El control de las universidades
Evaluación del Proyecto de Ley de Universidades oficialista aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional.
1- En esencia, es un proyecto que sólo intenta controlar a las Universidades, colocándolas en grado subalterno con el Ministro de Educación Universitaria, cuyo despacho asume la mayoría de las funciones que ahora poseen las Autoridades Universitarias y los organismos de cogobierno universitario. El Ministro se transforma en una suerte de de zar supremo de la Educación Superior, que decide desde los asuntos más relevantes hasta procesos administrativos cotidianos.
Para este propósito, se confunde, de manera intencional al Estado Docente con el Ministerio para la Educación Universitaria, de igual manera, lo público con el gobierno, con el fin de justificar, los superpoderess de los cuales dispondría el Ministro respectivo para la Educación Universitaria.
2- Los llamados Consejos de Transformación, no tienen otro objetivo que anular las atribuciones y derechos de las Autoridades Universitarias. Al llamarlos de esa manera, quieren colocar a las Universidades Nacionales en una situación de debilidad institucional constante, por lo cual, toda decisión o política que provenga de las estructuras internas de cada Casa de Estudio, estará sometida a ese organismo Suprauniversitario.
3- Se privilegia como documento base de referencia el Plan de de Desarrollo Económico y social de la Nación2007- 2012, que exige la ética socialista para la educación e todos sus niveles, contrario al Texto fundamental del país, que es la Constitución Nacional, en el cual la educación tiene carácter plural y democrático, sin ataduras ideológicas al modelo de gobierno del momento. Puede constatarse estos señalamientos en los llamados principios valores y fines que el Proyecto determina para la Educación Universitaria.
4- Se repite en el documento aprobado acerca de la Democracia protagónica y participativa, cuando el único protagonismo se lo reservó la diputada Cilia Flores para ordenar al secretario leer cada artículo y a una Asamblea pasiva, obediente y silenciosa, salvo el pequeño grupo de parlamentarios disidentes, levantar las manos en señal aprobatoria.
5- Así, no fueron tomadas en consideración opiniones ni proposiciones distintas al ideario oficialista, tal como ocurrió con la Ley Orgánica de Educación. El Proyecto presentado por la UCV y AVERU, por iniciativa parlamentaria de los diputados Ismael García, Juan José Molina, Arcadio Montiel, Hermes García y Bernardo Jiménez, fue desechado sin respeto por procedimientos que sobre ello dispone la Constitución Nacional y los reglamentos de la propia AN
6- Sin que medie la mínima consideración por la opinión pública, el proyecto incluyó criterios y artículos relacionados con el pensamiento único, las misiones, el desarrollo endógeno, la educación “socialista», la modificación de la Comunidad Académica y el claustro universitario, rechazados el 2 de diciembre de 2007 en el Proyecto de Reforma Constitucional presentad por el Presidente Chávez y los diputados oficialistas de la AN.
7- Se obliga a las Universidades a relacionar sus planes de estudio y en general sus principios académicos en pre y postgrado con los objetivos ideológicos del gobierno, restando a éstas sus atribuciones consagradas en el artículo 109 de la Constitución Nacional que se refiere a la Autonomía Universitaria. Aquí debe destacarse el papel que se le otorga la las misiones para que las Universidades “contribuyan” obligatoriamente con las funciones que el gobierno prevé.
8- Pretende repetir en las Universidades la clásica división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial con el fin de crear un caos organizativo, y administrativo y competencias contradictorias. Paradójicamente, esta iniciativa proviene de un grupo político que ha consagrado el culto al poder de Ejecutivo Nacional y a la figura presidencial. Aquí destacamos el carácter contralor y punitivo del Proyecto que considera a las Universidades sus actuales órganos de cogobierno en situación de sospecha permanente.
En definitiva, la Primera Discusión del Proyecto de Ley de Universidades evidencia un desconocimiento de principios caros a la Institución Universitaria: la Autonomía, la libertad académica y sus derechos para definir políticas de ingreso y programas de pre y postgrado
