Educación para el futuro
La realidad es una: Venezuela es un país pobre. Lo peor es que la mayoría de sus habitantes no lo creen, pero más grave aún es que buena parte de sus dirigentes creen lo contrario y casi todos los días cuando tienen oportunidad, expresamente manifiestan con orgullo: “somos un país rico pero mal administrado”.
Esta convicción generalizada es quizá la primera fuerza enemiga para la concepción de una política económica de crecimiento sostenido. Y como consecuencia una vasta mayoría exige al Estado y al Gobierno que actúe en la economía, bien como agente directo a través del gasto público y de las empresas del Estado, ó por medio de regulaciones e intervenciones. Esta realidad indica que permanece subyacente en esas mayorías, la idea de que la participación de las empresas privadas en el crecimiento económico, sea de menor importancia.
El ingreso per cápita (PIB/hab) actual de Venezuela está en el orden de los 4.500 $. Si se compara esta cifra con Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania nos encontramos que estos países superan por más de 5 veces el ingreso venezolano. Pero por un acto de la gracia divina, aspiramos a un régimen de protección social equivalente al de esos países, sin tener como financiarlo. Quienes trabajan en este proyecto no se han percatado de la enorme limitación que significa para una adecuada provisión social, el de ser un país pobre.
Venezuela en los próximos 10 años crecerá su población a una tasa del 2.5 % al año, lo cual significa que para el 2010 seamos 31.000.000 de personas. Pero lograr duplicar el ingreso per cápita, implica que la economía crezca con estabilidad de precios a una tasa anual superior al 7 %. Para alcanzar esta meta, será imprescindible realizar un enorme de esfuerzo de inversión equivalente a unos 300 mil millones de Dólares Americanos. Sin poner en desmedro la importancia de la inversión pública y si se toma a la inversión en la industria petrolera como de naturaleza pública, será necesario una inversión privada de magnitudes similares a la industria petrolera, es decir unos 150 mil millones de Dólares Americanos en ese período de 10 años.
Pero poder alcanzar esta meta, además de recursos financieros, exige de recursos humanos que dirijan, ejecuten, administren y operen los nuevos negocios que surgirán en el país a consecuencia de esas magnitudes de inversión. Estos negocios que se pondrán en marcha tendrán que estar concebidos y operados dentro del contexto de la participación de Venezuela en los mercados regionales y globales. Este reto implica un cambio radical en los patrones culturales que rigen el comportamiento en la actualidad de trabajadores, empresarios, políticos. ¿Será ello posible?
Una transformación de esos valores sólo es posible a través de la educación. Con un programa adecuado será posible inculcar en los futuros directores de empresas y gerentes, trabajadores en general, la necesidad de ser eficientes, tener desarrollada la iniciativa de crear empresas, de poder ejercer control sobre la realidad, ser competitivos y estar dispuesto a competir en los mercados para lograr colocar producción nacional de bienes finales comercializables y no sólo exportar insumos y materias primas. Pero este esfuerzo no será suficiente si no se inculca de estas conductas a los futuros gobernantes y legisladores.
La oportunidad de discutir una nueva ley de educación debe llamar a la reflexión de sus promotores sobre una visión del futuro del país dentro de un contexto económico y político que nos permita superar la pobreza. Es indiscutible el papel estelar de la educación en la construcción de esa posibilidad. Si el enfoque se centra sobre más centralismo y estatismo sobre la base de un Estado rico, estaremos perdiendo una excelente oportunidad de agenciar un cambio. Estaríamos corriendo el riesgo de llegar al año 2010 con los mismo niveles de ingreso, cuando ya seguramente el PIB/hab de los países europeos sea no sólo 5 veces, sino más bien 10 veces.
