Opinión Nacional

Emergencia mediática

La hegemonía comunicacional del autoritario régimen miliciano de orientación castrocomunista, comenzó imponiéndose a la fuerza en la noche de terror del 9 de diciembre 2002 soportada por medios asaltados en 13 entidades; continuó con clausura de RCTV, extendida a 240 radios y 2 Tv regionales y venta de medios. No conforme, abusa con cadenas de radio y Tv, impuestas cuando se le antoja, con dos fijas por día.

Nuevo paso de hegemonía se evidencia en trabas impuestas a periódicos para compra de insumos que deben ser importados.

La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) que distribuye dólares al cambio oficial, resucita al Recadi del gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989), denunciado de malversar $15 mil millones.

Se le señala de vía de castigo a línea editorial. Para Claudio Paolillo, directivo de la SIP, «estamos frente a catástrofe de proporciones mayores para la libertad de prensa».

Peor situación presentan medios de provincia, que no hacen importación directa. Algunos han salido de circulación, entre ellos decanos de prensa regional como El Sol de Maturín y Antorcha de El Tigre. En general los periódicos disponen de muy limitado papel; varios han reducido páginas y tirajes y eliminado suplementos.

No hay intervención oficial sin arremetidas contra medios y comunicadores, incluidas agresiones físicas. Balance gremial revela que los primeros citados han formulado 7 mil denuncias ante Fiscalía. Según Espacio Público, «la impunidad es superior al 97% en casos denunciados». Análisis aparte requiere las muertes provocadas de 43 comunicadores.

Ante tal esbozo gremios profesionales y patronales deben salir de la locuacidad mediática, pasar a la acción conjunta y declararse en emergencia.

 

 

 

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