Opinión Nacional

El desmontaje de una institucionalidad

Una Interpretación Libre

¿Ahora le toca a la Asamblea Nacional?

El Gobierno Nacional se ha propuesto, dentro de su proyecto político, desmontar la institucionalidad existente bajo la denominada IV República porque entiende que la misma ha respondido a lo que precisamente trata de combatirse, valga decir, la institucionalidad dominada en sus concepciones y ejecuciones por la clase burguesa de la sociedad venezolana. Este desmontaje se ha justificado en razón de los resultados nada positivos obtenidos, de manera particular, en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, lo cual se ha asociado a la vigencia de un sistema capitalista de dominación económica que determina igualmente el control social y cultural, incluso apoyado por la esfera religiosa dominante.

La primera década ha demostrado que el proceso revolucionario venezolano del Presidente Chávez es un proceso de izquierda, progresivo y no radical en lo temporal, pero si en su contenido. Este se va ejecutando en atención a elementos pragmáticos que implican avances y retrocesos, dependiendo de las circunstancias que lo rodean y condicionan,  tanto en lo doméstico como en lo internacional. Pero, tambien se construye con al progresivo convencimiento y visión que van teniendo aquellos que lo conciben, dirigen y ponen en práctica, lo cual incluso puede hacerlo ver como un modelo de sociedad que se va construyendo progresivamente, no en vano así se le ha concebido desde un inicio al ser calificado como el Socialismo del Siglo XXI. Según se argumenta, esta visión permitiría corregir las fallas detectadas en la concepción y funcionamiento de los modelos socialistas aplicados en el pasado.

En este transito, se han observado múltiples facetas, desde el inicio de la aplicación de concepciones neoliberales con mayor énfasis en lo social (continuación de políticas de gobiernos precedentes), pasando por dudas acerca de la verdadera orientación que debía tener el modelo revolucionario a aplicar (aquí se encuentra el planteamiento de la “Tercera Vía” propugnada en su momento por Francia); hasta la imposición de limitaciones al rol del sector privado y a la participación ciudadana; que incluso ha significado desaceleraciones, aceleraciones o cambios de rumbo en las orientaciones escogidas, según conveniencias político-electorales, y finalmente hasta el regreso a concepciones que fueron rechazadas en la propuesta de reforma constitucional del 2007.

Lo que si es cierto es que este transito ha traído consigo que el proceso revolucionario emprendido por el Gobierno venezolano desde 1999, pero radicalizado fuertemente desde hace aproximadamente 2 1/2 años, haya buscado la construcción de una nueva sociedad con reglas de funcionamiento distintas a las conocidas hasta 1998, sustentado ello en la aprobación de una nueva Constitución con sus leyes e institucionalidad derivadas, y cuando el Gobierno Revolucionario no ha podido realizar ciertos cambios a la institucionalidad existente, entonces le ha construido una paralela. Así, conviven viejas y nuevas instituciones, donde las primeras se encuentran en extremo minimizadas o anuladas.

Así, de manera concreta, las afectaciones y cambios ocurridos en lo institucional en el país se concentran principalmente en las áreas siguientes: política, participación y organización ciudadana, comunicacional, económica (empresarial, laboral, financiera, etc.), religiosa y legislativa.

En el área política los cambios son evidentes. Ha habido toda una recomposición del contexto y el juego político, poniendo en evidencia la interpretación dada a la nueva forma de entender y hacer la política. Con ello, se ha producido la significativa reducción de la representación de los partidos tradicionales (AD y COPEI) y la preponderancia de los partidos que apoyan al Gobierno Nacional, con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la cabeza, no obstante que la mayoría de los venezolanos no posee afiliación partidista. La frase “Patria, Socialismo o Muerte, … ¡Venceremos! ”, al estilo de la seguida por la Revolución Cubana, habla muy claro de la profundización y radicalización del proceso revolucionario venezolano. De la misma manera, en este campo se observa una vuelta a la centralización de la acción gubernamental y la profundización del presidencialismo como forma de garantizar los cambios estructurales requeridos y, en consecuencia, el ejercicio del poder y control público.

En cuanto a la participación y organización ciudadana es notorio el cambio institucional dado, ya que la sociedad civil, conformada principalmente alrededor del apoyo otorgado al Gobierno, se ha estructurado, entre otros, en comités y mesas técnicas (de agua, tierra, etc.) y consejos comunales. Por otra parte, se han hecho importantes esfuerzos para la participación ciudadana en la elección de sus autoridades locales, regionales y nacionales via la ampliación del registro electoral  (pese a la persistencia de dudas acerca de su certidumbre) y en contraste con el sentimiento centralizador y presidencialista que existe como forma de gobierno.  Por otra parte, se ha producido una compenetración entre la participación/organización ciudadana y las Misiones (programas sociales) adelantadas por el Gobierno Nacional, lo cual ha llevado consigo la muy importante ampliación de los Ministerios Ejecutivos, pese a la promesa inicial hecha de su necesaria reducción, todo ello bajo el argumento de detectar mejor las necesidades de las comunidades y su adecuada solución. El resultado hasta ahora es el de la aparición de un sentimiento de exclusión de una parte importante de la población del beneficio de las misiones o programas  sociales gubernamentales, en buena medida soportado en la polarización política de la sociedad venezolana.  

En el campo comunicacional, los cambios institucionales han sido profundos, al entender el Gobierno que éste debía ser un campo clave en los cambios estructurales que debían darse en Venezuela (hegemonía comunicacional). Así, se han expandido enormemente los medios de comunicación oficial, tanto en prensa como en radio y televisión, incluyendo el Internet, con ampliación significativa de los medios comunitarios. Esto ha ido en paralelo con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley RESORTE) y el cierre de muchos  medios de comunicación privados. El resultado hasta ahora es la polarización entre medios oficiales y privados/independientes, que ha permeado a la sociedad como un todo.

En el área económica el avance es notorio. Los cambios institucionales se vienen produciendo de manera tal que el sector público está ganando espacio, cada vez mas, en la producción de bienes y servicios, que aunque aun no es mayoritario, si está ocurriendo de manera progresiva y en áreas claves. El Estado ha profundizado su papel de empresario conjuntamente con la participación y organización social, ejerciendo acciones de confiscación, nacionalización, estatización, etc. en una gran variedad de áreas, prioritarias y no prioritarias. A pesar de no ser los únicos, los sectores alimenticio y financiero (con las modificaciones introducidas a la Ley del Banco Central de Venezuela y el fortalecimiento del Sistema Financiero Público) están tomando lugar clave en el proceso de reforma económica. Se interpreta que este cambio institucional es determinante para el cambio político revolucionario perseguido y que, a diferencia de otros procesos como el cubano, lleva un ritmo mucho menos acelerado, pero en la dirección esperada de un modelo socialista.  Por su parte, los cambios en el mercado laboral tampoco se están haciendo esperar y son una consecuencia de lo antes señalado en materia de la progresiva injerencia empresarial del Estado en los  distintos campos o áreas; no obstante esto, la conflictividad laboral por demanda de beneficios de distinto tipo parece estar ejerciendo mucha presión sobre el Gobierno y su soporte político.

La materia religiosa es otra que se constituye en clave para el avance del proceso revolucionario. Los continuados ataques a la institucionalidad religiosa, entendida como la jerarquía católica, han sido constantes, pero la alta credibilidad de ésta y la elevada proporción de católicos en la sociedad venezolana han hecho difícil su penetración.  La búsqueda por parte del Gobierno de la aparición destacada de otros representantes de la Iglesia Católica no ha traído resultados de consideración a su favor.

Por su parte, el trabajo de cambio institucional en el campo legislativo, cuya modificación mas visual fue la conversión de un parlamento bicameral en uno unicameral, se le ha facilitado al Gobierno. Esto ha ocurrido en razón de que la propia oposición venezolana se encargó de cederle y facilitarle el camino para que la visión y los planteamientos oficiales no tuvieran obstáculos, ya que en ocasión de las elecciones parlamentarias de diciembre 2005 decidió no presentar candidaturas para la Asamblea. Así, el Gobierno ganó por forfeit este importantísimo espacio político, clave para la convivencia nacional y ha logrado en los últimos años trabajar prácticamente sin mayores obstáculos.   

Ahora, la mesa podría estar servida para un nuevo cambio institucional a nivel legislativo o para-legislativo. En efecto, en las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre se estará decidiendo algo mas que la nueva composición que tendrá la Asamblea Nacional. Querámoslo o no aceptar, se estará decidiendo acerca de la posibilidad o no de frenar y hasta de revertir parcialmente del proceso revolucionario; todo lo cual tiene como “telón de fondo” las elecciones presidenciales de 2012. Pero lo que si es cierto es que estará en juego la posibilidad de avance y concreción de la llamada “Asamblea Popular”. Su avance podría estar asociado al hecho de que la oposición venezolana pueda alzarse con una representativa y determinante parte del Parlamento que haga comprometer la aprobación de futuras leyes y la reversión de otras, o la conducción misma del gobierno en su labor ejecutiva. De conseguir la oposición un notorio éxito, entonces la institucionalidad del Poder Legislativo tal como lo conocemos hoy día  puede verse amenazada, tal vez no tanto desde el punto de vista estrictamente legal, sino mas bien operacional, al existir la posibilidad de que el Gobierno impulse de manera decidida la llamada “Asamblea Popular”, la cual, con sus decisiones y estructura propias, podría ser la base de la labor del Ejecutivo Nacional y las acciones del Alto Gobierno (el “parlamentarismo de calle” utilizado en ocasiones por la propia Asamblea Nacional es una referencia necesaria cuando hablamos del poder que puede llegar a tener la Asamblea Popular). Cómo transitar este camino acompañado de la mayor legalidad posible y bajo el manto constitucional es el gran reto que tendría el Gobierno, pero sin duda que éste estará dispuesto a transitarlo y habrá que estar preparados para el nuevo escenario que de allí se desprenda. El desmontaje de la institucionalidad del poder legislativo parecería, entonces, transitar también por “el filo de la navaja”.

En resumen, pudiéramos estar frente a una situación de institucionalidad legislativa paralela (actuaciones de la Asamblea Nacional y la Asamblea Popular) que se validaría dependiendo de la independencia y el equilibrio de los poderes públicos que se den en el país. Las elecciones parlamentarias del venidero 26 de septiembre pondrá en tela de juicio, una vez mas, a la institucionalidad venezolana, a la democracia como sistema político y a la propia convivencia ciudadana. Lograr una representatividad real de las distintas fuerzas políticas intervinientes en el proceso electoral debe verse no solo favorable a la oposición venezolana sino tambien al propio Gobierno, como forma de validar su propia actuación y respaldo de la voluntad popular. Creemos que esta seria una forma equilibrada de ver las cosas. Ahora es el turno de decidir en torno a la institucionalidad legislativa.

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