Opinión Nacional

El Saldo Rojo de la Administración de Chávez

El régimen en el año que fenece ha endurecido su loca carrera hacia el pasado, es una suerte de montaña rusa de para atrás, es decir en marcado retroceso histórico, que le teme al presente y más aun le aterra al futuro. Mientras Brasil trata de meterse por la rendija de las grandes economías globales, Chile y Uruguay fortalecen la lucha por la justicia e igualdad social de marcado signo progresista, dentro del estado de derecho, Venezuela derrocha la oportunidad de resolver- con un acententuado énfasis en lo social- en democracia, las contradicciones de todo orden que están presentes y se manifiestan en una economía dependiente y mono productora
El largo periodo 1999-2009, con ingresos superiores a los 800.000.000 millones de Dólares esta signado por la destrucción de las bases de la economía nacional para instrumentar la propiedad socialista, cuyas manifestaciones más perversas se concretan en la aparición de la boliburguesia, producto de la asociación ilícita de la nueva clase política con busca vida de toda laya, manteniendo relaciones de crimen organizado.

Las Condiciones Objetivas
Los diez años de Chávez están caracterizados por el aumento exponencial de la dependencia de los ingresos petroleros, aunado también a la dependencia de las importaciones para el abastecimiento interno, ello dentro de un entorno de sumisión de todos los poderes del estado al Comandante-Presidente, como lo designan sus áulicos. La petropolitica sin signos visibles de realizaciones concretas, termina haciendo metástasis inexorable en la corrupción interna y externa, a la vista está la exposición de escándalos reiterados, nacionales e internacionales; los banqueros y las maletas de Chávez.

La mejor Constitución del mundo, fue transformada en “la bicha”, para después arrojar sus principios en el cesto de la basura en nombre de una revolución que tiene como expresión más acabada la verruga de una desaforada corrupción política, que ha devenido en la conformación de una estructura clientelar propia del crimen organizado. Sin rubor se violan sus Principios Fundamentales, los demás integrantes del Poder Publico Nacional – Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral – han renunciado a sus competencias legales para obedecer las órdenes de autócrata que los gobierna, pretendiéndose barnizar con actos administrativos- Leyes, Sentencias, Decisiones- de dudosa legalidad la dictadura constitucional.

El Principio de Colaboración establecido en la Constitución fue trasmutado en obediencia servil, celestinaje togado, sus cabezas visibles – Presidentes (TSJ, AN, CNE), Fiscal, et cetera – reciben y acatan órdenes del Teniente Coronel, en actos públicos, difundidos por radio y televisión. En un país no existe estado constitucional de derecho, cuando las cabezas visibles de los otros poderes públicos abandonan sus competencias de cumplir las funciones propias definidas en la Carta Magna, a la cuales deberían ceñir y sujetar sus actuaciones. Por el contrario se implementan, con su coparticipación, al margen de la ley, abusos y desviaciones de poder que conforman violaciones groseras al texto fundamental y que terminan en la comisión de delitos tipificados en el ordenamiento penal.

El Control de la Administración Pública Nacional

En este ambiente de violación reiterada de los instrumentos normativos por parte de las cabezas de los poderes del Estado, la Administración Pública Nacional, uniformada de rojo se ha convertido en un instrumento de PSUV para adelantar acciones tendentes a aterrorizar a los ciudadanos. Los activistas políticos la conducen – mas por afiliación que por meritos – cual sargentos de pelotón en guerra, bajo el criterio militar amigo-enemigo. Como militantes rojos están al servicio de una parcialidad, desvirtuando de hecho y de derecho los principios de; participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, que deberían animarla. En este ambiente y a lo largo de estos años, paso a paso, se desmantelo la burocracia de carrera que hace viable la marcha de la cotidianidad, que había formado el propio Estado para adelantar las políticas públicas, lo que tributara como consecuencia obligada en este tipo de regímenes en; la militarización, el nepotismo, la obediencia clientelar, y especialmente una abusiva discrecionalidad.

Con los fines de alcanzar efectivamente el control de los ciudadanos por una parte y de las personas jurídicas por la otra, era necesario el control absoluto de la administración pública. El carnet, la franela colora y la asistencia a manifestaciones gubernamentales, sustituyeron la carrera y el concurso público, con ello se abono el terreno a la discrecionalidad administrativa y a la impunidad del nuevo funcionariado, que por acción u omisión se pone al servicio del proyecto autocrático. Al final del día lo importante es “el control”, entendido en su concepción totalitaria y para el cual constituyen un estorbo los fundamentos de honestidad, idoneidad y eficiencia que resumen el marco de desempeño funcional, procesal y normativo de la administración al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna
Si la Constitución es como felizmente conceptualiza Ermo Quisbert: “La norma jurídica positiva fundamental que rige la organización y el desarrollo de un Estado, estableciendo: la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los poderes públicos, los límites de esos poderes, y garantizando la libertad política y civil del individuo “. No podemos sino llegar a la conclusión que en nuestro país no rige la Constitución, aprobada por el pueblo en Referendo, sino por el contrario, otra cosa, gelatinosa, amolde, practicada en la inversión totalitaria de la aserción comprensiva de Georges Burdeau, “La Constitución es la institucionalización del poder”. Chávez, por el contrario cree que la institucionalización del Poder es la constitución, por eso su practica hegemónica, lo cual se puede constatar al analizar camino recorrido, especialmente después de la derrota de su propuesta modificatoria. Se ha acelerado el trayecto hacia por lo menos un Estado para constitucional, o hacia una dictadura constitucional, en los términos de un neofascismo aggiornado, corporativista y carismático, al aire de las primeras lecciones de Ceresole.

La sanción y aprobación de leyes que manifiestamente coliden con el texto vigente, así como la tacita aprobación de las mismas por el Tribunal Supremo de Justicia, configuran hechos delictuales y el desempeño ilegitimo de instituciones que debiendo ser autónomas, se han puesto al servicio del mandante.

Al debido proceso y al juez natural, los reclutaron el militarismo y sus oficiantes civiles, están en las mazmorras de detención, como mañana estará la juez Afiuni, a quien la inefable Levys Azuaje – la misma del los casos Richard Blanco, Julio Rivas y Oscar Pérez – le acaba de decretar privativa de libertad o como el Ciudadano Brito a quien las Fiscalía en connivencia con una Juez acaban de secuestrar-detener en el Hospital Militar.

La necesidad de derogar la Ley Orgánica de la Administración Central
Para poder manejar a discreción, sin frenos regulatorios a la administración, fue necesario derogar la Ley Orgánica de la Administración Central. Suprimido el obstáculo normativo, podía crear y eliminar Ministerios a su antojo y así caotizar las competencias del hacer y deber administrativo. Con la derogatoria arrodillo la institucionalidad administrativa garante de la seguridad jurídica, instrumentada esta en la certeza de los actos, con su correspondiente vía recursoría. La sustituyo por una coral muda de pingüinos aplaudidores dispuestos a estar donde los pongan y donde haya. Los Decretos nacidos de desvelos de un ego enrollado sustituyeron la Ley.

Después la Asamblea Nacional le delego al jefe del Ejecutivo sus facultades y competencias por medio de leyes habilitantes, convertido en legislador y con el visto bueno de TSJ, emprendió el camino de enmendar la constitución a destajo, con fines protervos y sin escrúpulo, ya no se conformaba con adulterar la historia, era necesaria la garantía de impunidad para aquellos que fuesen cómplices de la aventura para alcanzar el destino final, la presidencia vitalicia. Las exposiciones de motivo y los textos de los decretos-leyes promulgados en la última habilitante constituyen la lapida al respecto de las jerarquías inmersas en la pirámide de Kelsen: Leyes Orgánicas y Especiales que coliden con la Constitución, Decretos Leyes Orgánicas, Leyes Orgánicas derogadas por Leyes Especiales, Leyes Orgánicas que contienen, la normativa penal que había sido promulgada por una Ley Especial, Decretos que derogan Títulos completos de leyes orgánicas, para no extendernos en el desorden promiscuo de las Resoluciones y Providencias al margen de la legalidad. En el ínterin la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es letra muerta, es desaplicada in extenso por los funcionarios que tienen competencia para decidir y que ostentan en razón de la materia jurisdicción operativa.

Si existiese estado de derecho, las leyes orgánicas de la Administración Central y de Procedimientos Administrativos, conjuntamente con la Ley Orgánica de la Administración Publica y la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, constituirían el nudo democrático seguro para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos en sus relaciones con la administración. Desafortunadamente la realidad es otra, sin frenos institucionales o mejor dicho con la complicidad de los rectores de los demás poderes, se ha desmontado el sistema de lo contencioso administrativo y va por el despeñadero el contencioso tributario
La Ley Orgánica de la Administración Pública.

Saludada su promulgación como complemento modernizador de la normativa administrativa ha sido modificada por el milico legislante hasta convertirla entre gallos y media noche, a espaldas de la constitución, en una herramienta adicional de los instrumentos de control de los administrados. Se desvirtúan los presupuestos fundamentales que animan el principio de la legalidad trastocando la transparencia en complicidad, para alcanzar la implementación del Socialismo del Siglo XXI y se aplica de manera selectiva a objeto de fundamentar las arbitrariedades que necesitan cometer para otorgarle matices legales al ejercicio del poder.

Al “desbaratar” Aristóbulo dixit, el principio de la legalidad, ya no importan las competencias regladas, y mucho menos “la asignación, distribución y ejercicio” de las mismas, lo importante es designar a un Samán, huele frito o cualquier pata en el suelo, sin merito alguno, que haya hecho votos de obediencia dispuesto a firmar la sentencia a muerte de su progenitora. El régimen democrático, protagónico y participativo fue sustituido por el dedo, los actos normativos no tienen que ajustarse a la constitución y a la ley, sino a los intereses de Chávez, y como la pedagógica realidad demuestra no existen garantías que permitan la protección de los derechos ciudadanos.

Funcionarios ignaros interpretan, mejor dicho mancillan sus obligaciones constitucionales y legales, menoscabando y violando en ejercicio de sus cargos los derechos de los ciudadanos que deben someter sus actuaciones a la acción administrativa, actúan crónicamente por órdenes verbales de sus superiores jerárquicos, cuando no al amparo de lo que suponen los deseos del Comediante en Jefe, lo cual estimula la discrecionalidad y la corrupción. En este estado de cosas no se establecen responsabilidades, civiles, penales y administrativas, por acción u omisión. El monstruo de la complicidad y la impunidad crecen hasta que se revienta un escándalo más que buscara un ocasional chivo expiatorio.

La Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.

Para garantizarles a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos frente a la actividad de la administración, se promulgo la moderna ley de Simplificación que desarrollo los principios básicos que iluminarían en una democracia social las relaciones del estado con sus administrados. Principios comunes a toda democracia liberal, de relaciones transparentes entre iguales, que poseen derechos y obligaciones para su ejercicio, sometidos a los reclamos del derecho y la ley.

Esa modélica administración estaba signada por unos marcadores cualitativos al amparo del principio rector de la buena fe, que permitiese la supresión de los formalismos no esenciales que conducen siempre a los peajes y al tráfico de influencias: “Economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de la forma y responsabilidad en el ejercicio de la misma”. Si esta norma se hubiese cumplido cuantos escándalos no se hubiesen evitado, cuantas empresas no hubiesen emigrado, cuantas inversiones nuevas se hubiesen realizado, cuantos empleos se hubiesen creado. Por el contrario Venezuela se encuentra hoy como uno de los países del mundo menos transparentes.

En la última habilitante, para castrarla al servicio de la ideologización roja, Chávez le otorgo el carácter de orgánica, desafortunadamente la han convertido en papel mojado, en una normita subsidiaria y los funcionarios se la pasan por donde la espalda pierde el nombre. Redactada inicialmente para perfeccionar la actividad administrativa dentro de un contexto de cumplimiento regulatorio se viola reiteradamente con premeditación alejándose de una de las metas más loables, estar dirigida al servicio de las personas.

Los principios y valores que predica y proyecta fueron engavetados al ritmo que se militarizaba el ejercicio administrativo; la improvisación, el desconocimiento, la ignorancia y la incompetencia desaplicaron los fundamentos principista que la caracterizaban: “Simplicidad, transparencia, celeridad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas, solidaridad, presunción de buena fe del interesado o interesada”. Atrás, en el trastero de los intereses que impulsan el control total que el régimen pretende, quedo la desconcentración para la toma de decisiones, el poder es uno, sentencio la Luisa Estela carente de los atributos de su apellido. Sumado a lo precedente el supuesto poder moral garantiza la irresponsabilidad e impunidad administrativa roja en el ejercicio de las funciones públicas.

Cuando el núcleo estructural sustantivo sobre el cual se baso la ley se erosiona e infringe, el principio tutelar que salvo prueba en contrario todas las declaraciones – interpretadas en la amplitud del texto – se deberán tomar como ciertas de acuerdo con la presunción de buena fe, se vacía de contenido todo el instrumento jurídico y no queda sustrato alguno sano, por cuanto se apertura el boquete permisivo de la discrecionalidad con todas sus articulaciones.

La Hipocresía del Poder

El año 2009 ha sido nefasto para los administrados, para precisar un sector especialmente importante para el país por las regulaciones que caracterizan las decisiones administrativas, es preciso señalar al sector externo de la economía. Siendo cada vez mayor los requerimientos del sector productivo para satisfacer la demanda interna – materias primas, productos intermedios y terminados – el régimen se empeña – poniendo en peligro el abastecimiento interno – en imponer barreras de todo tipo, arancelarias y no arancelarias, a la importación por parte de diferentes entidades del gobierno, teniendo o no habilitación legal y violando todos los principios obligantes establecidos en la Ley de Simplificación (Cadivi, licencias, delegaciones, permisos, autorizaciones, certificados, et cetera) que pagara el pueblo con escasez, inflación y especulación y que será sustrato fértil para las coimas.

La pasada Cumbre Presidencial de Mercosur entre sus resoluciones, aprobó no reconocer los resultados de las recientes elecciones hondureñas, por cuanto habían sido realizada en un ambiente de “ inconstitucionalidad, ilegalidad e ilegitimidad”, que es nuestro pan de cada día en el actuar administrativo, haciendo abstracción al hecho que esos señores se están entrometiendo en un problemas que claramente no es de ellos, debían por ética y moral detenerse –sin pensar en los negocios – a analizar si Chávez cumple con los extremos establecidos en el Protocolo de Ushuaia, y si cumple con la legitimidad de desempeño democrático. Sin son sórdidos para responder afirmativamente, que vengan al país para que observen los telones y entretelones de las dos últimas trastadas: Brito y Afiunu.

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