Opinión Nacional

¿Estado de Derecho? ¿Justicia en Venezuela? Los complejos recochineos estatutarios

“… Yo soy el Estado… Yo soy la Ley…”

Hugo Chávez Frías, El Poliedro; 031201

En esto de la orden de detención supuestamente dictada por la FGR contra Ricardo Fernández Barrueco conocido como “Ricardo X” o como “El Zar de Mercal”; la también supuesta voluntaria presentación en el cuartel central de la DISIP donde aparentemente quedaría confinado; el súbito cambio de su antiguo defensor por los miembros de la conocida banda de Los Enanos que, como es público, opera a la libre bajo el paraguas protector de la presidenta de la AN Cília Flores; luego, esa publicitada supuesta presentación por ante un juez, circunstancia donde a pesar de que todos medios estaban a la caza de una oportunidad para fotografiarlo y sin embargo, por parte alguna fue visto el imputado.

Salvo la foto de la cédula publicada en algún medio, no existe en ninguna otra fotografía o imagen  del sujeto así es que, vale acotar: Cualquiera, hoy mañana o después, parézcase o no al sujeto, puede jugar por ahora el papel de preso, el papel de imputado. Como decían los abuelos: “… Mientras se enderezan las cargas…”

Es decir

Al estilo y dentro de ese conceptualmente depurado concepto de la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, para el ciudadano común se impone a la luz de los hechos otra “sensación sensacional”:

Ya el gobierno y sus cómplices de toda ralea, están en plena mise en scène, y en el mismo juego de siempre, sólo que, pareciera, por las implicaciones que arañan profundamente los predios de Miraflores, se pretende hoy dictando cátedra mejorar la expeditiva técnica del engaño; esa, de cuyas más conocidas expresiones existen múltiples ejemplos:

Casos de desempeños estatutarios:

Capitán de Navío Lizardo Márquez Pérez (30/09/83)

Cuando se logra incautar el alijo de 667 kilos de cocaína en el avión de Lizardo Márquez Pérez en el aeropuerto Caracas (30/09/83), se le quitó a la banda de traficantes, financistas y sus socios y apoyos en gobierno, la más importante de todas las etapas de la operación montada.

Como se recordará, aquella estructura de tráfico de drogas destinada a obtener enormes ganancias líquidas libre de todo control, se monta sobre un mecanismo financiero ideado por Florentino Fernández y manejado en coyunda con su socio Víctor Barranco, para aquel momento, precisamente, Asesor y Jefe de Campaña del precandidato in pectore y Ministro del Interior Rafael Andrés Montes de Oca.

Basado en la colocación en el mercado venezolano de unos forjados Certificados de Depósito (CD) en dólares americanos a 90 días y devengando puntos en intereses por sobre los más altos  del mercado; CD emitidos por un supuesto banco con sede en una de las islas de El Caribe:

a)      En la época de otra escasez de dólares, colocan los CD en las empresas y particulares y cobran en bolívares

b)      Con el acumulado de fondos captados en bolívares negocian, contratan, compran y pagan cargamentos de drogas en Colombia y los transportan y depositan en Venezuela (en aquel momento, acumularon 1.000 kilos que no pudieron mover como estaba planeado en junio de ese año por el aeropuerto La Fría en el avión DC8 de la In Air de Javier A. Uzcátegui B., aquel vuelo donde se transportaron unas vaquillas desde Chicago).

c)      Luego embarcan el cargamento, lo transportan vía aérea a Florida y lo colocan en el mercado al mayor.

d)     Cobran el cargamento en dólares líquidos y trasladan parte de esos fondos a Venezuela.

e)      Seguidamente a cada comprador de los CD forjados, a uno por uno, los promotores,  Florentino Fernández y Víctor M. Barranco C., personalmente le liquidan y pagan los intereses antes mismo del vencimiento previsto para los CD. Así el cliente quedaba enganchado para una siguiente oportunidad, si no es que renovaban de una vez el papel.

f)       Se pagan las comisiones, aportes financieros varios y demás gastos; se reparten las ganancias, y se comienza de nuevo el ciclo para la compra de un nuevo cargamento

Cuando en el segundo intento para llevar la droga al mercado mayor en Miami en el Rockwell Aerocommander 810, se les intercepta en el Aeropuerto Caracas casi el 70% del cargamento, se rompe la cadena en la dinámica del negocio.

A partir de ese momento, la estructura financiera se derrumba; no pueden honrar los compromisos y recuperar los CD falsos colocados en el mercado y son 19 denuncias las que se acumulan en la PTJ en contra de Florentino Fernández y de Víctor Barranco.

Luego, lo de siempre, un parapeto de juicio destinado a tapar todo el entramado que arañaba los predios del MRI. Lizardo Márquez Pérez sale del país, por orden superior detienen al piloto y a unos pescadores en el litoral, prensa y todo el resto quedó en silencio. Un ex ministro de la Defensa y otros oficiales retirados FAN, ni siquiera son citados o interrogados, Por cierto, el piloto William Marín Vásquez, conocedor de buena parte de la trama y de los personajes, una vez que bajó el escándalo en la prensa, es puesto en libertad, y al día siguiente de su liberación, es asesinado.

Allí murió en caso en Venezuela. No así en USA, Lizardo Márquez Pérez capturado en Miami con identidad falsa, identificado luego, es condenado a una severa pena de cárcel.

Abogado José Alberto Totessaut (20/07/96)

En el asesinato del abogado José Alberto Totessaut, donde apenas a los veinte minutos de asesinado, enfriándose aún el cadáver, salía a la luz pública el señalamiento directo del “Autor Intelectual” del crimen en boca y por declaraciones de uno de los más interesados, conocidos y hábiles operadores de la nomenkllatura: José Vicente Rangel.

Éste, en sus primeras declaraciones a los medios directamente citó con pelos y señales a quién se debían detener e investigar: Rafael Alcántara.

Allí comenzó aquella tragicomedia destinada a dirigir en lo público y a controlar en ese elaborado sub-mundo de la impunidad venezolana imperante, el desempeño de la policía en la investigación criminal; de la FGR en la imputación; de los jueces en las decisiones y de los personeros del gobierno y de oposición en sus declaraciones; y de los medios como derivado.

Indispensable a la sazón para encubrir y evitar que la investigación pudiere de alguna forma afectar intereses o poner a la luz las verdades en juego, además de los miedos y los temores personales sobre el tapete.

No hay que olvidar que jamás se investigaría:

a)      El hecho de que quien habitualmente llevaba al colegio al hijo de Gisela, era el propio abuelo del niño, José Vicente Rangel. Ese día del asesinato, una excepción, decisión de última hora, lo llevó José Alberto Totessaut.

b)      No se investigaría la relación directa del homicidio con aquella revelación pública en su programa de televisión de una cinta magnetofónica, contenido de una conversación entre CAP Presidente de la República y el gobernador Virgilio Ávila Vivas, donde este último daba detalles y hacía referencia al control que tenía sobre el magistrado del TSJ en cuanto al tratamiento y decisiones sobre el caso que estaba en curso en contra de CAP –que luego en el tiempo terminaría con su destitución del cargo–.

c)      Menos aún se investigaría por qué a pesar de la expresa aseveración, o amenaza de José Vicente Rangel en su programa de TV de hacer público el resto del lote de cintas de conversaciones de CAP con otros factores de poder para negociar el intríngulis y los derivados del juicio. Jamás tal empeño o amenaza se cumplió; José Vicente Rangel, enmudeció por completo sus ataques a CAP, no volvió a tratar el tema en su programa.

Luego a los efectos de la opinión pública, se montarían en seguidilla todas aquellas escenas de acusaciones, revelaciones, confidenciales e implicaciones en el asesinato de uno u otro funcionario, de uno u otro delincuente común: El subinspector de la PTJ, José Cheo Quintana, el Disip, Blas Humberto Porras; la banda  ‘Alcaravanes’; el presunto delincuente, Robert Canelón Torrealba, hijo de una empleada de la Policía Metropolitana, quien habría solicitado ayuda a Henry López Sisco; Luís Salvador Grosela Avila, alias “El Turi”. Rafael Alcántara por su parte, el expresamente  señalado, quedaría en manos de las veleidades de la juez de la causa. Así se cerró la investigación del crimen.

Presidente de la Comisión Legislativa Luís Miquilena (Micabú 23/05/00)

Aquella parafernalia pensada, estructurada y organizada por lo más primoroso de la  nomenclatura, y ejecutada en expreso por el titular de la FGR, Javier Elichiguerra en el año 2000.

Algunos, ayer y aún hoy, hablaban de ingenuidad del titular de la FGR, otros de su ignorancia, algunos posiblemente más asertivos, de la complicidad. A cada quien decidir de acuerdo a su libre entender puesto que, el objetivo que se buscaba estaba a la vista: Luego de una decisión –cosa juzgada–, Luís Miquilena no podría ser juzgado jamás; nunca dos veces por una misma causa.

Recordemos que frente a las múltiples, públicas e indiscutibles evidencias de las implicaciones en actividades ilícitas calificadas bajo el rubro: “… comisión de tráfico de influencia y sobregiro presupuestario… la contratación entre el CNE e Impresores Micabú, C.A., Miquilena poseía el 35% del total de las acciones…”.

El martes 23 de mayo de 2000 en la Sala Plena Accidental del Tribunal Supremo de Justicia se admitió la solicitud del FGR de antejuicio de mérito contra Luís Miquilena. La decisión se anunció en horas de la noche del lunes con 15 votos a favor y tres salvados de los magistrados José Peña Solís, Octavio Sisco (presidente y vicepresidente de la Sala Electoral) y Levis Ignacio Serpa (Sala Político- Administrativa).

En ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, 16 votos a favor y 4 votos salvados, declaró sin lugar un antejuicio de mérito solicitado… decretándose de igual forma el sobreseimiento de la causa: “… el fallo trató el asunto como si fuese una decisión de fondo… la decisión sobre el antejuicio contra Luís Miquilena impidió la búsqueda de la verdad…” (Hector Peña Torrelles, Magistrado disidente, 30/07/00)

Fiscal Nacional Danilo Anderson (18/11/04)

Aproximadamente sobre las 21:45 horas de la fecha del crimen, procedente del estacionamiento de la escuela de PTJ, el Fiscal Nacional Danilo Anderson transita por la solitaria avenida Las Ciencias de Los Chaguaramos cuando una sorpresiva deflagración en el interior de la Toyota Autana que conducía le arrebata el control y la desvía de su curso para estrellarse en llamas contra la reja del local de comercio Auto Fresco.

En menos de cinco minutos hizo acto de presencia una comisión de la DISIP y detrás de ellos, llegó el vice presidente de la República, José Vicente Rangel. Asumimos que debía estar muy cerca de la zona para llegar tan rápido, antes mismo que los bomberos para apagar el incendio.

Y a partir de ese momento comenzaron a llegar, más bien a invadir la escena del hecho, funcionarios subalternos de todo pelaje y nivel; de ese vice presidente para abajo, pasando por ministros, el FGR, los bomberos que atendieron el incendio, hasta simples viandantes que se confundían en una masa humana no menor a 350 personas pateando el área.

En ello específicamente, se hacen coincidir dos programadas circunstancias: a) Nadie aisló y protegió la escena del crimen por lo cual, b) allí estaba la expresa oportunidad para alterar, contaminar, borrar, desaparecer o simplemente sembrar a voluntad de los interesados, cualquiera fuere el elemento o evidencia destinada a fines específicos.

Desde la perspectiva de cualquiera fuere la indagación, de la verdadera investigación criminal, se canceló toda posibilidad técnica de llegar a la verdad.

Allí, en ese puntual, preciso y expresamente dinamizado hacer oficial bajo la atenta mirada y presencia del más alto jerarca del gobierno que se hizo presente en el sitio, el vicepresidente en funciones José Vicente Rangel.

Pese a cualquiera sea la opinión de interesados, a partir de ese momento y en lo absoluto, dejaron de existir los elementos físicos que pudieren ser llevados a juicio como evidencias materiales y soportes técnicos de pruebas de una verdad y en contra de uno u otro potencial imputado.

A partir de ese momento en consecuencia, como expresamente fue la decisión, todo podría ser manejado a partir de indicios circunstanciales, o circunstanciados a voluntad de interesados.

Vale recordar que justamente minutos antes del choque e incendio de la camioneta de Danilo Anderson, la avenida Las Ciencias había sido vaciada de vehículos estacionados y del flujo de tránsito regular: “… momentos antes de la explosión, la Disip realizaba un ‘operativo de seguridad’ en la avenida Las Ciencias… por esa razón no había vehículos estacionados en el lugar…” (Javier Ignacio Mayorca, El Nacional 20/11/04).

Después toda esta parafernalia preparatoria, todo quedaría en manos de las habilidades para la tramoya dirigida a empastelar el asunto y cuya ejecutoria quedó en manos del FGR Julián Isaías Rodríguez Díaz (hoy Embajador de Venezuela en España) y sustituido hoy en el cargo por su protegida Luisa Ortega Díaz.

Quedaban en silencio los intereses crematísticos de los dos grupos en pugna en aquel momento, como señalaban informes y análisis no refutados ni siquiera investigados en la época:

“… dos grandes grupos de poder bien diferenciados. El primero integrado por Diosdao Cabello, Jesse Cachón, Rodríguez Torres y compañía y el segundo por José Vicente Rangel, García Carneiro, Rodríguez Chacin, Hugo Carvajal y el Comisario Pedro Luís Martín entre otros… Al Fiscal Danilo Anderson le fue asignada una investigación relacionada con un cargamento de droga, incautado por las autoridades en la ciudad de Maracay a mediados de 2004, y que estando bajo custodia de los organismos de seguridad del Estado desapareció. Poco antes de morir Anderson estaba muy cerca de identificar a los responsables de la desaparición de la droga incautada: El General Hugo Carvajal, Pedro Luís Martín, Alex del Nogal y Ramiro Helmeyer… el recién ascendido a General de Brigada y nombrado Director de la DIM Hugo Carvajal, a su vez siguiendo instrucciones de Ramón Rodríguez Chacin,  lo puso a trabajar para el. >Los involucrados en el caso de la droga deciden intentar sobornar a Anderson para que neutralice y engavete la investigación. Entonces, Pedro Luís Martín contacta a Mariano Díaz Ramírez -jefe de la banda de Los Enanos- para que este último haga de intermediario y sea quien negocie directamente con el Fiscal. Anderson ignoró las propuestas y descartó la negociación. Visto los intereses, el dinero y los privilegios en juego, siendo que todos los involucrados están relacionados con el gobierno, deciden asesinar al Fiscal…”

Verdad o especulación; ayer y por ahora, silencio

“… Rodríguez Chacín autoriza el ejecútese. Del Nogal y Helmeyer contratan a Juan Carlos Sánchez y Antonio López para que éstos, en nombre propio contraten a los Guevara para que asesinen al Fiscal. La razón por la cual Del Nogal y Helmeyer dieron instrucciones específicas de que fueran Los Guevara fue venganza. Los Guevara, todos ex-policías, fueron los responsables de su arresto por el caso del asesinato de Mario Pati y el carro bomba del CCCT. López contrata a los Guevara… Los Guevara incorporan a Pedro Lander y a Johann Peña en la operación. Muerto Anderson, el Comisario Martín, contacta a Marcos López Guedez para que verifique si Los Guevara, Peña y Lander tienen información para! implicar a Del Nogal y Helmeyer o si por el contrario Sánchez y López efectivamente cumplieron sus órdenes de no mencionarlos. -López Guedez es miembro del grupo de Rangel y protegido de Martín… Entonces López Guedez secuestra a los autores materiales, los tortura durante dos días y constata que no conocían el vínculo con Martín, Del Nogal y Helmeyer. En ese momento recibe órdenes por parte del Comisario Martín de entregarlos a la policía, ya que no existía el riesgo de ser implicados por éstos y además se necesitaban unos presos. Entonces Martín ordena a López Guedez que mate Antonio López y a Juan Carlos Sánchez por ser estos los únicos implicados en el caso que podían ponerlos al descubierto. Por ultimo, López Guedez organizó junto con funcionarios de la PTJ los enfrentamientos simulados en los que fueron asesinados López y Sánchez…”

Luego el propio FGR, por instrucciones precisas, escribirá el guión de la película que sería expuesta a la opinión pública y hace su aparición el testigo de la memoria de hierro: Geovanny Vásquez.

Lo demás historia conocida, caso cerrado, verdad desconocida y preso los Guevara sin pruebas y  en silencio; mientras sigan así y lo estén seguirán vivos; en la calle, por cualquiera fuere la circunstancia, les espera el mismo fin del ya citado William Marín Vásquez: “Plomo parejo”.

Ricardo Fernández Barrueco

En el caso de la detención del “Zar de Mercal” o “Ricardo X”, dos necesidades u objetivos prácticos están enfrentados.

Por una parte, complacer los caprichos del súper-líder en su guerra declarada contra el Chavismo sin Chávez y en el entendido de que no hacerlo pone en severo peligro todo para quien lo intente, para empezar, la posición política que se ocupa y con ello la posibilidad de seguir “mamando” de la teta del erario público. Por la otra parte, se enfrenta a los intereses en juego dado que el señalado “Ricardo X” representa también unos latentes y severos riesgos: Del asesinato para abajo, cualquier desagradable eventualidad.

Independiente del grupo o estructura de poder al cual pudiere estar adscrito, si fuere el caso, Ricardo Fernández Barrueco, al menos se asume, conoce perfectamente toda la tramoya y los personajes involucrados en el saqueo de los fondos públicos, sean éstos por vía de los depósitos bancarios, fueren por los manejos contables de los sustanciales fondos de PDVSA. Las informaciones de la policía en Panamá lo vinculan con intentos de secuestros o asesinatos.

Así que, difícilmente a estas alturas del juego donde no menos de 900 mil millones de dólares en diez años han pasado por las arcas del Estado; después de no menos de noventa meses (2.700 días) de una dinámica actividad directa en las continuas y sostenidas “operaciones” de trasiego de fondos, más bien de desfalcos en cuentas del Estado o de cualquiera fuere el Ministerio, dependencia o empresa en manos de la Administración, pueda alguien que haya estado o que esté en funciones de gobierno, pensar que está a salvo de graves consecuencias.

Más aún, falta considerar el intríngulis alrededor de todo el complejo de circunstancias determinadas por la congelación de fondos en cuentas bancarias en Miami, Antigua y Andorra ejecutada por el gobierno norteamericano y en función de su guerra contra las drogas y el terrorismo, más los tratados internacionales contra la corrupción. Una de aquellas que ocasionaría en su momento, un espasmo cerebral al Minpopoinjust en funciones Ramón Emilio Rodríguez Chacín.

Tienen el tigre por la cola

El problema ahora es cómo soltarlo sin que éste gire 180 grados los atrape uno por uno con sus garras y luego a voluntad les aplaste a cada uno la cabeza con la potencia de sus mandíbulas y colmillos.

Ya hemos comentado el extraño hecho de que nadie ha podido ver en persona al supuesto detenido; ni siquiera está en el mismo lugar donde están los otros detenidos en el cuartel central de DISIP. La duda es razonable, complacen al súper-lider, pero sin perturbar ni lesionar la delicada piel e imagen del “Zar de Mercal”.

Así es

Entre pandillas y pandilleros, las relaciones siempre han estado, están y estarán definidas por la capacidad de cada uno de los participantes para infligir daños severos y hasta la muerte a sus oponentes o a quienes lesiones o pongan en peligro sus intereses privados.

Información es poder, dicen los entendidos, y eso conduce a la encrucijada donde es cuestión de decidir el momento y la forma. Fuere el que conduce a la simple y económica eliminación física, como aquella de Fidel Castro cuando frente a las pruebas de la complicidad de su gobierno en  el tráfico de drogas (Fotos en el avión de Hensefus), ordena fusilar y silenciar a su leal subalterno el general Ochoa; claro está, dependiendo ello de la documentación y pruebas que puedan estar guardadas en algún lugar bajo el título: “En caso de mi muerte”. Fuere al contrario, mediando una muy elaborada forma de muerte en vida: Desaparecido para siempre en una cualquiera ergástula.

Versión venezolana de Tomasso Buchetta

Si las cosas para Ricardo Fernández Barrueco se complicaran en extremo y, como tenemos la “sensación sensacional”, es falso que esté en un calabozo y bajo custodia y en todo caso goza de condiciones especiales que le permitirían en algún momento, a voluntad, evadir esa custodia y desaparecer.

Bien pudiere ya haber tomado previsiones y luego de ello, de evadirse, contactar a uno de sus conocidos y asociados de antaño, por ejemplo a Antonini Wilson para pedirle el teléfono de su tía, la juez norteamericana que le hizo el enlace con el FBI, o con la DEA.

Luego, es cuestión de saber negociar.

Toda la trama, en una u otra circunstancia, al parecer pasa a depender de las capacidades y habilidades de “Blanca Nieves” desde la AN tanto para el manejo y la suculenta premiación de sus “Enanos”, como para comprender, aceptar y  aplicar, como queda expuesto, la dirección y las sabias recomendaciones del más fogueado, veterano y experto operador en este tipo de recochineos estatutarios: José Vicente Rangel.

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