Opinión Nacional

El arrebatón de Diosdado

La inmunidad parlamentaria es una garantía de libertad de funcionamiento de la AN, consagrada para asegurar la independencia y autonomía de la misma. La inmunidad es una prerrogativa procesal que protege al Diputado, a fin de que no pueda ser procesado, detenido, requisado, ni allanado sin que se cumplan formalidades constitucionales previas, como lo son el antejuicio ante el TSJ y, en caso de que sea declarado procedente dicho antejuicio, la autorización de la AN. El respeto a la inmunidad es condición indispensable para la democracia parlamentaria. Se allanó, mejor dicho se arrebató, la inmunidad del diputado Mardo sin respetar ninguna de las formalidades, requisitos, plazos y garantías constitucionales.

En el caso concreto del diputado Mardo, se violentó de manera directa, flagrante e inmediata el Estado de Derecho: i) El TSJ declara con lugar un antejuicio de mérito sin pruebas, las que presentó la Fiscalía eran forjadas y no se permitió a la parte afectada controlar la regularidad, certeza y veracidad de las pruebas. Se vulneró en dicho proceso previo, el derecho a la defensa y al debido proceso. ii) La AN viola el procedimiento de allanamiento establecido en el artículo 25 del Reglamento de la AN que dispone que una vez recibida la solicitud de autorización por parte del TSJ para allanar la inmunidad de un Diputado, en virtud de la declaratoria con lugar del antejuicio, se procede a nombrar una comisión especial que se encarga de estudiar el asunto y presentar un informe a la plenaria, en un plazo de 30 días. Dicha comisión debe respetar el derecho a la defensa y el debido proceso del Diputado a quien se le pretende allanar la inmunidad. Nada de eso se respeto. iii) Se allanó la inmunidad con una mayoría no calificada, cuando así lo exige la Constitución.

En el caso del diputado Mardo ya se le aplicó la pena y la sanción máxima de inhabilitación política y de suspensión de su cargo, sin ni siquiera haber comenzado un juicio. Se violó la representación popular y el mandato popular que lo eligió. El régimen convirtió el allanamiento en un mecanismo de intimidación y persecución como parte de una ofensiva contra la disidencia, que afecta hoy a la oposición, pero mañana puede afectar al oficialismo.

No hay democracia parlamentaria. El Parlamento pierde con la ilegitimidad de desempeño y ello demuestra y profundiza la ilegitimidad del régimen.

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