El rescate de la Asamblea

Varias empresas encuestadoras han dado a conocer en las últimas semanas lo que la mayoría de los venezolanos podemos intuir con sólo observar a nuestro alrededor. Una muy alta proporción se manifiesta en desacuerdo con el racionamiento eléctrico y en contra del cierre y acoso de RCTV, mientras que una abultada mayoría de la población cree que el país va por mal camino, se declara contraria a la racha de insensatas “expropiaciones” de propiedades y empresas, y manifiesta el deseo de que el presidente entregue el poder a un nuevo liderazgo en el 2012.

A nadie debería llamarle la atención que una amplia mayoría esté en contra de la desaparición de la señal por cable de RCTV, especialmente después de que su pionera señal abierta fuera sacada del aire después de medio siglo de transmisiones, para ser reemplazada por un bodrio cuya programación la ha colocado en los más bajos niveles de audiencia. Tampoco debería ser objeto de sorpresa que unas tres cuartas partes de la población estime como inaceptable el racionamiento de un servicio tan indispensable como el eléctrico, sobre todo en un país con enormes recursos energéticos y que ha tenido a su disposición extraordinarios recursos financieros y el tiempo necesario para evitarlo. Mucho menos es como para asombrarse el hecho de que más de tres quintas partes de la población piense que el país va por mal camino y se oponga a la confiscación de supermercados y empresas, en vista de los altos índices de inflación, desabastecimiento y creciente dependencia externa, que han producido las equivocadas y erráticas políticas gubernamentales.

Lo que sí es alarmante y debería llamarnos seriamente a reflexión es el hecho de que una considerable proporción de los venezolanos no tenga ni siquiera una somera idea de las delicadas funciones y responsabilidades que le han sido confiadas a los integrantes del poder legislativo. Al parecer no tenemos nada clara la conexión directa que existe entre lo que hace o deja de hacer la Asamblea Nacional en materia legislativa y de control sobre el gobierno y la administración pública, y los problemas que aquejan diariamente a los venezolanos y despiertan hoy su indignación y descontento. Gran parte de esos problemas se originan o tienen mucho que ver con los desafueros cometidos por los disciplinados integrantes del poder legislativo, elegidos por apenas un 25 % de los electores inscritos en un REP viciado y no auditado, que no representan en consecuencia sino a una minoría de la población y sólo hacen lo que se les ordena.

Reconquistar la Asamblea no sólo significa reestablecer las indispensables funciones de control parlamentario que han sido deliberadamente ignoradas para complacer los designios más disparatados y anticonstitucionales del ejecutivo. Constituye también la posibilidad de participar en la escogencia de un defensor del pueblo que vele por el respeto de los derechos humanos y no defienda al gobierno exclusivamente, de un fiscal que garantice el fiel cumplimiento de las leyes de la república y que no se dedique a hostigar y acusar a quien no le convenga al régimen, y sobre todo de integrar con pluralidad e independencia a un CNE, que constituya un árbitro y no parte interesada, y cuya conformación actual, de manera prácticamente exclusiva por parte de seguidores del partido de gobierno, constituye una aberración de su naturaleza y la negación de su cometido constitucional.

El colosal error de no concurrir a las últimas elecciones parlamentarias lo hemos pagado con creces, a medida que el régimen se ha sentido cada vez más envalentonado para secuestrar la independencia parlamentaria en nombre de esa minoría, y no debería sorprender a nadie que eche mano de los más descabellados métodos por continuar haciéndolo en los meses por venir, en medio de su fatal deriva autoritaria y frente al atemorizante espectro de unas elecciones parlamentarias en septiembre próximo que inevitablemente no le favorecen. Pero nada hacemos con señalar culpabilidades ni reprochárselas a nadie. Digamos que es más justo decir que tanto la dirigencia política como los ciudadanos fueron responsables del despropósito y que deberíamos sacar más bien una lección positiva del mismo.

Las arbitrarias y recientes modificaciones a la ley electoral de cara a las próximas elecciones establecen una sobrerrepresentación de las mayorías en desmedro del principio de la representación proporcional y de las minorías consagrado en la Constitución; asimismo, el estudiado proceso de “gerrymandering” o manipulación de los circuitos electorales aplicado por el CNE para intentar favorecer al gobierno pone en evidencia el abusivo ventajismo que le proporciona al régimen la inexistencia de una verdadera independencia de poderes. No obstante, es necesario estar conscientes de que la lucha contra tales abusos, que constituyen una burla a la voluntad popular expresada mediante el voto y una transgresión de la Carta Magna, con la aviesa determinación de reformarla de hecho y no de derecho, como en efecto lo viene haciendo, exige recuperar el mayor control posible de la Asamblea Nacional y para ello es indispensable la decidida y creciente participación de la ciudadanía. Desafortunadamente, al parecer un considerable número de venezolanos no parece tener muy claro todavía que la única forma de comenzar a enderezar los entuertos actuales, devolverle al país al menos un ligero barniz del derruido estado de derecho, restablecer las expectativas y esperanzas de mejoramiento personal y desarrollo del país, y encaminarlo así por la senda de un verdadero progreso, pasa necesariamente por obtener un triunfo contundente en septiembre próximo y lograr la crucial recuperación de la Asamblea por parte de las fuerzas democráticas.

Asimismo, a seis meses de las elecciones y en medio del más estrafalario y caótico desempeño gubernamental que haya conocido Venezuela en su historia, las expectativas de llegar sanos y salvos a ellas lucen cada vez más comprometidas. Por un lado, frente a los evidentes signos de pérdida de apoyo popular, el régimen persiste en su afán de desmontar aceleradamente el restante orden constitucional vigente y sustituirlo por una maraña de organizaciones comunales que tomarían muchas de las funciones legislativas que hagan ilusoria cualquier victoria de la oposición, para poder imponer así su rechazado proyecto supuestamente socialista. Por otro lado, el incoherente e ineficaz manejo de la economía y de la crisis eléctrica podría llegar a convertirse en un elemento crucial del acontecer político a corto plazo, en medio de un clima de convulsión social y política sin antecedentes, que podría complicar las cosas aún más, poniendo en entredicho la celebración misma de las elecciones.

En vista de que el panorama no está claro en este momento, no es hora entonces de divisiones o personalismos suicidas; tampoco de hacerse eco de reproches huecos como el de que la oposición no tiene un proyecto de país, puesto que el proyecto ya está elaborado, fue aprobado por el pueblo y se llama la Constitución de la República.

Todo pareciera indicar que los venezolanos estaremos en septiembre próximo ante la disyuntiva de elegir entre dos caminos diametralmente opuestos una vez más: por un lado, la difícil ruta para recuperar la libertad, la independencia y nuestras expectativas de progreso; por el otro, el oscuro sendero de la propaganda y dádiva populista que conducen hacia la instauración de un sistema político y económico comprobadamente fracasado, que sólo nos puede ofrecer un incierto plato de lentejas, el cual nadie puede asegurar hasta cuando puede durar.