Expropiación y desempleo
Cada vez que el Presidente arremete contra la iniciativa privada atenta contra el empleo: las decisiones gubernamentales de devaluar el bolívar, racionar los servicios eléctricos y de agua, expropiar supermercados y cerrar medios de comunicación sólo buscan esconder lo que sucede en el país, el Presidente tiene una obsesión enfermiza por controlar absolutamente todo.
Sabemos que el Presidente está aprovechando estas medidas para tapar lo que sucede en el país. Con la reciente devaluación, que generará una mayor inflación y la crisis eléctrica, el gobierno demuestra que no está gobernando para el pueblo. Sabemos que el 2010 es el año del cambio porque ha perdido popularidad.
En los últimos meses el gobierno ha insistido en meternos de contrabando la reforma constitucional que ya fue rechazada, especialmente lo relacionado con la propiedad social en la que el gobierno es dueño de todo y el pueblo dueño de nada, haciendo énfasis en que hay que acabar con la propiedad privada.
Es decir, las expropiaciones al sector productivo, el cierre de medios audiovisuales y la reforma a la Ley del Indepabis provocarán la destrucción masiva del empleo, ya que el gobierno no cree en el derecho que tenemos todos los venezolanos de progresar y, con nuestro esfuerzo, de ser dueños de nuestro trabajo, de nuestra casa, y de lo que queremos dejarle a nuestros hijos.
En este sentido me preguntó, si el Gobierno no puede con Mercal, ¿cómo va a poder con la cadena Éxito?
¿Cuánto nos cuesta a los venezolanos esta obsesión expropiadora del Presidente? Hasta la fecha se han comprometido para tal efecto, 12 mil millones de dólares, incluyendo los proyectos de la faja petrolífera del Orinoco. Si calculamos el costo promedio de una expropiación de empresas como las cementeras, bancos o cadenas de comercialización, en cada caso estamos hablando de mil millones de dólares. Con este dinero se podría propiciar la creación de 350 mil empleos, pagar el salario anual a 50 mil policías para combatir la inseguridad y aportar alimentos de primera necesidad a un millón de familias en situación de pobreza.
Por eso insistimos con nuestra propuesta “Propiedad para Todos”, a partir de la cual los venezolanos sean dueños de sus casas, de las tierras donde viven, de las tierras agrícolas que trabajan, que puedan ser socios de empresas públicas y privadas, que puedan montar su negocito y echar pa’lante. Porque justicia es progreso popular y la posibilidad de ser propietarios es una palanca esencial para progresar.
