Opinión Nacional

El deber de un político es sacrificarse por su Patria

Frase lapidaria del insigne patriota Alejandro Peña Esclusa, prisionero político del régimen socialista del teniente coronel Hugo Chávez desde el 12 de julio de 2.010, pronunciada el pasado miércoles 20 de julio al momento de serle otorgada una medida cautelar sustitutiva, conforme al artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, previa experticia médica ordenada por el Ministerio Público con fundamento en el artículo 237 del mismo instrumento legal, motivada por la grave afección de salud del aún procesado, y en tal virtud podrá éste dirigente continuar  tratamiento médico desde su hogar. Hasta aquí el referente jurídico. De seguidas el meollo del asunto: su consecuencia política.

Desde hacía ya muchos meses, Alejandro Peña Esclusa, al igual que otros connotados prisioneros políticos demócratas, exigían el cumplimiento de la normativa jurídica referida a su derecho a la salud, diezmada para ellos debido a las condiciones inhumanas en las que pagan por su derecho a disentir frente al socialismo. Sólo ahora, cuando el propio teniente coronel padece en carne propia el drama de una grave enfermedad, el Estado socialista a su servicio procede a cumplir la ley.

Nada de extrañar, considerando la naturaleza inhumana del socialismo, enquistado en Venezuela desde hace ya 12 años. Y así lo entiende Alejandro Peña Esclusa cuando recién expresó sentirse «muy orgulloso» por haber pasado un año en la cárcel, injustamente acusado por los delitos de tráfico de armas de guerra en la modalidad de ocultamiento y asociación para delinquir, por orden de un régimen absolutamente inconstitucional desde el 11 de abril de 2.002.

Es cuando observamos los enormes contrastes que en la manera de comprender y desarrollar la lucha por la restauración constitucional, subsisten en el seno de nuestras fuerzas demócratas. Por un lado, tenemos la postura digna y paradigmática  del patriota Alejandro Peña Esclusa, hombre de pensamiento y acción, siempre enmarcado en los valores de la civilización occidental, de trabajo, ley y orden, quien en medio de sus particulares circunstancias ha sabido emplear en la mejor manera sus potencialidades políticas, en pro de la libertad de los venezolanos, sin ceder ni un ápice de su honor.  Es el caso, que en la trinchera allende encontramos a nuestra Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Órgano representativo de las fuerzas demócratas en Venezuela, cuya plena legitimidad se basa en el voto popular otorgado el pasado 26 de septiembre, pero que a la fecha sigue sin superar el ¨Síndrome 11 de abril¨. Éste se hace manifiesto, en la incapacidad moral de nuestra dirigencia organizada, para siquiera intentar detener el avance socialista con mecanismos constitucionales alternos al voto popular.

Si bien es cierto que la formalidad electoral sigue constituyendo el ¨Nudo Gordiano¨ que Hugo Chávez no ha podido desatar, también lo es la inmoralidad política de hacer depender toda la tratativa demócrata en la vía comicial. Expongo acá un caso puntual: la recién promulgada ley de costos y precios justos, contenida en la Gaceta Oficial 39.715, vigente desde el pasado 18 de julio.

La cabal aplicación del prenombrado instrumento jurídico y su publicitado sistema de regulaciones, controles y  sanciones, implica la segura destrucción de lo que resta de libre empresa en Venezuela, algo bien sabido por el socialismo en el poder, que no por casualidad la impuso obviando el público debate, empleando para ello a la ley habilitante, con la dolosa pretensión de sacar  provecho político-electoral, al  proceso de destrucción empresarial que se espera de acá a diciembre 2.012. Me pregunto entonces: ¿La mayoría demócrata venezolana debe aguardar dócilmente hasta el evento electoral presidencial, mientras en el trance perdemos lo que nos resta de libertad económica? ¿Puede la MUD garantizar el respeto a nuestro voto popular, cuando hoy se cruza de brazos ante el despojo continuado a manos del socialismo?

El cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de todos los venezolanos, no constituye piedra de tranca para el camino electoral, muy  por el contrario lo allana, cuando se tiene por norte respetar y hacer respetar la voluntad popular. Si fuere éste el caso, la MUD debe actuar desde ya. Porque no en vano: «El deber de un político es sacrificarse por su Patria». ORA y LABORA.

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