Opinión Nacional

El discurso, Colombia y Venezuela

El informe anual del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Asamblea nacional, hubiera sido uno de tantos, solamente comentado, quizás, por alguno de sus chistes e informalidades, que para unos son una verdadera gracia y para otros una muestra de mal gusto y desconsideración con los invitados, especialmente el Cuerpo Diplomático, que tiene que soportar varias horas de verborrea incontenible. Pero se recordará este discurso en particular por los minutos finales y su posición ante Colombia, tras el incidente del llamado “canciller” de las FARC, Rodrigo Granda.

Como todas las cosas de la revolución bonita, la posición ante Colombia es más ruido que nueces. Sobre reacción o reacción desmedida sobre la cual políticamente cabe cualquier especulación, pero económica y comercialmente es totalmente ineficaz. Y si es ineficaz, desde ese punto de vista, su eficacia política y poder de presión es inocuo. Veamos por qué.

El Presidente anunció que el Gobierno venezolano llamó a consultas a Caracas a su embajador y que “…hasta que el Gobierno colombiano rectifique y pida disculpas… he ordenado paralizar todos los negocios con Colombia, todos los proyectos bilaterales…” Todo luce muy serio y grave, y no le queremos restar importancia y seriedad, excepto por un detalle: Los Gobiernos de Colombia y Venezuela no tienen ningún proyecto conjunto, ni ningún negocio conjunto que suspender, excepto la construcción de un gasoducto, sobre el cual el Presidente Chávez Frías comentó que: “Lamentablemente se paraliza el gasoducto transcaribeño hasta que no sea reivindicada la soberanía violada de Venezuela.”

Todos los acuerdos entre Venezuela y Colombia son de carácter multilateral, en el contexto del Pacto Andino, y que sepamos, aunque nuestro Gobierno tiene poco interés en la integración Andina, no está planteado por parte de Venezuela abandonar este Acuerdo. Otra cosa hubiera sido si el problema se planteara con, digamos Cuba, que el único que tiene algo que ver con este país, comercialmente hablando, es el Gobierno: le entrega petróleo a cambio de baratijas y asesoría en adoctrinamiento ideológico.

Pero el comercio entre Venezuela y Colombia es un comercio entre particulares o empresas privadas colombianas y venezolanas, en donde tienen poca intervención los Gobiernos. En el caso de Venezuela, eventualmente una que otra empresa del estado exporta algo, petroquímicas, a Colombia y algo de gasolina. El resto, como hemos dicho, es principalmente comercio del sector privado o fronterizo. Por lo tanto, a menos que la medida venga acompañada de un cierre de frontera o de impedir el paso del transporte colombiano a Venezuela o la salida del venezolano a Colombia, o el libre tránsito entre ambos países, el comercio bilateral no se verá amenazado por el anuncio y la medida presidencial. En todo caso —y de acuerdo a lo señalado por el Canciller venezolano ayer mismo— esas medidas no están planteadas, ni tampoco la ruptura de relaciones diplomáticas. Si han ocurrido debe ser por “casualidad”, llamando “casualidad” al excesivo celo de algún funcionario fronterizo que vio una oportunidad de arrastrase ante su jefe para ganar algunos puntos, algún ascenso u obtener algún dinero extra de los interesados en cruzar la frontera.

Por otra parte, el comercio bilateral ya se venía deteriorando desde hace varios años. De haber alcanzado un monto de unos cuatro mil millones de dólares a finales de los años noventa, en el 2003 había caído a menos de mil setecientos millones. (No dispongo de cifras para 2004, aunque se menciona que habría subido, pero sólo a una cantidad cercana a los dos mil quinientos millones de dólares). Esta caída del comercio bilateral que hemos venido experimentando, tiene poco que ver con la situación diplomática entre ambos países; se explica sobre todo por el deterioro de la economía venezolana, por el control de cambios y su efecto sobre la sobrevaluación del bolívar y causas similares. De esta manera, es poco lo que esta nueva situación agregaría al deterioro del comercio entre ambos países.

Esta situación del comercio bilateral es naturalmente lamentable, pues Colombia es nuestro segundo socio comercial —si es que no ha sido desplazado ya por otros— pero comparado con los Estados Unidos al que le vendemos una buena parte del petróleo que exportamos y de donde proviene el grueso de nuestras importaciones, lo que intercambiamos con Colombia luce insignificante, a pesar de ser el segundo o tercer socio comercial.

Pero en todo caso, es bueno reseñar que de producirse una paralización del comercio colombo-venezolano, los que saldrían más perjudicados serian los empresarios venezolanos, que exportan más a Colombia, que lo que se importa de ese país. En el 2003 Colombia nos compró mercancías por casi mil millones de dólares y nos vendió poco menos de setecientos millones. Luego, es más lo que Venezuela depende de Colombia que lo que Colombia depende de Venezuela. Si a eso le agregamos que el mayor interés en el gasoducto trascaribeño es de empresas trasnacionales que operan en Venezuela (Chevron y Texaco), tendríamos que concluir que la paralización de ese proyecto de 200 millones de dólares nos perjudicaría más a los venezolanos que a los colombianos.

Además, si el nuestro fuera un Gobierno “normal”, obviamente le preocuparía la paralización del comercio binacional, por lo que significa de perdida de empleos y divisas en nuestro país. Pero como sabemos que al Gobierno venezolano le importa poco la suerte de las empresas privadas venezolanas, no debemos esperar que tenga ninguna preocupación por las medidas que toma y su impacto en el comercio. De allí que sólo debemos preocuparnos por el efecto político y propagandístico que esta medida puede tener; y eso explica el contexto en el que fue anunciada la medida: El Presidente de la República en su mensaje anual a la Asamblea Nacional.

Ojala no me equivoque, pero no creo que esta medida pase de lo que ya hemos visto; no es de esperar una ruptura de relaciones ni que el Gobierno Venezolano tome medidas en la frontera para impedir el comercio. Tampoco espero que el Gobierno Colombiano “rectifique” o “pida disculpas”. No puedo imaginarme al Gobierno de ningún país pidiendo disculpas a otro por un acto que considera en defensa de su integridad nacional y ajustada a sus normativas. Por otra parte, sin ser un experto en derecho internacional, y sin llegar a pensar que lo de las recompensas es algo éticamente valido, tampoco creo que el Gobierno colombiano haya violado ninguna ley al ofrecer una recompensa, e incluso pagarla, por capturar a quien considera un delincuente terrorista. Por cierto, no creo que este —lo de ofrecer recompensas— sea un argumento valido para ser esgrimido por el Gobierno venezolano; no olvidemos que no hace mucho el Ministerio de la Defensa de nuestro país ofreció recompensas, en prensa nacional e internacional, por la captura de algunos militares venezolanos.

De tal manera que —descartando las implicaciones comerciales— al analizar políticamente el tema, creo que Venezuela sale peor librado de esta contienda. En realidad el Gobierno Colombiano tiene poco que explicar, interna e internacionalmente, simplemente ofreció una recompensa por capturar un guerrillero, que apartando las consideraciones éticas, no es algo ilegal o fuera de lo común. Pero el Gobierno venezolano, si creo que tiene más cosas que explicar.

Por ejemplo: ¿Qué hacía Rodrigo Granda en Venezuela? ¿Estaba legalmente en nuestro país? ¿Sabía el Gobierno venezolano de su presencia? ¿Por qué asistió a eventos promovidos por el Gobierno Nacional, en el mes de diciembre de 2004? ¿Tenía, como se dice, propiedades en nuestro país? Y de ser así, ¿Se tenía algún control o conocimiento de la fuente de los recursos con los que se obtuvieron esas propiedades? ¿Por qué aparentemente entraba y salía a su antojo sin mayores obstáculos? ¿Por qué tenía nacionalidad venezolana y cédula de identidad venezolana? ¿Cómo es que estaba en el Registro Electoral e incluso se dice que votó en las pasadas elecciones?

Pero ya sabemos que nuestro Gobierno, de acuerdo con la práctica que lo caracteriza, cuando se ve contra la pared, inventa las excusas y argumentos más absurdos y peregrinos, levanta cortinas de humo, grita y amenaza, se pone en plan de víctima, pero no da explicaciones razonables de sus propias conductas, simplemente agrede, hasta que llega otro acontecimiento que tapa el anterior.

La conducta de nuestro Gobierno no es comprensible y si como creo la medida es ineficaz como presión: ¿Qué podría impulsar al Gobierno Colombiano a ofrecer una disculpa o hacer alguna rectificación, como aspira el de Venezuela?

Hay que explicarse la decisión del Gobierno de Chávez Frías como una medida efectista, producto de que el Gobierno venezolano se haya sentido presionado por todas las críticas de sus aliados, de la izquierda internacional, cuando se comenzó a correr la versión de que el militante de las FARC había sido entregado a Colombia por el Gobierno venezolano.

Otra hipótesis explicativa es que el Presidente Chávez Frías, que sólo se siente cómodo en medio de un conflicto, de una confrontación, haya decidido que lo ocurrido es un buen pretexto para ocupar escenario internacional, pasando a otra escena y a la ofensiva, en momentos en que es muy cuestionado su Gobierno por lo que esta ocurriendo con la Ley de Tierras, las invasiones de fincas y los ataques a la propiedad privada; por la puesta en vigencia de la Ley de Responsabilidad de Radio y TV o Ley Mordaza; por los informes de algunas ONG nacionales e internacionales sobre la situación de la democracia en Venezuela y otros eventos que no lo hacen lucir muy bien en el contexto internacional, sobre todo si se pretende que la venezolana es una revolución exportable

Tampoco descarto que todo esto no sea sino una vulgar maniobra para entrar nuevamente en campaña electoral, con vistas a las elecciones legislativas de este año y las presidenciales del que viene. Después de todo, al régimen de Chávez Frías le resulta mas fácil destruir que construir y más rentable electoralmente, confrontar y antagonizar, que ocuparse de gobernar y resolver problemas.

(*): Politólogo

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