El día del abogado y el abogado de nuestros días

Una Novela en varios Capítulos. En efecto, he resuelto exponer este escabroso temas en varias entregas, así lo iré divulgando, pues quiero de alguna manera hacer conocer la verdad y el acontecer de la profesión de la Abogacía, los problemas de la Justicia y de nuestros Tribunales.

Empezaré hoy, con el Capítulo Primero de esta triste historia de una realidad nacional: La Justicia en Venezuela. Vendrán luego otros episodios e historias, pues mucho es lo que tiene que decirse y contarse de la profesión, de quienes somos y quienes tenemos que ejercer abogacía, y de cómo y del porque contamos con una deplorable justicia.

Capítulo Primero. Celebraciones y jolgorios.
El pasado 23 se celebró dentro del entorno jurídico nacional el día del Abogado, y con ello, en mas de una de las instituciones gremiales, si bien se brindó por una año mas por el Santo Patrono de nuestra profesión, San Ivo, que nos protege en el ejercicio, o por un aniversario más del nacimiento de ese gran prohombre y abogado que fue Don Cristóbal Mendoza, probo y eficiente abogado que inclusive rigió los destinos de este país, igualmente se aludió a temas y problemas ingentes de nuestra profesión y mas grave aún, de la administración de justicia, a la que nos debemos quienes nos hemos preparado para defenderla, cuidarla y hacerla aplicar.

Se comentó ciertamente de su poco feliz logro, de su inadecuada prestación a todos los niveles, a los problemas y carencias de nuestro Poder Judicial y sus integrantes, a lo que atañe a la absoluta desprotección social de quienes como abogados han adoptado la modalidad del libre ejercicio de esa profesión, de la mala imagen que proyectamos en la sociedad quienes somos abogados y en fin, de todo aquello que se relaciona con nuestra profesión.

Capítulo II. Quienes son los culpables de los problemas.
Por supuesto que no dejó de comentarse el lamentable papel que en muchas partes, pero por igual en muchas otras geografías y países, derivan de la mala práctica de la profesión, de la irresponsabilidad de algunos colegas, y del poco interés y preocupación que demuestran los abogados ante el conglomerado social por los ingentes problemas de la aplicación o desaplicación de las Leyes para quienes no tienen posibilidad de acceder siquiera en condiciones mínimas a la “Justicia”.

Pero también es cierto que tampoco se habló de la inadecuada, incalificable y triste formación que se viene impartiendo a nuestros aplicadores y auxiliares de la justicia, ni al pobre papel que vienen cumpliendo nuestras universidades, cada vez mas agobiadas por la masificación y las carencias académicas.

De todo ello tampoco puede concluirse en que el fundamental y más grave problema de la inadecuada prestación del servicio público Justicia, derive y tenga que buscarse en la no adecuada calidad ni formación de los abogados.

Quiero al respecto sostener, como lo he hecho enfáticamente en varias ocasiones y en diferentes lugares, que los aciagos problemas de la justicia, ni son atribuibles solamente a los abogados ni a los entuertos que se atribuyen al indebido ejercicio a los factores externos de cómo se cumple y ejecuta la función justicia.

Ni puede haber justicia deseable con jueces carentes de toda preparación, ni con aparato de justicia que no esté adecuado ni debidamente dotado para el cumplimiento de sus funciones.

Estoy convencido que el mayor problema de una justicia no adecuada ni tempestiva, depende en mayor grado y proporción al desconocimiento de la verdadera función Justicia, como deber del Estado y de la lamentable falta de formación y capacidad de a quienes se encomienda ejercerla. En concreto a los problemas derivados de la mala , insuficiente o absoluta ausencia de formación de los jueces y personal auxiliar de la justicia.

Se ha dicho con harta razón que los jueces no nacen sino se hacen, que los jueces no asumen la buena ejecución de sus funciones propias, por el hecho de que los nombren con pomposidad y arrebato los políticos de turno.

Capítulo III. Las pretensiones de que con nueva sede y dotaciones, nueva cara y mejor justicia.
Es una fatuedad querer y pretender que por tener una sede, cuando menos mejor dotada y cómoda, que aquellas donde se cumplía antes con esa función y con agregar para su uso computadores, archivos y software para siquiera poder escribir de manera más decente los autos y sentencias y poder llevar de manera más práctica los archivos y estadísticas y comunicarse en tiempo real con los tribunales de instancias superiores e inclusive con el de Instancia Suprema, no tendremos mejor justicia.

Lo que con ello hacemos, y no precisamente porque los señores Magistrados de turno en el ejercicio del poder rector del Poder Judicial sean mejores o peores amigos del Presidente de turno en el Ejecutivo, o se los aplauda mas por sus vociferantes discursos el día de apertura del año judicial, es cuando menos dotar decentemente las sedes judiciales para que se cuente con los recursos necesarios a fin de que las cosas marchen un poco mejor.

Las nuevas sedes, ni mejores computadores, ni los nuevos muebles hacen mejores o peores sentencias, ni juzgan mejor o peor a los justiciables, todavía y a Dios gracias esas funciones solo pueden cumplirse bajo la sana formación del hombre que se desempeña como Juez, preparado cuando menos de manera básica para desempeñarse como adecuado artífice en el manejo de las leyes y en la administración de la justicia, estudioso, porque el Derecho es una realidad cambiante, y probo para evitar las malas tentaciones del vil dinero.

Es cierto que injustificablemente, hasta hace muy poco tiempo atrás, a la justicia no se la dotaba sino de escasos recursos para lograr su efímero que no adecuado funcionamiento.

La justicia marchó y marcha al margen de la debida sensatez de los políticos que tienen a su cargo velar por esa ingente necesidad de nuestros pueblos, esto es, que se administre adecuada y expedita justicia. Es cierto que hoy cuando menos están mejor dotadas algunas sedes del Poder Judicial, pero ni muecas de que es siquiera lo esencial para que marche siquiera modestamente bien el poder Judicial.

Pero hasta aquí llegaremos hoy, en próximos capítulos y entregas, analizaremos otros tópicos de especial importancia, como lo son las justas remuneraciones, las distorsiones entre lo que se paga a un funcionario judicial y se lo compara con lo que devengan Diputados, Ministros y otros funcionarios del Estado, las potestades disciplinarias y el control de los Jueces, etc.

El porqué traigo a colación estas cuestiones en esta fecha, responde precisamente a que si vale la pena preguntarse a estas alturas de la realidad nacional, ¿donde han estado o donde están los colegios de Profesionales de la abogacía que callada y torpemente han acompasado todas esas barbaridades y atropellos ¿ o ¿porque no todos hemos contado como ahora si podemos decirlo que estamos en manos de aguerridas y valientes dirigentes gremiales, y que precisamente ellas son “mujeres gremialistas”, como lo son Ivette Lugo y Adelfa Tafúr, que respectivamente en el Distrito Federal y en Carabobo han venido dando la cara, haciendo valer las voces gremiales de protesta y disponiendo y repartiendo esfuerzo para la mejora académica del gremio y su adecuada defensa.

Definitivamente que el acontecer de nuestros dirigentes en años anteriores, con escasas excepciones ha contribuido por igual al lamentable descuido en que se encuentra la administración de justicia y el poco respeto que se tiene a nuestra profesión. No puede ser que antes no e le diera la importancia que merecía imponer el respeto por la justicia, por la abogacía y por la función de nosotros los abogados y que nadie se ocupara debidamente de esos efímeros esfuerzos, ni hayan tenido la voluntad y carga hormonal suficiente para decir las cosas por sus nombres y repudiar los atropellos como debe ser.

Seguiré hablando y contando sobre estos temas, pues no puede ser que el gremio, el país, ni nuestras conciencias sean tan apáticas, tan miserables y con tan pequeña carga de responsabilidad ciudadana para no llevar adelante esa ingente y superior tarea que es la de defender y coadyuvar con una buena administración de justicia, ni lograr defender e impartir la justicia.