Opinión Nacional

El 4-F visto desde (y por) ahora

1. El 23-E y el 4-F

En su afán por contar la historia a su medida, tal como suelen hacer todos los líderes y regímenes con vocación totalitaria, Hugo Chávez y sus seguidores han borrado del mapa el enorme significado político e institucional del 23 de enero de 1958, al tiempo que han relevado el supuesto papel trascendente de la asonada golpista del 4 de febrero de 1992. El pasado 23 de enero transcurrió sin que por parte del Gobierno hubiese habido la menor referencia. En cambio, el 4 de febrero sirvió de marco para exaltar las supuestas bondades de la “revolución pacífica bolivariana”, cuya semilla se sembró aquella madrugada tormentosa.

Comparar ambas fechas es necesario para desenmascarar las distorsiones que el comandante (y los comandantes), amparados en el enorme poder que ahora disfrutan, pretenden hacer pasar como verdades inamovibles. No tendría nada de extraño que una vez relegitimado Hugo Chávez, él y sus partidarios decidan, como en la época de Pérez Jiménez, decretar una Semana de la Patria que tenga como epicentro el 4-F, y persiga como fin conmemorar esa gloriosa gesta que, desde la lógica chavista, marca el inicio de las grandes transformaciones finiseculares del país. Además de las adulteraciones, nada hay que les guste más a los espíritus absolutistas que la rimbombancia y la magnificencia. Frente a tanto engaño y tergiversación, conviene trazar una clara línea divisoria que coloque a cada uno de esos acontecimientos en el lugar que le corresponde. No es bueno dejar que la mentira se imponga sin, al menos, oponer alguna resistencia.

El 23 de enero de 1958 fue el triunfo del pueblo, conducido por una dirección política unitaria -respaldada por oficiales de las Fuerzas Armadas con vocación democrática- que se conformó en medio de la represión implacable. Estos dirigentes supuieron moverse con sabiduría contra un gobierno despótico y corrupto que había hostigado a la oposición, copado las instituciones del Estado y cometido toda clase de fraudes y atropellos para perpetuarse en el poder. El movimiento que obtiene la victoria el 23 de enero del 58 se compacta en torno a la lucha por la libertad y la democracia en todas sus expresiones: de prensa, de ideas, de organización. Se agrupa para resistir la persecución, luchar por elecciones universales y secretas, e implantar un sistema basado en el predominio de las instituciones. Es un movimiento inspirado por los ideales democráticos de justicia, libertad e igualdad, que cuenta con el entusiasmo del pueblo, su protagonista fundamental.

La asonada del 4 de febrero es de otra naturaleza y representa otros ideales. La organiza una logia de oficiales alucinados que se creen predestinados a conducir a la Nación a destinos superiores. Esos oficiales manipulan y engañan a un grupo de soldados, y los obligan bajo amenazas a acatar las órdenes de sus superiores inmediatos. En esa intentona no participa el pueblo. Uno de sus propósitos es abolir las instituciones republicanas, y coartar la democracia y la libertad. Es una intentona que fracasa de forma estruendosa allí donde en teoría residía la mayor ventaja competitiva de sus conductores: el terreno militar. La derrota que sufren esos comandantes es tan aplastante, que ni siquiera llegan a tomar la residencia presidencial La Casona. La alta oficialidad supuestamente burocrática, inepta y corrupta que los comandantes denunciaban en sus encendidas proclamas, a pesar de haber sido tomada por sorpresa, los derrota de forma humillante, sin que haya lugar para las apelaciones ni los atenuantes. Es un movimiento que fracasa en toda la línea, a pesar de que sus estrategas tenían más de 20 años preparándolo hasta en sus más mínimos detalles.

El 4-F no se ejecuta en nombre de la libertad y la democracia, sino en nombre de unos confusos y vetustos ideales nacionalistas y tercermundistas, colocados de espaldas al curso de la realidad doméstica e internacional.

2. El 4-F y la reacción conservadora

Después de provocar la muerte de civiles inocentes y de soldados que fueron conducidos al sacrificio o que murieron en un combate absurdo, el delito más grave que cometen Hugo Chávez y los comandante que dirigen la insurrección del 4-F, es que detienen los cambios que habían comenzado a introducirse en el ordenamiento del Estado y en el diseño y ejecución de las políticas económicas.

Al gobierno de Carlos Andrés Pérez se le pueden formular muchas críticas. Pero tiene un mérito incuestionable. Inicia el cambio del modelo rentista, del petroestado –tal como lo llama Alberto Quirós Corradi- para reemplazarlo por un modelo fundado en el incremento de la producción, la productividad, la eficiencia y la justicia social. Con Pérez había comenzado el desmantelamiento de esa enorme maquinaria centralista que el petróleo, desde la época de Juan Vicente Gómez, había permitido construir. Se empiezan a dar los pasos iniciales para desmontar el capitalismo de Estado, la intervención abusiva del sector público en la economía, el proteccionismo desmedido y los subsidios indiscriminados para mantener industrias ineficientes y burocracias rapaces. Para cumplir con este propósito se inicia la privatización con base en un plan y un cronograma que comienza a cumplirse con la venta de bancos, centrales azucareros, la CANTV y VIASA. Se introduce en el Congreso una reforma fiscal dirigida a mejorar el esquema impositivo. Se diseña una reforma comercial orientada a realizar los cambios que le permitieran a Venezuela ajustarse a los cambios en el mercado internacional. Se confecciona una estrategia económica global orientada a modernizar la economía y adecuarla a los nuevos tiempos.

Otro proceso importante dirigido a desarmar el Estado centralista es la descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos regionales y la reducción del peso del presidencialismo. Hacia finales de la década de los 80 el proceso de transferencia de competencias políticas y administrativas hacia los gobiernos regionales cobra un gran impulso.

La privatización y la descentralización se convierten en los ejes básicos de la reducción y transformación del Estado. El país cuenta con una estrategia global para transformarse en el plano institucional, económico y social. Ciertamente la propuesta de cambio no reunía el apoyo de todos los sectores nacionales, e, incluso, tenía la oposición abierta de algunos núcleos. Sin embargo, existía un mapa completo de los cambios modernizantes que debían producirse.

Estas reformas se congelan después del fallido golpe del 4-F. Carlos Andrés Pérez, que derrota militarmente a Hugo Chávez y su grupo, retrocede en sus propósitos de cambio. Del país se apodera un sentimiento neoconservador que detiene los vientos de cambio renovadores que habían comenzado a soplar unos años antes. Pérez pierde la iniciativa política Se paraliza la privatización. Las reformas estructurales de la economía se frenan. El énfasis de la política social se mantiene en la aplicación de programas compensatorios, y no en planes de mediano plazo orientados a sacar a los pobres definitivamente de su condición. Toda reforma que atentara contra los antiguos privilegios basados en el reparto irresponsable de la renta petrolera, pasa a ser vista como un signo de neoliberalismo salvaje. Se inicia un vasto movimiento contrarreformista, cuya manifestación más importante es el triunfo de Rafael Caldera en las elecciones de diciembre de 1993.

El 4-F pasará a la historia como la fecha que aborta el proceso de cambios más importantes emprendido por el Estado durante la segunda mitad del siglo XX, y como el inicio de una reacción neoconservadora y neopopulista orientada a reeditar los vicios del Estado petrolero, que habían tratado de superarse en la etapa inmediatamente anterior.

La reacción conservadora Hugo Chávez la está llevando a su climax. Eso sí, en nombre de una revolución y unos cambios que en realidad lo que han hecho es restablecer el personalismo bajo la forma de un presidencialismo exacerbado. De una revolución que torpedea por todos los flancos el proceso de descentralización. (el Presidente de la República ni siquiera se reúne con los gobernadores, y mucho menos con los alcaldes). De una revolución que se desentendió de la privatización, que denuncia la globalización como una maniobra neoliberal y que ha logrado que el intervencionismo y omnipresencia del Estado recobren su viejo vigor. De una revolución que sólo ha sido involución por la enorme dosis de autocratismo, estatismo y atoritarismo que ha introducido en la vida nacional. Desde el 4-F el país es más dependiente y subordinado del Estado que durante la década de los 70 y los 80. El 4-F cerró los caminos que nos hubieran conducido a ser una nación más democrática, moderna, próspera y equilibrada. En realidad el 4-F no es para celebrarlo, sino para conmemorarlo.

¿Quién pagará el activismo político del Presidente?

Entre las numerosas perlas que Hugo Chávez dejo caer en su discurso de la Plaza Caracas el 4 de febrero, una es ésta: como el país tiene ya un Vicepresidente que puede ocuparse de la marcha cotidiana del Gobierno, desde ahora hasta las megaelecciones él se desentenderá de sus obligaciones como Primer Mandatario, para ocuparse a tiempo completo de sus compromisos como jefe del MVR y del Polo Patriótico, pues sólo su dedicación total a la causa patriótica será garantía de un triunfo aplastante del Polo en esos comicios.

Frente a semejante confesión uno se pregunta: ¿quién financiará los gastos de Hugo Chávez como activista político? La respuesta no es tan difícil: todos los venezolanos que pagamos impuestos. Esto, de por sí muy grave, se torna aún más escandaloso en medio de una situación, donde la Constitución bolivariana establece la supresión del financiamiento público de los partidos políticos. En otros términos: el Estado no puede financiar a las agrupaciones partidistas, pero sí tiene que pagarle al Presidente, no para que se desempeñe como Jefe de Estado, sino para que trabaje todo el día como activista y proselitista de la fuerza política que lo respalda.

Si el Presidente hace lo que prometió estaría abandonando el cargo, lo cual está castigado por la ley. Además, el uso de los recursos públicos para todo fin que no sea el que corresponde a la función que se desempeña es un delito llamado peculado de uso, claramente tipificado y castigado en la Ley de Salvaguarda.

El Fiscal, el Contralor, la Defensora del Pueblo y los miembros del CNE en los próximos meses tendrán una excelente oportunidad de demostrar que están dispuestos a meter a Hugo Chávez en cintura. ¿Realmente lo harán? ¿Se harán de la vista gorda frente a los abusos que su propia confesión presagia? Veremos.

Fundado hace 28 años, Analitica.com es el primer medio digital creado en Venezuela. Tu aporte voluntario es fundamental para que continuemos creciendo e informando. ¡Contamos contigo!
Contribuir

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar
Cerrar
Botón volver arriba