El “yo te aviso chirulí de fines del pasado año”

Para variar, no podía terminar el año sin que el Sr. Chávez, con su acostumbrado ordinario y amenazante estilo, aun cuando aparentemente propio para sus huestes seguidoras, dejara pasar la oportunidad sin cometer otra tropelía y dejar planteada la última tenebrosa amenaza para alguna persona, ente o institución ciudadana.

Esta vez el asunto toco en suerte a una empresa propietaria de la explotación de un espectro de televisión, la cual, según la citada alocución presidencial ha violado, mancillado, vituperado y detractado contra las instituciones democráticas, el gobierno en turno, contra el sistema constitucional y por supuesto ha pateado la Ley especial de la materia.

En nuevo estilo de las sanciones penales, al menos desconocido para mí en el enjambre internacional de normas penales semejantes, se le informa al delincuente o violador de la ley, la pena que a futuro seguramente deberá tener que soportar, que no de la inmediata aplicación de las sanciones contempladas en el ordenamiento, como pareciera es lo previsto en el sistema legal vigente en Venezuela.

En efecto, luego de que personaje tan ilustre, hace publico ante un especial público (entendemos era una alocución ante el grupo de quienes visten uniforme por y para Venezuela de la mas alta calificación y grado) de las tropelías y desaguisados de una empresa y sus representantes contra el ordenamiento jurídico nacional y contra el honor y respeto debido a la patria y sus instituciones, no se dispone la aplicación de medidas inmediatas, como debe ocurrir cada vez que hechos de similar calificación se produzcan, sino se le hace admonición de lo que le ocurrirá al vencimiento de una concesión o al de posible extinción de un derecho, esto es una vulgar y corriente amenaza.

Creo recordar la vigencia de un principio penal conforme al cual todo funcionario publico que conozca, sea alertado o llegue a sus manos noticia del acaecimiento de un hecho punible está obligado, bajo sanción de delito cometido, a dar parte a las autoridades competentes a fin de que se haga cesar el delito y se castigue a los eventuales responsables.

No puedo en cambio confirmar la existencia de sistema penal alguno en la que el funcionario de más alto rango del gobierno, vocifere estar en cuenta de la comisión de delitos de ciudadanos o entidades de su país, y simplemente los amenace para que cuando toque reconocerles algún derecho o discutir de la extensión de algún plazo legal que le favorezca, quede en cuenta de que no se le renovara dicho derecho ni extenderá plazo alguno.

Ante tales circunstancias a mi también me parece oportuno, en primer término como ciudadano ordinario, en segundo lugar como abogado que soy y en tercera prioridad para no quedar yo también como delincuente, alertar al citado pajarito , no precisamente «Chirulí», que está él con ello incurriendo por igual en delito penal y en falta grave a las responsabilidades que le incumben por el desempeño de su alto cargo, al no haber hecho que se tomaran las medidas necesarias, si son reales y verdaderas las graves noticias que ha difundido en torno a que dicha entidad ha incurrido en tales conductas delictuales, deturpando contra las instituciones de gobierno, instando a rebelión, y desfigurando y distorsionando información, a mal poner, finalmente a la ciudadanía contra el sistema de gobierno institucional de turno, sin que se haya tomado medida que lo impida, ni sanción que legalmente les sea aplicable.

Debo pues advertir al “Chirulí”, que al haber obrado en forma diferente y alcahuetear lo acaecido sin tomar las medidas que eran procedente, tempestivamente, lo convierten en cómplice de tales barrabasadas por él esgrimidas, y en autor material y directo del delito de ocultamiento del delito que se comete, convicto y confeso públicamente, o peor aún, y es lo que mas preocupa, sus actos y gestos pasan a convertirse en una simple aberración, pues en lugar de informar sobre un acto de soberano gobierno, como debe serlo, simplemente difunde un acto de venganza vulgar y corriente, para desquitarse contra una entidad o institución de actos que desagradan o incomodan en lo personal a quien de tal forma actúa y acusa impunemente.

En buen derecho el ejercicio de esa pretendida potestad soberana por parte de quien ejerce la más alta investidura pública del país, debe y tiene que denominarse desviación de poder o cuando menos reputarse una grave falta en el cumplimiento de sus responsabilidades como funcionario público.

El poder de la Administración Pública, señor Presidente, se lo confiere no “ Ad pompam et ostentationem” sino para su debido y cabal ejercicio. Una vez más lo alerto: en este país no podemos seguir con amenazas, legales o impertinentes, sino exigir el cabal cumplimiento de las leyes.