El quehacer político: entre la libertad y la opresión

Desde el comienzo de la historia, ha sido constante el empeño del hombre para buscar y obtener nuevas y más adecuadas condiciones que mejoren su existencia. Es innato en el ser humano emprender acciones tendentes a superar su situación terrena, de por sí caracterizada por dificultades de diversa índole. El logos inherente a su ser y esencia constituye elemento de primordial significación en su trajinar existencial; de ahí su distinción fundamental respecto de los demás integrantes de la escala zoológica. La específica naturaleza y proyección del hombre, su misión, la razón de ser de su existencia, evidencian la perfección de la Creación. En este sentido, la capacidad para razonar y pensar, con que está dotado el hombre, le asigna –por consiguiente- la natural aptitud, facultad y cualidad para determinar qué circunstancias lo motivan o no para actuar libremente. El hombre es un ser libre por naturaleza, máxime por tener plena conciencia de lo que significa la libertad. Luego, si el hombre, en caso de desvío en el uso de su capacidad intelectiva y demás recursos de que dispone como ser superior, atenta contra sus semejantes y cercena la posibilidad de vivir en libertad, lógicamente justifica cualquier acción para hacer que ella prevalezca como suprema garantía de la existencia de la sociedad en general. En pos de este objetivo, el derecho (como instrumento para la búsqueda de la justicia) y la política, ciencia y arte de dirigir la sociedad, constituyen los medios esenciales para cimentar la existencia de una sociedad libre.

Cuando un hombre (o un grupo humano) procede en contra de la libertad de sus semejantes, por cualquier medio, está actuando contra natura. Cualquier modalidad de sumisión, vasallaje, esclavitud, caudillaje o autocracia es contraria a la naturaleza humana. Se justifica entonces actuar contra todo tipo de opresión; en ese empeño el hombre se vincula esencialmente con el quehacer político. No se trata de una tarea individual, sino social. La negación de la libertad atenta contra la vida de la comunidad social organizada. Así lo entendieron los griegos al conceptuar la política como la disciplina intelectual que trata de los asuntos propios de la polis como forma de organización social y del individuo como habitante de la misma, esto es, como centro-eje vital de la comunidad.

Por ello, desde los albores de la historia, no ha cesado la ardua lucha del hombre para decidir su destino. Ese combate ha crecido, por así expresarlo, al fijar como pauta esencial del quehacer social, el interminable afán para obtener y conservar la libertad. Valga significar, en esa permanente acción humana por la conquista de su propio destino en un ambiente que garantice la libertad, siempre han estado presentes, en suerte de común denominador, las circunstancias caracterizadas por el sacrificio para hacer frente a las diversas modalidades de la opresión, la arbitrariedad, la intolerancia y el despotismo.

En ello ha radicado la esencia de la lucha por la libertad. En otros tiempos fue la lid de los plebeyos contra los patricios o bien el enfrentamiento entre los que estaban cansados de ser tratados como “cosas” y querían adquirir el status libertatis en plenitud. O bien, en otra época el signo en pos de la libertad se mantuvo en la lucha de los vasallos contra los señores feudales: no era justo ni lógico ni humano o grato a los ojos de Dios que unos hombres estuvieran sometidos a los designios de otros más poderosos por el dominio que detentaban sobre la propiedad territorial. Así mismo, larga y cruenta fue la ofensiva librada contra el absolutismo monárquico como forma de dominación. ¿Cómo era posible que el poder estuviera concentrado en las manos de un solo individuo, aun cuando se le llamara rey? No era lógico y justo que en un solo hombre se reunieran, al mismo tiempo, las condiciones de legislador, juez y ejecutor de la ley. La lucha contra la monarquía absoluta permitió grandes y radicales avances en los ámbitos jurídico-político y socio-económico: la emancipación estadounidense y la Revolución Francesa, de 1789, ejemplificaron las más trascendentes transformaciones socio-políticas resultantes de la lucha contra el absolutismo monárquico. La gesta independentista política en Hispanoamérica, en la que Miranda y Bolívar jugaron papel de extraordinaria importancia, fue -en gran medida- relevante secuela de aquellos acontecimientos y sus vicisitudes. La ruptura contra la monarquía absoluta, en América, dio paso al régimen federal-republicano, el presidencialismo y la égida del principio de la separación de los poderes, como nuevas formas de expresión en la organización, estructura y funcionamiento del Estado, con gran influjo en la dirección de los asuntos públicos a partir de la era contemporánea, en la que la democracia resurgió como la más clara esencia de los paradigmas para la conquista de la libertad, cuya significación y trascendencia es de suyo indudable no solo para el avance del quehacer político sino para el progreso humano integral.

Como consecuencia directa de esta nueva realidad socio-política, se indica el papel transformador que surgió con motivo de la solemne y trascendental Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en agosto de 1789, considerada como uno de los aciertos de mayor significación y relevancia de la Revolución Francesa de ese año, esencialmente por el hecho de consagrar y reconocer los más importantes derechos del hombre en su vida de relación social, entre los cuales descuellan los derechos a la libertad y a la igualdad, así como la garantía de la protección legal del ciudadano frente el poder del Estado. Así mismo, se le señala como uno de los más trascendentales documentos en la evolución del pensamiento político contemporáneo.

Con el transcurrir del tiempo, las formas de opresión del hombre por el hombre se fueron adaptando a nuevas modalidades de cercenamiento de la libertad. Cuando al trabajo se le irrespeta en su verdadera esencia y valor humanos; cuando no se le ve como elemento de dignificación humana, sino como base para una nueva modalidad de explotación de parte de los poderosos, tanto en el dominio político como en el económico, también se atenta contra la libertad. El predominio del capital sobre el trabajo, los abusos que ello implica y toda la gama de desajustes sociales que deviene como consecuencia de la injusta distribución de la riqueza, también son signos de opresión.

Frente a éstos, se impone la presencia del Derecho en función del respeto a la dignidad de la persona humana y el logro del Bien Común, superior y primordial fin de debe perseguir el Estado. No se trata entonces de colocar el Derecho al servicio de un sector de la sociedad, sino valorarlo como disciplina científico-social en su exacta y cabal dimensión. Es el signo de los nuevos tiempos para enfrentar, con mayor resolución, los embates de la autocracia y el totalitarismo.

En este orden de ideas se evidencia el sentido humanista y solidario que debe caracterizar el quehacer político. Esta orientación, fundamento de la renovación y perfectibilidad de la democracia y para la edificación, de modo gradual y progresivo, de un régimen de libertades, quedó patentizado en los esfuerzos emprendidos por el pensamiento democrático universal contra los desafueros de los regímenes totalitarios nazi-fascista y estalinista, durante y a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplo de esta actitud lo constituyó la aprobación y puesta en vigor del texto contentivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por las Naciones Unidas, edificante muestra del quehacer político orientado para solidificar la libertad y enfrentar todo género de opresión; así como la indeclinable actitud solidaria desarrollada – desde entonces, con mayor ahínco y perseverancia- en los cuatro puntos cardinales del planeta para denunciar, resistir y afrontar todo tipo de dominación, hegemonía y atentados contra la libertad y los Derechos Humanos en general. Ahí está, por ejemplo, la acción humanista y solidaria emprendida en contra de la segregación racial y a favor del cabal respeto a los derechos civiles en los Estados Unidos (sobre todo, al enfrentar las acciones discriminatorias contra los negros norteamericanos); la lucha rendida con sacrificio y heroísmo por los disidentes y perseguidos durante la égida del imperio soviético y sus satélites; el enfrentamiento contra el apartheid en Sudáfrica; la inmolación de millares de perseguidos por las tiranías latinoamericanas y tantas otras acciones del mismo género y con similar disposición finalista, todas ellas dirigidas en pos de la construcción de la genuina democracia y la primacía de la libertad.

Aún en los albores del siglo XXI, no es extraña la presencia de autócratas y déspotas en su afán para atropellar y abusar contra los Derechos Humanos; así como avalar atentados contra la democracia y la libertad; aun los disfrazados de “redentores sociales”, no vacilan en vociferar improperios contra quienes con legítimo derecho disienten y se oponen a sus planes de dominación; los mismos que mediante subterfugios y trampas se burlan de la democracia y sin empacho alguno se sirven de ella para promover sus inconfesables propósitos de concentración de poder, vale decir de opresión, en contra de los supremos ideales del pueblo. Por ello, se impone una acción política –ahora más que nunca- decidida a favor de la libertad.

Los desajustes sociales si bien son consecuencia de estructuras y formas de dominación a todas luces contrarias a la libertad del hombre y sus derechos, tampoco pueden ser los pilares que sirvan para sustentar otros y más crueles sistemas de opresión. Ninguna tiranía puede justificarse en la miseria de los pueblos. El quehacer político debe orientarse a favor de las reales necesidades del pueblo so pena de seguir siendo pasto de apetitos e intereses inconfesables de charlatanes y demagogos. La permanente lucha por la libertad así lo reclama y exige. O, por el contrario: ¿valdrá la pena asumir una actitud cómoda, conformista o entreguista…?

*Abogado, Politólogo y Profesor universitario