Opinión Nacional

El gran negocio de las drogas en Venezuela, y el silencio de la oposición polí tica (I)

“… Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más por la seguridad de sus puestos, que por la seguridad de su país…”

Thomas  Macaulay Babington (1800–1859)

Bien pudiésemos en el caso del muy complejo asunto del tráfico de drogas en y por Venezuela, comenzar por hacer resaltar la importancia histórica de ese tema en múltiples órdenes del hacer social, económico y político nacional en los últimos cincuenta años, parodiando a la misma Biblia en una de sus muy referidas citas: El que esté libre de drogas… que lance el primer kilo.

En once largos períodos y un interinato, ocho han sido los gobernantes que han ejercido el poder desde Miraflores, pero quizás sea en estos dos últimos lapsos, con el teniente coronel (r) Hugo Rafael Chávez Frías al frente del gobierno, donde el incremento del tráfico de drogas y el posicionamiento de sus promotores, gestores, beneficiarios y afines, externos e internos, ha adquirido ya ribetes de calamidad nacional.

De vieja data

Desde los iniciales días luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez –en ese gobierno que se asumió como Pacto de Punto Fijo– hasta nuestros días, si existió una continuidad de desempeño, ésta, podríamos sin temor a errores, atribuirla al siempre dinámico y próspero negocio de las drogas.

Desde aquella época existen referencias muy precisas en el ámbito del tema; baste con revisar los archivo policiales y de los tribunales –si es que aún no han sido destruidos en cuyo caso sólo quedaría una que otra información suelta, la hemeroteca y los archivos personales de uno u otro profesional de los medios, acucioso e interesado– para documentar uno y otro trascendente evento.

Iniciales del Pacto de Punto Fijo

Miguel Silvio Sanz, alias El Negro Sanz (MSS), ex alto jefe de la desaparecida por decreto Seguridad Nacional (SN), desde la cárcel insistió en hacer contacto con Juan Martín Echeverría (JME), a la sazón alto jefe de la PTJ. El interés manifiesto de MSS, imponerle de las actividades del cubano americano Miguel García Montalvo alias Mike Cabot (MGM) y su vinculación con un cargamento de unos 15 kilos de heroína que pasando por Venezuela se comercializaría en el mercado norteamericano. JME, espantado y cuidando como siempre la posición alcanzada, evitó toda vinculación con MSS, dado los señalamientos de ser éste jefe y torturador de la SN y enemigo declarado de los personajes en gobierno, activistas de Acción Democrática. JME se desentendió y dejó en manos de subalternos el asunto.

Con posterioridad en años a ese evento, MGM es detenido por la policía brasileña por estar vinculado al tráfico de drogas en ese país. En los extensos interrogatorios al cual fue sometido en septiembre de 1981 y como moneda de negociación, pretendió obtener dividendos denunciando las supuestas vinculaciones de Carlos Andrés Pérez (CAP) con Fidel Castro Ruz (FCR) y en el asunto de las drogas: “… fíjate si es traidor, cuando prendió la presidencia… comenzó a hacer las relaciones con Cuba… Rómulo lo llamó… y él le dijo ‘usted es ex presidente y yo, soy ahora presidente’… Sanz [MSS] le metieron veinte años… un asesino de la dictadura… lo sacaron de la cárcel, hicieron un complot… y me quisieron poner a mi como la figura… Esa [la heroína] venía de Frankfurt…”

Corredor de la Droga

En múltiples notas se han referido los detalles de la planificación, organización, instalación y funcionamiento del llamado Corredor Seguro de la Droga (CSD); esa segura y asegurada vía de tránsito, depósito y transferencia de los cargamentos de drogas por y en el territorio venezolano: Desde las fronteras con Colombia y los centros de producción, hasta los puertos y aeropuertos venezolanos cercanos a las costas de El Caribe, y de allí a los centros de consumo.

Recordemos cómo bajo la mascarada de la lucha contra la subversión, los promotores y gestores del tráfico de drogas a gran escala, lograron asumir el control absoluto de la franja de territorio destinada para ese CSD.

No menos de once masacres con un centenar de víctimas inocentes dejó sobre el terreno una operación que si bien tuvo sus iniciales ensayos o prueba de campo en el año 1982 (Cantaura), daría continuidad al proyecto con la sistematización del proceso tanto para la selección, captación, ubicación y acarreo de las víctimas, como para la escogencia de los espacios físicos donde se ejecutarían las masacres; para seleccionar las armas y explosivos para ser sembrados luego de liquidados; y la depurada habilitación de los mejores momentos políticos, soportes ad hoc de las circunstanciadas alegaciones oficiales legitimadoras de las operaciones.

Ello, hasta el punto de que, en la época de Octavio Lepage como Ministro del Interior y por decisión presidencial de Jaime Lusinchi, se creó por decreto la fuerza conjunta, militar y policial, destinada a la ejecución material sobre el terreno.

Si duda existe de tales hechos y si aún existen los documentos en los archivos, bastaría con hacer una consulta a las decisiones iniciales del juez militar de la causa Angel Edecio Zambrano Chaparro en el caso de la Masacre de El Amparo, y el señalamiento expreso de las  responsabilidades, a investigar y juzgar, en contra de los operadores y ejecutores principales del CEJAP (Comando Específico José Antonio Párez), Capitán de Navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín y Comisario General Henry López Sisco.  

Gobiernos pasan… el negocio avanza

Si de continuidad se trata –por acción u omisión–, poca o ninguna interrupción verdaderamente seria en el proceso de consolidación del negocio de las drogas y de la ruta o CSD, puede uno u otro gobierno o gobernante alegar haber dispuesto y hecho ejecutar.

Desde aquel fracasado intento por embarcar y transportar en julio del 83 una tonelada de cocaína pura por el aeropuerto de El Vigía en el DC8 de carga de In Air propiedad de Javier A. Uzcátegui B (JAUB); el segundo intento en el avión del Capitán de Navío Lizardo Márquez Pérez (LMP), el Roockwell Aerocomander 810, con parte de ese cargamento (667 kgs) y su intercepción e incautación en el aeropuerto Caracas (30/09/83).

Asunto criminal donde quedó sustentado –más no investigado menos aún juzgado– la intervención de Florentino Fernández (FF) y de su socio y cómplice Víctor M. Barranco C. (VMBC), sujeto este último quien para entonces se desempeñaba como asesor y jefe de campaña del precandidato in pectore y Ministro del Interior en funciones Rafael Andrés Montes de Oca “Pepi” (RAMDO).

El único testigo en ese caso, el piloto del avión de LMP, William Marín Vásquez (WMV), detenido por orden expresa superior y mientras LMP salía del país, apenas puso un pie fuera de la cárcel, fue asesinado.

Sin olvidar por cierto, las vinculaciones mencionadas en los medios –jamás investigadas ni tampoco sujetas a juicio– de otro titular en funciones del Ministerio de Relaciones Interiores con los hermanos Gaspare, Pascuale y Paolo Cuntreras, representantes en Venezuela del grupo de la Mafia de Sicilia Cuntreras Cauruana. Sólo después de la salida de ese gobierno y de ese ministro del cargo y bajo mucha presión internacional de USA e Italia, fue posible que el gobierno siguiente tomara la decisión y los hermanos Cuntreras fueran extrañados del país y entregados a Italia.

No olvidemos aquel parapeto de policía especial organizada bajo la égida del Ministro de Justicia José Mánzo González y que los medios identificarían como la Manzopol. Grupo para policial que terminó reciclando drogas, y esto hasta que uno de sus operadores amenazado de muerte, Roberto Di Pucci Ponti, decide cambiar de aires y echar el cuento.

Tampoco de olvidar toda aquella operación dizque de “Droga Controlada” dirigida desde una unidad especial de la Guardia Nacional y que terminaría en un juicio en USA, con la condena de 25 años de prisión a su principal operador Adolfo Romero Gómez –alias Cristobal, El Gocho, Hidalgo, Metralleta, El Hombre de las Mil Caras–; y el señalamiento con la negociada investigación en suspenso contra el general Ramón Guillén Dávila y varios de sus subalternos. 

La conocida, sorpresiva y extraña libertad por decreto firmado por el presidente interino Ramón J. Velásquez, del traficante de drogas Larry Tovar Acuña, tramitada a la sazón por órgano de su Ministro de Justicia y ex jefe de PTJ, Comisario Fermín Mármol León.

Sigue II

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