginas, el magistrado Eloy Velasco procesó a seis activistas de ETA, la mayoría exiliados en Cuba y Venezuela, y a siete de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por distintos delitos de integración terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer homicidios, informó AP.

«Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA», afirmó Velasco, quien culmina así una investigación iniciada en 2008.

El juez relata que en 2007 dos activistas de ETA impartieron un curso sobre manejo de explosivos a varios miembros de las FARC en algún punto de Venezuela, al que accedieron –según consta en las declaraciones de los acusados- con escolta de la inteligencia militar venezolana.  Uno de los organizadores del entrenamiento fue el Arturo Cubillas Fontán, presunto etarra señalado en ese auto judicial como la persona clave en la cooperación ETA-FARC. Según el juez, Cubillas Fontán reside en Venezuela, donde en 2005 fue nombrado por Chávez director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura. Su esposa, Goizeber Odriozola Lataillade llegó a ser directora general del gabinete de la Presidencia venezolana.

El juez aseguró que mientras los activistas etarras se entrenaban en campos de las FARC, miembros de la guerrilla colombiana se desplazaron a España para planear atentados, presuntamente contra la vida del presidente Uribe y la de su antecesor, Andrés Pastrana.  El juez Velasco aseguró que el guerrillero de las FARC Víctor Ramón Vargas Salazar, alias «Chato», viajó a España en 2000 para vigilar los movimientos en torno a la Embajada de Colombia en Madrid. Vargas Salazar informó, según el magistrado, que asesinar a Pastrana y atacar la sede consular «no sería difícil» con la ayuda de ETA. 

Uno de los tres presuntos miembros de ETA detenidos en Francia es José Lorenzo Ayestarán, quien vivía en Venezuela desde 1984 tras ser expulsado de Francia, y estuvo a escasos meses de obtener legalmente la nacionalidad venezolana. El etarra fue detenido en la región de Normandía (norte de Francia) junto con el actual presunto jefe militar de ETA, Ibon Gogeascoechea, de 54 años, y Beinat Aguinagalde, de 26. Aguinagalde es el presunto autor de dos asesinatos recientemente reivindicados por ETA: El de Isaías Carrasco, ex concejal socialista asesinado días antes de las elecciones legislativas españolas de marzo de 2008, y el de Ignacio Uría Mendizábal, empresario vasco asesinado en diciembre de 2008. Para el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, Aguinagalde y Ayestarán «formaban parte de un comando» listo para entrar en España y realizar un secuestro.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que ha pedido explicaciones a Venezuela para aclarar esta posible connivencia con la alianza entre dos grupos que Europa cataloga como terroristas

 «El Ministerio de Exteriores ha hecho la oportuna gestión para que Venezuela dé una explicación»,… y «En función de las manifestaciones del Gobierno de Venezuela actuará el Gobierno de España».

Los nuevos roces diplomáticos entre Venezuela y España, tras solicitar información sobre los vínculos de Caracas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ETA, no hacen otra cosa que poner en evidencia un mayor aislamiento internacional del presidente Hugo Chávez.

Aunque la comprobación internacional de los lazos que unen a Chávez con las organizaciones terroristas es reciente, no por ello son de nueva data.  Los lazos del gobierno bolivariano con las FARC se remontan a mucho tiempo antes de asumir Chávez la presidencia en Venezuela, pero se manifestaron de manera pública las semanas previas a la impactante liberación que realizó en gobierno colombiano de Clara Rojas, la precandidata Ingrid Betancourt y otro grupo de los secuestrados que tenía en su poder el Frente 42 de las FARC. Todos ellos fueron liberados el 10 de enero de 2008 en la Operación Emmanuel llamada así en honor al hijo de Clara Rojas, quien nació durante el secuestro. 

Fue a partir de entonces, y más luego, cuando Chávez se ve impedido de obtener crédito político por el rescate cuando abiertamente, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, pide reconocimiento internacional a la ‘beligerancia política’ de las FARC, a quienes identifica como ‘un poder emergente’ en Colombia. Internacionalmente, el secuestro de Ingrid Betancourt y de Clara Rojas, junto con los de Gechem Turbay y otros políticos y oficiales de las fuerzas armadas colombianas, fue catalogado de político y fueron denominados canjeables por las FARC, a diferencia de los secuestros extorsivos que practica dicha organización, porque figuraban como rehenes ante un eventual acuerdo humanitario o canje por guerrilleros presos de las FARC.

Narcoterrorismo más corrupción. Según el Reporte Anual sobre Control y Estrategia Internacional Antinarcóticos 2010 (INCRS por sus siglas en inglés) que hizo público el Departamento de Estado de Estados Unidos, existe en Venezuela existe un ambiente «permisivo y corrupto» que la ha convertido en «una de las rutas preferidas para el envío de drogas ilícitas» desde Sudamérica, una triste realidad que ha incrementado el nivel de corrupción, los niveles del crimen organizado y ha generalizado la violencia en las calles al punto de transformar a Venezuela en el país con más asesinatos por arma de fuego per cápita en el mundo.  El informe indica que el flujo de drogas en Venezuela se incrementó marcadamente durante 2009 y el país sigue fallando de manera manifiesta, notoria y abierta en la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo este reporte anual del Departamento de Estado de los estados unidos, aunque los decomisos de drogas en Venezuela aumentaron de 40 toneladas en 2008 a 60,2 el año pasado, esta cifra «sigue estando muy por debajo del pico de 152 toneladas (incautadas) en 2005«, fecha en la que los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos cooperaban mutuamente en la lucha contra el narcotráfico, pero desde 2006, Venezuela suspendió su cooperación con la agencia norteamericana antinarcóticos (DEA) y acusó a sus integrantes de espiar para los Estados <unidos, solicitándoles la evacuación de sus oficinas en Fuerte Tiuna . El informe de INCRS también acusa a las fuerzas de seguridad de Venezuela de «asistir directamente» a guerrillas colombianas, como las FARC, ligadas a grupos narcotraficantes y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El informe más reciente de la INCRS es lapidario:

«Hay fuerte evidencia de que algunos elementos de las fuerzas de seguridad de Venezuela asisten directamente a organizaciones colombianas designadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos”, señaló el informe del Departamento de Estado.

«Se observa un extraordinaria salida particularmente de exportaciones por vía aérea desde el área adyacente a la frontera con Colombia», dijo en rueda de prensa el subsecretario de Estado para la lucha antidroga, David Johnson.

 Johnson afirmó que Washington ha mantenido contactos con funcionarios venezolanos respecto a esta situación, pero no se han registrado esfuerzos significativos para detener ese tráfico.

Aunque las amenazas de los gobiernos antiamericanos de América Latina están obligando a Obama a cambiar su política hemisférica, lo que ha provocado que la Secretaria de Estado Hilary Clinton realice misiones en Hispanoamérica, Estados Unidos ha manifestado apertura para una relación a más alto nivel con Venezuela, pero para ello el presidente, de acuerdo al criterio de La Casa Blanca, Hugo Chávez debe jugar un papel más constructivo en la región. Las afirmaciones más recientes de Philip Crowley, vocero adjunto de La Casa Blanca son elocuentes:

«Si el presidente Chávez está buscando tener una relación a un nivel más alto, en teoría estamos abiertos a ello, pero tiene que estar basado en una voluntad de los dos países para desempeñar un papel constructivo en la región«

 
«Lo primero que debería hacer es mirar en el espejo y ver si Venezuela puede desempeñar un papel más constructivo en la región y así tener una base sobre la cual pueda fundarse ese diálogo positivo«,

«Estamos abiertos a la perspectiva de trabajar con cualquier país, pero tiene que haber una voluntad de hacerlo de manera constructiva de las dos partes».

Pero esta ‘apertura’ se ha visto obturada por el polvorín que levantó el informe “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela” realizado con fecha 30 de diciembre de 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. Informe que fue comunicado públicamente en febrero de este año, ante el silencio de las autoridades venezolanas que conocieron de él en la fecha de su emisión. El Resumen Ejecutivo incluye 54 tópicos esbozados sumariamente en las primeras 17 páginas, tópicos que están ampliamente desarrollados en 7 Capítulos que abarcan más de 300 páginas con denuncias sólidamente respaldadas. Al final del presente ensayo se reproduce el Resumen Ejecutivo. Para leerlo en toda su extensión, recomendamos visitar la Internet: http://www.cidh.org o solicitar el envío de una copia en formato pdf al correo electrónico: [email protected].

En relación al informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre violaciones de los derechos humanos y la intimidación a los ciudadanos en Venezuela por sus creencias políticas, los senadores estadounidenses Dick Lugar (republicano) y Chris Dodd (demócrata) hicieron una declaración conjunta en la que expresaron su preocupación sobre esas observaciones. Para Lugar y Dodd una de las conclusiones más alarmantes es la relacionada con la sumisión del Poder judicial venezolano al Poder Ejecutivo.  Así lo expresaron los senadores estadounidenses:

«La CIDH considera que la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial con respecto a los poderes políticos es uno de los puntos más débiles de la democracia en Venezuela, situación que obstaculiza el libre ejercicio de los derechos humanos en ese país».

 
Ambos senadores consideran que esa falta de independencia del poder punitivo es la que ha permitido en Venezuela tipificar como delito a la actividad de los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir a los disidentes políticos a través del sistema penal.

Como es de suponer, el gobierno bolivariano no compartió la visión de los senadores estadounidenses. El Gobierno nacional rechazó categóricamente la «infamia» y la «mentira» sostenidas por Estados Unidos al acusar una vez más a Venezuela de no cooperar contra el tráfico ilícito de drogas. A través de un comunicado oficial, difundido por el Ministerio de Comunicación, el Ejecutivo repudió el informe de ambos senadores y aseguró que es una prueba más de que EEUU violenta el principio internacional de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

«… la intención velada del imperio norteamericano de desprestigiar a Venezuela, a la revolución bolivariana y a la imagen del presidente Hugo Chávez a nivel internacional«… «Son inadmisibles las valoraciones negativas realizadas en torno a algunas instituciones del Estado venezolano, toda vez que la administración estadounidense no provee la fuente respectiva, elaborando porcentajes y tendencias, construidas sobre la falsedad y la manipulación.«

Conclusiones:

Los escenarios políticos, sociales y económicos que se manifiestan en Venezuela a comienzos del 2010, obligan a la oposición democrática a trazar varias estrategias, todas ellas con una orientación común: Reorientar al país hacia la senda de una democracia participativa, verdaderamente inclusiva, sólida institucionalmente y soportada con un proyecto país consensuado y de largo aliento. Estas estrategias podrían conceptualizarse así:

• Estrategias al corto plazo: La inmediatez de las acciones a tomar y la complejidad de los escenarios coloca a los estrategas demócratas en tres frentes de batalla simultáneos, concomitantes e interrelacionados:

1. El frente electoral de septiembre venidero, que está pidiendo ‘a gritos’ un proyecto país y una hoja de ruta democrática, porque se deben privilegiar los proyectos políticos por sobre las personas.
2. El frente institucional del TSJ y el CNE, en el que se necesitará de varias estrategias articuladas para evitar que el ‘caso Barboza’ en el estado Zulia se repita y mine la voluntad de los ciudadanos a acudir a votar.
3. El frente internacional, donde se requiere una estrategia que soporte un plan de concienciación sobre lo que acontece en Venezuela durante este año electoral que vaya más allá de los escenarios tradicionales, como la O.E.A. y la O.N.U.  

• Estrategias a mediano plazo: Obtenida una cantidad mayoritaria de diputados en la Asamblea Nacional, las fuerzas políticas democráticas se enfrentan a un proceso de reversión de las decisiones tomadas por el Ejecutivo Nacional desde la óptica de un socialismo inconstitucional. Entre septiembre de 2010 y diciembre de 2012 se necesitará articular estrategias para:

1. Re institucionalizar las estructuras del Estado; ello podría suponer la refundación de la República como última opción dentro del abanico de acciones políticas.
2. Retirarle al Presidente la disponibilidad indiscriminada de los fondos provenientes de la industria petrolera, y devolverle a PDVSA su misión originaria, que no es otra que la de ser una empresa petrolera nacional, condición que podría convalidarse si a los venezolanos y a las empresas de la industria, genuinamente nacionales, pudieran convertirse en copropietarios parciales de la principal industria del país.
3. Revisar, una a una, la pertinencia –e incluso el marco legal- de las leyes aprobadas durante la anterior gestión cuatrienal de la Asamblea Nacional. Obtenida la mayoría calificada de diputados, la revisión y posterior derogación de esas leyes inconstitucionales debe ser uno de los compromisos de la Hoja de Ruta Democrática que deben suscribir todos los auto postulados y precandidatos democráticos que aspiren una curul.

• Estrategias a largo plazo: Son las estrategias que deben tener como referente el Proyecto País que se le ofrece a la ciudadanía, como parte de la oferta electoral de este año. El Proyecto País establecerá las nuevas coordenadas políticas, sociales y económicas con las que se reorientará la Nación, y de ese Proyecto País deben surgir, además, la nueva estructura valorativa del venezolano, en la que se rescaten valores fundamentales extraviados en los últimos años (a propósito del fallido intento por instaurar sobre la voluntad popular un socialismo fracasado en otras latitudes) y se promuevan valores novedosos, siempre que sustancien la venezolanidad como patrimonio cultural de las nuevas generaciones.

Andrés Simón Moreno Arreche

ANEXO 1

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

MIEMBROS

Luz Patricia Mejía Guerrero

Víctor E. Abramovich

Felipe González

Sir Clare Kamau Roberts

Paulo Sergio Pinheiro

Florentín Meléndez

Paolo G. Carozza

Secretario Ejecutivo: Santiago A. Cantón

Secretaria Ejecutiva Adjunta: Elizabeth Abi‐Mershed

RESUMEN EJECUTIVO

1. El informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela se realiza en cumplimiento del mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “CIDH”) de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La Comisión considera que la falta de anuencia de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “Venezuela” o “el Estado”) para que la Comisión lleve a cabo una visita in loco al país no justifica que la CIDH deje de analizar la situación de derechos humanos en Venezuela.

2. La última visita de la Comisión a Venezuela se llevó a cabo en mayo de 2002, luego del quiebre institucional que tuvo lugar en abril del mismo año. A partir de esa visita, en diciembre de 2003 la Comisión publicó el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela en el que emitió una serie de recomendaciones. Desde entonces, a fin de dar seguimiento a sus recomendaciones, así como de recabar información de primera mano sobre la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, la Comisión ha realizado una serie de gestiones para solicitar al Estado su anuencia para realizar una visita de observación. Hasta la fecha, el Estado se ha negado a permitir una visita de la CIDH a Venezuela, lo cual no sólo afecta las facultades asignadas a la Comisión como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que además debilita gravemente el sistema de protección creado por los Estados Miembros de la Organización.

3. En el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela la Comisión analiza la evolución de los derechos humanos en el Estado a partir de información recibida durante los últimos años a través de sus diversos mecanismos de protección, como son el sistema de casos, la celebración de audiencias, la adopción de medidas cautelares, la solicitud de medidas provisionales a la Corte, la inclusión en el capítulo IV de sus informes anuales y la emisión de comunicados de prensa. Asimismo, la Comisión fundamenta su análisis en información enviada por el Estado de Venezuela en atención a solicitudes de la Comisión, en la respuesta del Estado al cuestionario sobre la situación de derechos humanos en Venezuela recibida en agosto de 2009, en información aportada por el Estado a la Comisión en el marco de sus audiencias, así como también en información pública disponible.

4. A lo largo de este informe, la Comisión identifica aspectos que restringen el pleno goce de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre otros, la CIDH analiza una serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela. La Comisión también refiere que en Venezuela no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno. La Comisión encuentra además que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. El informe de la Comisión establece que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres.

5. La Comisión empieza por analizar cómo se ha impedido el goce efectivo de los derechos políticos en Venezuela, derechos que por su esencia propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. El informe de la CIDH da cuenta de que en Venezuela se han creado mecanismos para restringir las oportunidades de acceso al poder de los candidatos disidentes del gobierno. Esto se llevó a cabo a través de resoluciones administrativas de la Contraloría General de la República mediante las cuales 260 personas, en gran parte de la oposición al gobierno, fueron inhabilitadas para optar a cargos públicos. La Comisión observa que estas inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública no fueron establecidas en virtud de una condena penal y se impusieron sin que exista un procedimiento previo, en contravención con los estándares de la Convención Americana.

6. Asimismo, la Comisión nota en su informe cómo el Estado ha adelantado acciones para limitar algunas de las competencias de autoridades electas por voto popular con el fin de reducir el alcance de las funciones públicas de miembros de la oposición. En sus observaciones al presente informe el Estado indicó que las modificaciones realizadas a los instrumentos legales que rigen las facultades y el ámbito de competencia de gobernadores y alcaldes se iban a producir fuese quien fuese electo en el 2008 y están vigentes también para las autoridades del partido de gobierno. No obstante, la CIDH da cuenta de cómo a través de una serie de reformas legales las autoridades de la oposición han visto reducidas sus competencias de forma tal que no pueden ejercer legítimamente el mandato para el cual fueron elegidas.

7. La CIDH también identifica en el presente informe una preocupante tendencia a castigar, intimidar y agredir a personas a manera de represalia por haber hecho público su disenso con las políticas oficiales. Esta tendencia afecta tanto a las autoridades de la oposición como a ciudadanos que han ejercido su derecho a expresar su disconformidad con las políticas adelantadas por el gobierno. Las represalias se realizan tanto a través de actos estatales como de actos de acoso y violencia provenientes de personas civiles que actúan al margen de la ley como grupos de choque. La

Comisión nota con preocupación que se ha llegado al extremo de iniciar procedimientos penales contra disidentes, acusándolos de delitos comunes con miras a privarlos de su libertad en virtud de su posición política.

8. En el mismo sentido, la Comisión identifica un tendencia al uso de figuras penales para sancionar a personas que ejercen su derecho a manifestar o protestar en contra de las políticas oficiales. Información recibida por la Comisión señala que en los últimos cinco años más de 2.200 personas han sido sometidas a procesos penales por hechos relacionados con su participación en manifestaciones públicas. Así, la CIDH observa que en Venezuela se está restringiendo el derecho a manifestar a través de la aplicación de sanciones contenidas en normas emitidas durante el gobierno del Presidente Chávez, acusando a los manifestantes por la comisión de delitos tales como cierre de vías públicas, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad pública, obstrucción activa de las funciones de las instituciones legalmente constituidas, ultraje a funcionario público, instigación y asociación para delinquir, instigación pública a la desobediencia de leyes, agavillamiento, restricción de la libertad del trabajo, incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, entre otros. En su informe, la Comisión da cuenta de casos de personas que están enfrentando procesos penales por los que podrían ser condenados a más de veinte años de prisión, por hechos relacionados con su participación en manifestaciones contra el gobierno. En sus observaciones al presente informe el Estado afirmó que cada vez que los sectores de la oposición al gobierno pretendan alterar el orden público violando las leyes de la República serán sometidos a juicio, sin que esto pueda ser interpretado como una restricción del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, ni una criminalización a la legítima movilización y protesta social. A juicio de la Comisión, esta práctica constituye una restricción a los derechos de reunión y de libertad de expresión garantizados en la Convención Americana, cuyo libre ejercicio es necesario para el buen funcionamiento del sistema democrático inclusivo de todos los sectores de la sociedad.

9. Al mismo tiempo, la CIDH nota que en el ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente en Venezuela se producen con frecuencia violaciones a vida y a la integridad personal, que en muchos casos son consecuencia del uso excesivo de la fuerza estatal, así como de las acciones de grupos de choque. Según información recibida por la Comisión, sólo entre enero y agosto de 2009 habrían fallecido 6 personas en el marco de manifestaciones públicas, cuatro de ellas por la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta situación resulta de particular preocupación para la CIDH en tanto la represión y el uso excesivo de sanciones penales para criminalizar la protesta tienen por efecto amedrentar a quienes desean ejercer este medio de participación en la vida pública para reclamar por sus derechos. De su parte, en sus observaciones al presente informe, el Estado expresó que el aumento en el número de manifestaciones reprimidas se debe a que se ha producido un mayor número de manifestaciones ilegales.

10. El informe de la Comisión también hace referencia a aspectos que afectan la independencia e imparcialidad del poder judicial en Venezuela. La CIDH reitera lo señalado en ocasiones anteriores respecto a que las normas de designación, destitución y suspensión de los magistrados contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia carecen de previsiones adecuadas para evitar que otros poderes del Estado puedan afectar la independencia del Tribunal Supremo, o que escasas mayorías circunstanciales decidan la composición de éste.

11. La Comisión mira también con preocupación la ausencia de concursos públicos para acceder a los cargos de jueces y fiscales, de forma tal que estos operadores de justicia continúan siendo nombrados de manera discrecional sin que se hayan realizado concursos de oposición. Al no haber sido nombrados por medio de un concurso público, los jueces y fiscales son de libre nombramiento y remoción, lo que afecta seriamente su independencia para adoptar decisiones.

Asimismo, la CIDH observa que a través del Programa Especial para la Regularización de la Titularidad, se ha otorgado la titularidad a jueces que habían sido nombrados provisionalmente, todo ello sin que medie un concurso público de oposición.

12. Además de las falencias en el proceso de nombramiento, la Comisión observa que en Venezuela los jueces y fiscales no gozan de la estabilidad en el cargo indispensable para garantizar su independencia frente a los cambios políticos o de gobierno. Y es que además de ser de libre nombramiento y remoción, se han promulgado una serie de normas que permiten un alto grado de subjetividad al momento de juzgar la conducta de los magistrados en el marco de procedimientos disciplinarios. Incluso el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, aprobado en agosto de 2009, contiene normas que, debido a su amplitud o vaguedad, permiten una amplia discreción de los órganos disciplinarios que juzgan la conducta de los jueces.

13. Más aún, a pesar de que la Constitución de 1999 estableció que la legislación referida al sistema judicial sería aprobada dentro del primer año luego de la instalación de la Asamblea Nacional, transcurrida una década lo que continúa vigente es el Régimen de Transición del Poder Público creado para permitir la vigencia inmediata de la Constitución. En virtud de este régimen transicional se creó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que desde entonces ha ejercido facultades disciplinarias para remover a los miembros del poder judicial. Dicha Comisión, además de ser un órgano excepcional, no goza de las debidas garantías para asegurar la independencia de sus decisiones puesto que también sus miembros pueden ser nombrados o removidos por la sola discreción de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sin que se hayan establecido previamente las causales o el procedimiento para tales efectos.

14. Otro aspecto que preocupa a la Comisión en relación con la autonomía e independencia del poder judicial es el relativo al carácter provisorio de la mayoría de los jueces en Venezuela. De acuerdo con información proporcionada a la Comisión por el Estado venezolano, en agosto de 2009 existía un total de 1896 jueces, de los cuales sólo 936 eran titulares. Ello significa que más del 50% de los jueces en Venezuela no gozan de estabilidad en su cargo y pueden ser fácilmente removidos cuando adoptan decisiones que podrían afectar los intereses del gobierno. El problema de la provisionalidad afecta por igual a los fiscales del Ministerio Público, puesto que todos los fiscales en Venezuela son de libre nombramiento y remoción.

15. La Comisión también refiere en su informe que un importante número de jueces ha sido removido o se ha dejado sin efecto su designación sin un correspondiente procedimiento administrativo. Del examen de las resoluciones mediante las cuales se deja sin efecto las designaciones de ciertos jueces, la CIDH observa que en ellas no se hace referencia a las causas para dejar sin efecto sus nombramientos ni de ellas se puede inferir que fueron adoptadas en virtud de un procedimiento administrativo en el que se otorgue a los jueces la posibilidad de defenderse. La Comisión nota con preocupación que en algunos casos las destituciones de los jueces se producen de manera casi inmediata luego de que los magistrados adoptaran decisiones judiciales en casos con importante connotación política. La falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye, a juicio de la CIDH, uno de los puntos más débiles de la democracia Venezolana.

16. En su informe la Comisión analiza con preocupación la situación de la libertad de pensamiento y expresión en Venezuela. A juicio de la CIDH, los numerosos actos violentos de intimidación provenientes de grupos privados contra periodistas y medios de comunicación, sumados a las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas con base en la línea editorial, y a la apertura sistemática de procesos administrativos fundados en normas legales que permiten un alto nivel de discrecionalidad al momento de ser aplicadas y que amparan la imposición de sanciones drásticas, entre otras, configuran un escenario restrictivo que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como condición de una democracia vigorosa fundada en el pluralismo y la deliberación pública.

17. La Comisión mira con especial preocupación que en Venezuela se han verificado violaciones muy graves a los derechos a la vida e integridad personal originadas en el ejercicio de la libertad de expresión de las víctimas. En este informe, la CIDH describe que durante 2008 y 2009 se registraron dos homicidios perpetuados por desconocidos contra periodistas así como graves actos de agresión física y amenaza dirigidos contra comunicadores y propietarios de medios de comunicación. A juicio de la Comisión, estos hechos demuestran el grave ambiente de polarización e intimidación en el que los medios y periodistas deben cumplir su labor en Venezuela.

18. La CIDH observa que en los últimos meses se incrementaron los procesos administrativos sancionatorios contra los medios de comunicación críticos del gobierno. De manera particular, preocupa a la Comisión que en varios de estos casos, las investigaciones y procedimientos administrativos se iniciaron luego de que las más altas autoridades del Estado llamaran a las entidades públicas a actuar contra Globovisión y otros medios independientes y críticos del gobierno.

19. La Comisión también ha verificado la existencia de casos de censura previa como prototipo de violación extrema y radical de la libertad de expresión en Venezuela. Como ejemplo de lo anterior, en el presente informe se analiza la prohibición establecida contra publicidad contraria a un proyecto de interés gubernamental, publicidad que había sido emitida por Cedice y Asoesfuerzo.

20. Este informe también analiza los efectos sobre el derecho a la libertad de expresión del proceso iniciado en julio de 2009 para establecer la posible revocatoria de las concesiones otorgadas a 240 emisoras de radio, así como de la decisión de ordenar la suspensión de la trasmisión de 32 radioemisoras. Llama la atención de la CIDH que, luego de varios años de total inacción, las autoridades hayan anunciado, en un contexto de tensión entre los medios privados y el gobierno, el cierre masivo de emisoras, en un discurso en el cual se hace alusión constante al contenido editorial de los medios de comunicación privados que podrían resultar afectados. Asimismo, la Comisión mira con preocupación que las afirmaciones del Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda sugieren que la línea editorial de estos medios sería una de las motivaciones para la adopción de las revocatorias o las medidas de cierre, independientemente de las razones técnicas que se esgrimen en los correspondientes actos administrativos.

21. La Comisión llama la atención del Estado venezolano sobre la incompatibilidad del marco legal vigente en materia de libertad de expresión con sus obligaciones a la luz de la Convención Americana. La CIDH reitera que las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión referidas a los supuestos de incitación, por su extrema vaguedad, sumadas a la gravedad de las penas asignadas a estos supuestos y al hecho de que su aplicación esté a cargo de un órgano que depende directamente del poder ejecutivo, pueden terminar amparando decisiones arbitrarias que censuren o impongan responsabilidades ulteriores desproporcionadas a las personas o a los medios, por la simple expresión de discursos críticos o disidentes que pueden resultar perturbadores para los funcionarios públicos que transitoriamente ejercen funciones de control en la autoridad de aplicación.

22. La Comisión también enfatiza que las figuras de desacato y vilipendio incluidas en las reformas al Código Penal vigentes desde el 2005 resultan incompatibles con la Convención Americana en tanto limitan las posibilidades de una discusión libre, abierta, plural y desinhibida sobre todos los temas de relevancia pública. En su informe, la Comisión afirma una vez más que la aplicación de figuras penales contra quienes divulgan expresiones críticas frente a los funcionarios públicos constituye una aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión que son innecesarias en una sociedad democrática, y desproporcionadas por sus efectos graves sobre el emisor y sobre el libre flujo de información en la sociedad.

23. En el mismo sentido, la Comisión señala que la sanción penal incluida en el Código Orgánico de Justicia Militar para quien injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales, resulta contraria a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, puesto que no constituye una restricción necesaria en una sociedad democrática y además está redactada con tal imprecisión que resulta imposible prever cuáles son las conductas que pueden dar lugar a una sanción penal. La Comisión mira con preocupación que tanto el Código Penal como el Código Orgánico de Justicia Militar contengan normas que constituyen un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares, y que tienen por efecto disuadir las críticas al generar temor a las acciones judiciales, las sanciones penales y las sanciones monetarias.

24. El presente informe examina también el uso de cadenas presidenciales. En sus observaciones al presente informe, el Estado señaló que el uso de cadenas informativas por radio y televisión por parte del gobierno nacional es parte de la obligación constitucional del Estado de mantener informados a los ciudadanos y ciudadanas. De su parte, la CIDH considera que la falta de precisión de las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Social y de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en cuanto al establecimiento de límites para el uso de las cadenas presidenciales, podría llegar a afectar el equilibrio informativo que las altas autoridades del Estado están en la obligación de preservar. Según se establece en el presente informe, el Presidente de la República ha hecho uso de la facultad que le conceden estas leyes para transmitir todos sus discursos de forma simultánea en los medios de comunicación, sin límite de tiempo alguno. Más aún, la duración y frecuencia de las cadenas presidenciales podrían considerarse abusivas a la luz de la información allí vertida, que no siempre podría estar sirviendo el interés público.

25. La CIDH también analiza en su informe la recién promulgada Ley Orgánica de Educación y llama la atención del Estado sobre varias de sus disposiciones. Entre otros, la CIDH señala que las normas que establecen que los medios de comunicación, incluyendo los medios privados, son servicios públicos, pueden ser usadas para restringir el derecho a la libertad de expresión. La Comisión también encuentra que ciertas normas de esta Ley establecen causales de restricción a la libre expresión que son distintas a las consagradas en el artículo 13 de la Convención Americana, como aquella que prohíbe, por ejemplo, divulgar información que promueva la “deformación del lenguaje” o que atente contra “los valores”.

26. La Comisión mira con preocupación que la Ley Orgánica de Educación delegue en futuras leyes la regulación e implementación de varios de sus preceptos, los mismos que han sido redactados en dicha Ley con enorme amplitud, imprecisión y vaguedad. Asimismo, la CIDH estima que la citada Ley otorga a los órganos estatales un gran margen de control respecto de la implementación de los principios y valores que deben orientar la educación. De tal forma, la Ley Orgánica de Educación permite que, a través de leyes posteriores o de su implementación por parte de las autoridades respectivas, puedan establecerse restricciones a varios de los derechos garantizados en la Convención, como el derecho a la educación, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia de los educadores y educandos, entre otros. Más aún, la Comisión nota con suma preocupación que, hasta que no sean emitidas las leyes que regularán los preceptos contenidos en la Ley Orgánica de Educación, las disposiciones transitorias otorgan a las autoridades potestades para clausurar instituciones educativas privadas. Así también, la CIDH considera preocupante que la Ley faculte a las autoridades educativas para inhabilitar para el ejercicio de cargos docentes o administrativos hasta por diez años a los propietarios, directores o educadores que resulten responsables de tales hechos.

27. La Comisión también aborda en este informe los serios obstáculos que los defensores de derechos humanos enfrentan en el ejercicio de su labor en Venezuela. La CIDH observa que los defensores de derechos humanos en Venezuela son víctimas de agresiones, amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos. Información recibida por la Comisión hace referencia a seis casos de violaciones al derecho a la vida de defensores entre 1997 y 2007. También advierte con preocupación que los testigos y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos son con frecuencia víctimas de amenazas, hostigamientos y actos de intimidación en razón de sus actividades de denuncia, de organización de comités para familiares de víctimas y de investigación de abusos por parte de las autoridades estatales. Asimismo, la Comisión observa un recrudecimiento en los últimos años de las agresiones contra los defensores que acuden al sistema interamericano de protección de derechos humanos.

28. En el informe se detalla además una serie de actos estatales y manifestaciones de altos funcionarios públicos dirigidos a deslegitimar la acción de los defensores y de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos venezolanas e internacionales que trabajan en Venezuela. Además, la Comisión identifica una tendencia a iniciar investigaciones judiciales o procesos penales contra defensores de derechos humanos sin mayor fundamento con el fin de intimidarlos, particularmente cuando son críticos del gobierno. El informe describe casos en los que se han iniciado procedimientos judiciales contra organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos por la supuesta comisión de delitos de conspiración para destruir la forma política republicana, difamación, entre otros.

29. Según manifestó el Estado en sus observaciones al presente informe, la CIDH estaría pretendiendo establecer un manto de inmunidad a los defensores de derechos humanos. Agregó que si constata que existe una concertación entre organizaciones de derechos humanos con grupos golpistas venezolanos o que dichas organizaciones recibieron financiamiento de organismos del Departamento de Estado estadounidense, está en la obligación de denunciarlo. A juicio de la Comisión, la violencia, la descalificación y la criminalización de las que son víctimas los defensores de derechos humanos en Venezuela generan un efecto en cadena que afecta la vigencia de los derechos humanos en general, puesto que solamente cuando los defensores cuentan con una apropiada protección de sus derechos pueden buscar la protección de los derechos de otras personas.

30. También respecto de los defensores de derechos humanos, la CIDH reitera su preocupación por las disposiciones del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional. La Comisión destaca en este informe que la vaguedad del lenguaje de algunas disposiciones y el amplio margen de discrecionalidad que otorga a las autoridades encargadas de reglamentar dicha Ley, generan el riesgo de que esta norma sea interpretada de manera restrictiva para limitar, entre otros, el ejercicio de los derechos de asociación, libertad de expresión, participación política e igualdad, pudiendo afectar seriamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Asimismo, la Comisión nota que el mencionado proyecto contiene límites al financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que podrían llegar a entorpecer el libre ejercicio de la libertad de asociación de una forma incompatible con los estándares de la Convención Americana.

31. La CIDH encuentra también que la falta de acceso a información pública ha dificultado el trabajo de defensa de derechos humanos en Venezuela. Según información recibida por la Comisión, se ha llegado a negar información pública a una organización de derechos humanos en virtud de la percepción de las autoridades sobre la posición política de dicha organización, lo que a juicio de la Comisión constituye una restricción indebida a su derecho al acceso a la información y un impedimento al desarrollo efectivo de sus funciones de defensa de los derechos humanos. Más aún, la falta de acceso a la información en Venezuela impide que se genere un debate democrático informado entre el gobierno y la sociedad civil respecto de los asuntos que son de interés público. En sus observaciones al presente informe, el Estado señaló que está haciendo lo imposible por superar el problema de la falta de información de los organismos públicos, en particular de información estadística.

32. Entre los aspectos de mayor preocupación de la Comisión Interamericana en relación con los derechos humanos en Venezuela se encuentra la situación de inseguridad ciudadana. En el informe, la Comisión analiza y valora los esfuerzos del Estado por poner en práctica políticas que garanticen la seguridad de los venezolanos frente a actos de criminalidad común y organizada, así como frente a posibles abusos de la fuerza por parte de los órganos estatales. No obstante, la Comisión nota que en muchos casos la respuesta del Estado frente a la inseguridad ha sido insuficiente y en ocasiones incluso incompatible con el respeto a los derechos humanos, lo que ha afectado seriamente los derechos a la vida e integridad personal de los ciudadanos venezolanos.

33. La CIDH identifica en el informe disposiciones del marco jurídico venezolano que resultan incompatibles con una concepción democrática de la defensa y la seguridad del Estado. Entre otras, la Comisión llama la atención del Estado por las normas que permiten la participación de las fuerzas militares en el mantenimiento del orden interno de Venezuela. En sus observaciones al presente informe, el Estado señaló que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y que la participación de las Fuerzas Armadas en el orden público se limita a situaciones de emergencia nacional o de seguridad de la nación. Agregó que todos los componentes de las Fuerzas Armadas tienen entrenamiento especial y cursos de derechos humanos para que sepan cómo tratar a los ciudadanos. La CIDH reitera que en un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación.

34. A este respecto, la Comisión ha tomado nota de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana como un cuerpo especial organizado por el Estado venezolano para contribuir en garantizar su independencia y soberanía. Según informó el Estado, a través de la Milicia Nacional Bolivariana ciudadanos reciben entrenamiento militar y luego pueden cooperar con el mantenimiento del orden interno. A juicio de la Comisión, los ciudadanos que reciben entrenamiento militar no deberían ser incorporados a las estrategias de defensa interna. Asimismo, preocupa a la CIDH la vaguedad en la definición de la estructura, funciones y control de estas Milicias.

35. En relación con el uso excesivo de la fuerza estatal, la Comisión recibió con preocupación las cifras producidas por la Defensoría del Pueblo de Venezuela. Durante 2008, la Defensoría afirma haber recibido un total de 134 denuncias por privaciones arbitrarias de la vida a consecuencia de presuntas actuaciones de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado. En sus observaciones al presente informe, el Estado afirmó que no pretende negar que en Venezuela sucedan ejecuciones extrajudiciales. La Defensoría también registró un total de 2.197 denuncias vinculadas con vulneración de la integridad personal por funcionarios de seguridad del Estado. Además señala haber recibido 87 denuncias por tortura, y afirma que está dando seguimiento a 33 casos de presuntas desapariciones forzadas ocurridas durante el 2008 y 34 ocurridas durante 2007.

36. De otra parte, los homicidios, los secuestros, el sicariato y la violencia en el campo son los fenómenos que con más frecuencia afectan la seguridad de los ciudadanos en Venezuela. En sus observaciones al presente informe el Estado rechazó las cifras producidas por organizaciones no gubernamentales, pero reconoció que los secuestros y el sicariato han aumentado. Según el Estado, estos crímenes han tenido como víctimas no sólo a campesinos sino también a defensores de derechos humanos, por lo que afirmó que ha redoblado esfuerzos por investigar y castigar estos delitos.

37. A pesar de las dificultades de la Comisión para obtener cifras oficiales sobre la situación de violencia en Venezuela y de la negativa del Estado a proporcionar estas cifras a la Comisión, la información a la que ha tenido acceso la Comisión da cuenta que en el año 2008 ocurrieron un total de 13.780 homicidios en Venezuela, lo que equivale a un promedio de 1.148 homicidios por mes y 38 por día. Entre las víctimas de homicidio se encuentra una cantidad alarmante de niños y adolescentes. Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en Venezuela los homicidios representan la principal causa de muerte de los adolescentes varones de entre 15 y 19 años. Sólo en el año 2007 sufrieron una muerte violenta 5.379 niños y adolescentes y un tercio de ese total fue víctima de homicidio. En cuanto a los secuestros, distintas organizaciones coinciden en señalar que entre el 2005 y el 2007 se produjeron más de 200 secuestros por año en Venezuela, mientras que en el 2008 registraron más de 300 casos de secuestro.

38. Además resulta preocupante la persistencia del sicariato en Venezuela, práctica que afecta particularmente a dirigentes sindicales y campesinos. La CIDH nota con preocupación el continuo incremento en el número de líderes sindicales víctimas de atentados y amenazas a su vida e integridad personal. Información recibida por la Comisión hace referencia a que entre 1997 y 2009 se habrían registrado 86 ejecuciones de dirigentes sindicales y 87 ejecuciones de trabajadores en el marco de la violencia sindical, siendo el sicariato el patrón más común para atacar a los dirigentes sindicales. En su informe, la CIDH describe algunos de estos casos y manifiesta con preocupación que la mayoría de ellos ha quedado en la impunidad.

39. De otra parte, según tomó conocimiento la CIDH, la lucha por el derecho a la tierra y ser beneficiario del proceso de reforma agraria que adelanta el gobierno nacional, se ha constituido en un riesgo para la vida e integridad física de los campesinos, especialmente dirigentes agrarios. Organizaciones campesinas han denunciado la muerte de más de 200 personas en el marco de conflictos vinculados con la tierra desde la aprobación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

40. Los conflictos vinculados con la propiedad de la tierra también han cobrado víctimas entre los pueblos indígenas, como consecuencia de la falta de demarcación de las tierras ancestrales indígenas por parte del Estado. El retardo con respecto a la obligación del Estado de demarcar las tierras ancestrales es tal que, según información recibida por la CIDH, desde el año 2005 hasta finales del 2008 se habían otorgado únicamente 34 títulos de propiedad, esto es, un 1,6% del total de comunidades habían sido beneficiadas del proceso de demarcación de tierras en Venezuela. Como consecuencia, pueblos indígenas han sido víctimas de un permanente hostigamiento por parte de de aquellos que buscan expulsarlos de las tierras ancestrales que han venido recuperando, quienes en ocasiones actúan con apoyo de fuerzas estatales.

41. El informe de la Comisión también refiere con suma preocupación que en Venezuela grupos de choque como Movimiento Tupamaro, Colectivo La Piedrita, Colectivo Alexis Vive, Unidad Popular Venezolana y Grupo Carapaica están actuando de forma violenta en con la participación o tolerancia de agentes estatales. Estos grupos cuentan con entrenamiento similar al policial o militar y han tomado el control de zonas urbanas populares. La CIDH recibió alarmante información según la cual estos grupos violentos tienen una estrecha relación con los cuerpos policiales y en ocasiones utilizan sus recursos. Por su parte, el Estado ha señalado a la Comisión que en Venezuela los grupos irregulares existen, de lado y lado. A juicio de la Comisión, la ausencia de una respuesta efectiva de los órganos encargados de prevenir, investigar y sancionar este tipo de hechos, deviene en una situación de impunidad respecto de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana.

42. A través del presente informe la Comisión también continúa su seguimiento a la alarmante situación de violencia en las cárceles venezolanas. La Comisión mira positivamente reformas legislativas adoptadas por el Estado para enfrentar el hacinamiento a través de normas que garantizan mayor celeridad en los procesos penales. Adicionalmente, la CIDH valora la implementación de acciones y políticas concretas que han tenido un impacto inmediato en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad en Venezuela, en particular a partir de la implementación del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario desde el año 2005.

43. No obstante, estas normas y políticas no han sido suficientes para evitar que al interior de las cárceles venezolanas continúen ocurriendo hechos violentos que han cobrado la vida de miles de personas en los últimos años, y causado heridas en otras miles. De acuerdo con información recibida por la Comisión, desde 1999 hasta 2008 habrían fallecido 3.664 personas y 11.401 habrían resultado heridas en los centros de privación de libertad de Venezuela. Sólo en noviembre de 2009 la Comisión solicitó a la Corte Interamericana medidas provisionales en relación con dos casos de presuntas desapariciones forzadas de personas que se encontraban privadas de su libertad, bajo la custodia del Estado. A pesar de la vigencia de las medidas provisionales dictadas por la Corte, hasta la fecha del presente informe se desconoce su paradero. También a solicitud de la CIDH la Corte Interamericana ha adoptado medidas provisionales a favor de cuatro centros penitenciaros en Venezuela, solicitando al Estado la aplicación de medidas para evitar daños irreparables a las personas privadas de libertad en dichos centros luego de que ocurrieran hechos violentos en los cuales cientos de personas perdieron la vida y otras cientos resultaron heridas. La Comisión nota con suma preocupación que, pese a la vigencia de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana respecto de varios centros penitenciarios en Venezuela, dichos centros siguen presentando hechos de violencia con pérdida de vidas y lesiones a la integridad personal.

44. Además de las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo custodia del Estado, la Comisión señala que entre los principales problemas que afectan a más de 22.000 personas privadas de su libertad en Venezuela se encuentran el retardo procesal, el hacinamiento, la ausencia de servicios básicos en las cárceles, la falta de separación entre procesados y condenados y la presencia de armas en los centros de privación de libertad. Asimismo, tomando en consideración que la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar contra el imputado de un delito, la Comisión mira con preocupación que más del 65% de las personas privadas de su libertad en Venezuela no cuenten con una condena firme.

45. El presente informe también refiere que si bien Venezuela ha avanzado en términos del reconocimiento jurídico de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como también en el ámbito de la participación política de la mujer en los asuntos públicos, las leyes y políticas adelantadas por el Estado no han sido efectivas al momento de garantizar los derechos de las mujeres, particularmente su derecho a vivir libres de violencia. La Comisión observa que todavía subsisten en el Código Penal normas que afectan el derecho a la igualdad de las mujeres y que permiten que crímenes violentos cometidos en su contra permanezcan en impunidad siempre y cuando el ofensor contraiga matrimonio con la víctima. Así también, información recibida por la Comisión destaca que en Venezuela estarían ocurriendo alrededor de 100 casos por día relativos a violencia de género. La CIDH también fue informada que en casi el 70% de los casos las mujeres que luchan en contra de la impunidad se topan con situaciones de hostigamientos y amenazas. La información oficial sobre esta problemática no está disponible y las cifras enviadas por el Estado en el 2009 en respuesta a la solicitud de la Comisión corresponden al año 2002.

46. La Comisión observa en su informe que la impunidad es una característica común que afecta por igual a los casos de represalia contra el disenso, de ataques contra defensores de derechos humanos y contra periodistas, de uso excesivo de la fuerza en el marco de protestas pacíficas, de abusos de la fuerza estatal, de criminalidad común y organizada, de violencia en las cárceles, de violencia contra la mujer, así como también a otras graves violaciones de derechos humanos.

47. De otra parte, en el presente informe la Comisión destaca los importantes logros del Estado venezolano en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tanto a partir del reconocimiento jurídico de la exigibilidad de los derechos a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social universal, entre otros, como también de la implementación de políticas y medidas dirigidas a subsanar las falencias que aquejan a vastos sectores de la población venezolana. La Comisión resalta que el Estado ha alcanzado la alfabetización de la mayoría de la sociedad, la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, la ampliación de la cobertura en la salud a favor de los sectores más vulnerables, la disminución del desempleo, la reducción de la tasa de mortalidad infantil y el incremento en el acceso de los venezolanos a los servicios públicos básicos.

48. La CIDH valora también que Venezuela ha sido uno de los países que más ha avanzado en cumplir las metas del milenio. También ha alcanzado una importante reducción de la brecha entre los grupos extremos de la distribución, al punto que este país registra actualmente el coeficiente de Gini más bajo de América Latina, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), Venezuela pasó de integrar el grupo de países con desarrollo humano medio en el 2008 a integrar el grupo de países con desarrollo humano alto en el 2009. A juicio de la CIDH, la prioridad dada por el Estado a los derechos económicos, sociales y culturales resulta fundamental para garantizar una vida digna a la población y constituye una base importante para el mantenimiento de la estabilidad democrática.

49. La CIDH observa que a través de las Misiones se ha conseguido mejorar la situación de pobreza y el acceso a educación y salud de sectores de la población tradicionalmente excluidos en Venezuela. Sin embargo, la Comisión manifiesta su preocupación por algunos aspectos relacionados con las Misiones como eje de las políticas sociales del gobierno. Por ejemplo, la Comisión observa que hace falta información clara sobre cuáles son los criterios a través de los cuales se decide la asignación de beneficios de las Misiones. La ausencia de información pública respecto de estos criterios da la apariencia de que éstos se otorgan a discreción del poder ejecutivo, lo que podría dar lugar a que ciertas personas no puedan acceder a estos beneficios en virtud de su posición política frente al gobierno. La Comisión también considera de fundamental importancia adoptar los correctivos para que los derechos económicos, sociales y culturales sean garantizados a través de políticas públicas que continúen a largo plazo y no dependan de la voluntad de uno u otro gobierno. Además, la Comisión observa que las Misiones como política social parecen tener un carácter asistencial que no necesariamente implica un reconocimiento de derechos.

50. Un aspecto relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales es el de la libre asociación sindical. Al respecto, la Comisión observa que Venezuela todavía se caracteriza por una constante intervención en el funcionamiento de los sindicatos, mediante acciones del Estado que obstruyen la actividad de los dirigentes sindicales, y que apuntan al control político del movimiento organizado de trabajadores, así como también mediante normas que permiten la injerencia de órganos administrativos en la elección de dirigentes sindicales. La Comisión mira con preocupación que en Venezuela la afiliación a un sindicato se encuentre sujeta a presiones relacionadas con la posición política o la ideología de la organización sindical. De hecho, el gobierno anunció recientemente que no discutirá el contrato colectivo del sector hidrocarburos con ningún sindicato opuesto a la ideología del Presidente Chávez.

51. Otra situación que afecta al libre ejercicio del derecho de asociación con fines laborales es la creciente criminalización de las acciones sindicales a través de la iniciación de procedimientos penales contra los defensores de derechos laborales. Esto se debe al uso de normas que limitan la manifestación pacífica y el derecho de huelga asociados a reclamos de índole laboral, en particular a través de la aplicación de disposiciones contenidas en el Código Penal, en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, y en la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación y el Boicot. Información recibida por la Comisión da cuenta que alrededor de 120 trabajadores se encuentran afectados por medidas de presentación periódica en tribunales por haber ejercido su derecho a la protesta. Además, la Comisión observa que el Estado de Venezuela ha aplicado la legislación que busca resguardar las prestaciones mínimas de forma tan genérica que ha tenido por efecto la restricción del derecho de cualquier huelga que perturbe un servicio público esencial. La Comisión reitera que la huelga y el boicot son formas pacíficas de protesta laboral, por lo que penalizarlas con penas de prisión o multas exorbitantes constituye una restricción a los derechos garantizados en la Convención Americana.

52. Con miras a una mejor garantía de estos derechos, la Comisión exhorta una vez más al Estado a completar la ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), instrumento en el que los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

53. La Comisión resalta que los derechos humanos constituyen un todo indisoluble, por lo que la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela no justifica que se sacrifique la vigencia de otros derechos fundamentales. Considerando que el ejercicio efectivo de la democracia requiere como presupuesto el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, la CIDH reitera al Estado su deber de cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos libremente asumidas bajo la Convención Americana y demás instrumentos jurídicos aplicables.

54. La Comisión Interamericana reitera su ofrecimiento de colaborar con el gobierno, así como con la sociedad venezolana en su conjunto, a fin de dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones contenidas en el presente informe y contribuir así con el fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático en Venezuela.