El discurso del silencio
El ministro de energía y petróleo Rafael Ramírez,
presidente de PDVSA, venía guardando silencio en torno
a la sostenida crisis de corrupción existente en
algunas áreas de la estatal petrolera venezolana. Por
fin, ayer dijo algo, a propósito del escándalo
internacional de los 800 mil dólares que intentó
llevar a Argentina, el empresario venezolano Guido
Antonini, en el mismo avión donde viajaron
funcionarios de PDVSA y de su par argentina Enarsa.
Visto está que el gobierno del presidente Hugo Chávez
ha sido derrotado por la delincuencia. Lo hemos
constatado en diversas oportunidades, como lo indican
todas las encuestas de opinión pública, que no sé por
qué razón dividen el ramo en inseguridad y
corrupción administrativa, siendo que se trata de
una muy amplia gama de delitos que al final de juntan
(narcotráfico, extorsión, robo de dineros públicos,
evasión impositiva, fuga de capitales, estafas, etc.)
En prácticas delictivas de lavado de dinero,
corrupción de funcionarios públicos (policías, jueces,
fiscales, parlamentarios), atropello a los
denunciantes de tales delitos y muerte.
Con diversos grados de agresividad, estamos atrapados
por las mafias delictivas, después de ocho años y
medio de mandato de Chávez. La incompetencia
gubernamental frente a la delincuencia y la impunidad
campean en Venezuela. Chávez y su gobierno son los
principales culpables.
En el caso de la corrupción administrativa podría
citar casos protuberantes que han sido objeto de esa
especie de discurso del silencio que ha cobijado a los
aventajados del régimen chavista. Hernán Grüber
Odreman (Gobernación del Distrito Federal) y Luis
Quiaro (Banco Industrial de Venezuela), prófugo de la
justicia, son ejemplos del manto de impunidad que ha
habido. Dos, apenas. La Contraloría no investiga
exhaustivamente las presuntas irregularidades, y la
Fiscalía congela o acelera los casos, al ritmo de las
conveniencias y sugerencias del gobierno. PDVSA no ha
sido la excepción, más cuando el presidente Hugo
Chávez, personal y públicamente, respaldó al ministro
Ramírez y a sus gerentes en PDVSA, para que en la
Asamblea Nacional paralizaran las investigaciones que
parecían iniciar algunos diputados. Luis Miquilena
(caso Micabú-Multinacional de Seguros) gozó del más
espantoso abuso de poder, para no ser enjuiciado, pues
fue beneficiario de una conspiración manejada desde
Miraflores, el Palacio Federal Legislativo y el
Tribunal Supremo de Justicia.
Lo que vivimos hoy, es producto de esos ocho años y
medio de impunidad, complicidad e hipocresía que han
servido para el enriquecimiento vulgar y sin
precedentes de los chavistas encumbrados y sus bandas
de testaferros. Guido Antonini no es mucha novedad.
EL CONFESIONARIO</b<
EDGAR MORA, dirigente nacional de COPEI, nos dio su
versión de la situación interna del partido verde: las
elecciones están previstas para este mismo año, tal
vez entre noviembre y diciembre, previa aprobación de
nuevos estatutos. Cree en la unidad socialcristiana,
lo que generaría esfuerzos para reunir las principales
corrientes de COPEI, Primero Justicia, Proyecto
Venezuela y Convergencia, renovando las tesis
ideológicas y programáticas, estrechamente asociadas a
las políticas del Partido Popular, de España, y el
Partido de Acción Nacional (PAN), de México, bajo la
orientación de la ODCA (Organización Demócrata
Cristiana de América) y la IDC (Internacional
Demócrata Cristiana). Simultáneamente, postula
esfuerzos por la unidad de la oposición en
Venezuela, para enfrentar al gobierno de Hugo Chávez
y su proyecto autoritarista. Informó que en la sede de
Cujicito funciona la estructura nacional de COPEI;
el edificio de la avenida Panteón va a ser adquirido
formalmente por la Alcaldía Metropolitana de Caracas,
a favor de las familias que lo invadieron, y se está
trabajando en el peritaje respectivo; el de Las Palmas
está alquilado al partido Un Nuevo Tiempo (Manuel
Rosales); la sede de ODCA, en Los Chorros, tiene valor
histórico, ya que albergó al movimiento
socialcristiano de América durante décadas y sus
archivos son de inapreciable importancia, sus
propietarios formales son personas naturales, pero
corresponde a ODCA disponer del inmueble. Aclaró que
no tiene relación mercantil o profesional ni amistad
con Willmer Ruperti; y que nunca fue a reunirse con
José Vicente Rangel, cuando éste desempeñaba la
vicepresidencia ejecutiva de la República. Le preocupa
la forma como fue constituida la Asociación Civil
Venezuela Popular, a la que pasarían todos los bienes
del partido, pues no fue autorizada por la Dirección
Nacional ni discutidos sus estatutos.
HAY INCONFORMIDAD EN COPEI por la creación de tal
asociación, cuyos directivos son Orlando Contreras
Pulido, presidente; Luis Ignacio Planas, director
general, y Jesús Alberto Barrios, vocal; y sus
suplentes Elys Ojeda y Virginia Rivero. Corrió la
versión de que JAB habría renunciado a ese cargo, y
preocupa que sólo con la decisión de dos de ellos, se
pueda disponer del patrimonio partidista, pues su
Consejo Directivo tiene los más amplios poderes de
dirección, administración y disposición y,
especialmente, tiene las atribuciones siguientes:
Resolver sobre la adquisición, compra, venta,
traspaso, permuta, dación en pago, cesión, enajenación
y gravamen de los bienes muebles o inmuebles de la
Asociación, es decir, de COPEI. El Movimiento de
Profesionales y Técnicos se opone firmemente, según
carta de su secretario general Carlos Presencia
Jurado.
EN EL SENIAT se explota al estilo capitalista para
financiar el socialismo del siglo XXI. Ahora si es
verdad que la situación en el Seniat es inexplicable.
Para cumplir el mandato de Chávez, hace dos Aló
Presidente, de recaudar la meta anual en Septiembre,
se ha forzado a los funcionarios a suspender
vacaciones, trabajar día y noche, trabajo regular y
extra, fiscal de punto, operativos, más el trabajo
regular de todos los días, pero de la noche a la
mañana suspendieron el aumento de sueldo 2007 y han
disminuido el pago de bonificaciones a pesar de la
sobre explotación de los funcionarios. Vielma Mora
alega que él estaba de acuerdo con aumentar el 25%
retroactivo desde enero, pero que (el ministro)
Rodrigo Cabeza no lo aprobó en su plan anti inflación,
pero los funcionarios del Seniat son la agencia fiscal
y tributaria que menos gana en América Latina llevado
a dólares. El buen pago a los funcionarios tributarios
es una convicción mundial por la eficiencia y contra
las posibilidades de corromperse al ser atractivo los
beneficios y por la ética personal. Lo cierto es la
negación de aumento y reconocimiento de pagos, con
jornadas dobles y triples. Vielma anunció hace más de
un año el diseño de una política habitacional en
respuesta a un comentario del periodista Manuel Isidro
Molina, unos años después no existe. La nueva situación
es que hay 15 funcionarios del Seniat presos por
corrupción (sin justificarlo de ninguna manera), la
presión económica está causando estragos en los
funcionarios y eso es un caldo de cultivo a personas
que sus necesidades les doblen el brazo a la moral.
Cabeza y Vielma explotan a los funcionarios con
argumentos neoliberales para financiar el socialismo
¿Neoliberal? del siglo XXI.² Ni quito ni pongo, es
expresión de algunos trabajadores.
GONZALO TIRADO YÉPEZ, ex presidente de Stanford
Bank, en Venezuela, está solicitando sendas audiencias
con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia,
Luisa Estela Morales, y el Fiscal General de la
República, Isaías Rodríguez, a quienes desea exponer
lo que considera irregularidades en su contra, a raíz
de su salida de esa entidad financiera por haber
desmantelado una banda de presuntos evasores de
impuestos integrada por empleados de ese banco y
funcionarios del Seniat. GTY denunció a los presuntos
delincuentes, pagó la deuda al Seniat, y luego fue
botado de Stanford Bank, acusado por Allen Stanford,
dueño estadounidense de la firma, de ser parte de las
irregularidades denunciadas por él. El caso tuvo un
doble giro judicial que ha ido ganando Tirado en todas
las instancias laborales y penales, en reclamo de sus
prestaciones sociales y demandando justa indemnización
por daños morales al sentirse difamado por Stanford.
La pelea ha tenido capítulos extrajudiciales en
Estados Unidos y en Venezuela, pues según Tirado,
Stanford ha utilizado a un grupo de ex espías (CIA,
DEA, etc.) para afectarlo personal, laboral y
mercantilmente, utilizando como base en Venezuela, los
servicios privados de Arpad Bango, ex director de
Disip.
