Opinión Nacional

El CNE bajo sospecha

El Consejo Supremo Electoral (CSE) fue creado en 1936 durante el gobierno de Eleazar López Contreras. Era una más de las instituciones concebidas para ir abriendo el camino a la democracia después de la infame dictadura de Gómez. Quienes presidieron este CSE como quienes presidieron las juntas electorales estadales y demás funcionarios eran escogidos por su honorabilidad y representatividad. Representatividad que era ejercida entonces por las personas principales de cada ciudad o pueblo: gente respetada por todos y con vocación de servicio.

Las elecciones de 1938 en las que se eligieron diputados a las Asambleas Legislativas y concejales fueron las primeras bajo la vigilancia del nuevo órgano electoral. Se tomaron todas las previsiones de acuerdo a la nueva Ley redactada de acuerdo al derecho electoral más avanzado de la época. He visto y estudiado los archivos (se conservan hasta los cuadernos de votación de cada mesa electoral) de la Junta Electoral del Estado Mérida de ese año presidida por el Dr. Pedro Pineda León y es palpable la pulcritud y la responsabilidad con la cual se acometieron las elecciones. (Por cierto, el registro de los votantes de cada mesa presenta la misma caligrafía y teniendo en cuenta que entonces se exigía que los electores debían saber escribir, a nadie se le ocurrió la estupidez de decir que era nulo porque cada persona no había escrito con su puño y letra sus datos).

En otros países democráticos las elecciones son organizadas por algún ministerio del gabinete ejecutivo (el del Interior casi siempre) pero es impensable que los resultados sean alterados por el partido en el poder. Tal cosa sería un delito imperdonable no sólo sancionado por el sistema judicial sino que el responsable -el ministro- sería prácticamente linchado por la opinión pública: su carrera tendría un final abrupto. Nadie se imagina aquí algo semejante, por eso se creó una institución aparte que persiguiera la finalidad de organizar las elecciones de manera imparcial y transparente para que sus resultados fuesen respetados por todos los factores competidores y por todos los ciudadanos.

Desde aquel primer proceso electoral el CSE cumplió su papel, mejorando sus procedimientos de acuerdo a la experiencia obtenida. En el año 1946 votan por primera vez las mujeres y los analfabetas y así pueden participar todos los venezolanos mayores de edad. Luego viene el paréntesis dictatorial de Pérez Jiménez en el cual se cometieron escandalosos fraudes electorales. Con las elecciones de 1958 el CSE recupera su seriedad y dirige –presidido por honorables ciudadanos- los distintos procesos hasta los 1993. Después de las elecciones de este año arrecia la crítica contra el sistema de escrutinio y contra el mismo organismo electoral. Se llega a la conclusión de reestructurarlo y se comienza por lo más fácil y más tradicional: cambiarle el nombre. Ahora es Consejo Nacional Electoral (CNE).

La corta trayectoria del CNE está signada por la duda, el fraude, la desorganización. Nunca antes unas elecciones nacionales habían sido postergadas después de haber sido fijadas solemnemente (Megatorta: el 28, el 28). Nunca habían sido impugnados unos comicios de manera general como las elecciones de gobernadores de 2000. Nadie se cree el cuento que Chávez sacó más votos en 2000 que en 1998. La empresa española que vendió las máquinas electorales es blanco de las peores acusaciones. Venezuela que antes era llamada para asesorar en la materia a otros países, hoy es mirada de reojo, como con pena ajena.

Así llegamos a este CNE de nuestros días. Con un directorio nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia ante la irresolución de la Asamblea Nacional, de acuerdo a cuotas (tres del gobierno y dos de la oposición). Con tal conformación era de preverse su actuación errática y parcializada. No se buscaron nombres neutrales e independientes. A los llamados rectores (otra ridiculez más: cambiarle el nombre a los directores) escogidos de esa manera se les hace muy difícil mantener una posición ecuánime que busque sólo cumplir con la buena organización de las elecciones y el respeto unánime de sus resultados. Cada uno tiene puesta la franela de su equipo, sobre todo el supuesto quinto hombre seleccionado por sus paisanos, mandaderos judiciales de “el proceso”.

Hace poco ha dicho un rector chavista que el acuerdo firmado por el gobierno y la oposición el 29 de mayo no es vinculante. Eso no es nada nuevo, porque el presidente Chávez aunque nombró sus representantes, en esa lógica tan particular suya, no se considera comprometido por el mismo. El punto más importante del acuerdo es la realización de unas elecciones para así salir de la crisis, pacífica y democráticamente. Para eso fue nombrado este directorio del CNE, no para otra cosa.

Por eso extraña que se haya dedicado a la adquisición de nuevas máquinas electorales si existen las compradas en 1998. ¿Por qué ese empeño en decir que éstas fueron adquiridas con sobreprecio y la conclusión es comprar unas nuevas? Otro despilfarro de millones de dólares que en un país serio habría causado ya la actuación de los tribunales. Y lo preocupante es que la tecnología a emplear por la compañía ganadora no usará ningún soporte de papel para el voto: sólo se tocará la pantalla para escoger la opción preferida. Si con boletas hubo la trampa que hubo, ¿cómo será ahora que no quedará ninguna prueba del voto? En 2000 existió la posibilidad de abrir las urnas para recontar los votos, ahora -según lo que entiendo- no.

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