Opinión Nacional

El silencio es la peor de las estrategias

“El comercio tiene (el) potencial de actuar como una fuerza impulsora del desarrollo humano más poderosa que la asistencia por sí sola”, dice Kevin Watkins, autor principal del Informe de las Naciones Unidas de fecha 7 de septiembre de 2005. También señala que ese potencial es debilitado, entre otras cosas, por la incapacidad de abordar las desigualdades nacionales (entre naciones). Agrega el informe que “Las políticas comerciales injustas continúan negando toda escapatoria de la pobreza a millones de personas en los países más pobres del mundo, al tiempo que perpetúan desigualdades escandalosas…”

Son dos las características que quiero resaltar en este artículo: a) la capacidad de reducir las desigualdades y b) las políticas comerciales injustas. Si bien el informe de Watkins se refiere al ámbito global estas reflexiones son igualmente válidas para países en concreto. En Venezuela, la incapacidad por reducir las desigualdades no es exclusiva de este régimen, y si algo hay que reconocerle al Presidente Chávez es la permanente denuncia de las mismas, y hasta ahí. Sin embargo, la “V República” no es propiamente un modelo de eficiencia y de idoneidad, basta con leer, escuchar o mirar las noticias para darnos cuenta de la ausencia de resultados, de como se abordan los problemas, se quebranta el estado de derecho y se despilfarran los recursos.

En materia de políticas públicas (agrícola, pecuaria y alimentaria) éstas se caracterizan por la improvisación, y en estos momentos por la “confiscación” de la propiedad privada de fincas en producción y empresas que procesan alimentos, todas en plena actividad. Se clausuran fuentes de trabajo y centros de investigación sin respetar los procedimientos legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Tales son los casos de Charcote, Hato Piñero, La Marqueseña, entre otros, y las plantas de Alimentos Polar en Barinas y de Heinz en Monagas. Esta “apropiación” indebida promovida desde todos los poderes públicos, bajo el pretexto de asegurar el suministro de alimentos, atenta contra principios y valores consagrados en nuestra Constitución (derecho a la propiedad privada) y tienen consecuencias inmediatas: el desabastecimiento de rubros alimenticios importantes en nuestra dieta (leche, carne, harinas y cereales), lo cual favorece una “economía de puertos”, contando con las divisas que nos proporciona la exportación de petróleo para continuar importando -política nada saludable para nuestra economía-. La desaparición de rubros alimenticios como los mencionados incidirá, sobretodo, en los sectores más desposeídos aumentando la escandalosa brecha entre “ricos” y “pobres”.

¿Qué hacer para reducir las desigualdades? Ante todo tomar conciencia del entorno en que vivimos, darnos cuenta de lo que está sucediendo frente a nuestras narices y no evadir. Luego, tomar las acciones que consideremos pertinente y cuyo impacto dependerá, en gran medida, de la posición que asumimos ante esta realidad, el papel que desempeñamos dentro de la sociedad y la voluntad para cambiar lo torcido. Por último, comprometernos. No tengo la menor duda que la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros, pero en mayor medida sobre quienes han tenido y tienen la capacidad de modificar el rumbo de los acontecimientos. El esfuerzo es de todos y de cada uno, sin excepciones. Las acciones tendrán mayor impacto en la medida que conmuevan al mayor número de personas, lo peor que podemos hacer es mantenernos en silencio, no denunciar.

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