Opinión Nacional

El mojado terreno de la inseguridad

Entre las necesidades mas primarias del ser humano, la seguridad ocupa sin duda alguna un lugar prominente en el disco duro de nuestra conciencia, generando en algunas ocasiones reacciones que pueden recorrer desde el miedo más patente, la incertidumbre más angustiosa, la huida más conveniente, o la defensa violenta, dependiendo cada respuesta del tamaño y complejidad de la amenaza, y de nuestra posibilidad efectiva de hacerle frente y neutralizarla.

En cualquier análisis comparativo que se haga de las estadísticas de los últimos años sobre los problemas más sentidos e identificados por el venezolano, seguramente se evidenciará un ascenso entre sus prioridades o preocupaciones junto al desempleo o las deficiencias de los servicios públicos, el tema de la inseguridad.

El paseo por la crónica roja de la prensa del lunes o el martes, implica un serio golpe a la tranquilidad y sosiego, (palabras lejanas y ausentes desde hace mucho de la cotidianidad nacional) de quien observa el saldo fluctuante pero preocupantemente sostenido y cada vez mas cruento de muertes, víctimas de una violencia que no se limita al simple “ajuste de cuentas” entre bandas rivales, en una suerte de contabilidad nefasta y diabólica, sino que azota ya todos los ámbitos sociales, geográficos y de edad sin ninguna contemplación.

Pero esta inseguridad personal, física, que ha enrejado a media Venezuela, encarcelado de facto a la colectividad, insuflado una alta dosis de desconfianza y angustia cada vez que cruzamos el umbral hogareño, establecido un horario restringido para el ser y el hacer, tiene también su correlato en el plano económico, jurídico e institucional.

La teoría política indica que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza, a través de la institucionalización de la violencia, en tanto poder coercitivo o disuasivo, para resguardar bienes, personas, territorios, reprimir y enfrentar grupos delictivos y proteger la soberanía nacional. Pero esta también llamado el Estado a garantizar no solo el derecho a la vida, sino también lo que se llama el Estado de Derecho, es decir, la existencia de un marco jurídico y legal, que establezca la defensa del derecho de propiedad, a la libertad de empresa, a la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual, pilares esenciales del funcionamiento de una economía de mercado.

Los hechos recientes, y la actuación de organismos y agentes del Estado venezolano, apuntarían a la triste confirmación de la permanencia de la impunidad, y al debilitamiento serio del Estado de Derecho, gracias al contraste exhibido entre la norma, el discurso oficial, y la impunidad el caos generalizado de una violencia que ha penetrado todos los rincones e intersticios de la sociedad venezolana. Alguien alegara, en honor a la objetividad (o al apasionamiento revolucionario), la antigüedad de esta situación, o el carácter estructural que como problema, define el devenir nacional no de los últimos cinco años, sino de las últimas dos o tres décadas. Sin embargo, el empeoramiento de la situación y la naturaleza de la actual acción oficial sobre esta realidad, siembran dudas acerca de su compresión como fenómeno, y deterioran la esperanza de su enfrentamiento.

Mientras la inseguridad, o más específicamente “la seguridad nacional” en su variante terrorista copa la agenda política del gobierno de los Estados Unidos, justifica aumentos presupuestarios y la defenestración de un Presidente en Irak, en el vecino país se materializa en la acción guerrillera y en una violencia de dos extremos igualmente peligrosos, y en una península ibérica bajo el furor de la campaña electoral, Rodríguez Zapatero candidato del PSOE le pide al señor Aznar y a su candidato que deje de esgrimir el tema de la seguridad (terrorismo + ETA + guerra de Irak) como bandera política y demagógica.

Hemos llegado a la constatación por los hechos, por el drama y la zozobra que vemos, que vivimos y que de una u otra forma nos toca de cerca, de que la vida no vale nada. El aumento en el número de víctimas de la inseguridad, ya ni siquiera nos asombra; por el contrario, nos insensibiliza y neutraliza nuestro horror, deviniendo un lugar común en el noticiero de la noche.

La vida es una estadística. La muerte, hoy más que nunca en nuestro país, es una posibilidad que ya no tiene tanto que ver con el calendario, alguna enfermedad o cierto accidente, sino con la obscena y oligárquica posesión de un par de zapatos, de un celular, de una finquita, de un carro (o cacharro), de un reloj, o de una mala mirada al malandro de turno.

Y la otra inseguridad, mucho más compleja, más grave y que arruga la esperanza y cercena el futuro, tiene que ver con ciertos sectores de una estructura judicial, administrativa y burocrática ineficiente, privatizada de facto vía “sobornos”, “palancas” o “alcabalas”, de leyes perfectas que no se cumplen, de reglas que no se respetan y, lo que es peor, que el Estado no puede (¿o acaso no quiere?) hacer respetar.

Sobre el tema sensible y difícil de la inseguridad, al igual que otros, la discusión sufre el dilema de las medidas urgentes e inmediatas, y el de las de más largo alcance que ataquen integralmente sus causas. Quizá la pulsión primaria nos lleve a exigir una mayor presencia policial (o militar) en las calles, avenidas, urbanizaciones o barrios; o a demandar una adaptación de las perfectas leyes penales a la imperfecta realidad burocrática y de impunidad de la vida actual.

La educación, el rescate de los valores, la grave crisis moral y la descapitalización social e institucional subyacen como el entorno a tomar en cuenta. No obstante, la idea no es seguir lloviendo sobre mojado alrededor de la inseguridad como problema de primer orden, ni ha seguir repitiendo el superficial recetario de respuestas reactivas sobre el fenómeno, ni mucho menos a justificar peligrosamente los ajusticiamientos o la ley del ojo por ojo en manos del pueblo, ante la inacción oficial y la impunidad creciente.

Ojalá, en la agenda que debe estarse construyendo sobre las medidas necesarias y urgentes que aborden la gobernabilidad del país en los años por venir, la seguridad se asuma como una realidad a afrontarse a través de políticas públicas que conjuguen la emergencia con la sostenibilidad, la educación con la prevención, la creación de empleos con los programas sociales, y el húmedo terrero de la inseguridad deje de mojarse con respuestas incoherentes y superficiales, para lograr una nación tranquila, sin miedo a trabajar, a transitar, sin rejas, y con confianza en un futuro en el que la vejez sea el destino natural de nuestro recorrido vital, y no una bala llena de rabia, resentimiento, odio y exclusión.

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