Enmienda y movilización popular

Durante los últimos diez años, Venezuela ha estado sumergida en un proceso de profunda movilización social y política; alrededor de un propósito central: la defensa de las libertades democráticas. En ese contexto, este próximo Domingo 15 de Febrero se producirá otra confrontación electoral entre los dos bloques que se disputan el control del Estado venezolano. El evento refrendario confirmará de nuevo la polarización del país y, aunque los expertos vaticinan que no habrá una victoria amplia para cualquiera de los dos bloques, de nuevo quedará asentada la importancia de la movilización popular en torno a los valores democráticos.

La movilización de base, la movilización social constituye una expresión asociativa, diversa, no estatal, plural, voluntaria y con autonomía de gestión que se produce de manera temporal o permanente en apoyo o no, a un objetivo o tema de interés colectivo. En el caso venezolano y, de manera creciente, se han venido produciendo distintas y constantes manifestaciones de movilización popular a lo largo de esta década de revolución en defensa de los derechos humanos y la democracia. Así, el movimiento sindical, el empresariado independiente, los sectores medios profesionales, las asambleas de ciudadanos, la red de organizaciones no gubernamentales y; últimamente el movimiento estudiantil han ocupado un lugar relevante y de protagonismo en el desarrollo de esa luchas. Han sido estos movimientos sociales los que -ante la debilidad y casi ausencia de la actividad de los partidos políticos-, junto a la Iglesia Católica, las universidades y los medios de comunicación social independientes, han asumido una función de vanguardia en el debate ideológico-político que existe en Venezuela.

Inicialmente, el gobierno nacional propició la movilización popular; a través de un conjunto de acciones políticas y técnicas. Hay que reconocer que las nociones de “organización del pueblo” y “poder popular” han sido constantes en el discurso propositivo oficial. El proceso constituyente de 1999 fue un claro ejemplo del emprendimiento oficial hacia la movilización social. Otro caso, fue el impulso de algunas instancias de participación popular como los Círculos Bolivarianos y Mesas Técnicas de Agua (1999), Comités de Tierras y las Misiones (2002), los Comités de Salud (2003), hasta llegar a los Consejos Comunales (2006). Por supuesto, estas iniciativas oficialistas perseguían la construcción de una plataforma política para el “proceso revolucionario”; mediante la cooptación de los integrantes y beneficiarios de tales programas públicos. De hecho, tales mecanismos de organización contribuyeron a “organizar” la base social del chavismo durante un lapso importante. Sin embargo, con el tiempo esas plataformas de ”incidencia popular en la gestión pública” devinieron en mecanismos de simple clientelismo político.

A partir del año 2001 comienza una recuperación de los movimientos sociales independientes; que adoptan por una parte, una clara política de reclamo frente a la calidad de las ejecutorias gubernamentales y, por la otra, una decidida política de oposición ante la evolución hacia el autoritarismo y la concentración de poder; por parte del gobierno nacional. Así la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) celebra sus elecciones internas y sale triunfador de ellas el dirigente obrero petrolero Carlos Ortega, de formación socialdemócrata frente al dirigente magisterial Aristóbulo Istúriz, candidato del oficialismo. De esta forma, el movimiento sindical venezolano reafirmó su independencia y su posición contestataria al Gobierno Nacional. La elección de Carlos Ortega será determinante en los sucesos políticos posteriores. Por su parte, en Diciembre de ese mismo año, la asociación gremial FEDECÁMARAS lideró un paro cívico de 24 horas, en protesta por las políticas económicas emprendidas por la administración gubernamental.

El año 2002 continuó siendo un año de profunda movilización social y política donde la denominada clase media (sectores profesionales empleados e independientes y los pequeños y medianos empresarios) de las principales ciudades del país asume una actitud de mayor beligerancia y protesta frente a las ejecutorias gubernamentales. En otras palabras, en el 2002 irrumpe la clase media como un movimiento social de oposición en el país. La clase media urbana venezolana se convierte en la columna vertebral (y vanguardia) de las movilizaciones opositoras. Se trata de un movimiento anónimo; pero radicalizado y decidido a hacer valer los principios y valores que considera justos. Durante los sucesos de Abril de 2002, los movimientos sociales jugaron un papel importante en todo el proceso de renuncia y restitución del Presidente Chávez en el gobierno. De los sucesos de Abril quedan como testigos once funcionarios policiales presos en uno de los procesos judiciales más largos y lleno de opacidades, que haya conocido la historia de nuestro país.

Ese mismo año 2002, las fuerzas sociales opositoras (CTV; FEDECÁMARAS y una parte de la burocracia pública petrolera) lideraron la realización de un paro cívico en contra del gobierno. El paro cívico (o paro petrolero para algunos analistas) significó sin lugar a dudas, una innegable demostración de fuerza y movilización de amplios sectores de la población venezolana que asumieron el camino de la desobediencia civil, como medio de expresión de su descontento político. Fueron casi tres meses, de manifestaciones de calle en todo el territorio nacional y, donde buena parte de la población del país asumió una postura de enfrentamiento extremo contra el poder constituido.

Derrotado el paro cívico (en Febrero de 2003), la sociedad civil venezolana demostró; sin embargo, una impresionante capacidad de recuperación política pese al debilitamiento institucional de la CTV, del repliegue del sector empresarial y de la dispersión y persecución del movimiento profesional de la industria petrolera. Se inicia el tránsito por el referendo revocatorio del Presidente de la República, dentro de los procedimientos constitucionales. De nuevo, se desarrollan largas jornadas de participación ciudadana donde la recolección de firmas a favor de la consulta revocatoria. Esta vez, los movimientos sociales contaron con una estructura de organización denominada “Coordinadora Democrática” que reunía en su seno, y por igual; tanto a los partidos políticos como al voluntariado y a las organizaciones sociales privadas que encabezaban el proceso revocatorio.

Con el evento revocatorio se consolidó en forma definitiva un sector opositor y se agudizó la polarización en el país. Se enfrentaban un bloque político-social diverso y plural; al bloque oficial estructurado y soportado sobre la base institucional del Estado venezolano. El proceso revocatorio significó también un asedio social y constitucional al gobierno, que utilizó todos los recursos “institucionales y técnicos” legalmente establecidos, para realizar el referendo consultivo en una coyuntura favorable. Además de lograrlo, desde el oficialismo se elaboró la denominada “Lista Tascón” (apellido del diputado oficialista, que motorizó la idea) que sirvió para acosar y perseguir a cientos de miles de empleados públicos y de ciudadanos comunes, que firmaron a favor del proceso revocatorio.

La derrota en el referendo revocatorio, en el año 2004, debilitó de nuevo la plataforma democrática que venía estructurándose con mucho esfuerzo desde la sociedad civil. De hecho, la “Coordinadora Democrática” fue desmantelada y, el escepticismo creció de manera exponencial entre el bloque opositor; siendo la expresión más concreta de ese escepticismo político la reducción de las gobernaciones en manos de la oposición a tan solo dos entidades federales (Nueva Esparta y Zulia) y la estrategia abstencionista que se impulsó desde la propia sociedad civil en las elecciones parlamentarias del año 2005. Allí, con una exigua votación que no llegó al 20% del electorado venezolano, el bloque oficial se apoderó de la totalidad de los 167 puestos de la Asamblea Nacional. La estrategia abstencionista significó pues, un duro golpe para la reconstrucción del equilibrio democrático en el país. Incluso, luego de cuatro años; aún la nación sufre las consecuencias de una Asamblea Nacional hegemonizada por un solo sector ideológico y, sin ningún equilibrio ni control político.

Las elecciones a la Presidencia de la República del año 2006, representaron un duro reto para los factores democráticos (político y ciudadanos), en tanto se tenía que remontar la cuesta empinada que constituía la reorganización de un movimiento social disperso y la recuperación y relanzamiento de las organizaciones partidistas frente a un bloque oficial fortalecido por los resultados electorales inmediatamente anteriores. Sin embargo, y a pesar de la derrota un nuevo perfil de la oposición comenzaba a trazarse. Una oposición política y social más curtida y sobre todo sin la sombra de una proposición golpista ni de salidas cortoplacistas.

El cierre arbitrario de Radio Caracas Televisión, a principios de 2007, va a propiciar un nuevo y aparente y definitivo despertar de los movimientos sociales venezolanos. El cierre de un canal televisivo con más de 53 años de trayectoria en el país, se tradujo en la concreción de una amenaza autoritaria que muchos venezolanos y venezolanas no querían terminar de aceptar. La defensa del canal televisivo RCTV se transformó en un emblema para la defensa de los derechos democráticos y, sirvió para la incorporación de un nuevo actor social: el movimiento estudiantil venezolano.

La incorporación del movimiento estudiantil representó la activación de un sector poblacional con tradición de lucha por las libertades y derechos democráticos. Si bien, los jóvenes venían acompañando las luchas emprendidas por la oposición, su participación era dispersa y no se encontraba focalizada como sector específico. Además y, por definición el movimiento estudiantil es una expresión crítica de la “institucionalidad del sistema”; tanto en el ámbito universitario como en la sociedad. Por otra parte, el movimiento estudiantil universitario no podía ser acusado por el bloque oficialista de haber participado en los procesos de protesta y desobediencia civil realizados entre 2001 y 2003; entre otras cosas, por la edad con la que contaban para ese momento. Pero además, la participación de la vanguardia de jóvenes universitarios a la lucha por la democracia por sí misma, significó una dura derrota para el gobierno nacional.

El mismo año 2007 se produce otro amplio proceso de movilización popular; esta vez alrededor de la propuesta de reforma de la Constitución Bolivariana presentada desde el gobierno nacional. Y es así que en Diciembre de ese mismo año se produce la histórica derrota político electoral de la propuesta gubernamental. Tras un amplio y febril despliegue de las distintas manifestaciones asociativas de la sociedad civil venezolana se detiene estratégicamente y de manera democrática, el proyecto revolucionario impulsado por el socialismo oficialista. Las cosas habían cambiado en Venezuela. Un nuevo tejido democrático había surgido del aprendizaje de las derrotas y los pequeños avances previos; y ahora se expresaba de manera contundente en las urnas electorales con una victoria inobjetable. Con el triunfo del 2-D de 2007 se abrieron las esperanzas para la restitución del equilibrio democrático en Venezuela y para el impulso de los mecanismos cívicos de control sobre el gobierno.

En las pasadas elecciones regionales del 23-N de 2008 se sintió el cambio en la correlación de fuerzas del país; a pesar de los “errores tácticos” de la oposición en muchos municipios y gobernaciones del país. Con estos antecedentes y en un contexto electoralmente polarizado se realizará en el país, este 15 de Febrero de 2009, una nueva consulta popular sobre una nueva propuesta de reelección indefinida impulsada por el Presidente Chávez. Este planteamiento reeleccionista desconoce los resultados que sobre el particular arrojó el referendo realizado el pasado 2007.

Para esta consulta, el bloque oficialista ha emprendido una inversión multimillonaria en propaganda con el propósito de convencer a un “electorado aburrido y cansado” de que el actual Presidente de la República sería el único dirigente político capaz de gobernar el país. Sin embargo, la realización de la utopía presidencial tropieza con una dura realidad; una realidad compuesta por su gestión pública, que confunde el enfoque de derechos con el clientelismo; por su acción institucional, que supedita la transparencia a los intereses de la nueva elite gubernamental y, su propia concepción política que mal entiende la democracia con el culto a la personalidad. Pero por encima de todo, la utopía reeleccionista muy probablemente tropezará con un pueblo movilizado y organizado, cada día más consciente de sus potencialidades y de sus derechos democráticos.