Opinión Nacional

Esa cosa llamada LOPNA

Antes de iniciar el presente artículo, debo destacar que no existe la intención de atacar el marco legal de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, el propósito fundamental de este escrito es exigir a las autoridades encargadas de reformar y modificar las leyes (y más aún esta, cuyo destino debe ser proporcionar atención inmediata y protección verdadera a los adolescentes y niños de nuestro país); la pronta creación de un proyecto de reforma para esta Ley.

La Ley Orgánica para la protección de niños y adolescentes debe ser revisada urgentemente por la asamblea nacional, porque no se justifica que los fiscales con competencia en la materia, ni los consejos de protección sean organismos tan incapaces e inoperantes para lograr proteger los intereses de los menores, y solo justifiquen de forma mediocre, que se debe esperar un largo juicio o decisión de un juez para lograr salvaguardar los deseos, decisiones y bienestar físico y psicológico de los afectados.

Lamentablemente y como muchas familias venezolanas he tenido que pasar por todas estas cadenas de negligencia, y simplemente las medidas de protección no van mas allá de exámenes psicológicos que lo que hacen es demorar la espera para la toma de decisiones.

Por lo tanto elevo mi voz ante los organismos de poder judicial para que se organicen a favor de una pronta modificación a la LOPNA, y en el transcurso de las próximas semanas acudiré junto a especialistas en la materia a las correspondientes comisiones de diputados, para llevar una serie de recomendaciones, en las cuales estén otorgarles mayores competencias a los fiscales y consejeros de protección, para que estos amparados en la ley, puedan actuar con mayor eficacia y eficiencia, conceptos estos que al menor tiempo y sin importar los costos se apliquen verdaderas medidas de protección a favor de niños y adolescentes.

Es importante denunciar el estado en que se encuentran los consejos de protección, lugares sin instalaciones apropiadas para atender a menores y familias con problemas, estos adolecen de material de trabajo como resmas de papel y bolígrafos además de fotocopiadoras que agilicen las presentaciones de informes y expedientes.

Es necesario evaluar minuciosamente al personal que ejerce funciones de consejeros de protección, escribientes y psicólogos, ya que muchos de estos profesionales no cumplen con sus funciones y se prestan para engavetar expedientes y ser cómplices de corrupción. Casos como estos fueron denunciados en las respectivas dependencias municipales, pero debe existir un marco legal que le proporcione multas y castigos; como la cancelación del título universitario cuando se demuestre que el respectivo funcionario cometa una falta grave.

También se sugerirá la aplicación de privación de la libertad para aquellos padres y funcionarios que les sean demostradas penas y abusos contra la integridad de los menores, debo destacar que en la ley existen algunas penalizaciones pero no son ejercidas por los personeros en materia de protección, porque no se atreven a aplicar castigos, por temor a represalias o por desconocimiento de los alcances que esta ley proporciona a la comunidad venezolana.

La denuncia es un valor humano fundamental y todas las personas investidas o no de autoridad están en el deber de actuar y protestar ante los organismos jurisdiccionales, exigir eficiencia en las actuaciones en materia de protección de niños y adolescentes es menester para crear una mejor sociedad y una mejor calidad de vida colocando a la familia como principal valor en la creación de un mejor país.

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