El poder contra La Razón
El juicio penal en contra del semanario La Razón es un proceso al periodismo beligerante. Lo que está en juego no es sólo el semanario de Pablo López Ulacio, sino el derecho a la denuncia, con justicia o sin ella.
La Razón no es una monedita de oro que todo el mundo quiera. Al contrario. Desde que se fundó en 1995 ha sido un vocero semanal de la más ácida crítica a las autoridades gobernantes y al poder político, militar y económico. Denuncias, acusaciones, diátribas, y hasta rumores han sido la levadura que ha dado cuerpo a esta iniciativa casi única del periodismo venezolano actual.
Durante poco más de tres años experimenté, en carne propia, lo que significa esa crítica implacable a la labor gubernativa. Desde el presidente de la República, Rafael Caldera, hasta el más periférico funcionario del gobierno, pasando, claro está, por los más connotados ministros, nadie escapó a la dureza –y rudeza– informativa de La Razón.
Varias veces algunos compañeros de gabinete se mostraron ofendidos por los comentarios publicados. Quizás uno o dos llegaron a pensar en acciones personales, jurídicas y hasta físicas. Nada se concretó, por supuesto, porque en muchos casos se trataba de señalamientos con base cierta en la realidad. En otros no, y para aclarar equívocos nada mejor que el diálogo directo y personal. De una semilla, La Razón podía hacer un arbusto, lo cual suele generar injusticias: es un estilo, no un paradigma, pero cada quien con su cada cual.
Desde que empezó la llamada «Quinta República» las cosas han sido radicalmente diferentes. La epidermis de los poderosos se ha adelgazado hasta el punto de invisibilidad. Hugo Chávez, que fue el darling de La Razón por años, se ha convertido en blanco de sus denuncias. No podía ser de otra manera, porque el santo y seña del semanario es el custionamiento del poder, llámese como se llame el inquilino de Miraflores.
Aquí está el detalle. La Razón existe porque su misión es contrapesar periodísticamente al régimen de turno. No es, ni ha sido, ni podría ser un medio neutral o ascéptico frente a las realidades y abusos del mando. Ejercen un periodismo de trinchera y plomo que, no será el ideal profesional de muchos, pero bien seguro que se merece un lugar bajo el sol. El propio público se lo ha dado.
Sí por argucias judiciales amparadas desde arriba, en particular por Luis Miquilena y su nomenklatura, este semanario llegara a cerrar sus páginas, estaríamos diciéndole adios al derecho legítimo, natural y constitucional de la libertad de expresión. No es sólo un problema de Pablo López y Alejandra Hurtado de López, es una urgencia de la sociedad venezolana que tanto ha luchado por conquistar sus libertades públicas y por crear su cultura democrática. Si el poder acaba con La Razón, ¿Qué razón habrá para no acabar con ese poder?
