Discurso del Diputado Ismael García sobre el paquete de Leyes en el marco de la Ley Habilitante 2007-2008
Era el mes de enero del año pasado, 2007. Se discutía en la Asamblea Nacional la posibilidad de darle poderes especiales al Presidente de la República para que legislara sobre un amplio conjunto de materias por un período de año y medio.
Un mes antes, el Presidente había sido reelecto por una amplia mayoría. Más votos que cuando fue electo por primera vez en el 98, más votos que cuando fue relegitimado en el 2000, más votos que en el referendo del 2004.
“Amor con amor se paga”, escuchamos gritar desde el balcón del pueblo, con el pecho pleno de orgullo y de esperanzas.
Así fue. Formar parte del pueblo venezolano, y hacer lo que tengamos que hacer para tener el honor de ser uno de sus instrumentos para su lucha política y social, es una de nuestras más altas definiciones.
El pueblo llano, el pueblo excluido por décadas y décadas, había votado para que por fin se concretaran las consignas del proceso revolucionario que quería impulsar.
Se había pronunciado para que se iniciara la reivindicación social de todo el pueblo, de todos los venezolanos sin exclusión alguna.
Claramente había establecido que quería construir una democracia plena, profunda, participativa, en la que la sociedad tuviera la supremacía sobre el Estado… en la cual el pueblo mismo fuera el protagonista.
Pero sobre todo, diciembre del 2006 mostró a un pueblo decidido a derrotar su propia pobreza material, a través de la única fórmula que puede garantizarlo: organizándose de múltiples maneras, abrazando como sociedad una causa común, tomando el poder para sí mismo.
Esas eran las circunstancias en enero de 2007, ese era el momento, esa era la oportunidad del pueblo para dar el gran salto definitivo.
Entonces, junto al pueblo esperanzado votamos en la Asamblea Nacional para aprobar la Ley Habilitante, para darle facultades legislativas al Presidente, y lo hicimos con fuerza, con convicción, para desarrollar en leyes lo que el pueblo había escrito en nuestra Constitución Nacional.
Pronto el pueblo, y nosotros con él, nos dimos cuenta que eso no sucedería. Que el camino de la auténtica revolución tendría que esperar todavía para ser transitado, y que, más grave aún, el camino de la democracia había comenzado a ser desandado.
Pronto comenzó la persecución de todo pensamiento disidente: comenzó la purga en el partido de gobierno, se amenazó y se presionó a los partidos revolucionarios para que se disolvieran y se entregaran a un partido único, se amenazó y se presionó a las organizaciones sociales y a los empleados públicos, los Ministros y altos Jefes del Gobierno eran los encargados de la construcción de ese partido y su estrategia principal era el miedo.
La persecución llegó a su clímax en mayo de 2007, cuando se cerró RCTV.
En agosto, los venezolanos conocimos el contenido del proyecto de reforma constitucional… ya estaba bueno… junto a la mayoría del pueblo, rompimos con el Presidente… el engaño había llegado a su fin.
En diciembre pasado sucedió lo que tenía que suceder, sucedió lo que se esperaba, sucedió lo mismo que viene pasando en los últimos años aquí en Venezuela: el pueblo obtuvo una contundente victoria en el referendo sobre la reforma constitucional.
Fue una victoria tan contundente, que todo el poder constituido ha sido usado para que no se conozcan los resultados verdaderos de esa votación.
El soberano se pronunció claramente. A través del pueblo se escuchó la voz de Dios diciendo un contundente NO… pero eso al Presidente no le importa, todos lo escuchamos decir el tipo de victoria que cree él que obtuvo el pueblo.
Una calificación, que aún de noche, en horario de adultos, cuesta decir por televisión.
Hoy, cuando hace poco el Presidente nos entregó a los venezolanos, un paquete con 26 leyes, justamente el último día de su habilitación para legislar, no hay sorpresa alguna: son leyes cortadas con la misma tijera de la reforma.
En ellas se sigue utilizando una retórica revolucionaria. Si solo se tratara de lo que dicen las exposiciones de motivo, los venezolanos seguramente no tendríamos problema alguno en apoyarlas todas.
Esas exposiciones de motivo están llenas de los anhelos que los venezolanos escribimos en nuestra Constitución. Están las reivindicaciones para superar definitivamente la exclusión. Están las principales banderas de las luchas del pueblo para estos últimos años.
TODO ESTÁ HECHO A CONCIENCIA, POR ESO ES IMPERDONABLE QUE EL CONTENIDO DEL ARTICULADO DE LAS LEYES VAYA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS ASPIRACIONES DEL PUEBLO</b<
Los venezolanos tenemos un Presidente que viene comiendo flecha: mientras el pueblo quiere desarrollar el proyecto político que está en la Constitución, el Presidente viene “de allá pa´ ´ca”, con un proyecto personal excluyente.
Como estaba previsto, el Presidente legisló sobre las más variadas materias, y como en la reforma, entre todo lo ácido viene un caramelo.
En esta oportunidad, lo bueno, se encuentra en el área de la vivienda.
En la LEY DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT, se mantiene el subsidio directo habitacional y en principio se mantiene también su carácter no reembolsable.
Al mismo tiempo se establece, que los créditos hipotecarios para viviendas principales podrán ser concedidos hasta por el cien por ciento (100%) del valor del inmueble, y se consagra la figura del crédito mixto, que consiste en que todo usuario del sistema podrá optar a un préstamo a largo plazo que incluya la adquisición de terreno y la construcción de vivienda principal sobre el mismo.
Sin embargo, al igual que en la reforma, en esta parte de la ley viene la confiscación de derechos que el pueblo en esa área ya tiene conquistados, derechos por ejemplo, como participación y descentralización.
Se eliminan los institutos de vivienda regionales y municipales, con lo cual quedan también eliminadas todas las competencias tanto de los gobiernos regionales, como municipales y de las comunidades organizadas, ya que en la ley anterior se establecía la necesidad de que a través de las organizaciones comunitarias de vivienda podían estas participar, previo asesoramiento de los institutos regionales y municipales, para promover el desarrollo de planes habitacionales, con el apoyo de los gobiernos locales.
De esta manera, se centraliza en manos del Ejecutivo nacional toda la competencia en la conducción de la planificación, desarrollo y construcción de los planes habitacionales del país, y al mismo tiempo, sólo el Presidente de la República tendrá la potestad de diseñar el modelo de vivienda que ha de construirse en el país.
Hoy los venezolanos y venezolanas sólo aportamos el 1% de nuestro salario básico mensual para los planes de desarrollos habitacionales, ahora con esta nueva ley nuestro aporte será del 1% sobre el salario integral, es decir, sobre vacaciones, bonificaciones y utilidades. Lo mismo ocurrirá con el sector empleador, que hoy aporta el 2% sobre el salario básico del trabajador, y ahora deberá aportar el 2% del salario integral.
Hasta dónde la voracidad de este gobierno por sacarles el dinero de los bolsillos a los pobres, ¿por qué seguir subsidiando construcciones de planes habitacionales en el exterior a costa del sacrificio de todos nosotros?.
El resto de esta ley, así como la LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA y la LEY DE REESTRUCTURACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, no aportan nada nuevo.
En PODEMOS, hacemos votos y ofrecemos nuestro concurso para que se avance en la solución del grave problema habitacional.
Esta semana, por cierto, el gobierno ha expropiado la cementera CEMEX. La medida tiene más de sensacionalista que de otra cosa. Pareciera que el objetivo es que la gente diga que no hay cemento suficiente en el mundo para construir las viviendas que el gobierno está construyendo.
PERO LA VERDAD, CLARO Y RASPAO, ES QUE ESTE GOBIERNO ES EL QUE MENOS VIVIENDAS HA HECHO EN LOS ÚLTIMOS 60 AÑOS, DESDE EL GOBIERNO DE PÉREZ JIMÉNEZ
En el marco de la Habilitante también se legisló en materia de seguridad social. Todos los venezolanos teníamos una gran expectativa sobre esta área. Es inaguantable la zozobra que vivimos los venezolanos por la falta de seguridad social.
Sin embargo, en la LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, los cambios fueron verdaderamente insustanciales.
Si en algo se hace evidente la mora del gobierno es en la Seguridad Social.
La Asamblea Nacional aprobó una Ley marco que daba al Gobierno un plazo de 5 años, todo un quinquenio, lo que duraba antes todo un período presidencial, para que estuvieran listas las bases del nuevo Sistema de Seguridad Social. Ese plazo se venció el pasado 31 de diciembre de 2007, y el gobierno no tuvo nada listo.
Otra área en la que se legisló es la que tiene que ver con la participación del pueblo en la economía.
Allí está cifrada buena parte de la esperanza del pueblo que ve en esa participación la posibilidad cierta de salir de la pobreza material, de tener los recursos para levantar a su familia.
Un instrumento muy esperado fue la LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA POPULAR.
En esta ley se prevé la participación del pueblo en la economía como una actividad comunal.
De hecho, no aparece dentro de las finalidades, contenidas en el artículo 2, satisfacer las necesidades de quienes producen. Por el contrario, se lee en el artículo 4, que habla de los principios y valores de la economía popular, cito: “la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades de la comunidad”.
Resulta que no es solo ser rico, sino que ahora, ganarse el pan con un trabajo propio también es malo.
Nosotros no promovemos el individualismo, estamos de acuerdo con que los intereses de la sociedad están por encima de los intereses de los individuos, pero nuestra preocupación es esencialmente económica: si el excedente se reinvierte para satisfacer necesidades sociales de las comunidades, tal como lo plantea la Ley, ¿cómo se reproduce el sistema de la economía popular?
Ningún sistema económico, en ninguna época, en ningún lugar, crece si no se produce un proceso de acumulación y distribución justa de capital. En materia de economía popular, si no se produce un proceso de acumulación de capital, en este caso, colectivo, no habría crecimiento sin justa distribución de la riqueza
Un sistema que no acumule capital está condenado a muerte, pero esto parece no importarle al gobierno.
En otra Ley relacionada con el tema de la economía popular, como lo es la LEY PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA Y UNIDADES DE PROPIEDAD SOCIAL, se lee en su exposición de motivos, cito: “La perspectiva bajo la cual se pretende orientar este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, es la social, donde el modelo productivo debe responder a las necesidades comunitarias estando menos subordinados a la reproducción del capital y dirigido a alcanzar un crecimiento sostenido”.
El Presidente, que es quien lo ha escrito en estas Leyes, pretende que la reinversión necesaria para que se reproduzca la economía popular venga del gobierno.
Esa visión de que la economía popular es y será siempre una actividad marginal, sin potencialidad transformadora, parásita del gobierno, es la misma que se ha tenido en Venezuela desde la cuarta república.
Estas leyes son contrarias a lo que pauta nuestra Constitución sobre la economía social, que la eleva al punto de considerarla un factor de desarrollo económico basado en la iniciativa popular.
Nos consta que dentro del gobierno nacional se conocen estas cosas. Lo que está escrito en estas leyes está escrito a conciencia.
La verdad es que detrás de todo esto, lo que se presenta es un Estado Concentrador de Capital o Capitalismo de Estado.
La economía popular, sobre la base de estas leyes, nunca tendrá la fuerza para imponerse como sistema económico.
Sobre todo si se utiliza el sistema de trueque que se prevé en estas leyes.
Según este sistema, el mercado es apenas un sitio, el sitio donde se realizan los intercambios, como si el pueblo no supiera de lo que se trata el término mercado.
Esta Ley plantea que cuando el trueque se refiere a cosas equivalentes, es decir del mismo valor, no hay problema. Pero cuando las cosas que se intercambian tienen valores distintos se debe utilizar una moneda para concretar el trueque.
Dice la nueva Ley que estas monedas no serán las de curso legal en Venezuela, que cada una tendrá su propio nombre decidido en cada localidad, que solo circulará en cada comunidad, pero el Artículo 29 señala que, cito: “El valor de la moneda comunal será determinado por equivalencia con la moneda de curso legal…”, previa autorización del Ministerio de la Economía Popular. MIRE USTED SEMEJANTE ESTUPIDEZ.
Si la moneda para el trueque es equivalente a una locha, medio, real y medio y cuartillo o un bolívar, ¿no es lo mismo usar la locha, el medio, el real y medio y cuartillo o el bolívar.
Es con cosas como estas que se ha decretado la muerte de la economía popular. Por supuesto que el gobierno no lo admitirá, sino después de haber malbaratado miles de millones de bolívares y lo que es peor, después de haber matado las esperanzas de decenas de miles de venezolanos, como paso con los compatriotas de la Misión “Vuelvan Caras”, los que formaron cooperativas, los que formaron “Fundos Zamoranos”.
Más allá de lo puntual, de lo particular de cada Ley, hay un tema, el más importante, es el tema que lo atraviesa todo, que tiene que ver con todo: es el tema del poder.
Nuestra Constitución es tajante al señalar que quien tiene el poder es el pueblo, que quien es el soberano es el pueblo, que es el pueblo el que tiene un papel protagónico.
En la LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA AGROALIMENTARIA, se define que esta seguridad, cito “es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarías apropiadas a sus circunstancias específicas”
En eso estamos perfectamente de acuerdo, pero revisando el articulado de la Ley, la pregunta es: ¿hasta que punto es la nación venezolana la que define y desarrolla las políticas agrarias y alimentarías?.
Desgraciadamente la respuesta es negativa.
No es la nación venezolana, no es el pueblo ni ninguna de sus organizaciones la que define y desarrolla estas políticas: es el Estado, es el Gobierno el que define, el que decide, el que controla, el que ejerce el poder, sin contar en lo absoluto con los sectores que participan en la producción agrícola.
En esta Ley se crean las Asambleas Agrarias, pero se trata de una ilusión de participación.
Nosotros hemos visto en numerosas leyes y en nuestra Constitución, que se prevé el acompañamiento del Estado en actividades que realiza la sociedad, o grupos de ciudadanos o comunidades, pero es la primera vez que veo lo siguiente:
En el artículo 45 de la LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA. AGROALIMENTARIA, donde se establecen las Funciones de las Asambleas Agrarias, en el numeral 3 se lee lo siguiente, cito: “Hacer acompañamiento de las políticas del Estado, a través de propuestas concretas de ajustes y cambios en ellas”.
Es decir, según esta nueva visión de la participación ciudadana, expresada en esta Ley, son nuestros campesinos y nuestros productores los que deben hacer acompañamiento a las políticas del Estado y no al revés.
Este contenido es el que marca la pauta del resto de las leyes incluidas en el área agrícola, así son la LEY DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL, la LEY DEL BANCO AGRÍCOLA DE VENEZUELA, la LEY DE CRÉDITO PARA EL SECTOR AGRARIO, la LEY DE BENEFICIOS Y FACILIDADES DE PAGO PARA LAS DEUDAS AGRÍCOLAS DE RUBROS ESTRATÉGICOS PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA.
En todas se establece un Ministerio como órgano rector, en todas se crea un ente administrador, y en ninguno se incorpora a ninguna organización popular, ni se le da a las decisiones de las organizaciones del pueblo un carácter vinculante.
Este es justamente un punto de principal importancia. Nuestra Constitución establece en su artículo 70, que habla de los medios de participación del pueblo, que las decisiones de las Asambleas Populares tiene carácter vinculante.
Dice la exposición de motivos de nuestra Constitución, y decía siempre el Presidente, que ese carácter vinculante era la expresión de la democracia directa hacia la cual nos dirigíamos.
La verdad, tan grande como un sol, es que la participación popular fue reducida a la nada en las leyes que produjo el Presidente en el marco de la Ley Habilitante.
Los Consejos Comunales, que tanta expectativa habían levantado en el pueblo, han quedado reducidos a entes del Estado subordinados a la Presidencia y a los Ministros, y sus voceros al papel de funcionarios públicos de hecho.
No hay una sola materia de las legisladas que no tenga su ejecutoria la obligación de ajustarse a la Planificación centralizada, desarrollada por la Comisión Central de Planificación, nivel en el cual, por supuesto, no participa el pueblo a través de ningún representante o vocero.
Tanto es así, que los Consejos Comunales pasaron a ser parte del poder constituido, parte del Estado, que ahora estarán sometidos al régimen del control fiscal, por manejar dineros públicos.
Es decir, el mundo al revés, el Presidente comiendo flecha: mientras que el pueblo quiere desarrollar la contraloría social para controlar al Estado, se establece en las leyes que es el Estado el que controlará al pueblo a través del régimen fiscal.
Vistas las cosas, TAL COMO HACE 10 AÑOS LOS VENEZOLANOS TENEMOS PLANTEADA UNA LUCHA POR EL PODER: SIN PODER NUNCA SE ES CIUDADANO, UNA SOCIEDAD SIN PODER NUNCA SERÁ DEMOCRÁTICA, UN PUEBLO SIN PODER NUNCA SERÁ PROTAGONISTA.
Pero sin embargo, tal como se planteó en la Reforma Constitucional, todo el poder que se le ha restado al pueblo lo tiene ahora el Presidente.
En estas últimas 26 leyes se menciona 32 veces la palabra pueblo, pero 384 veces Ejecutivo Nacional.
Se lee 29 veces la palabra sociedad, pero 230 veces Presidente de la República.
Aparece 10 veces la palabra patria, pero 551 veces la palabra Ministerio.
El Presidente ha legislado para darse a sí mismo un poder desmesurado, abusivo, dañino para el país.
El artículo 70 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, establece, que el Presidente puede nombrar Autoridades Regionales, cito: “La Presidenta o Presidente de la República podrá designar autoridades regionales, las cuales tendrán por función la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio aprobados conforme a la planificación centralizada, así como, las demás atribuciones que le sean fijadas de conformidad con la ley, asignándoles los recursos necesarios para el eficaz cumplimiento de su objeto”.
También puede nombrar autoridades únicas de área, conforme al artículo 73.
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Presidente también tiene facultades para constituir cuantas regiones de defensa integral considere necesarias.
Adicionalmente, el Presidente se ha regalado a sí mismo un nuevo grado militar, el de Comandante en Jefe, ya veremos cuando él mismo haga el reglamento de la Ley, cual es el uniforme y las insignias que distingan este grado… que le aproveche.
La Ley Orgánica de la Administración Pública, tiene todo un título, el 6º, dedicado a la PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN PUBLICA, en el se establece, en el artículo 138 que, cito: “Los órganos y entes de la Administración Pública promoverán la participación ciudadana en la gestión pública”.
En el artículo 139, se pasa a establecer el “Procedimiento para la consulta de regulaciones sectoriales”, regulándose pasó a paso el procedimiento, el mecanismo, para realizar las consultas respectivas a las comunidades organizadas.
Pero, al final del artículo se lee claramente, cito: “El resultado del proceso de consulta tendrá carácter participativo no vinculante”.
Ya esta claro que para él, la opinión del pueblo ya no cuenta:
No contó antes de aprobar las leyes, porque su contenido fue negado en el referendo de diciembre, no contó durante la elaboración de las leyes porque se violó la obligación de someter cada una a un proceso de consulta, ni importa en la ejecución de las leyes porque ninguna de ellas prevé como vinculante la opinión del pueblo.
Queridos compatriotas, amigos:
Como vemos, enfrentar estas leyes no es un problema legal, se trata de un asunto político y el pueblo lo entiende muy bien.
No se trata de ir al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar nulidades, hacer consultas, pedir interpretaciones. Quien quiera hacerlo que lo haga, estamos dispuestos incluso a acompañarlos.
El problema central que hay detrás de estas leyes es que el pueblo está siendo despojado del poder que conquistó en nuestra Constitución.
Un poder que el pueblo conquistó no solo legalmente, sino fundamentalmente en la lucha política y social de los últimos años.
Ese pueblo que esta siendo despojado, es el mismo que ganó todas las elecciones habidas y por haber en esta última década, para apoyar al Presidente Chávez. Es el mismo que formó decenas de miles de Círculos Bolivarianos cuando se lo pidió el Presidente Chávez, que formó decenas de miles de cooperativas para participar en la economía como lo pidió el Presidente Chávez, el mismo que ha formado miles de Consejos Comunales a solicitud del Presidente Chávez.
El pueblo que esta siendo despojado, es el mismo que paso hambre, trabajo, sacrificio y venció cuando hicieron el paro petrolero.
El pueblo que esta siendo despojado, es el mismo que, en definitiva, armado de la Constitución lo rescato a usted Presidente, el 13 de abril del 2002, cuando lo tenían cautivo, luego del golpe de Estado.
Ese es el centro del problema, no es un asunto de legalidad.
El Presidente, en la Ley Orgánica de la Administración Pública, estableció que cuando él legisle, las leyes que produzca no tienen que ser sometidas a consulta popular. Cree él que eso será así.
ESO NO VA A SER ASÍ PORQUE LAS ELECCIONES DEL 23 DE NOVIEMBRE VAN A SER EL REFERENDO PARA FRENAR DEFINITIVAMENTE ESTE PROYECTO PERSONAL QUE SE QUIERE IMPONER AL PUEBLO VENEZOLANO.
Estas elecciones marcan el inicio del rescate del país por parte del pueblo. Es el rescate del poder que nos dimos cuando hicimos y aprobamos la Constitución Bolivariana.
A algunos sectores de la oposición venezolana queremos decirle que a nosotros no nos convoca la consigna de CHAVEZ VETE YA.
Chávez saldrá cuando tenga que salir y saldrá por los medios que se establecen en nuestra Constitución Nacional, en eso se nos va el alma, se nos va la vida
Es hora de encontrarse en torno de un proyecto político de cambios profundos, de democracia verdadera, participativa y protagónica, en torno a un proyecto que nació del pueblo, de lo más profundo de su anhelo, de su esperanza.
Ese proyecto es el que el pueblo escribió, de su propio puño y letra en su Constitución Nacional.
Desde hoy, todos tenemos una tarea prioritaria, discutir con cada uno de nuestros candidatos como es que vamos a desarrollar ese proyecto a partir del 23 de noviembre.
Como es que cada ejecutoria de los nuevos gobiernos va a contribuir a superar el proyecto personal que se nos quiere imponer desde lo más alto del poder usurpado.
